Usos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente






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títuloUsos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia. Reglamentación / alcalde competencia. Uso del suelo / concejo municipal competencia. Uso del suelo / control de transito autoridad competente / funcion reguladora de transito autoridad competente
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ALIER E. HERNANDEZ ENRIQUEZ





1 Publicado en DIARIO OFICIAL, viernes 4 de septiembre de 1970, Año CVII, No. 33139, modificado parcialmente por la ley 33 de 1986 y derogado expresamente por la ley 769 de 2002. Sin embargo, ésta última ley tan sólo empezó a regir transcurridos tres meses contados a partir de su promulgación, la cual tuvo lugar el 7 de agosto de 2002 (DIARIO OFICIAL No 44.893), de modo que no resulta aplicable al caso concreto teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 8 de mayo de 2002 y versó sobre dos normas expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.


2 CNTT Artículo 3º Modificado Decreto 1809 de 1990, Art. 1. Son autoridades de tránsito las siguientes: (…)4. Los alcaldes municipales; 5. Modificado Decreto 2591 de 1990, Art. 2. Las secretarías, Departamentos, inspecciones y demás organismos municipales de tránsito; Art. 5 Modificado Decreto 1809 de 1990, art. 3. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las Secretarías de Obras Públicas Departamentales de las vías departamentales y las Secretarías de Obras Públicas Municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto; Art. 6 Modificado Decreto 1809 de 1990, art. 1, mod. 5. Los organismos de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción, expedirán las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, con sujeción a las disposiciones del presente Código, a sus normas reglamentarias y a las demás que lo modifiquen o adicionen.


3 En materia de normatividad de transporte ver Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones en DIARIO OFICIAL, AÑO CXXIX, N. 41158, 30 de diciembre de 1993, p. 11 y la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte en DIARIO OFICIAL, AÑO CXXXII, N. 42948, 28 de diciembre de 1996, p. 1.

4 Declarado exequible CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 568 de 2003, M.P. Álvaro Tafur.


5 CNTT Artículo 7°. Cumplimiento régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.


6 La exposición de motivos al Proyecto de ley número 083 de 2000 Cámara, Código Nacional de Tránsito Terrestre, presentado por El Ministro de Transporte Gustavo Adolfo Canal Mora se lee: “12. Clasificación de las vías: Para determinar la prelación de las vías el código la ha clasificado de la siguiente manera: Urbanas: férreas, autopistas, arterias principales, secundarias colectoras, ordinarias, locales, privadas, ciclovías y peatonales; Rurales: férreas, autopistas, carreteras principales, carreteras secundarias, caminos carreteables, privadas y peatonales. Así las cosas le corresponderá a la autoridad de tránsito competente mediante resolución motivada señalar las categorías correspondientes dentro de su jurisdicción.” (GACETA DEL CONGRESO, No. 389 de 2000, en www.secretariasenado.gov.co, subrayas no originales)


7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 568 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señaló: “a) El poder de policía es normativo: legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del estado de derecho es, además, preexistente. b) La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas de policía. Más repárese en que dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad. c) La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora de la libertad (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de abril 21 de 1982. Magistrado Ponente: Manuel Gaona Cruz). Criterio reiterado en CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-024 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia C-492 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.


8 El derecho urbanístico constituye uno de los capítulos más importantes del moderno derecho administrativo, ello se evidencia en la ya copiosa literatura extranjera que se ocupa de esta nueva disciplina jurídica vid. BERMEJO VERA (director), Derecho Administrativo, parte especial, Editorial Civitas, Cuarta edición, Madrid, 1999, Parte Cuarta, p. 507 y ss; CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, Instituciones de derecho urbanístico, Madrid, Ed. Montecorvo, 1992; CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio, La gerencia municipal de urbanismo como organismo autónomo local, en VVAA Libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Editorial Civitas, Madrid, 1999, p. 197 y ss; DELGADO BARRIO, Javier, El control de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, Madrid, Civitas, 1993; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Manual de derecho urbanístico, Madrid, Abella El consultor, 1995; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, Cuarta edición, reimpresión 1995, p. 339 y ss; CLÓPEZ PELLICER, José A., Uso y aprovechamiento del dominio público local, en VVAA Libro…op. Cit. p. 641 y ss; PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, tomo III, Bienes públicos-derecho urbanístico, Marcial Pons, novena edición, Madrid, 2002; PAREJO ALFONSO, Luciano et al. Manual de Derecho Administrativo, Vol. 2, Ariel Derecho, 5ª edición, Barcelona, 1998, Caps. XXI a XXIV; ROMERO ALOY, María Jesús, Los planes municipales en el derecho urbanístico valenciano, Tirant Monografías No. 244, Valencia, 2002; SERRANO ALBERCA, José Manuel, El derecho de propiedad, la expropiación y la valoración del suelo, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1995; TRAYTER JIMÉNEZ, Juan Manuel, El control del planeamiento urbanístico, Madrid, Civitas, 1996.


