Usos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente






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CONCEJO MUNICIPAL - Competencia. Usos del suelo. Reserva de acuerdo / USOS DEL SUELO - Regulación. Competente / ESPACIO PUBLICO - Regulación. Competente / ALCALDE - Competencia residual. Usos del suelo / PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Acción popular. Espacio público / ESPACIO PUBLICO - Acción popular. Pot / ACCION POPULAR - Espacio público. Participación ciudadana
Sobre los presupuestos anteriores se ha de indicar que ese conjunto de decisiones regulatorias, por expreso mandato constitucional reiterado por el legislador, han de ser adoptadas por los concejos municipales-con arreglo a la ley-en lo que bien podría denominarse “RESERVA DE ACUERDO”, como garantía del derecho colectivo al espacio público frente a las atribuciones regulatorias residuales del alcalde respectivo, entre ellas, las de tránsito. En efecto, acorde con las normas que gobiernan la materia, a los Concejos les compete la función de adoptar el plan general de ordenamiento físico del territorio -el cual incluirá la reglamentación de los usos del suelo-; expedir el plan general de Ordenamiento Físico Territorial; adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, reglamentar los usos del suelo. Así, el ordenamiento espacial del territorio, por ministerio de la Constitución y la ley, la intervención del Estado en los usos del suelo (art. 334 C.P.) y, en fin, todas las acciones urbanísticas que son materia del POT recaen de forma exclusiva y excluyente -con arreglo a lo dispuesto en la ley- en los Concejos, en tanto la destinación del espacio público que allí se define responde a la satisfacción de una necesidad colectiva, o lo que es igual, responde a una expresión nítida de la prevalencia del interés público. En otros términos, los alcaldes desempeñan tan solo un rol de ejecutores de las reglas adoptadas por los Concejos, a los cuales está reservada la facultad constitucional de fijar los criterios y pautas generales, enderezados a ordenar la vida urbana del municipio. No se trata, entonces, tan sólo de una simple definición de competencias, sino de una garantía previamente definida por el legislador, en consonancia con expresos mandatos constitucionales, a favor de la comunidad, como titular de ese derecho difuso. Esa reserva de acuerdo que propicia una gobernabilidad más democrática y cercana al ciudadano que privilegie la concertación con la comunidad en los procesos de construcción de ciudad, en orden a “lograr la integración de diversos propósitos particulares en función de los objetivos de interés general”, es ratificada por el artículo 40 del Decreto 1504 de 1998. Por manera que, esta garantía que prima facie podría reducirse a una mera formalidad, se constituye en un instrumento de defensa de los contenidos materiales del derecho colectivo que se estudia. Como se advirtió, el ordenamiento territorial es un proceso que entraña una serie de decisiones administrativas a cargo de los municipios, las cuales sólo pueden ser adoptadas de manera concertada, de ahí que la democracia que impregna todo el largo proceso de adopción de estas medidas, se constituya en una garantía específica del derecho colectivo al uso del espacio público, prefigurada por las normas a favor de los destinatarios de las mismas. Es por ello que la planeación urbana debe ser objeto de la mayor divulgación en orden a permitir la participación de la comunidad, pues el aprovechamiento urbano (calles, plazas, parques, barrios, servicios, destino de fondos, construcciones, volúmenes, altura etcétera), hace parte de las decisiones públicas. Quiere esto decir que, en materia de regulación del territorio, el POT no puede ignorar las previsiones legales que exigen y fomentan la participación democrática. En otros términos, los planes de ordenamiento territorial no pueden ser adoptados sin tener en cuenta las disposiciones legales que garantizan la participación de la comunidad en la adopción y ejecución de las mismas, y las decisiones que en ellos deben contenerse, como sería el caso de peatonalizar todo un sector de una ciudad, no pueden ser adoptadas por otros instrumentos regulatorios, como serían las normas de tránsito. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 12 de octubre de 2000, Radicación número: AP-082, Actor: Eder Barragán Guerrero.
