Estudios en derecho penal






descargar 0.7 Mb.
títuloEstudios en derecho penal
página5/17
fecha de publicación11.08.2015
tamaño0.7 Mb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

INTRODUCCION
La Cadena de Custodia es un sistema documentado que se aplica a los Elementos Materiales Probatorios –EMP- y Evidencia Física -EF- para garantizar y demostrar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento, continuidad y registro, principios, procedimientos y fundamentos, que serán calificados por el operador jurídico Juez, y que si son vulnerados pueden trasladar al elemento recolectado consecuencias contundentes, criterio que para unos toma fuerza vinculante y para otros no.
Frente a esta situación se ha creado incertidumbre frente a lo que en si representa el procedimiento de Cadena de Custodia, puesto que la Jurisprudencia en algunos de sus fallos le otorga plena validez e importancia y en otros no. El manejo de este tema es de gran importancia en la actualidad, ya que al haberse establecido este sistema se crea en mi opinión una especie de seguridad jurídica frente al manejo de los elementos que pueden llegar a culpar o absolver a una persona que se encuentre inmersa en un proceso de tipo penal.
La Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal, dentro de sus tantas jurisprudencias, ha promulgado dos (2) sentencias -las cuales han sido elegidas para su respectivo análisis- en las cuales dejan evidenciar la postura de la Corte frente a EMP, EF y la valoración que el operador jurídico Juez ostenta frente a estos en Audiencia de Juicio Oral.
Finalmente podría decirse que aunque esta temática es de gran importancia poco se ha hablado de la misma y la limitación que se ha podido visualizar dentro de este proyecto ha sido la falta de doctrina al respecto, es por ello que se tomó como referencia la jurisprudencia, Fuente Formal del Derecho Colombiano.
DESARROLLO
CONCEPTO DE CADENA DE CUSTODIA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses13, dio origen en Diciembre de 1993, al primer manual de Cadena de Custodia, estableciendo allí, un procedimiento para el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba, desde su ingreso al Instituto hasta el envío del dictamen a la autoridad competente.
Posteriormente en el artículo 288 de la Ley 600 de 200014 (Código de Procedimiento Penal), se estableció el concepto de Cadena de Custodia en el cual se fijó su objetivo principal, destacando aspectos como: a que se le debe aplicar cadena de custodia, con qué fin, quienes son responsables de la aplicación, donde inicia y donde termina, y quizás lo más importante, le impuso al Fiscal General de la Nación, diseñar e implementar un sistema de cadena de custodia de acuerdo a los avances científicos y técnicos.
Es así como mediante Resolución 1890 de Noviembre 5 de 200215, la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en la Ley 600 de 2000, reglamenta un sistema que cobra vigencia el 1 de enero de 2004, en el cual ordena la aplicación de un proceso para el manejo de los elementos materiales probatorios (EMP) y evidencias físicas (E.F), que contempla procedimientos con actividades que van desde el aseguramiento de la escena hasta la disposición final de los mismos.
Con base en lo anterior y mediante Resolución 0-2869 de diciembre 29 de 200316, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Policía Judicial17 en Colombia, estandariza todos los procedimientos en un primer Manual de Cadena de Custodia, en él que unifica rótulos, formatos y recomienda algunas prácticas para el debido manejo de la recolección y embalaje de los mismos, así mismo establece la necesidad de adecuación de los Almacenes de Evidencia, de acuerdo a especificaciones técnicas para la custodia de los EMP y EF.
En ese orden y dentro del marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación reglamenta el Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA18, mediante resolución 06394 de diciembre 22 de 2004, en donde ajusta los procedimientos a la nueva actividad procesal.19
La Cadena de Custodia es un sistema de seguridad que garantiza que el elemento material probatorio o evidencia física identificado, fijado, recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí tenía. Esa la razón por la que debe aplicarse la técnica adecuada desde el momento en que la policía judicial, o en su defecto un miembro de la Policía Nacional, entra en contacto con el hallazgo del que pueda inferirse la existencia de una conducta punible, sus autores o partícipes, para preservar su autenticidad durante todo el proceso.