9 ROTHER, Hans. Derecho Urbanístico colombiano, Universidad Nacional de Colombia, Ed. Temis, Bogotá, 1990, p. 15.


10 VIDAL PERDOMO, Jaime. Temas municipales y regionales, Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1985, p. 253.


11 LEY 9 de 1989, Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, en DIARIO OFICIAL. AÑO CXXV. N. 38650. 11 de enero de 1989, p.1.


12 Aunque algunas disposiciones del Código de Régimen Municipal (leyes 88 de 1947 y 61 de 1978, Decreto ley 1333 de 1986), del Decreto 693 de 1951, de la ley 19 de 1958, de la ley 30 de 1969, de la ley 7ª de 1979, del Decreto 1306 de 1987, del antiguo Estatuto de Bogotá (Decreto 3133 de 1968) tenían contenidos relativos a planeación y urbanismo, el derecho nacional poco se ocupaba de estos temas al punto que la jurisprudencia alcanzó a insinuar que no existía en Colombia realmente un derecho urbanístico: “No son ciertamente muchas las disposiciones legales que regulan y, sobre todo, que autorizan a las autoridades locales para señalar con toda precisión los deberes y obligaciones de los particulares, así como sus derechos, en materia de participación en el desarrollo urbano…sin que la ciencia jurídica, en el caso colombiano, se haya preocupado en la medida de lo deseable, por señalar en disposiciones claras y precisas ese que ha dado en denominarse en otras latitudes el ‘derecho urbano’ y que tiene por objeto, precisamente, conducir el inevitable crecimiento de las ciudades, por cauces de racionalidad y planificación (…) Se impone, pues, la necesidad de legislar sobre estas materias, para autorizar profunda y expresamente a los municipios y obviamente al Distrito Espacial, a fin de que afronten con éxito esta problemática, apoyados en normas claras que permitan un manejo del suelo sin las trabas y los inconvenientes que hoy existen, desprendidos de una legislación anacrónica”: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 8 de mayo de 1987, C.P. Guillermo Benavides Melo.
Sobre los antecedentes legislativos en materia de derecho urbanístico, ver un muy completo estudio en ANALES DEL CONGRESO, lunes 21 de noviembre de 1988, año XXXI No.169, p 3 a 5, Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 234 Cámara de 1988 ( números 1 y 12 Senado de 1988), por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, Representante a la Cámara Silvio Mejía Duque y en GACETA DEL CONGRESO, Jueves 10 de agosto de 1995, Año IV, No. 232, Exposición de motivos al proyecto de ley número 52/95 Senado , por la cual se modifican la ley 9 de 1989 y la ley 3 de 1991, y se dictan otras disposiciones presentado por el Senador Aurelio Iragorri Hormaza, p.8 y 9. Para el caso específico de los antecedentes legislativos de la vivienda de interés social (VIS) ver el estudio realizado por la Senadora Maristella Sanín Posada en la ponencia para primer debate al proyecto de ley No. 146 de 1992, por la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda de interés social y se reglamenta el artículo 51 de la Constitución Nacional, en GACETA DEL CONGRESO, lunes 26 de abril de 1993, p. 5 y ss.