ESPACIO PUBLICO - Pot / POT - Espacio público / PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Espacio público
La Constitución y la ley no sólo han prefigurado una defensa sui generis para el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público mediante la reserva de acuerdo, sino que también media una suerte de NÚCLEO ESENCIAL intangible por parte del regulador administrativo, que se traduce en la imposibilidad para los concejos de restringir la esencia misma del derecho al punto de hacerlo desaparecer. Puede citarse, a guisa de ejemplo, el artículo 6º del decreto 1504 de 1998, que establece una especial protección a personas cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida (ley 361 de 1997 y Decreto 1660 de 2003). Asimismo, también conviene mencionar el artículo 15 eiusdem, al tenor del cual en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial la estimación del déficit cualitativo y cuantitativo será la base para definir las áreas de intervención con políticas, programas y proyectos para la generación preservación, conservación, mejoramiento y mantenimiento de los elementos del espacio público. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 5º y 6º de la Ley 388 de 1997, en consonancia con el artículo 2º del Decreto 879 de 1998, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. En cuanto a su contenido dichas normas señalan que el ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el medio ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. Igualmente, el ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible (artículo 2º del Decreto 879 de 1998). También, el ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida. (artículo 2º del Decreto 879 de 1998). Por otra parte, la ley previó las Unidades de Actuación Urbanística (art. 39 de la ley 388 y art. 18 del Decreto 1507 de 1998), con el objeto de facilitar el reparto equitativo de las cargas (las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales, la dotación de equipamientos comunitarios y ejecución de redes de servicio público de beneficio local) y los beneficios (aprovechamientos derivados del proyecto urbanístico), y así evitar en lo posible predios con muchas afectaciones o cargas urbanísticas (como lo sería la peatonalización de todo un sector de la ciudad). Principio de la distribución equitativa de cargas y beneficios, previsto en el artículo 2º de la ley 388, como uno de los principios determinantes del ordenamiento del territorio, como expresión legal de la cláusula general de igualdad (art. 13 Superior) y como manifestación de la solidaridad (art. 1 C.P.), en un marco de toma de decisiones democráticas. En definitiva, la especial protección constitucional del espacio público abierto en el artículo 82 de la Carta responde al imperativo de preservar espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, como escenarios a disposición de todos, en orden a satisfacer las necesidades comunes derivadas de la vida en la ciudad, a mejorar la calidad de vida de los asociados en su conjunto, a conciliar los ámbitos sociales en un lugar común y permitir la confluencia de todos en un lugar común de interacción, la protección de ese espacio común para que pueda ser disfrutado por todos al configurarse en lugar de encuentro de la comunidad: fundamentos sobre los que se estructura la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.), sobre la base de la prevalencia del interés general (arts. 58 C.P. y 3º de la ley 388) en tanto su destino está dirigido a la colectividad. Como función administrativa (art. 3 de la ley 489) está subordinada al principio de legalidad que implica más que el ejercicio de una competencia, el despliegue de un deber público de prioritaria atención (art. 6 Constitucional). Regulación que, por lo demás, debe tener en cuenta también otros derechos colectivos, en especial el de libre competencia (ordinal i) art. 4º ley 472) y los derechos de los consumidores y usuarios (ordinal n) art. 4º ley 472), como expresiones de nuestro modelo económico constitucional (arts. 333 y 334 C.P.) fundado en la garantía de la libertad de competencia económica, en el marco de una economía de mercado.
