Usos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente






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títuloUsos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente
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Le ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.


66 Artículo 1005 C.C. Según Sarmiento Palacio esta acción popular del Código Civil permite vindicar el buen estado, acceso y disfrute del bien de uso común (SARMIENTO PALACIO, Germán. Las acciones públicas en el derecho privado colombiano, Banco de la República, Bogotá, 1988, p. 58.)


67 Ley 9 de 1989 artículo 8o. “Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios. (…) Decreto 2400 de 1989, art. 6º: “La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente. Decreto 1504 de 1998 Artículo 26. Los elementos constitutivos del Espacio Público y el Medio Ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil.


68 Ya esta Corporación había tenido oportunidad de pronunciarse vía acción de cumplimiento sobre decisiones del Alcalde de Cartagena en materia de espacio público del centro histórico y estimó que no había un cambio significativo del uso del suelo con ocasión de decisiones administrativas tomadas en dos plazas: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA -SUBSECCION “A”, C. P. Clara Forero de Castro, Sentencia de 6 de Noviembre de 1997, Radicación número: ACU-032, Actor: Ingrid Fortich Herrera, Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Referencia: Acción de Cumplimiento.



69 Vid CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2001, Exp. AP 170; Sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. AP-163; Sentencia del 17 de junio de 2001, actor: Manuel Jesús Bravo, Exp. AP 166; Sentencia de septiembre 26 de 2002, Exp. AP 800; Sentencia de 22 de enero de 2004, Exp. AP 446 y AP 747.


70CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2005, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01, Actor: Exenober Hernández Romero, Ref.: AP – 00254, M.P. María Elena Giraldo Gómez


71 La violación de ordinario de los dos se presenta en forma simultánea: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 2001, Exp. AP 166, C.P. Alier Hernández.


72 Cfr. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier E. La presunción de legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones populares, Instituto Antioqueño de responsabilidad civil y del Estado, octubre de 2001.


73 Vid. ORDOÑEZ MALDONADO, Alejandro, La acción popular, aspectos sustanciales y procesales, en Memorias Octavo encuentro de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Bogotá, 2001, p.160 y ss: “En nuestra opinión, cuando el acto administrativo es la causa directa de la amenaza de un derecho o interés de naturaleza colectiva, resulta apenas natural y obvio que se inapliquen sus efectos, pues sólo de esta manera se evitan las consecuencias nocivas que se ocasionarían con la consumación total de la decisión (…) creemos que la suspensión de dicho acto, no podrá prolongarse indefinidamente y en defecto o vacío del término máximo, asumimos que deberá ser hasta tanto se cumplan en su totalidad las medidas adoptadas por el juez en la sentencia tendientes a restablecer la situación a las condiciones iniciales. Así mismo, en el evento en que el juez contencioso observe que el acto administrativo incurre en vicios de ilegalidad, deberá señalarle al demandante el camino de las acciones contenciosas”.