13 Dice la exposición de motivos: “Se pretende con estas disposiciones resaltar la trascendencia de utilización del espacio urbano no sólo en su aprovechamiento cuantitativo, sino en lo que hace a la calidad de vida de los habitantes.” (se destaca) en ANALES DEL CONGRESO, martes 26 de julio de 1988, año XXXI No. 35, p. 7, Ministro de Desarrollo Económico Carlos Arturo Marulanda Ramírez y Ministro de Gobierno César Gaviria Trujillo. En la ponencia para segundo debate en Senado se anotó: “el proyecto está caracterizado por el principio de racionalidad urbana, busca corregir la tendencia al crecimiento caótico de nuestras ciudades, introducir factores de orden en su crecimiento que aseguren una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, renovar la parte céntrica de las mismas sin afectar a sus moradores, reintegrar y desarrollar de manera concertada tierras antes no utilizadas, densificar el aprovechamiento de sus espacios. (negrillas originales, subrayas fuera de texto)”en ANALES DEL CONGRESO, viernes 4 de noviembre de 1988, año XXXI No.151, p. 15, Senadores Aurelio Iragorri Hormaza y Ernesto Samper Pizano. Por su parte, en la ponencia para segundo debate en Cámara se indicó: “(…) Igualmente, la legislación debe permitir a los municipios la reglamentación estricta del uso del suelo con el fin de habilitar terrenos ociosos o mal utilizados para otro tipo de actividades más útiles a todo el conglomerado social. (…) una estricta y coherente planificación urbana permitiría a las ciudades orientar el uso del suelo, mediante reglamentación sobre el mismo y la estructuración de planes viales y de ensanche de las redes de servicios públicos. (…) g) La conformación y la defensa del espacio público ‘El espacio público es el objeto primordial y determinante de la configuración de la ciudad (…).El espacio público está constituido por aquel conjunto de áreas de propiedad, destinación o utilidad general, en las que tiene interés en su conservación y mejoramiento la comunidad y constituye el patrimonio de mayor importancia para la vida comunitaria. Ninguna materia ha sido tan ignorada en la legislación y en los diversos proyectos de Reforma Urbana como la Defensa del Espacio Público. El ciudadano común está inerme frente a la permanente agresión estatal o privada que restringe y recorta el espacio público, limitando de esta manera las posibilidades del goce de la ciudad. (…) el espacio público de nuestras ciudades lo conforman hoy las vías peatonales y vehiculares, sobreutilizadas por un tráfico desordenado y agresivo y por la presencia dramática y desorganizada de múltiples expresiones de comercio informal y que dejan al peatón expuesto a su suerte, por demás precaria; los retiros de los proyectos viales y de las corrientes naturales de agua, poblados y densificados tanto como los sectores más ocupados de la ciudad; (…)constituyen actualmente el espectro de un espacio público que está bien lejos de satisfacer la filosofía urbana y los intereses colectivos.(…) El primer capítulo de este proyecto de ley se ocupa de la planificación del desarrollo municipal. Dentro del marco descentralista que se ha venido instaurando en nuestro sistema jurídico se han otorgado a los municipios las herramientas políticas, administrativas y fiscales, que les permitan asumir el manejo de sus propios destinos. Es por eso que en este capítulo, se señala como obligación de todos los municipios expedir un plan de desarrollo, indicando los elementos constitutivos del mismo (…). El proyecto incluye una definición de espacio público resaltando la trascendencia de su aprovechamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los centros urbanos. Para hacer tangible este nuevo concepto de espacio público se consagra, como figura novedosa, su protección a través de la acción popular definida en el artículo 1005 del Código Civil. En ANALES DEL CONGRESO, lunes 21 de noviembre de 1988, año XXXI No.169, p 3 a 5, Representante a la Cámara Silvio Mejía Duque. (subrayas no originales)


14 Mediante la ley 810 de 2003 se modificó parcialmente la ley 388 en punto de sanciones urbanísticas.


15 Para determinar el ámbito de esta atribución era preciso que el legislador fijara su alcance: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Concepto Rad. 453, 6 de septiembre de 1992, C.P. Humberto Mora Osejo.


16 GACETA CONSTITUCIONAL, Asamblea Nacional Constituyente, jueves 23 de mayo de 1991, Informe ponencia para primer debate en Plenaria Del Ordenamiento Territorial, Constituyente: Gustavo Zafra Roldán, p. 5.


17 Al abordar la competencia regulatoria de los Concejos, la Corte Suprema de Justicia como juez de constitucionalidad señaló que la ley y el reglamento, siendo este el medio supletivo o apenas suplementario de la tarea reguladora de aquella, constituyen de consuno la base normativa que supedita la acción administrativa o material (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PLENA, Sentencia de 21 de abril de 1982, MP Manuel Gaona Cruz).