ALCALDE - Reglamentación de usos del suelo. Carece de competencia / USO DEL SUELO - Alcalde. Carece de competencia / RESTRICCION VEHICULAR - Espacio público. Vulneración / ESPACIO PUBLICO - Restricción vehicular. Vulneración / CARTAGENA - Restricción vehicular. Vulneración al derecho colectivo de uso del espacio público / PEATONALIZACION - Cartagena. Espacio público
Está acreditado entonces que las medias se tomaron en desarrollo de las atribuciones de tránsito asignadas por la ley, de donde se evidencia la carencia absoluta de competencia por parte del Alcalde para reglamentar el uso del suelo del centro histórico de Cartagena, quien so pretexto de expedir normas de tránsito (Decreto 1344 de 1970), modificó sustancialmente el uso de los suelos de las zonas objeto de dicha reglamentación. También es claro para la Sala que al establecer una restricción vehicular, sin salvedades ni matices, también se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público de los más frágiles (ancianos y niños). El alcalde no estaba pues facultado ni constitucional ni legalmente para modificar el POT, perjudicando de paso a un amplio sector de la población, que en ningún momento fue consultada para tomar una medida de esa magnitud. Al hacerlo la autoridad municipal quebrantó el derecho colectivo al uso del espacio público, al presentarse una desviación o abuso de sus atribuciones como autoridad de tránsito, que implica una invasión inconsulta de las atribuciones del concejo como autoridad regulatoria en materia de uso de suelos. Le asiste, pues, razón al actor popular cuando señala que el concejo tiene la atribución exclusiva de reglamentar los usos del suelo y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Distrito de Cartagena de Indias. La actuación de la alcaldía de Cartagena contenida en los decretos Nos. 1166 de 19 de diciembre de 2001, 035 de 21 de enero de 2002, 0241 de 9 de abril de 2002, 0431 de junio 14 de 2002, 0661 de septiembre 30 de 2002 y 0023 de enero 16 de 2003 , al peatonalizar el centro amurallado mediante la creación de los “Corredores Culturales y Zonas de Influencia”, medidas que no implican, como quedó establecido en el estudio realizado por la Sala, desarrollo de las atribuciones regulatorias de tránsito, vulneró el derecho colectivo relativo al uso del espacio público al quebrantar en forma grave la reserva de acuerdo e impedir la participación de la comunidad en la adopción de la medida y al violar también su contenido esencial, pues no tuvo en cuenta las disposiciones legales que obligan a adoptar medidas a favor de las personas disminuidas físicamente como niños (no se olvide que de acuerdo con el artículo 44 Constitucional sus derechos prevalecen sobre los demás), ancianos, enfermos, discapacitados y mujeres embarazadas, entre otros. Atendidas las circunstancias del caso, el alcalde no podía pretextar atribuciones de policía para suplantar al concejo e imponer medidas restrictivas de los derechos colectivos que asisten a toda la comunidad residente del centro histórico de Cartagena. Por otro lado, la Sala destaca que está acreditado que los cierres “temporales” decretados por la Alcaldía en el tránsito y circulación de vehículos en el centro histórico de Cartagena trocaron en verdaderas medidas “permanentes”, merced a sus sucesivas prórrogas y a la implantación definitiva en forma “indefinida” mediante el último de los decretos, como se desprende de la prueba decretada de oficio. Por manera que se utilizó indebidamente una facultad eminentemente precaria en el tiempo, como es la relativa a regulación de tránsito vehicular, para veladamente transformar los usos del suelo de un sector de la ciudad, y por esa vía restringir el destino natural de un bien de uso público, como es a las calles su utilización peatonal y vehicular.