74 Criterio adoptado inicialmente por la Sección Primera al señalar: “…la posibilidad de ocurrencia de la restricción en el suministro del servicio domiciliario de energía a los usuarios por causa de un programa de limitación, no es una situación que pueda considerarse como amenaza al derecho colectivo invocado por el actor, de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, atendiendo el artículo 4º, literal j) de la Ley 472 de 1998, por cuanto es una posibilidad que depende de la realización de los supuestos fácticos descritos en la norma para que se den sus consecuencias jurídicas, como ocurre con toda norma de carácter general. Lo contrario equivaldría a deducir el peligro o la amenaza de la norma misma, esto es, de la regulación sobre el punto prevista en las resoluciones citadas, situación que implicaría el cuestionamiento de dicha regulación a través de la acción popular, la cual es improcedente, tal como lo alegan las entidades apelantes, puesto que la acción adecuada para ello es la de nulidad que, por cierto, ya ha sido intentada contra dichas resoluciones. Es así como respecto de la Resolución núm. 116 de 1998 se adelantó un proceso radicado bajo el número 5920, resuelto mediante sentencia de 17 de agosto de 2000, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda y contra la Resolución núm. 070 de 1999, atacada en su artículo 6º, que se ocupa precisamente de la limitación en caso de posesión por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se tramitó el proceso radicado con el núm. 6309, el cual culminó con el fallo de 8 de noviembre del año en curso, también en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Radicación número: 07001-23-31-000-2001-0002-01(AP-282), Actor: Adalberto Enrique Jaimes Ochoa, C. P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Esta concepción jurisprudencial también se encuentra consignada, entre otras, en las siguientes providencias CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” Sentencia de febrero 17 de 2000, Radicación número: AP- 013, Actor: José Gregorio Granados Hernández, Demandado: Gobernador Norte de Santander; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 31 de marzo de 2000, Exp. AP 005, Actor: Francia Banda y otros, C.P. Daniel Manrique Guzmán; SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, Sentencia de 18 de mayo de 2000, Exp. AP 036, Actor: Asociación Biobosque, Demandado: Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, Departamento del Medio Ambiente y la Curaduría Urbana No. 2, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 18 de mayo de 2000, Exp. AP 038, Actor: Presidentes Juntas de Acción Comunal El Chamizo, Yarumales y Obando (Cauca), C.P. Jesús María Carrillo; SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, Sentencia de 1 de junio de 2000, Exp. AP 047, Actor: Red de veeduría ciudadana de Cartagena de Indias, Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, C.P. Carlos A. Orjuela Góngora; SECCION PRIMERA Sentencia de 6 de julio de 2001, Radicación número: AP-123, Actor: Red Ver, Demandado: ETB, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 19 de julio de 2001, Radicación número: 68001-23-15-000-2000-1684-01(AP-085), Actor: Defensoría del Pueblo-Regional Santander, C.P. Ligia López Díaz; SECCION CUARTA, Auto de octubre 5 de 2001, Radicación número: 25000-23-26-000-2000-0257-01(AP), Actor: Cooperativa especializada de educación barrio Carvajal Ltda., C.P. María Inés Ortiz Barbosa; SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, Radicación número: AP-102, Actor: Mauricio Iván Torres Munevar, Demandado: Instituto Departamental de Tránsito y Transportes del Meta, C.P. Ligia López Díaz; SECCIÓN QUINTA, Sentencia de 13 de septiembre de 2002, Actor: Dorance Cure, Exp. AP 575, C.P. Darío Quiñones; SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 2 de octubre de 2002, Radicación número: 66001-23-31-000-2000-0744-02, Actor: Juan José Baena Restrepo y Otro, Referencia: AP – 0744 (Número interno: 612), C.P. María Elena Giraldo Gómez; SECCIÓN QUINTA, Sentencia de 24 de julio de 2.003, Radicación número: 73001-23-31-000-2002-0636-01, Actor: Jorge Enrique Hernández Acosta, Referencia: Radicado interno número 606, C. P. Denise Duviau de Puerta. Criterio que encuentra respaldo en un sector de nuestra doctrina: TAMAYO JARAMILLO, Javier, Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil, Editorial Diké, Medellín, 1ª edición, 2001, p. 111 y ss.