18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 23 de marzo de 2000, Rad. 5504, CP Manuel S. Urueta Ayola: “El Concejo Distrital está constitucionalmente facultado para reglamentar los usos del suelo, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 313 constitucional, dentro de cuyo concepto se cuenta el espacio público, que ha sido definido por el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, así: (…)No comparte la Sala el fundamento de la sentencia recurrida, en cuanto considera que los numerales 6 de los artículos 12 y 69 del Decreto Ley 1421 de 1993 son incompatibles con el artículo 82 de la Constitución Política, pues el deber de velar por la destinación al uso común de los bienes integrantes del espacio público no impone, de una parte, que dicho uso sea necesariamente gratuito en todas las circunstancias y, de otra parte, que no pueda la autoridad competente reglamentar dicho uso, en cuanto se refiere al acceso de las personas, tal como sucede con el parqueo de automóviles en áreas del espacio público, conocido en la capital de la República como zonas azules, o la utilización de la playa en concesión por los empresarios turísticos, o la concesión de parques como El Salitre de Santa Fe de Bogotá, o como el cobro de peajes por la utilización de vías públicas. La destinación al uso común del espacio público puede ser reglamentada por la autoridad en el ejercicio de sus competencias policivas, pues esa reglamentación constituye un mecanismo para la protección de su integridad, de manera que dicho uso común puede, bajo ciertas circunstancias, ser limitado, de acuerdo con la ley y los reglamentos administrativos, sin que ello constituya violación del artículo 82 constitucional.” (subrayas no originales)


19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Concepto Rad. 803, 18 de marzo de 1996, C.P. Roberto Suárez Franco.


20 Sobre el alcance de la potestad regulatoria expresamente atribuida por la Constitución a los Concejos en materia de uso de suelos Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Auto de 5 de junio de 1992, Rad. 2032, C.P. Miguel González Rodríguez; Auto de 3 de diciembre de 1993, Rad. 2718, C.P. Miguel González Rodríguez; Auto de 21 de febrero de 1994, Rad. 2771, MP Yesid Rojas Serrano; Auto de 17 de marzo de 1994, Rad. 2324-2373, MP Miguel González Rodríguez; Auto de 26 de noviembre de 1993, Rad. 2706, MP Libardo Rodríguez Rodríguez; Auto de 3 de febrero de 1995, Rad. 3198, MP Libardo Rodríguez Rodríguez; Auto de 5 de diciembre de 1996, Rad. 4125, CP Libardo Rodríguez Rodríguez; Auto de 10 de abril de 1997, Rad. 4346, MP Juan Alberto Polo Figueroa; Auto de 29 de mayo de 1997, Rad. 4420, MP Ernesto Rafael Ariza; Sentencia de 17 de abril de 1997, Rad. 3959, MP Manuel S. Urueta Ayola; Sentencia de 12 de marzo de 1998, Rad. 4302 MP Juan Alberto Polo Figueroa; Auto de 5 de agosto de 1999, Rad. 5615 MP Olga Inés Navarrete; Auto de 25 de noviembre de 1999, Rad. 5581, CP Juan Alberto Polo Figueroa; Auto de 27 de noviembre de 2003, Rad. 865 MP Olga Inés Navarrete.


21 Cuando el municipio pertenece a un área metropolitana la competencia de regulación de usos del suelo del concejo es compartida con la junta metropolitana. En efecto, la ley 128 de 1994, por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas, en su artículo 14 dentro de las atribuciones básicas de la Junta Metropolitana señala la de dictar normas sobre uso del suelo urbano y rural en el municipio y definir los mecanismos necesarios que aseguren su cabal cumplimiento (DIARIO OFICIAL, AÑO CXXIX, N. 41236, 23 de febrero de 1994, p. 1). En ese sentido ver CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 11 de marzo de 1993, Rad. 2227, CP Miguel González Rodríguez; Auto de 21 de febrero de 1994, Rad. 2771, MP Yesid Rojas Serrano; Sentencia de 12 de mayo de 1995, Rad. 3196, MP Ernesto Rafael Ariza; Sentencia de 17 de abril de 1997, Rad. 3959, MP Manuel S. Urueta Ayola; Sentencia de 4 de abril de 2001, Rad. 6538, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia de 29 de noviembre de 2001, Rad. 6793, CP Camilo Arciniegas Andrade y CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Rad. 460, 8 de octubre de 1992, CP Javier Henao Hidrón.


22 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Sentencia de 21 de marzo de 1996, Rad. 3575, MP Ernesto Rafael Ariza.