ACCION POPULAR - Acto administrativo / ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular / MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Acto administrativo ilegal
Sin embargo, la Sala no encuentra que con la expedición de los actos administrativos estudiados se haya vulnerado o amenazado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, como lo estima el demandante. Si bien es cierto que la violación del principio de legalidad de la Administración implica un abuso de la función administrativa, no es menos cierto que la Sala tiene determinado que para que proceda el amparo del derecho colectivo a la moralidad administrativa no basta con la trasgresión al ordenamiento jurídico, es necesario -además- acreditar la mala fe de la Administración, circunstancia que no se probó con ningún medio de convicción en el sub lite. Adicionalmente, como quedó expuesto, el deslinde entre los ámbitos de regulación asignados, por una parte, al alcalde como autoridad de tránsito y, por otra, al concejo en materia de usos de suelo, entrañaba un grado de dificultad enorme, por lo que no podría tacharse la conducta de los alcaldes que entendieron que el tema era de su competencia, de manifiesta violación al orden jurídico, que condujera a concluir una actuación deshonesta. De ahí que en este evento no hubo violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa (ordinal e) artículo 4 ley 472). Nota de Relatoría: Ver Sentencia del 16 de febrero de 2001, Exp. AP 170; Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. AP-163; Sentencia del 17 de junio de 2001, actor: Manuel Jesús Bravo, Exp. AP 166; Sentencia de septiembre 26 de 2002, Exp. AP 800; Sentencia de 22 de enero de 2004, Exp. AP 446 y AP 747. - Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2005, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01, Actor: Exenober Hernández Romero, Ref.: AP - 00254, M.P. María Elena Giraldo Gómez- Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 2001, Exp. AP 166, C.P. Alier Hernández.
ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL - Acción popular. Líneas jurisprudenciales / ACCION POPULAR - Acto administrativo. Líneas jurisprudenciales / ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular. Línea restrictiva / ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular. Línea amplia
La interpretación de las distintas secciones del Consejo de Estado sobre el alcance de las competencias del juez popular en punto de anulación de actos administrativos no ha sido uniforme, y sus diversos criterios pueden agruparse en dos grandes líneas jurisprudenciales. Una primera postura del Consejo de Estado, que podría calificarse de “restrictiva”, niega las atribuciones del juez popular para anular actos administrativos, sobre la base de la presunción de legalidad de los mismos y de la existencia de otros medios judiciales (contenciosos objetivo y subjetivo) creados justamente para enervar dicha presunción ante la jurisdicción contenciosa, o lo que es igual, la acción popular no está establecida para definir la legalidad de actos administrativos, en tanto no se pueden controvertir por cuanto pueden ser atacados mediante acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, a través de las cuales los interesados pueden alegar y demostrar que con la expedición de los actos impugnados la administración violó normas de orden superior a las que debía sujetarse. En contraste, una segunda tendencia jurisprudencial, que podría denominarse “amplia”, encuentra que el juez de la acción popular está dotado de competencia para anular el acto administrativo, cuando quiera que éste viole un derecho colectivo, o lo que es igual, permite atacar el acto administrativo mediante acciones populares, logrando incluso su nulidad, aunque no siempre se haya expuesto explícitamente. Nota de Relatoría: Sobre LINEA RESTRICTIVA ver Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Radicación número: 07001-23-31-000-2001-0002-01(AP-282), Sentencia de febrero 17 de 2000, Radicación número: AP- 013; Sentencia de 31 de marzo de 2000, Exp. AP 005; Sentencia de 18 de mayo de 2000, Exp. AP 036; Sentencia de 18 de mayo de 2000, Exp. AP 038; Sentencia de 1 de junio de 2000, Exp. AP 047; Sentencia de 6 de julio de 2001, Radicación número: AP-123; Sentencia de 19 de julio de 2001, Radicación número: 68001-23-15-000-2000-1684-01(AP-085); Auto de octubre 5 de 2001, Radicación número: 25000-23-26-000-2000-0257-01(AP), Sentencia de 3 de diciembre de 2001, Radicación número: AP-102, Sentencia de 13 de septiembre de 2002; Sentencia de 2 de octubre de 2002, Radicación número: 66001-23-31-000-2000-0744-02, Referencia: AP - 0744 (Número interno: 612), Sentencia de 24 de julio de 2.003, Radicación número: 73001-23-31-000-2002-0636-01, LINEA AMPLIA: Sentencia de 5 de febrero de 2004, Radicación número: 70001-23-31-000-2002-00874-01(AP), Sentencia de 19 de febrero de 2004, Radicación núm.: 52001 2331 000 2002 00559 01, Sentencia de 7 de abril de 2000, Exp. AP 026, Sentencia de 14 de abril de 2000, Exp. AP 028; Sentencia de 9 de noviembre de 2000, Exp. AP 119, Auto de 1 de febrero de 2001, Exp. AP.-148, Sentencia de 9 de noviembre de 2001, Exp. AP 194, Sentencia de 28 de febrero de 2.002, Radicación número: 13001-23-31-000-2000-9004-01(AP-342), Sentencia de marzo 21 de 2002, Radicación número: 25000-23-26-000-2001-9093-01(AP-285), Auto de 16 de junio de 2003, Expediente No.250002326000 2002 0249 01, Sentencia de 28 de agosto de 2003, Radicación número: 25000-23-24-000-2002-90178-01(AP-90178), Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Radicación número: 25000-23-27-000-2002-02693-01, Sentencia de 9 de septiembre de 2004, Exp. AP 571, Sentencia de 2 de junio de 2005, Radicación número: 76001-23-31-000-2004-00454-01, Sentencia de 27 de julio de 2005, Radicación número: AP-250002325000200400787 01.

