Regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas






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Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas.



Sumario:

  • Artículo 1.

  • Artículo 2.

  • Artículo 3.

  • Artículo 4.

  • Artículo 5.

  • Artículo 6.

  • Artículo 7.

  • Artículo 8.

  • Artículo 9.

  • Artículo 10.

  • Artículo 11.

  • Artículo 12.

  • Artículo 13.

  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

  • DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

  • DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La promulgación del Real Decreto 3463/1983, de 28 de septiembre, modificando el Código de la Circulación en determinados extremos y, concretamente, en lo relativo a las clases de permisos de conducción, que ahora se han diversificado al subdividirse cada uno de los permisos B y C en dos clases, hace necesaria una readaptación de las correlativas disposiciones que regulaban la aptitud de los aspirantes a conductores, determinando los defectos que los incapacitaban, el modo de controlarlos y los certificados en que se plasmasen. Dichas particularidades venían reguladas hasta el presente por el Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de septiembre de 1982, en los que constaban, respectivamente, los cuadros de incapacidad y modelos de certificados, que es preciso ajustar a la nueva normativa. Precisamente, aquellas disposiciones inauguraron un nuevo sistema respecto a la legislación anterior, constituida por la Orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de febrero de 1969, consistente en practicar los reconocimientos de aptitud en centros especializados destinados a tal menester, lo que la experiencia ha revelado fecundo, pues al practicarse tal reconocimiento por centros específicos, apropiadamente dotados, ha resultado mas auténtica. El presente Real Decreto, en la línea de garantizar al máximo la seriedad de los reconocimientos, intensifica el control de los centros en que se efectúan para evitar, sobre todo, un distanciamiento de la realidad y veracidad en los reconocimientos. Ello implica mas aun que exista fundamento para mantener el sistema tarifario que, necesariamente, debe ser asequible a la gran masa de ciudadanos que aspiran a obtener el permiso de conducción.

Por último, razones de seguridad vial aconsejan dar igual preponderancia y entrada junto a las deficiencias físicas a las psíquicas, pues es evidente la influencia de todos estos factores en la conducción.

Lo que pretende en síntesis el presente Real Decreto es, de un lado, una mejora en la calidad de los reconocimientos, propiciada por un mayor control de los centros de reconocimiento, y, de otro, otorgar al Estado la competencia exclusiva para la expedición de los impresos en los que los centros acreditarán la aptitud psicofísica del conductor.

En su virtud, a propuesta del Ministerio del Interior, con informe favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciembre de 1985, dispongo:

Artículo 1.

Los informes sobre la aptitud a la que hacen referencia los artículos 265,II,b), y 269,II, del Código de la Circulación para la obtención o revisión de los permisos de conducción ordinarios, y artículo 272,I,d), para la obtención de la licencia de conducción, así como para los demás casos en que se exija la prueba de aptitud física, psicofísica o psicológica en relación con tareas de conducción, solo podrán ser emitidos por centros oficiales o por los centros sanitarios privados que se ajusten a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Artículo 2.

La aptitud de los conductores, a que se refiere el artículo anterior, se establecerán por los órganos de la Dirección General de Tráfico que sean competentes para habilitar a aquellos conductores del oportuno permiso de conducción, sobre la base del informe emitido por los centros de reconocimiento, complementado, en su caso, con las pruebas que se determinen o sean necesarias.

Artículo 3.

La Dirección General de Tráfico solamente reconocerá como acreditados ante sus órganos, para informar sobre las aptitudes físicas, psicofísicas o psicológicas de los conductores de vehículos, a aquellos sanitarios privados que, estando debidamente autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente, reúnan los requisitos que sobre elementos personales, materiales y facultativos prevén el Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, y la Orden de 22 de septiembre de 1982, queden inscritos en el registro que a tal efecto llevará la Jefatura Central de Tráfico y cumplan las demás exigencias previstas en el presente Real Decreto.

Artículo 4.

Los centros de reconocimiento de los conductores realizarán en la persona de estos las exploraciones necesarias para verificar, en la medida de lo posible, que los interesados objeto de la investigación no están afectados por ninguna de las enfermedades o deficiencias físicas o psicológicas de las previstas en los anexos 1 y 2 de este Real Decreto.