75 La Sección Primera ha indicado siguiendo este criterio: “la acción popular puede ejercerse respecto de actos administrativos y contratos estatales en la medida en que su existencia o ejecución implique un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y por lo tanto con el único fin de evitar el primero o hacer cesar los segundos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, de suerte que sólo en esas circunstancias, esto es, cuando se vulnere o amenace un derecho colectivo y con el exclusivo fin de procurar su protección, es posible que en virtud de dicha acción se examine uno cualquiera de esos actos o la viabilidad o condiciones de su ejecución, sin que ello signifique que la misma sustituya, desplace o derogue las acciones contencioso administrativas previstas como mecanismos normales para el control de legalidad de los mismos, de suerte que el uso de la acción popular a esos fines es excepcional y restrictiva”: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 5 de febrero de 2004, Radicación número: 70001-23-31-000-2002-00874-01(AP), Actor: Darío Alvis Gonzalez, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en idéntico sentido SECCIÓN PRIMERA Sentencia de 19 de febrero de 2004, Radicación núm.: 52001 2331 000 2002 00559 01, Actor: Luis Carlos España Gomez, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Vid. SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 7 de abril de 2000, Exp. AP 026, Actor Edison Alberto Pedreros Buitrago, Demandado: Banco de la República C.P. Julio E. Correa Restrepo; SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 14 de abril de 2000, Exp. AP 028; Actor: Eliécer Muñoz, C.P. Delio Gómez Leyva; SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 9 de noviembre de 2000, Exp. AP 119, Actor: Carlos Trujillo Solarte y otros, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SECCIÓN PRIMERA, Auto de 1 de febrero de 2001, Exp. AP.-148, Actor: Fundación para la defensa del Interés Público “Fundepublico”, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SECCIÓN QUINTA, Sentencia de 9 de noviembre de 2001, Exp. AP 194, Actor: Rodolfo Puentes Suárez y otros, C.P. Darío Quiñones; SECCIÓN QUINTA, Sentencia de 28 de febrero de 2.002, Radicación número: 13001-23-31-000-2000-9004-01(AP-342), Actor: Jorge Piedrahita Aduen, Demandado: Distrito de Cartagena de Indias, C.P. Roberto Medina López; SECCION TERCERA Sentencia de marzo 21 de 2002, Radicación número: 25000-23-26-000-2001-9093-01(AP-285), Actor: Julio César García Vásquez y otro, Demandado: Codensa y otros, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; , Auto de 16 de junio de 2003, REF. Expediente No.250002326000 2002 0249 01, Actor: Corporación Cámara de Televisión Comunicación y Recreación, Demandado Registraduría Nacional del Estado Civil y Ministerio de Comunicaciones, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 28 de agosto de 2003, Radicación número: 25000-23-24-000-2002-90178-01(AP-90178), Actor: Carlos German Farfán Patiño, Demandado: Caja de Compensación Familiar –Compensar, C. P. Ligia López Díaz; SECCIÓN TERCERA Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Radicación número: 25000-23-27-000-2002-02693-01, Actor: John Freddy Bustos Lombana, Referencia: AP – 02693, C.P. María Elena Giraldo Gómez; SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 9 de septiembre de 2004, Exp. AP 571, Actor: Mario Efrén Sarmiento y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez; SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 2 de junio de 2005, Radicación número: 76001-23-31-000-2004-00454-01, Actores: Integrantes de la Organización Cabildo Interdisciplinario del Medio Ambiente, Referencia: AP – 00454, C.P. María Elena Giraldo Gómez; SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 27 de julio de 2005, Radicación número: AP–250002325000200400787 01, Actor: Heli Bocanegra y otros, Demandando: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros, C. P. Alier E. Hernández Enríquez. Algunos autores respaldan esta postura: HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier E. La presunción de legalidad de los actos administrativos y de validez de los contratos estatales en las acciones populares, Instituto Antioqueño de responsabilidad civil y del Estado, octubre de 2001; BEJARANO GUZMÁN, Ramiro, Procesos declarativos, tercera edición, Temis, Bogotá, 2005, p. 182; BOTERO ARISTIZABAL, Luis Felipe, Acción popular y nulidad de actos administrativos, Serie LEX Nova, Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y Ed. Legis, Bogotá, primera edición, 2004, p. 85 y ss.


76 Vid. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 24 de febrero de 2.005, Actor: Alberto Poveda Perdomo, Demandada: Empresas Públicas de Neiva y Otros, Radicación: 41001-23-31-000-2003-(AP-01470)-01, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.