ACCION POPULAR - Anulación de actos administrativos / ANULACION DE ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular / ACCION POPULAR - Finalidad / ACCION POPULAR - Contenido de la sentencia / JUEZ POPULAR - Facultades
Debe aclararse, en primer lugar, que está fuera de discusión la procedencia de la acción popular contra actos administrativos que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, tal y como se desprende de los artículo 9, 10, 15 y 18 ordinal b) de la ley 472. Lo que no resulta evidente, es la competencia del juez popular para proceder a anularlos. La regla de competencia contenida en el artículo 34 eiusdem en modo alguno puede entenderse como la habilitación para declarar la nulidad de un acto administrativo, declaración que no es propia de los fines, móviles o motivos de esta acción constitucional, en tanto su telos no es el enjuiciamiento sobre la legalidad del acto administrativo, sino la protección de un derecho e interés colectivo. En otros términos, la norma de competencia contenida en el precepto que se viene comentando, prescribe sólo tres tipos de medidas que el juez puede adoptar con estricta sujeción al principio de legalidad: Una orden de hacer o no hacer; orden que definirá de manera precisa la conducta por cumplir con el fin de proteger el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante; Condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo; Exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. Se trata de tres eventos que le permiten al juez contar con una amplia gama de posibilidades al momento de entrar a decidir, de los que sin embargo, no se puede deducir competencia anulatoria alguna. El primer y el tercer eventos que prevé la norma configuran típicos preceptos de un carácter estrictamente imperativo:“orden de hacer o no hacer” y “exigir la realización de conductas…”, propios de una norma procesal que, huelga decirlo, es de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento según lo pregona el artículo 6º del C. de P. C., precepto que por supuesto vincula forzosamente al juez constitucional y al que no escapa, como algunos han pretendido, por virtud de la redefinición de nuestro modelo de Estado como Social de Derecho. En una palabra, este es uno de esos eventos en que el juez tan sólo aplica y no interpreta la ley, revelándose así una simple manifestación en sede judicial de la interdicción de las competencias implícitas, impropias de nuestro derecho positivo. Los fines, móviles o motivos de este medio procesal son básicamente preventivos e impeditivos (arts. 2 inc. 2º, 9 y 17 ley 472), y sólo de manera excepcional indemnizatorios, finalidad reparatoria que se ha previsto sólo a favor de la entidad pública no culpable encargada de velar por el derecho o interés colectivo (art. 34 ley 472). O lo que es igual, no es propio de la acción popular ordenar el restablecimiento de los derechos subjetivos. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 24 de febrero de 2.005, Actor: Alberto Poveda Perdomo, Demandada: Empresas Públicas de Neiva y Otros, Radicación: 41001-23-31-000-2003-(AP-01470)-01, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL - Acción popular. Poderes del juez / ACCION POPULAR - Acto administrativo ilegal. Poderes del juez / JUEZ POPULAR - Competencia. Acto administrativo ilegal / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Acción popular / ACCION POPULAR - Principio de congruencia / PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Acción popular. Acto administrativo. Competencia del juez popular