De manera que la policía judicial, o en su ausencia la Policía Nacional, deberá identificar, fijar, recolectar, embalar técnicamente y rotular los elementos materiales probatorios o evidencia física, conforme con lo establecido en el manual de cadena de custodia, los enviará al almacén o bodega de evidencias o al laboratorio respectivo cuando se requieran exámenes técnico científicos sobre ellos, de donde se remitirán al lugar dispuesto para su custodia, preservación y conservación.
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL REFERENTE AL CRITERIO VALORATIVO DADO POR PARTE DEL OPERADOR JURIDICO JUEZ, FRENTE AL MANEJO DE CADENA DE CUSTODIA
Frente al análisis realizado a la sentencia bajo radicado número 30598 del 19 de Febrero del año 2009, se destaca el argumento dado por parte del Magistrado en punto a la valoración que hace el juez de conocimiento en cuanto al procedimiento de Cadena de Custodia, anotando lo siguiente:
“Impera recordar que los yerros en el curso y respeto de los protocolos derivados de la denominada cadena de custodia no comportan la exclusión de la prueba, en cuanto no se trata de un asunto de legalidad del medio de convicción, sino de valoración y ponderación judicial del mismo, en cuanto puede verse afectado lo genuino, fidedigno y auténtico del elemento probatorio, de modo que aún en aquellos casos en los cuales se constate la ruptura efectiva de la cadena de custodia, no por ello debe automáticamente marginarse la prueba del acervo probatorio, sino que corresponde al juez verificar hasta qué punto y en qué medida, ello compromete la acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio en punto de su credibilidad y potencial persuasivo.
No en vano, el artículo 273 de la Ley 906 de 2004 establece como criterios de valoración:
La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el informe”.
De igual forma, es claro que tampoco la ruptura en la cadena de custodia supone necesariamente la inadmisión del elemento material probatorio, asunto diverso es que el juez pueda inadmitir la prueba, no por considerarla ilegal, pues como quedó visto no lo es, sino por carecer de fuerza demostrativa en cuanto atañe al thema probandum del diligenciamiento, al advertir falencias en su recolección, su producción o su autenticidad.
La cadena de custodia pretende asegurar la evidencia física, a fin de evitar su alteración, modificación o falseamiento, todo lo cual queda comprendido dentro del principio de mismidad, según el cual, el medio probatorio exhibido en los estrados judiciales debe ser el mismo y debe contar con las mismas características, componentes y elementos esenciales del recogido en la escena del delito o en otros lugares en el curso de las pesquisas adelantadas por los investigadores.
No sobra señalar que si la cadena de custodia fue establecida en procura de asegurar pruebas fidedignas y genuinas dentro del proceso, garantizando con ello los derechos no sólo del sindicado sino también de los demás intervinientes, es evidente que dicha teleología no permite transformarla en herramienta para obstaculizar el trámite o peor aún, en instrumento para conseguir la impunidad mediante la utilización irracional de las formalidades, siempre que, se reitera, se preserve su razón de ser y se cumplan los cometidos garantistas que le dan sentido a su institucionalización por vía legislativa en el estatuto procesal penal.”20
Si la parte interesada demuestra ante el operador jurídico Juez, “que se rompió la cadena de custodia o que no se acreditó la procedencia o que una evidencia, objeto o medio probatorio es definitivamente inauténtico, en el momento oportuno pueda oponerse a su admisión o decreto como prueba. En tal hipótesis, el Juez decidirá lo que en derecho corresponda, pues se trata de un proceso dialéctico que avanza hacia la construcción de la verdad con audiencia de los adversarios. Si bajo estos supuestos el Juez no decreta la prueba, su rechazo no será por motivos de ilegalidad, sino porque carecería de poder de convicción, por persistir serias dudas sobre la manera como se produjo la recolección de la evidencia o la forma en que se produjo el elemento probatorio o la autenticidad del mismo en cuanto de ella dependa la posibilidad de aceptar como cierto su contenido.”21
PROCESO NÚMERO 35173 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL22
