Usos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente






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la medida adoptada por el alcalde en desarrollo del CNTT no puede enmarcarse en el Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos 2001-2003” (Acuerdo No. 14 de 14 de mayo de 2001) específicamente en el objetivo seis del mismo. Como señaló el recurrente, este acto administrativo no facultaba al alcalde a proceder al cierre absoluto del acceso vehicular en algunas calles del centro histórico amurallado de Cartagena, se trata –por el contrario- de una variación del uso del suelo que ha debido ser prevista en el POT, como se desprende del análisis jurídico expuesto por la Sala. (Negrillas fuera de texto)


115 Dice el fallo que “Debe aclararse, en primer lugar, que está fuera de discusión la procedencia de la acción popular contra actos administrativos que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, tal y como se desprende de los artículo 9, 10, 15 y 18 ordinal b) de la ley 472. Lo que no resulta evidente, es la competencia del juez popular para proceder a anularlos.”

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 Dice la Sala que “... En otros términos, la norma de competencia contenida en el precepto que se viene comentando –se refiere al art. 34-, prescribe sólo tres tipos de medidas que el juez puede adoptar con estricta sujeción al principio de legalidad:
“i) una orden de hacer o no hacer; orden que definirá de manera precisa la conducta por cumplir con el fin de proteger el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante;

“ii) condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo;

“iii) exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.”

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 La Sala, incluso, hace un rastreo de la palabra “orden” para precisar su alcance en el artículo 34 de la ley 472. Dice al respecto: “Ahora bien, en ausencia de un significado legal de lo que debe entenderse por “orden de hacer o de no hacer”, por carencia de una definición expresa de esta materia (art. 28 del Código Civil), es menester recurrir al sentido natural y obvio, según el uso general de las palabras mismas, que no es otro, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que el consignado en el Diccionario de la Academia Española. Así, respecto del vocablo orden se registran las siguientes acepciones: “(…) 3. Regla (modo que se debe observar para hacer las cosas) (…). 17. Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar”
“El significado, entonces, no es otro que el de un mandamiento expedido por un Tribunal y no el de una declaración con efectos generales, como lo serían los de la anulación de un acto administrativo, habida consideración que toda orden es un precepto –de obligatorio acatamiento- dado en una concreta contingencia, pues“no se trata de prevenciones generales, de carácter permanente y dirigidas a la universalidad, sino de prevenciones especiales, concretas y personales”
“Sobre esta voz, dentro de sus múltiples significados, Cabanellas, siguiendo a Escriche en su diccionario enciclopédico de derecho usual, asevera:
“En términos jurídicos generales, el mandato del superior que debe ser obedecido, ejecutado y cumplido por los inferiores o subordinados (…) Mandamiento expedido por un Tribunal”.
“En una acepción amplia, el profesor García de Enterría la define como “un acto típico de imposición de deberes de hacer, no hacer o de padecer”. Prescripción imperativa de ejecutar u omitir determinada acción, desde un punto de vista general. Ese sentido de ‘prescripción’, que desciende del verbo ordenar, supone una declaración o manifestación de voluntad dirigida de modo imperativo que se emite en virtud de un vínculo de subordinación con el fin de determinar, en forma obligatoria, la conducta del subordinado (Mayer) y que exige, por parte de éste último, una acción (mandato de un facere) o abstención (prohibición, deber impuesto de non facere) consecuente con el contenido del mandato recibido, en cuanto impone una obligación de observancia, definida en el fallo. Así lo ponen de presente otros diccionarios jurídicos, entre otros, el clásico diccionario de derecho procesal civil de Pallares que escuetamente define la voz como “el mandato del superior que se debe obedecer y ejecutar por los inferiores”; para la Asociación Henri Capitant, a su turno, la orden es el “[a]cto unilateral por medio del cual una persona dotada de un poder de mando (superior jerárquico, juez, patrono, etc) obliga a una persona que está sometida a ella, conformarse a la voluntad en que ese acto se expresa (…)”;Civitas, por su parte, señala que “[l]a orden viene a precisar, para un supuesto determinado, un deber que trae causa de la norma, fijando su exacto contenido y alcance. Pero teniendo en cuenta que la definición de este deber en la ley o los reglamentos suele estar enunciado de modo muy abstracto (…) la orden ha de incorporar contenidos (el qué, el cómo, el cuándo del mandato) difícilmente contrastables con determinaciones legales positivas.”