77 Tal y como la resalta la doctrina (Cfr. HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael. Interpretación, subsunción y aplicación del Derecho. Marcial Pons, Madrid, 1999) y lo ha puesto de relieve esta Sala en otros eventos: Vid. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Sentencia de noviembre 25 de 2004, Radicación: 110010326000200300055-01, Expediente: 25560, Ref. Recurso de anulación de laudo arbitral, Actor: Sociedad Centrimed Ltda., Demandado: Hospital Militar Central, C.P. German Rodríguez Villamizar y Sentencia de 24 de febrero de 2.005, Actor: Alberto Poveda Perdomo, Demandada: Empresas Públicas de Neiva y Otros, Radicación: 41001-23-31-000-2003-(AP-01470)-01, C. P. Ramiro Saavedra Becerra

78 Artículo 305 del C. de P. C., reformado por el artículo 1° numeral 135 del decreto 2282 de 1989. Imperativo legal de la consonancia, que a juicio de Devis Echandía, está relacionado a la vez con el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 CP), lo mismo que con el valor de la cosa juzgada. (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Decimotercera edición, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1994, p. 57.)


79 Sobre su valor normativo Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 479 de 1992.


80 “No se olvide que el propio legislador definió –en términos roussonianos en el artículo 4 del C.C.- a la ley como ‘declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución nacional’, por lo que detrás del acatamiento estricto al derecho hay una clara justificación política: el imperio de la ley y del principio democrático del constitucionalismo liberal.”: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Sentencia de noviembre 25 de 2004, Radicación: 110010326000200300055-01, Expediente: 25560, Ref. Recurso de anulación de laudo arbitral, Actor: Sociedad Centrimed Ltda., Demandado: Hospital Militar Central, C.P. German Rodríguez Villamizar.


81 LARENZ, Karl. Derecho justo, fundamentos de ética jurídica. Monografías Civitas, Madrid, Reimpresión, 1993, Pág. 165.


82 “Conviene agregar que la infracción del principio de legalidad (…) comporta en últimas la violación de la cláusula constitucional de igualdad, en tanto este principio, en su acepción ‘formal’ o ‘estática’ equivale simplemente al cumplimiento de la ley (inciso primero del art. 13 C.P.), como que en estos eventos el operador jurídico al aplicar la ley -sin distingos- no hace nada distinto que realizar la igualdad. El respeto de la ‘regla de justicia’, vale decir, tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo desigual, es desde este punto de vista, en palabras de Bobbio, lo mismo que el respeto a la legalidad.”: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, auto de 16 de marzo de 2005, Radicación número 25000232600020020121601 (27.921), Actor: Eptisa Proyectos Internacionales S.A. y OTROS, Demandado: Instituto Nacional de Vías-Invias, Referencia: Contractual recurso ordinario de reposición, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.


83 Nuestro sistema jurídico, desde su misma base la Constitución, se inclina por la regla de competencia expresa, aunque en otras latitudes “[h]ay …quienes consideran que (la competencia) puede surgir expresa o implícitamente de una norma legal, y quienes consideran que surge en forma implícita del objeto o fin mismo del órgano; a esto último, algunos autores lo llaman principio de especialidad”: GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, El acto administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición colombiana, Medellín, 1999, p. VIII-30.


84 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia de 22 de enero de 1971, Actor: Benigno Antonio Ríos Osorio, Demandado: Rosa Berenice Burbano Ibarra de Santacruz y otra, proyectó el Dr Alberto Ospina Botero, abogado asistente.


85 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, Tomo II, Madrid, 2001, p. 1627 y 1628.


86 ESPASA CALPE, Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, 1997, p. 702.


87 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta, Tomo V, 20ª edición, Buenos Aires, 1986, p. 690, en el mismo sentido CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1994, p. 282 y 283.


88 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Estudios sobre los límites del poder de policía general y del poder reglamentario, REDA, núm. 5, pp. 203 y ss.


89 MOLINER, María, Diccionario de uso del español, Tomo II, Editorial Gredos, Madrid, reimpresión, 1988, p. 577.


90 PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1952, p. 369.


91 ASOCIACIÓN HENRI CAPITANT, Vocabulario jurídico, publicado bajo la dirección de Gérard Cornu, Editorial Temis, Bogotá, 1995, p. 612.