“La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de una evidencia, objeto, elemento material probatorio, documento, etc., no condicionan –como si se tratase de un requisito de legalidad- la admisión de la prueba que con base en ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad decreto o práctica como pruebas autónomas. Tampoco se trata de un problema de pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni siquiera en sede casacional, que un medio de prueba es ilegal y reclamar la regla de exclusión, sobre la base de cuestionar su cadena de custodia, acreditación o autenticidad.
Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución consiste en retirarla del acopio probatorio. En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica la parte contra la cual se aduce.
La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), al sentar en el artículo 273 los criterios de valoración: “La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el informe”.
IMPORTANCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano se ha establecido un procedimiento el cual ha sido validado jurídicamente y del cual se tiene que las reglas destinadas a la preservación de la evidencia física tienen una indiscutible estirpe legal, pues ellas están establecidas en los artículos 254 a 266 de la Ley 906 de 2004, amén de que la Fiscalía General de la Nación en virtud del parágrafo del artículo 254 del citado estatuto, ha reglamentado aspectos relacionados con dicha materia, en aras de asegurar la legalidad y autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
La importancia radica en que este sistema de Cadena de Custodia permite demostrar la Autenticidad –como ya se mencionó- de los EMP y EF, recolectados dentro de una etapa de indagación e investigación de tipo penal. La evidencia tiene la propiedad de convertirse en Elemento Material Probatorio y posteriormente en Prueba, esto en la práctica de las mismas dentro de la Audiencia de Juicio Oral.23
Según sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, la importancia de la cadena de custodia aparece en la necesidad de impedir que se vicie la evidencia mediante acciones que modifiquen su contenido, significado o valor original.24
CONSECUENCIAS POR EL NO MANEJO O MANEJO INADECUADO DEL PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA
En la sentencia bajo Radicación No. 35173, 09 de Marzo de 2011, M.P.: María del Rosario González de Lemos, deja entrever una vez más que los errores en cadena de custodia y según postura de la Corte Suprema se trata de un asunto de legalidad y no de admisibilidad o de valoración por parte del operador jurídico Juez, es por ello que si en Audiencia de Juicio Oral se demuestra el incumplimiento de este el Juez según su criterio valorativo podrá excluir la prueba del proceso o declararla nula, esto si efectivamente se demuestra que evidentemente el elemento cumple con el principio de mismidad.
En esa medida cuando se ha contrariado la legalidad de los imperativos de la Ley 906 de 2004 en sus artículos 254 a 266, o ante el evento probado de haberse infringido los dictados de las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación relativas al manual de cadena de custodia, o cuando la misma se ha llevado a cabo de manera irregular y en forma contraria a sus disposiciones y se ha practicado sin esas formalidades, insístase legales, se debe colegir que esas falencias son susceptibles de censura en casación penal por la vía de la causal tercera del artículo 181, por la modalidad del error de derecho por falso juicio de legalidad, impugnaciones que correlativamente en últimas incidirán en la ausencia de legalidad de las evidencias físicas traducidas en indicios materiales y, por ende, en la exclusión de los mismos.25
La ausencia de formalidades en el acopio de los medios de prueba (incluido el rompimiento o desconocimiento de la cadena de custodia), que puede generar su inexistencia y que equivale a la “nulidad de pleno derecho” tratada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en modo alguno lleva a la invalidación del trámite, salvo en eventos excepcionales, como la inexistencia de una indagatoria que, por ser presupuesto para las fases siguientes, sí genera la nulidad.