23 LEY 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, en DIARIO OFICIAL, AÑO CXXX. N. 41377. 2 de junio de 1994, p. 1


24 LEY 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones, en DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIII No. 43091. 24 de julio de 1997, p. 4. “Artículo 1º. Objetivos. La presente ley tiene por objetivos: 1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental; 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes; 3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres; 4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. (…)” (subrayado no original)


25 Cfr. BETANCUR, Luis Ignacio, Entidades Territoriales en Colombia: Responsabilidades y Recursos, Bogotá, 2002.


26 Decreto extraordinario 1333 de 1886, art. 47 (en DIARIO OFICIAL AÑO CXXIII. N. 37466. 14 de mayo de 1986. p. 17) y ley de 9 de 1989 dispuso arts. 2, 12 y 39, 79 y 86.


27 CASTRO, Jaime. Cartilla del Concejal, Bogotá, 1984, 5ª Edición, Editorial Oveja Negra, p. 46 y ss


28 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Auto de 6 de mayo de 1999, Rad. 5487, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

29 Las normas urbanísticas, siguiendo lo dispuesto por el Artículo 15 de la ley 388, pueden clasificarse así: i) Estructurales ii) Generales, contentivas de las restricciones impuestas en cada zona a la forma como se urbanice iii) Normas sobre prelaciones que se ocupan especialmente de regular los proyectos de vivienda de interés social (VIS)


30 ANGEL BERNAL, Martha Lucía, El Curador Urbano, antecedentes, gestión y procedimientos, licencias y aspectos del derecho urbano, señal Editora, Medellín, 2ª edición, 2004p. 86.


31 DECRETO 879 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial, expedido por el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los capítulos II, III y IV de la Ley 388 de 1997, y en desarrollo de lo previsto en el numeral 3º del artículo 6º del Decreto-ley 150 de 1998, Artículo 1º. Obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial. Corresponde a todas las administraciones municipales y distritales formular y adoptar su plan de ordenamiento territorial a más tardar el día 24 de enero de 1999, en los términos del artículo 23 de la Ley 388 de 1997. A partir de esa fecha, solo podrán expedirse licencias de construcción o urbanización o sus modalidades o realizar actuaciones urbanísticas para el territorio del respectivo municipio de conformidad con lo dispuesto en dicho plan. (se subraya)


32 Decreto 879 de 1998 Artículo 4º. Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. (subraya la Sala); Artículo 5º. El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Los Planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan. (se subraya)


33 Ley 388 Artículo 7º. Competencias en materia de ordenamiento territorial. De acuerdo con los principios y normas constitucionales y legales, las competencias en materia de ordenamiento del territorio se distribuyen así: (…)4. Los municipios y los distritos deberán formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio contemplados en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la presente ley, reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes, optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Parágrafo. Las competencias de las entidades públicas en desarrollo de la función del ordenamiento se desarrollarán dentro de los límites de la Constitución y las leyes, y atendiendo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. (…)(subrayas no originales)


34 Decreto 879 de 1998 Artículo 20. Acuerdo que adopta el Plan. El acuerdo que adopta el Plan aprobará en toda su extensión el documento técnico de soporte y los planos generales. También incluirá en su articulado sus componentes y contenidos de acuerdo con la siguiente clasificación: 1. Una primera parte que contiene los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para el manejo de la totalidad del territorio; 2. Una segunda parte que adopta la clasificación del suelo de acuerdo con la establecida en la ley en urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección, así como la definición de cada uno de los respectivos perímetros. Como suelo urbano también deberán definirse las áreas de las cabeceras corregimentales; 3. Una tercera parte donde se determinen los usos generales del suelo y los parámetros o rangos para la determinación posterior de las áreas de cesión; 4. Una cuarta parte que determinan las características básicas, dimensiones y localización de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su parte urbana como rural y describe sus respectivos planes, programas y proyectos para su desarrollo: el plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los servicios públicos domiciliarios, el plan del espacio público y su articulación con el sistema de soporte ambiental municipal, la estructura y la localización de equipamientos colectivos y los programas de vivienda necesarios para atender la demanda municipal; 5. Una quinta parte que define tanto para los suelos urbanos, como de expansión y suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de utilización a partir de la siguiente categorización: desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos principales, complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad y demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real.(…) Parágrafo. Los planos generales que se deben adoptar como mínimo, son los siguientes:(…) 2. Los planos de detalle del suelo urbano, que deberán contener como mínimo los usos y tratamientos del suelo, los sistemas estructurantes del territorio, el señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, y ambiental, las zonas de amenaza y riesgo, la localización de actividades, infraestructura y equipamientos básicos; el sistema de espacio público y la determinación de planes parciales, la determinación de las áreas morfológicas homogéneas y, la determinación de las zonas o subzonas beneficiarias de las acciones urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía. (…) 4. El plano que refleje el programa de ejecución, que deberá contener como mínimo los programas y proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período correspondiente; la localización de los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social y las zonas de mejoramiento integral; así como los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios. (subrayas no originales)


35 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 295 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.


