Usos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente






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SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ

ACCION POPULAR - Acto administrativo. Poderes del juez / ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular. Poderes del juez

La Sala aceptó la procedencia de la acción popular frente a los actos administrativos, lo cual es correcto, pero restringe los poderes del juez de la acción popular -que, en estos casos, es el mismo juez contencioso administrativo- a la suspensión del acto vulnerante, negándole toda potestad de anulación frente a ellos, pues -según el fallo-, esta potestad sólo se puede ejercer a través de las acciones de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que, en la ley 472 de 1998, no se le confirió al juez la facultad expresa para adoptar esta clase de medidas.

CONCEJO MUNICIPAL - Reserva de acuerdo / RESERVA DE ACUERDO - Concejo municipal. Inexactitud / USOS DEL SUELO - Regulación

La Sala sostiene que la competencia para peatonalizar algunas vías del centro amurallado de la ciudad de Cartagena pertenece al concejo distrital, de lo cual deduce que, en esta materia, existe una “reserva de acuerdo”. A esta conclusión llegó luego de analizar el artículo 313.7 de la CP y la ley 388 de 1997, en concordancia con la ley 9 de 1989. Me parece que, en este punto, hay un mal entendimiento de lo que se pudiera denominar “reserva de acuerdo”. De existir institución semejante, por tal habría de entenderse aquella materia cuya regulación compete al concejo, mediante acuerdo, con exclusión de cualquiera otra autoridad o norma. Al menos ese es el entendimiento que ha dado la doctrina a materias que ha calificado, en ámbitos distintos, como de “reserva de ley”. La regulación de los usos del suelo, en cambio, no es una materia reservada exclusivamente al acuerdo, pues, de la propia Constitución Política se deduce que esta competencia se ejerce de conformidad con la ley -art. 313.7-, lo cual explica la existencia de la propia ley 388 de 1997, norma que establece la regulación básica de los usos del suelo y la manera de ordenarlo; es en esta regulación legal, por lo demás, en la que se fundan las conclusiones más importantes -en esta materia- de la sentencia de la cual me aparto. Si fuera exacto que los usos del suelo constituyen una materia reservada a los acuerdos municipales o distritales, entonces, no podría ni siquiera la ley 388 ocuparse de ella, lo cual no es cierto, como de hecho lo acepta la Sala, en forma implícita, siempre que se remite a ella para decidir este conflicto. En otras palabras, la Sala emplea el vocablo “reserva” atribuyéndolo a los acuerdos municipales -distritales en este caso- para referirse al simple reparto de competencias, hecho por la Constitución y por la ley, a los Concejos. La reserva normativa, como se dijo, haría relación a la exclusividad con que una norma o una autoridad se puede ocupar de regular una materia, pudiendo darse -según el caso-, que normas de inferior jerarquía colaboren con la norma superior, en su configuración, pero respetando el diseño realizado por la autoridad que tiene la reserva de la misma. En otras palabras, no se puede hablar con exactitud de la existencia de una “reserva de acuerdo”, en el caso objeto de este proceso, porque la propia Sala admite -como debe ser- que la ley puede ocuparse del tema, circunstancia que aniquila la exclusividad, lo cual no impide reconocer que los concejos son los llamados a complementar, en su territorio, los aspectos atinentes a este tema, regulados por la ley, por voluntad del art. 313.7 de la CP. Se trata, pues, de una institución construida entre el legislador y las autoridades municipales. Este es el caso de los “usos del suelo”, frente a los cuales, según he dicho, el legislador puede ocuparse de regularlos, como efectivamente lo hizo con la ley 388 de 1997, para que luego lo hagan los concejos, a quienes se les encomendó, en esta misma ley, la tarea de expedir el POT. A su turno, los alcaldes tienen la potestad reglamentaria sobre los acuerdos, respetando, en todo caso, la competencia material mínima que se haya establecido para el concejo.

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