La Corte Suprema en su sala Penal arguyo que el “alto tribunal también recordó la diferencia conceptual entre las pruebas ilegales y las ilícitas, con el fin de señalar sus diferentes consecuencias probatorias y procesales. Así, mientras las pruebas ilícitas son las obtenidas con violación de las garantías fundamentales, las ilegales son las practicadas sin las formalidades exigidas por la ley.
Según la Corte, el error en la recolección del elemento material debe ser grave y afectar la estructura del proceso, para que pueda declararse su ilicitud o su ilegalidad. De lo contrario, las pruebas siguen siendo lícitas o legales. Si lo yerros formales cometidos en la cadena de custodia no afectaron el derecho a la defensa o la imparcialidad del juez, no se puede considerar ilegal la prueba, puntualizó la corporación.”26
CONCLUSIONES
A partir del origen del primer Manual de Cadena de Custodia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año de 1993, se evidencio la importancia de brindarle un adecuado manejo y de seguir un procedimiento estandarizado sobre los E.M.P. y E.F, con el fin de salvaguardar y garantizar su mismidad y autenticidad.
De acuerdo a lo anterior se establece un concepto de Cadena de Custodia en la Ley 600 del 2000, se fijan objetivos pero no procedimientos para su ejecución y aplicación, quedando este sistema como letra muerta sobre papel.
La Fiscalía General de la Nación con base en lo anterior formula un sistema que se hace efectivo en el año 2004, en donde se establece darle aplicación al procedimiento adecuado para el manejo de E.M.P y E.F., con lo cual se brindara mayor seguridad a las partes que se vean inmersas en procedimiento de tipo penal.
Entonces, se dice, que la Cadena de Custodia es un sistema documentado y de seguridad que se aplica sobre los E.M.P. y E.F. y que busca garantizar que estos elementos (E.M.P. y E.F.) que hayan sido objeto de identificación, fijación, recolección, embalaje y rotulado, al ser presentados en Audiencia de Juicio Oral sean los mismos que se encontraron en el lugar de los hechos.
Frente a este procedimiento la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, ha dicho que “el error en la recolección del elemento material debe ser grave y afectar la estructura del proceso, para que pueda declararse su ilicitud o su ilegalidad –y por tanto ser excluido del proceso-. De lo contrario, las pruebas siguen siendo lícitas o legales. Si lo yerros formales cometidos en la cadena de custodia no afectaron el derecho a la defensa o la imparcialidad del juez, no se puede considerar ilegal la prueba, puntualizó la corporación.”27
En mi opinión considero que si la norma ha establecido un procedimiento que busca garantizar confianza a las partes intervinientes en un proceso, pero sobre todo garantizar seguridad al sindicado, en punto a los elementos y evidencias que van a ser usados dentro de un proceso de tipo penal, debería dársele la importancia que se le ha otorgado -aparentemente-, puesto que si evidentemente no se va a tener en cuenta para que tener en nuestro ordenamiento un procedimiento que si bien es cierto y en mi concepto es importante no va a ser tenido en cuenta y no se le va a otorgar la importancia que amerita, claramente mi posición se basa en que si no tiene en cuenta este procedimiento estandarizado, para que seguir desgastando al aparato judicial con un procedimiento inerte, al cual no se le ha permitido cumplir con los objetivos, parámetros, principios y fundamentos para los cuales fue reglamentado o establecido.
Así las cosas, se puede referenciar que en el ordenamiento Jurídico Colombiano la Cadena de Custodia no es más que una mera ficción, en el entendido de que no se le está brindando la importancia que realmente merece –como ya se mencionó- dentro del proceso de tipo penal, ya que vale la pena decir que el cumplimiento de cada etapa de este sistema, otorga seguridad a los intervinientes del proceso, y si se llegara a evidenciar falencias en alguno de sus pasos o etapas se incurrirá en una contravía frente al debido proceso, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 29 de la Carta Magna, el cual va en concordancia con el Código de Procedimiento Penal, a mi modo de ver se hace necesario e indispensable reconsiderar el manejo que se le está otorgando a este procedimiento dentro de la rama del Derecho Penal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Colombia, Consejo Nacional de Policía Judicial (2005), Manual Único de Policía Judicial.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 35173, 9 de Marzo de 2011, M.P.: González de Lemos, María del Rosario.