36 Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial en DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N.43357. 6 de agosto de 1998, p.43


37 Según el artículo 3º del Decreto 1504 de 1998 dentro de los aspectos que comprende El espacio público menciona a los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo. Nótese que como advierte Marienhoff "En todo caso, no existiendo bienes de uso público por 'naturaleza' y siendo tal destinación un mero concepto jurídico, -modificable según las necesidades-, la noción de espacio público igualmente resulta contingente y dependiente de lo que fije como tal el legislador” Marienhoff, Miguel Tratado de derecho administrativo, Tomo V, Dominio Público, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires.


38 a) Las Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por: i) Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles; ii) Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos; b) Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; escenarios culturales y de espectáculos al aire libre; c) Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o accidentes geográficos(…) (subrayas de la Sala)


39 Decreto 879 de 1998 Artículo 9º. El componente general. El componente general del plan comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes.

El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye, entre otros, las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del municipio o distrito; la definición de acciones estratégicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social de conformidad con el plan de desarrollo, y las políticas de largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales. Esta visión se materializa en el contenido estructural, que define:(…)2. Las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de áreas de reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y ambiental; (…)4. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda social, los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y manejo del espacio público. (…)Parágrafo. Todas las decisiones y definiciones de política del contenido estructural del componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales, que prevalecen sobre las demás normas urbanísticas y sólo pueden modificarse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde, cuando por medio de estudios técnicos se demuestre que debido a cambios en las circunstancias y evolución del municipio o distrito dicha modificación se hace necesaria. (se destaca)


40 Decreto 879 de 1998 “por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial” en DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N.43300. 15 de mayo de 1998, p. 4


41 Decreto 879 de 1998 Artículo 10. El componente urbano. El componente urbano se refiere a la administración del suelo urbano y de expansión urbana. Integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y está insertado y supeditado al componente general del plan. En lo que se refiere a suelo urbano y áreas de expansión urbana, este componente deberá contener por lo menos, los siguientes elementos: 1. Las políticas a mediano y corto plazo sobre uso y ocupación, en armonía con el modelo estructural de largo plazo adoptado en el componente general; 2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para: el sistema vial y de transporte, previendo la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas urbanas y su ampliación a las zonas de expansión; las redes primarias y secundarias de servicios públicos en el corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas gratuitas para todas las anteriores; 3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales(…) (se subraya)


42 “Un instrumento crucial de los POT es el que se refiere a clasificar el territorio de acuerdo a los usos permitidos, diferenciando zonas urbanas, suburbanas y rurales; dentro de cada una podrá haber subzonas de protección y de expansión urbana. Cada zona será delimitada con precisión y tiene como principal efecto permitir a los particulares ciertas actividades y prohibirles otras.” BETANCUR, Luis Ignacio, op. Cit.


43 En las zonas residenciales la reglamentación urbanística puede incluir las condiciones de tránsito vehicular (art. 43 ley 388).


44 Ley 388 Artículo 8º. Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras: 1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana; 2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos; 3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.

(…)9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.(…) Parágrafo. Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente ley. (subrayas no originales).


45 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, Sentencia de 15 de agosto de 2002, Radicación número: 25000-23-26-000-2001-0237-01(AP-243), Actor: Alberto Uribe Cantalejo, Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá -Secretaría de Tránsito y Transporte y «Gym Sanitas Personal.».


46 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Sentencia de 17 de septiembre de 2004, Radicación núm.: 25000 2325 000 2003 01236 01, Actor: Patricia Enciso Revelo.


47 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Rad. 892, 6 de septiembre de 1996, MP Roberto Suárez Franco.