92 CIVITAS, Enciclopedia jurídica básica, Volumen III, Editorial Civitas, Madrid, 1995, p. p. 4621. Igualmente puede consultarse FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Emilio, Diccionario de Derecho Público, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1981, p. 538 y ss; OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Ed. Heliasta, 27 ed., Buenos Aires, 2000, p. 683: “/Mandato de un superior que ha de ser obedecido (…) / Mandamiento expedido por un Tribunal.”


93 Proyecto de ley No 005 de 1995 Cámara, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo, presentado por Vivianne Morales Hoyos, en GACETA DEL CONGRESO, No. 207, Año IV, jueves 27 de julio de 1995, p. 15


94 Proyecto de ley No 084 de 1995 Cámara, por la cual se reglamente el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo en GACETA DEL CONGRESO No. 277, Año IV, martes 5 de septiembre de 1995, p. 5 y 16.


95 Proyecto de ley No. 024 de 1995, Cámara, por la cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política en relación con el ejercicio de las acciones populares.


96 GACETA DEL CONGRESO No. 217, Año IV, miércoles 2 de agosto de 1995, p. 14.


97 GACETA DEL CONGRESO No. 493, año IV, jueves 28 de diciembre de 1995, p. 3.

98


 GACETA DEL CONGRESO No. 198, Año V, martes 28 de mayo de 1996, p. 7.


99 Proyectos de ley números 005 de 1995, 024 de 1995 y 084 de 1995 Cámara acumulados, número 10 de 1996 Senado, Senador Héctor Helí Rojas Jiménez en GACETA DEL CONGRESO, No.498, año V, jueves 7 de noviembre de 1996, p. 6 y 11. Texto aprobado sin modificaciones en primer debate en Senado, vid. GACETA DEL CONGRESO No. 11, Año VI, lunes 3 de febrero de 1997, p. 43.


100 GACETA DEL CONGRESO No. 167, Año VI, miércoles 28 de mayo de 1997, p. 3 y 7, Senador Ponente Héctor Helí Rojas J.


101 GACETA…op. Cit. p. 18.


102 GACETA DEL CONGRESO No. 210, Año VI, lunes 16 de junio de 1997, p. 5.

103


 GACETA DEL CONGRESO No. 284 Año VI, miércoles 23 de julio de 1997, p. 23.


104 GACETA DEL CONGRESO No. 450, Año VI, viernes 31 de octubre de 1997, p. 7.


105 GACETA DEL CONGRESOGACETA DEL CONGRESO No. 554, Año VI, martes 23 de diciembre de 1997, p. 13.


106 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 036 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Y el segmento normativo relativo a las atribuciones no ha sido objeto de revisión constitucional (vid. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 512 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).


107 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 319 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.


108 La cláusula Estado Social de Derecho no niega los rasgos distintivos clásicos de la cláusula Estado de Derecho, sino que por el contrario participa de ellos. (GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, novena reimpresión, 1995, Madrid, p. 56).


109 Cfr. HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael. Interpretación, subsunción y aplicación del Derecho. Marcial Pons, Madrid, 1999.


110 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA , Sentencia de 24 de febrero de 2.005, Actor: Alberto Poveda Perdomo, Demandada: Empresas Públicas De Neiva Y Otros, Radicación: 41001-23-31-000-2003-(AP-01470)-01,C. P. Ramiro Saavedra Becerra.


111 En el contexto de un estado unitario (art. 1 C.P.) respetando el contenido esencial de la autonomía territorial (art. 287 C.P.) de modo que se guarde un equilibrio entre los dos conceptos en el marco de una competencia regulatoria concurrente que debe ejercerse de manera coherente y articulada. Integración, coordinación y armonización prevista en la ley 614 de 2000 y el Decreto 2201 de 2003.


112 Sobre el espacio público en las actuaciones urbanísticas ver artículo 37 de la ley 388.


113 Decreto 879 de 1998 Artículo 4º. Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. (subraya la Sala); Artículo 5º. El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los Planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan. (se subraya)


114 La Sala es de opinión contraria. Dijo que “De modo que habrá que revocarse la decisión del A Quo, en tanto que
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