Jeramon, (2012) Procedimiento penal Colombiano. Recuperado de http://procedimientopenalcolombiano.blogspot.com/2009/12/art254-aplicacion-de-la-cadena-de.html.

Anónimo, Cadena de Custodia

Bonesforum (2009, julio 15). Recuperado de http://bonesforum.blogspot.com/2009/07/cadena-de-custodia.html

Colombia, Fiscalía General de la Nación, Manual de Procedimientos para Cadena de Custodia.

Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, Art. 288: Cadena de Custodia.

Resolución 1890 de 2012.

Resolución 0-2869 de 2003.

Corte Constitucional, Sentencia 789 del 2006, 20 de Septiembre de 2006, M.P.: Pinilla Pinilla, Nilson.

Copyright (2008). Cadena de Custodia. Todos los Derechos Reservados. Recuperado de http://cadenadecustodia.com/historia.html.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No. 30598, 19 de Febrero de 2009, M.P.: González de Lemos, María del Rosario.

Tribunal Superior de Bogota, Sala Penal, Auto de Segunda Instancia, 20 de Noviembre de 2008, M.P.: Poveda Perdomo, Alberto.

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto 37943, Febrero 15 del 2012, M.P: Espinosa, Sigifredo.

RESPONSABILIDAD PENAL EN ADOLESCENTES.

En este trabajo se pretende demostrar como el Sistema Penal en Adolescentes se encuentra con grandes vacíos en cuanto a la rigurosidad de la ley en Colombia, también realizar un paralelismo frente al Derecho Comparado.

ERIKA DANIELA ROJAS AVILA28
RESUMEN:
A través de la historia diferentes normatividades han regulado los derechos del menor y la protección que debe tener frente a la vulneración de sus derechos como también el modo de sanción que podría obtener en caso de cometer un delito. A partir del Decreto 2737 de 1989, se crea una legislación Especial para el Menor (entendiendo éste como menor de 18 años) en la que el Estado crea programas de protección, pero también en el que dan un tipo de castigo cuando cometiera un falta. En todo caso el Menor que cometiera en un Delito tipificado por la Ley tendría las garantías procesales consagradas en la constitución y el Juez correspondiente determinara el modo de sanción que obtendría el menor.29
En Colombia mediante la Ley 1098 de 2006 actual Código de Infancia y Adolescencia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes resulta ser flexible considerando que al adolescente (Entendiendo éste como mayor de 14 años y menor de 18 años) se le practica una Protección Integral, en la que la actividad pedagógica resulta ser la más eficaz para la enseñanza del menor, más no un castigo severo para que no exista reincidencia y por otra parte para que los adultos no abusen de esa flexibilidad normativa.
Teniendo en cuenta que la Protección al Menor es considerado como uno de los pilares fundamentales en nuestra legislación, debemos determinar cuál sería el medio eficaz para que sin vulnerar Derechos Fundamentales pueda haber una correcta sanción al Menor infractor.
Es de gran relevancia determinar el Sistema Penal en Adolescentes frente a otros países, principalmente para determinar qué régimen de sanción aplican en los menores, también es importante ver la eficacia de las normas que rigen esos países en el caso concreto.

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

“…Lo importante de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que su investigación y juzgamiento debe basarse en la gravedad de la conducta Cometida por el adolescente…”30
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Resulta ser la Responsabilidad Penal para adolescentes flexibles, teniendo en cuenta que el actual código de infancia y adolescencia establece un criterio de protección integral al menor en toda clase de delito cometido?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Teniendo en cuenta que la Responsabilidad Penal que recae sobre los Adolescentes resulta ser Proteccionista, podemos encontrar muchas falencias en la aplicación de las normas frente a un menor, no hay eficacia en las sanciones que se les imputa y los menores podrían verse en vueltos en toda clase de delitos cometidos sin voluntad, es decir, un adulto con pleno conocimiento de la flexibilidad de la norma penal para los adolescentes le es más factible inducir a un menor a cometer un delito ya que él no tendría las mismas sanciones que se le imputarían a un adulto. El fin de esta investigación es recrear a través de la historia las medidas que ha tomado la justicia para sancionar a un menor sin violentar sus derechos y así mismo ver con que rigurosidad las autoridades aplican la ley, también es fundamental hacer una comparación con legislaciones de otros países frente al tema y de esta manera cómo funciona el Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
Considerando que ésta investigación es tipo analítico, debo partir de un análisis a través del tiempo acerca del sistema de responsabilidad penal en adolescentes, principalmente en Colombia para determinar si dicho sistema realiza una eficaz aplicación de las normas establecidas con el fin de obtener un estudio de la rigurosidad de las leyes penales para menores. Es de gran importancia para esta investigación realizar una comparación con otras legislaciones con el fin de obtener una similitud o diferencia con las normas referentes al tema.
La técnica ideal para poder obtener el estudio correspondiente a la investigación es documental, teniendo en cuenta que la investigación al ser de tipo analítico pretende demostrar falencias del sistema de responsabilidad penal es de gran importancia la recolección de documentos.
OBJETIVO GENERAL:

