Estudios en derecho penal






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Es entendible que la finalidad de éste parágrafo, no es solamente la protección del menor como lo he recalcado, sino la importancia de protección a la comunidad, es decir, en tantos pronunciamientos de las altas cortes se ve la primacía de la protección de los derechos de interés general sobre el particular y aunque el menor tenga especial protección, en un Estado Social de Derecho debe protegerse a todas aquellas personas que se vean afectadas en un derecho.


Otro Artículo que debería recibir una importante modificación y que ayudaría al desarrollo de esta investigación es el Artículo 148 de la misma, en el que la Senadora anteriormente mencionada hace un estudio muy juicioso para así establecer la necesidad de la reforma al Código de Infancia y Adolescencia en algunos de sus artículos. Para ella el artículo debería quedar así:



Artículo 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

PARAGRAFO 1.Cuando los adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación Sexuales, extorsión, lesiones personales agravadas y hurto calificado, la ejecución de la sanción estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. (Subrayado es mío).

PARAGRAFO 2. Para los adolescentes que incurran en los delitos señalados en el parágrafo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará e implementará en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el proceso de resocialización que garantice que además de la sanción, tengan un tratamiento integral que contemple el acceso a la educación, la salud mental y física y su reincorporación a la sociedad con un proyecto de vida que facilite su inserción laboral.

PARÁGRAFO 3. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los niños menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 18 años que cometan delitos distintos a los señalados en el parágrafo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de protección prevalente de derechos y el fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.”


Como denotamos, en el aparte subrayado es importante especificar que éste parágrafo (el cuál no está incluido en la actual Ley de Infancia y Adolescencia) pretende dar un enfoque más importante a delitos consagrados “de alto calibre” y con el cual se busca una justa sanción como tanto se ha recalcado en esta investigación; por tanto es pertinente mencionar la propuesta de reforma que hace ésta senadora al código.


Es determinante precisar que “si bien nuestro sistema sigue partiendo de la base de la falta de plena capacidad penal del menor, se ha variado la presunción de su inimputabilidad por la de la responsabilidad penal atenuada. Es cierto que, a partir del examen de la legislación colombiana, el juez nunca ha tenido que realizar una valoración sobre la verdadera capacidad del menor de edad en cuanto a la comprensión de la ilicitud al momento de cometer un delito”.40


Finalmente, si bien el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes resulta ser un Sistema de Protección Integral, tanto en Colombia como en países vecinos, ¿Cómo podría un menor recibir una pena justa sin vulnerar sus derechos?; ¿Podría la Legislación colombiana modificar ciertos artículos del actual Código de Infancia y Adolescencia, para con ello proteger a los demás ciudadanos de menores infractores?; Siendo una persona de 19 años portadora de penas rigurosas por delitos cometidos, ¿Por qué no una de 17 años?, Siendo esta diferencia de edad muy corta y por la cual suele ser más factible que el delito sea cometido por la persona de 17 y no de 19 años.

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