48 En el contexto de un estado unitario (art. 1 C.P.) respetando el contenido esencial de la autonomía territorial (art. 287 C.P.) de modo que se guarde un equilibrio entre los dos conceptos en el marco de una competencia regulatoria concurrente que debe ejercerse de manera coherente y articulada. Integración, coordinación y armonización prevista en la ley 614 de 2000 y el Decreto 2201 de 2003.


49 Sobre el espacio público en las actuaciones urbanísticas ver artículo 37 de la ley 388


50 Artículo 334 CP: “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo…”


51 GIRALDO, Fabio. Ciudad y crisis ¿hacia un nuevo paradigma?, Cenac, Fedivivienda, Pontificia Universidad Javerina-Maestría en Planeación Urbano regional, Editores Tercer Mundo, Bogotá, 1999, p. 201.


52 Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial en DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIV. N.43357. 6 de agosto de 1998, p.43.


53 Ley 388 Artículo 22. De la participación comunal en el ordenamiento del territorio. (…)En el curso de la formulación y concertación de los planes de ordenamiento territorial, las organizaciones cívicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a través de mecanismos democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrán designar representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan. Una vez surtido el proceso de adopción o revisión del plan, estas mismas organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos: 1. Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urbanísticas generales, la asignación específica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contraríen las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podrán referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tránsito vehicular y demás previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio público, de acuerdo con las normas generales; 2. Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urbanísticas dentro de su área, de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan; 3. Para ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violación de las normas establecidas, a través de procedimientos acordes con las políticas locales de descentralización. (subrayas de la Sala)


54 VIDAL PERDOMO, Jaime. Temas municipales…op. Cit. p. 253


55 Ejercicio de una “administración consensuada” que permita conocer las necesidades de la comunidad, evalúe las propuestas y decida la manera y oportunidad de atenderlas CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Sentencia de 12 de octubre de 2000, Radicación número: AP-082, Actor: Eder Barragán Guerrero.


56 Vid CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, Sentencia de 27 de julio de 2001, Rad. AP 0189, MP Juan Ángel Palacio Hincapié.


57 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2400 de 1989, reglamentario de la ley 9ª de 1989, para efectos del artículo 8º de la ley 9 de 1989 se entiende por usuario del espacio público y del medio ambiente cualquier persona pública o privada que haga uso o pueda llegar a hacer uso de un determinado espacio público o que haya sido afectada o pueda ser afectada por un determinado medio ambiente, en DIARIO OFICIAL, AÑO CXXVI, N. 39031, 20 de octubre de 1989, p. 14. Según el numeral 3º del ARTICULO 3º de la ley 136 de 1994 son funciones del municipio promover la participación comunitaria


58 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 180 de 1994, M.P. Hernando Herrera revisó la constitucionalidad de la ley 134 de 1994 que, entre otros aspectos, desarrolló los mandatos legales en materia de democratización de la gestión pública.


59 Cfr. SÁNCHEZ ARCINIEGAS, Clara Inés, Patrimonio cultural y turismo ético en América Latina, Universidad Externado de Colombia, 2000.


60 La ley 136 de 1994 art. 32 asignó a los concejos la función de preservar y defender el patrimonio cultural; a su vez los arts. 10, 12, 15 y 16 de la ley 388 señalan que un componente importante de los POT es el relativo a la fijación de políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico; por su parte el art. 12 de l Decreto 1504 de 1998 dispone que para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes del territorio, para el caso de lugares turísticos con alta incidencia de población flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porción correspondiente a esta población transitoria; igualmente el art. 3 del decreto 879 de 1998 establece dentro de las prioridades del ordenamiento del territorio las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural; por fin, el art. 14 del Decreto 879 de 1998 señala dentro del Componente Urbano de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial los conjuntos urbanos, históricos y culturales.


61 DIARIO OFICIAL, miércoles 7 de agosto de 2002, Año CXXXVIII, No. 44.893, p. 1 y ss

62 El título IV de la ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, dispone que el espacio público debe adecuarse de manera que se facilite el acceso y tránsito especialmente de las personas con limitación (DIARIO OFICIAL, AÑO CXXXII, N. 42978, 11 de febrero de 1997, p. 34).


63 VÁSQUEZ, Marta. Bases conceptuales de las unidades de actuación urbanística, en Unidades de Actuación Urbanística, Ministerio de Desarrollo Económico, Bogotá, 2002.


64 Ley 388 Artículo 2º. Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: (…) 2. La prevalencia del interés general sobre el particular. (…)


65 Artículo 88 C.P.
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