Determinar si el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia al ser un Sistema Proteccionista, es el medio eficaz para Sancionar a un Menor y que con esto no exista reincidencia en sus delitos y de éste modo hacer una comparación frente a otros países.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:


  1. Realizando un estudio a través del tiempo es posible determinar cuáles han sido las normatividades que han regulado la responsabilidad penal para adolescentes, de tal manera que se logre un estudio detallado del porque existe flexibilidad en la ley.

  2. Determinar cómo se aplican las normas sobre responsabilidad penal en adolescentes en otros países, para obtener un paralelismo frente a la Legislación Colombiana.


JUSTIFICACION:
Mediante este Proyecto de Investigación se pretende demostrar como aplica el Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes, principalmente en Colombia y luego realizar detalladamente una comparación con otros países para así determinar la eficacia de las normas Colombianas.
Partiendo de los antecedentes que el Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes ha tenido, es de gran importancia determinar cuáles son los avances legislativos que ha tenido en el tiempo con el fin de determinar si las sanciones que se les imponen son eficaces para que no exista una reincidencia en los delitos.
Finalmente, dada la flexibilidad de las sanciones para menores de edad, es decir la protección integral que las autoridades competentes deben tener ¿cómo podrían imponer las infracciones a un menor sin violar sus derechos?
ESTADO DE CUESTIÓN:


  • El Estado colombiano ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño que lo obliga a adecuar las legislaciones nacionales a los nuevos paradigmas de dicho instrumento jurídico vinculante. Para ese entonces, Colombia contaba
    con un Código del Menor expedido en 1989 enfocado a atender a los menores de 18 años que incurrieran en una de las nueve situaciones irregulares que el mismo señaló taxativamente, como son (…) y el infractor a la ley penal, listado que deja por fuera de la atención integral a todo el universo de niños, y la consagración de las garantías suficientes para evitar la vulneración de derechos y el restablecimiento, más aun con las violaciones de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes que ha presenciado el país en los últimos años”31

  • “La Corte Constitucional profirió la sentencia C-203 de 2005 en la cual se pronunció de fondo en relación con la responsabilidad penal que el Estado debe exigir a las personas menores de 18 años que cometen delitos, además de reiterar la viabilidad constitucional del artículo del Código Penal que ordenó la conformación de una comisión para la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.”32

  • García Méndez, Emilio (2004). Dice: “En un sistema de responsabilidad penal juvenil, se parte del hecho de que los menores de 18 años y mayores de 14, tal como lo establece la convención Internacional de los Derechos del Niño, no por merecer un tratamiento diverso del de los adultos dejan de ser penalmente responsables (…) en este contexto y sin desconocer los enormes problemas de falta de información detallada confiable, es sabido que el grueso de los delitos cometidos por los adolescentes no constituyen delitos que prima facie justificarían la privación de libertad. Reparar el daño causado y prestar servicios a la comunidad, deberán organizarse como programas masivos de atención y rehabilitación del grueso de los infractores de ley.”33