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 Dice la sentencia que “El juez popular sólo está facultado para impartir órdenes de hacer o no hacer, incluyendo la de que las autoridades se abstengan de ejecutar los efectos de tales actos, sin que se le haya atribuido la competencia para anularlos, lo cual no impide que pueda entrar a revisar su legalidad, cuando la vulneración del derecho colectivo se acusa precisamente como consecuencia de la ilegalidad del acto, sin que en ese caso su decisión pueda superar la orden de suspender los efectos del mismo.”

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 Al respecto dice la sentencia: “... y por lo mismo el juez popular sólo puede ejercer las atribuciones expresamente asignadas por la ley, lo cual excluye en nuestro ordenamiento la existencia de las denominadas “competencias implícitas”, como tampoco admite el criterio analógico en materia de atribuciones, ni mucho menos recurrir al expediente ius privatista, dominado por el postulado de la autonomía personal, según el cual el que puede lo más puede lo menos, criterio antinómico al de la función pública.”
Más adelante agrega que “Y no puede alegarse que en estos eventos la función jurisdiccional asignada al juez popular es esencialmente diferente a la que cumple como juez contencioso en las acciones ordinarias, puesto que el juez constitucional en un Estado de Derecho, como todos los servidores públicos, también está sometido al principio de legalidad, sumisión al imperio de la ley (art. 230 C.P.) que no puede eludirse pretextando razones “hermenéuticas”, ...”

120 La cláusula Estado Social de Derecho no niega los rasgos distintivos clásicos de la cláusula Estado de Derecho, sino que por el contrario participa de ellos. (GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, novena reimpresión, 1995, Madrid, p. 56).


121 Cfr. HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael. Interpretación, subsunción y aplicación del Derecho. Marcial Pons, Madrid, 1999.


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 Este artículo dice que la sentencia contendrá “... una orden de hacer o de no hacer...”, “exigir la realización de una conducta”, entre otras cosas.

123 Sobre las denominadas injunctions, dice Carlos Betancur Jaramillo que “Aunque las normas que reglan el CCA no lo digan en forma expresa, la sentencia que acoja las pretensiones del actor no podrá dirigirle injucciones (sic) -se está refiriendo a las ordenes que contienen las injunctions-. En otros términos, no podrá imponer o tomar ciertas decisiones que sean del resorte de ésta.” (Derecho Procesal Administrativo. 2da. Edición, tercera reimpresión. Señal editora. 1988)

124 Dice esta norma que: “ Art. 10. Agotamiento opcional de la vía gubernativa. Cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no será necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular.”

125 Nuestro sistema jurídico, desde su misma base la Constitución, se inclina por la regla de competencia expresa, aunque en otras latitudes “[h]ay …quienes consideran que (la competencia) puede surgir expresa o implícitamente de una norma legal, y quienes consideran que surge en forma implícita del objeto o fin mismo del órgano; a esto último, algunos autores lo llaman principio de especialidad”: GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, El acto administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición colombiana, Medellín, 1999, p. VIII-30.


126 Dice la sentencia que: “Con la orden de “suspensión” se está dando estricta aplicación al artículo 34 de la ley 472 que faculta al juez popular para adoptar en la sentencia una “orden de no hacer” sólo que ésta se difiere en el tiempo en razón de los eventuales traumatismos que generaría su adopción inmediata.”


127 Dice la parte considerativa que “la Sala suspenderá los efectos de los actos del alcalde que contienen las medidas violatorias del espacio público, sólo seis (6) meses después de la fecha de notificación de esta sentencia...”
Luego, en la parte resolutiva de la sentencia, en su disposición segunda, dice que “2º ORDÉNASE al demandado abstenerse de ejecutar, seis meses después de la fecha en que se le notifique esta sentencia, el Decreto 0023 de enero 16 de 2003.”

128 La Sala tan sólo invito a que dentro de los seis meses siguientes “...y en caso de que así lo considere la administración distrital, las medidas se adecuen a los requisitos de competencia y respeto del núcleo esencial del derecho colectivo estudiado.” Sin embargo, esto no condiciona la suspensión provisional del acto.

129


 Sentencia de octubre 5 de 2005. Rad. AP-01588. Actor: Procuraduría General de la Nación. Demandado: Amadeo Tamayo Morón.

130


 Sobre este tema dice la sentencia, generando más confusión e inestabilidad jurídica para este acto administrativo, que “La decisión que se enuncia no es óbice para que el juez natural de la legalidad del acto administrativo, pueda decretar la suspensión provisional de sus efectos comoquiera que, se insiste, la decisión que en esta providencia se adopta no está fundada en la ilegalidad de los actos administrativos, sino en la vulneración que estos acarrean al derecho colectivo al uso de los bienes de uso público.”

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