Por otra parte, el hecho de que el juez de la acción popular a la que le sirve de fuente el acto administrativo como conducta vulnerante del derecho colectivo sea el mismo de la legalidad del acto administrativo, no allana el camino para que en sede popular se anule el acto administrativo, dado que el diseño de las acciones constitucionales como legales parte del señalamiento de precisos límites para las pretensiones que pueden ser invocadas a través de cada una de ellas. Es así como por ejemplo a través de la acción de reparación directa no es posible anular actos administrativos, no obstante que el juez de ésta es el mismo que conoce de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. El principio de la congruencia, que debe observar todo juzgador y que impone que toda sentencia debe resultar armónica, consonante y concordante con las pretensiones formuladas en la demanda, y en las demás oportunidades que el ordenamiento procesal contempla, está a su vez limitado por el fin, móvil o motivo que cada acción permite. En tratándose de la acción popular está circunscrito a lo dispuesto por los artículos 2 y 34 de la ley 472, normas que al establecer la finalidad de la acción popular y el contenido de la sentencia, marcan las pretensiones que se pueden incoar a través de la misma. De ahí que, en cuanto atañe a una conducta vulnerante plasmada en actos administrativos, o lo que es igual a la actuación que se ha venido concretando a través de actos administrativos, el juez popular sólo está facultado para impartir órdenes de hacer o no hacer, incluyendo la de que las autoridades se abstengan de ejecutar los efectos de tales actos, sin que se le haya atribuido la competencia para anularlos, lo cual no impide que pueda entrar a revisar su legalidad, cuando la vulneración del derecho colectivo se acusa precisamente como consecuencia de la ilegalidad del acto, sin que en ese caso su decisión pueda superar la orden de suspender los efectos del mismo. Nótese cómo el tenor de la norma es imperativo: “orden de hacer o no hacer” “exigir la realización de conductas…”. La preceptiva está redactada de tal forma que si bien deja un amplísimo margen de maniobra para que el juez imparta las órdenes necesarias para lograr la tutela efectiva de los derechos colectivos -y así debe ser en tanto el carácter difuso de los mismos impediría prever todas las situaciones que podrían ser objeto de decisión en la sentencia favorable-, sin embargo, de ella no se deduce -ni por asomo- que haya atribución alguna del juez para entrar a definir la legalidad del acto administrativo, mediante una sentencia de anulación. Y a esa conclusión se arriba no sobre la premisa del respeto a la presunción de legalidad que caracteriza al acto administrativo, sino por aplicación del principio de legalidad que ha de informar los poderes del juez, en su condición de servidor público, postulado connatural a nuestro Estado de Derecho, que encuentra su consagración positiva desde la misma Constitución Política, que le dedica varios de sus preceptos. En efecto, con base en el artículo en cita el juez impone un deber jurídico, para que sea la Administración la que adelante la acción, mientras que cuando se declara la nulidad de un acto, es el juez mismo -sin intermediación de autoridad alguna- quien, al decir el derecho, define si la disposición se ajusta o no al ordenamiento superior, sin que sea menester que su determinación sea “ejecutada” por un tercero, como es justamente el caso previsto en el tantas veces citado precepto. En una palabra, orden de hacer o no hacer no es sinónimo de declaración de nulidad de un acto administrativo. Tan clara es la improcedencia de la anulación en sede popular, que el legislador previó para cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, plasmada en un acto administrativo, que no es necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular (art. 10 ley 472). Esta exoneración si bien ratifica la procedencia -que como ya se indicó se desprende también de los artículos 9, 15 y 18 ordinal b) eiusdem- de la acción popular frente a actos administrativos, al mismo tiempo cierra la posibilidad de la declaración de nulidad a la cual le es propio, cuando de actos particulares se trata, el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo dispone el artículo 135 del C.C.A., que ordena que la demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo, normativa cuya importancia como instituto garantista fue subrayada por la Corte Constitucional. Nota de Relatoría: Ver Sentencia C-319 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