MARCO TEORICO:
“Uno de los temas sobre los cuales existe acuerdo doctrinario, respaldado por los tratados internacionales, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es precisamente que los menores infractores de la ley penal son responsables ante ésta a través de un sistema específico y diferente de responsabilidad. Los puntos de divergencia giran en torno a determinar si realmente pueden ser considerados como imputables en el sentido técnico de la expresión, y también sobre los límites de las edades, tanto para considerar sus conductas totalmente irrelevantes para el derecho penal, o para estimarlas relevantes pero con un tratamiento diferenciado del de los mayores.”34
Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental remitirnos a unos antecedentes acerca del sistema de responsabilidad penal para adolescentes con el fin de obtener un análisis a través del tiempo sobre el modo de sanción que se emplean para los menores.
INTRODUCCIÓN:
Desde el Decreto 2737 de 1989, hasta la actual Ley 1098 de 2006 y proyectos de reforma frente a esta última, han tratado temas acerca de la regulación de normas sancionatorias para los adolescentes, es preciso anotar que en Colombia no se puede hablar de un régimen penal igual para los adolescentes como para los adultos, ya que como lo expresa nuestra constitución los menores tiene especial protección.
Sin embargo, resulta ser de gran relevancia hacer un estudio detallado del Sistema de Responsabilidad Penal frente a los Adolescentes ya que como ya se ha mencionado en Colombia existe un sistema proteccionista en el que a los menores se les “sanciona” en forma educativa, es decir un menor que realice un delito grave no tendrá una condena realmente estricta para la no incidencia del mismo.
Así mismo, es útil realizar un estudio en Derecho Comparado para conocer el tratamiento que frente al tema en cuestión se ha tratado.
DESARROLLO:
Colombia contaba con un Código del Menor expedido en 1989 enfocado a atender a los menores de 18 años que incurrieran en un situaciones irregulares que el mismo señaló taxativamente, como son menor abandonado o expósito, que carezca de representante legal, al que se le amenace su patrimonio, el que sea trabajador no autorizado, el adicto a sustancias que produzcan dependencia y el infractor a la ley penal, listado que deja por fuera de la atención integral a todo el universo de niños, y la consagración de las garantías suficientes para evitar la vulneración de derechos y el restablecimiento … de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes...
El Código del Menor (Decreto-Ley 2737 de 1989), anteriormente mencionado, regulaba la situación del menor respecto a posibles infracciones penales que cometiere. En el artículo 165 se dispuso, siguiendo lo preceptuado por el Código Penal de 1980, que “… [P]ara todos los efectos, se considera penalmente inimputable al menor de dieciocho (18) años...”. Así, lo que el Decreto-Ley 2737 contenía no era un sistema de responsabilidad penal juvenil, ya que el menor recibía el tratamiento de un inimputable a través de medidas y no de sanciones.35
De acuerdo a lo citado, puedo decir que en esa época el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes no tenía un sustento jurídico que estableciera las sanciones justas y eficaces para que el delito cometido por un menor. Con la expedición de la Ley 1098 de 2006 se crea éste Sistema en el que da un tratamiento sancionatorio a los menores conservando sus derechos.
Sin embargo, éste Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes resulta ser muy flexible ya que es proteccionista y el medio por el cual sanciona es mediante mecanismos de aprendizaje en el que al menor no se le castiga con una pena rigurosa por el delito cometido y por tal razón puede verse vulneración de derechos frente a otras personas por los menores o reincidencia en delitos punibles.
Suele ser de gran importancia determinar cuáles son las sanciones que se establecen en el actual Código de infancia y adolescencia para así determinar si realmente se están cumpliendo y sí son el medio eficaz para sancionar a un menor infractor.
A continuación haré un breve relato de cuáles son las sanciones que hoy encontramos en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) para aquellos menores que incurran en un delito, para ello tomare como base la investigación “La Inimputabilidad del Menor en el Sistema Penal Colombiano” realizada por Estudiantes de la Universidad Javeriana mencionada anteriormente:


  • AMONESTACIÓN: La hace la autoridad judicial al menor que ha ejecutado la conducta directamente y lleva consigo la exigencia de reparación del daño así como la obligación de asistir a un curso sobre respeto de los derechos humanos y convivencia ciudadana.




  • IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA: La Ley 1098 de 2006 abrió en dos esta medida y la convirtió en la imposición de reglas de conducta como tal y en la prestación de servicios a la comunidad. La primera es, según el artículo 183 de dicha ley, la imposición de obligaciones, prohibiciones al adolescente “…para regular su modo de vida, así como para promover y asegurar su formación…”. La propia norma le pone un período máximo de 2 años de duración a esta sanción, lo que no pasaba en el Decreto-Ley 2737 de 1989. La segunda sanción, la de prestación de servicios a la comunidad, consiste en, según el artículo 184 de la Ley 1098 de 2006, “la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar”. Esta disposición establece que el menor las realizará de modo gratuito, en un ambiente que no le sea nocivo, por máximo 6 meses y por máximo 8 horas semanales y de aplicación preferente en fines de semana o festivos o en días hábiles que no afecten su horario escolar.