Artículo 5.

El resultado de la exploración se consignará en un informe que se extenderá en un impreso de modelo oficial, determinado por la Dirección General de Tráfico y editado por la administración o por el propio centro que lo utilice, sin que su precio, que se entenderá incluido en las tarifas autorizadas, pueda ser en ningún caso superior al coste de su producción.

Dicho informe será entregado al interesado, a efectos de su presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia en la que se halle ubicado el centro, en un plazo no superior a noventa días naturales, pasado el cual no surtirá efecto, así como tampoco en provincia distinta. Los reconocimientos con resultado negativo o interrumpidos por inactividad del interesado se comunicarán, además, por el centro, inmediatamente, a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Los informes serán firmados por el director del centro, que se hará responsable de los mismos, sin perjuicio de su obligación de conservar los dictámenes de los facultativos, médicos y psicólogos intervinientes en el reconocimiento.

Artículo 6.

1. Los informes emitidos con resultado positivo motivarán que el interesado sea considerado física y psicológicamente apto para la expedición de un permiso de conducción ordinario, salvo que existiese alguna causa que justificadamente fundamente la apreciación contraria, supuesto en el que la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente podrá ordenar cualquier medida complementaria que considere oportuna.

2. Los informes emitidos con resultado negativo podrán ser contrastados, en todo caso, a petición del interesado, bien a su costa, a través de un segundo reconocimiento en un centro de reconocimiento distinto o bien directamente ante la autoridad sanitaria correspondiente. En el caso de que las causas de denegación sean de orden psicológico la Jefatura Provincial de Tráfico dará traslado de los informes a la autoridad sanitaria correspondiente para que efectúe el oportuno contraste por sí misma o en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos.

3. En caso de discrepancia entre informes de centros distintos se estará a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, reuniéndose, en su caso, la comisión central prevista en dicho artículo a petición de los servicios de la Jefatura Central de Tráfico, en los que recaerá la secretaría de la misma. Dicha comisión podrá recabar de las autoridades sanitarias centrales, autonómicas o provinciales, y de la Jefatura Central de Tráfico, colaboración para llegar a disponer de las instalaciones necesarias para realizar los reconocimientos, que podrá efectuar por si misma o delegando en facultativos que se provean por dichas autoridades o por colegios oficiales médicos o psicólogos.

Siempre que se dirima una discrepancia se comunicará el resultado razonado del arbitraje al centro o centros interesados, que tomarán nota oportuna de ello en el expediente correspondiente.

Artículo 7.

Los permisos de las clases B-2, C-1, C-2, D y E no se concederán con restricciones de circulación o adaptaciones en el vehículo. Las licencias de conducción podrán concederse con dichas restricciones o adaptaciones siempre que el aspirante realice análogas pruebas a las previstas para el permiso de la clase A-1, si bien utilizando para las mismas un ciclomotor adaptado a sus deficiencias.

Las adaptaciones previstas en el anexo 1 son de carácter orientativo y referidas a vehículos de segunda categoría, sin perjuicio de que por la Jefatura de Tráfico correspondiente, previo informe, si lo estima oportuno, de la autoridad sanitaria, puedan señalarse otras a la vista del caso concreto. De la misma forma actuará dicho organismo cuando se trate de fijar adaptaciones en los vehículos para los que se requiere estar en posesión de los permisos de las clases A-1, A-2 y licencias de conducción.

Artículo 8.

Si el centro de reconocimiento informase que, a su juicio, un solicitante, pese a no estar incluido en alguna de las enfermedades o deficiencias relacionadas en los anexos 1 y 2 no esta en condiciones para que le sea otorgado un permiso o licencia de conducción, lo comunicará a la Jefatura de Tráfico correspondiente para que por esta se dictamine lo procedente previo informe de la autoridad sanitaria.

Artículo 9.

Ni el director, ni el titular, ni ninguno de los facultativos podrán ejercer otras actividades relacionadas con los procedimientos de expedición, revisión o gestión de los permisos de conducción, ni hallarse vinculados en primer grado de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción, con personas que ejercen dichas actividades.

Será obligada la presencia de los facultativos en el centro durante el tiempo en que este permanezca abierto al público, salvo ausencia accidental justificada y razonable.