ACCION POPULAR - Nulidad de acto administrativo / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular / ANULACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Acción popular / JUEZ POPULAR - Contenido de la sentencia. Acto administrativo ilegal / PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA - Acción popular. Acto administrativo / PERDIDA DE EJECUTORIEDAD - Acción popular. Acto administrativo
Esta solución jurisprudencial, mantiene a salvo la posibilidad de demandar en sede judicial y a través de las acciones típicas establecidas para el efecto, la nulidad del acto administrativo, para que éste desaparezca del mundo jurídico, con las consecuencias propias de la nulidad según la acción que corresponda, lo cual garantiza que el particular que ha visto afectado un derecho subjetivo amparado en una norma, por virtud de un acto administrativo que a su vez vulneró un derecho colectivo, cuente con la posibilidad de obtener el restablecimiento o reparación a que haya lugar, previa anulación del acto, posibilidad que se vería truncada si éste se anulara por el juez popular, porque bien lo tiene determinado la jurisprudencia de esta Sección, cuando el daño proviene de un acto administrativo su reparación sólo puede obtenerse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De modo que una interpretación, como la que formula la Sala, no sólo resulta ajustada al ordenamiento jurídico, sino que -además- resulta ser, al mismo tiempo, la más garantista. Conviene agregar la orden que puede impartir el juez popular a una autoridad de que se abstenga de ejecutar los efectos de un acto administrativo que vulneró un derecho o interés colectivo, afecta directamente la eficacia o ejecutividad del acto, constituyéndose esa orden en una causal más de aquellas establecidas en el artículo 66 del C.C.A. y que impropiamente el legislador denominó como “pérdida de fuerza ejecutoria”, cuando realmente se trata de causales de pérdida de ejecutividad.
ACCION POPULAR - Suspensión de efectos del acto administrativo / ACTO ADMINISTRATIVO - Suspensión de efectos. Acción popular / JUEZ POPULAR - Suspensión de efectos del acto administrativo
Establecido a partir de la definición de los poderes del juez popular, que éste carece de competencia para decretar la nulidad de actos administrativos, procede la sala a definir la orden a impartir en este caso, con el fin de proteger el derecho colectivo al uso del espacio del espacio público. Habida consideración del impacto que en el manejo del tránsito de la ciudad acarrearía una medida judicial de aplicación inmediata, la Sala suspenderá los efectos de los actos del alcalde que contienen las medidas violatorias del espacio público, sólo seis (6) meses después de la fecha de notificación de esta sentencia, con el propósito de que dentro de ese término, y en caso de que así lo considere la administración distrital, las medidas se adecúen a los requisitos de competencia y respeto del núcleo esencial del derecho colectivo estudiado. La decisión que se enuncia no es óbice para que el juez natural de la legalidad del acto administrativo, pueda decretar la suspensión provisional de sus efectos comoquiera que, se insiste, la decisión que en esta providencia se adopta no está fundada en la ilegalidad de los actos administrativos, sino en la vulneración que estos acarrean al derecho colectivo al uso de los bienes de uso público. Con la orden de “suspensión” se está dando estricta aplicación al artículo 34 de la ley 472 que faculta al juez popular para adoptar en la sentencia una “orden de no hacer” sólo que ésta se difiere en el tiempo en razón de los eventuales traumatismos que generaría su adopción inmediata.

CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO
Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 13001-23-31-000-2002-00135-01(AP)
Actor: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Demandado: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Referencia: ACCION POPULAR
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 1º de abril de 2004, la cual será revocada.

Mediante la sentencia apelada se resolvió denegar las pretensiones de la demanda.
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