Artículo 10.

La solicitud de inscripción en el registro, precisa para que los centros sanitarios privados puedan dedicarse oficialmente al reconocimiento de la aptitud de los conductores, habrá de presentarse ante la Jefatura de Tráfico de la provincia en que se hallen ubicados, que será la única que tramitará sus informes. Dicha solicitud será firmada conjuntamente por el propietario y la persona que vaya a ocupar la dirección del centro e irá acompañada de la autorización sanitaria del propio centro.

En dicha solicitud, cuyo modelo podrá establecerse por la Dirección General de Tráfico, figurarán cuantos datos sean precisos para determinar el régimen y las modalidades de funcionamiento del centro conforme a las prescripciones de este Real Decreto.

Artículo 11.

Los centros de reconocimiento a que hace referencia el presente Real Decreto percibirán, por la realización del reconocimiento y emisión del correspondiente informe, las tarifas que se establecen en el anexo 3, que exigirán anticipadamente de los interesados y que podrán ser modificadas anualmente por Orden de la Presidencia del Gobierno.

Queda prohibido ofrecer comisiones por la atracción de solicitantes del reconocimiento, rebajas en las tarifas o cobro excesivo de ellas, así como ofrecimiento de otros servicios complementarios directa o indirectamente. La publicidad de dichos centros se limitará estrictamente a especificar su función y localizar su ubicación.

Artículo 12.

Los centros de reconocimiento habrán de llevar un libro registro en el que por fechas figuren todos los informes emitidos, debidamente numerados y con constancia del resultado de las pruebas practicadas. Dicho libro registro será exhibido en las inspecciones que practiquen las Jefaturas de Tráfico o autoridades sanitarias y sus datos podrán ser requeridos por ellas en cualquier momento.

Artículo 13.

Las Jefaturas Provinciales de Tráfico practicarán o denegarán la inscripción solicitada por los centros de reconocimiento previa comprobación de que los mismos reúnen o no los requisitos exigidos por el presente Real Decreto, a cuyos solos efectos practicarán la inspección que estimen oportuna. La comprobación e inspección aludidas en ningún caso podrán referirse a los aspectos sanitarios. Igualmente y previo expediente, en el que se oirá al director del centro, podrán cancelar la inscripción de este cuando se compruebe que su funcionamiento no se ajusta a las presentes normas o se acrediten hechos que fundamenten grave deslealtad o desidia en las actividades del centro. Cuando concurrieren motivos de naturaleza estrictamente sanitaria, será preciso que la autoridad sanitaria revoque previamente la autorización concedida. Las resoluciones denegatorias serán motivadas en relación con la confianza y eficacia que para la administración deben suscitar los reconocimientos y se notificarán a las autoridades sanitarias y a los interesados, siendo recurribles por estos ante la Dirección General de Tráfico, conforme a las normas generales de procedimiento administrativo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Hasta los seis meses de la entrada en vigor del presente Real Decreto no será exigible la investigación de las aptitudes psicológicas previstas en el anexo 2 para los permisos de conducción de las clases A-1, A-2 y B-1 y para la licencia de conducción, disponiendo de dicho plazo los centros, que a la entrada en vigor, de este Real Decreto ya se hallen autorizados, para adaptarse a sus disposiciones, sin perjuicio de que, a partir de dicha entrada en vigor, todos los centros establecidos tengan que adaptarse a las restantes normas establecidas por este Real Decreto, a cuyo efecto solicitarán nueva autorización de funcionamiento, a tenor de lo establecido en dichas normas, en un plazo de seis meses.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Las aptitudes físicas y psicotécnicas de los conductores, cuyos permisos se expidan por escuelas y organismos militares, legalmente facultados para ello, se investigarán y certificarán conforme a las normas por las que actualmente se rigen, en tanto no se disponga lo contrario, si bien los reconocimientos se adaptarán, en todo caso, a lo especificado en los anexos 1 y 2 del presente Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto quedan derogados el Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, y la Orden de 22 de septiembre de 1982 en aquellos extremos que se le opongan, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Se faculta al Ministerio del Interior para dictar las normas que exija el desarrollo de este Real Decreto.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985.

- Juan Carlos R. -

 

El Ministro del Interior,
José Barrionuevo Peña.

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