  • LIBERTAD ASISTIDA: La libertad vigilada es aceptar la obligación de seguir un programa de atención especializada con un plazo fijo máximo de duración dela sanción de 2 años.




  • UBICACIÓN INSTITUCIONAL: Consiste en la internación en medio semi-cerrado, que según el Artículo 186 es “…la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana…”Esta sanción, por mandato de la ley, no puede exceder de 3 años.




  • Privación de la libertad: El artículo 187establece que está se aplica a los mayores de 16 años y menores de 18 años cuando cometan delitos que acarreen pena mínima de 6 años o más según el Código Penal. La privación podrá ser decretada de 1 a 5 años. Hay una excepción a esta regla general y se da cuando un adolescente mayor de 14 años y menor de 18cometa extorsión, homicidio doloso o secuestro, donde la sanción se impondrá por un término de 2 a 8 años. En todo caso, parte de la sanción puede ser sustituida por servicios a la comunidad, compromisos o buen comportamiento, pero su incumplimiento hará perder estos beneficios. Cabe decir que si el menor cumple los18 años bajo esta sanción, permanecerá hasta que cumpla los 21 años y no podrá trasladarse a la persona a un sitio de reclusión de mayores de edad.




  • Los menores de 14 años: El artículo 142 establece que las personas menores de 14 años “…no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente…” sin perjuicio de la responsabilidad civil “…de los padres o representantes legales…”.Esta misma ley determina, en el artículo siguiente, que corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) establecer “…los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce(14) años que han cometido delitos…”. De acuerdo con este documento, “…la ausencia de responsabilidad penal del niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años, determina que no son sujetos de juzgamiento, aunque de hecho, pueda que esté plenamente identificada su efectividad en la comisión de la conducta punible…”


Esta parte señala que, en estas seis sanciones establecidas en la Ley 1098 de 2006, tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa como lo establece el artículo 178 de la misma; es decir, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes busca con cada una de las sanciones un justo “castigo” en el que al menor se le enseñe la gravedad de los actos cometidos por un medio educativo; sin embargo esta ley aun así tiene algunos vacíos, considerando que hay delitos más graves en el que los menores incurren y no tienen una rigurosa sanción, considero que para efectivizar la ley es importante unas sanciones más estrictas en las que teniendo como base la protección del menor, se le juzguen con la justa sanción que el hecho cometido merece.
Entonces, como lo afirma la Corte Suprema de Justicia en el actual Código de infancia y adolescencia se acoge a los cambios realizados en el Código Penal del 2000 que establece un solo Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes; dice la Corte: “…se cambió el concepto de inimputabilidad, por el de la titularidad de derechos y en contraprestación una responsabilidad penal, aunque disminuida en comparación con la de los adultos; de suerte que en tal comprensión los jóvenes con edades entre 14y 18 años, son capaces de culpabilidad y son imputables, y por tanto responsables penalmente aunque dentro de una dimensión eminentemente pedagógica, específica y diferenciada…”.36La Ley 1098 de 2006 no los categoriza como inimputables explícitamente, pero se relaciona con los inimputables del Código Penal. Así, a los menores entre 14 y 18 años de edad no se les impone medida de seguridad sino cuando ciertas circunstancias lo hagan posible, de lo contrario se les aplicará una sanción. A tenor del artículo 169 de la misma ley, “… [L]as conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal…”.
Como bien es sabido, en diferentes países de América Latina las normas frente a éste tema varían; hay países que se acogen a la Convención sobre los derechos del Niño y protegen de sobre manera a los menores de 18 años, es decir que los separan de la legislación penal que se les aplica a los mayores de edad cuando incurren en una pena. A nivel general, la legislación en materia de juventud es dispersa y adolece de problemas de in-organicidad, fragmentación, fragilidad y una marcada inestabilidad, pero que con los cambios legislativos que están teniendo encuentra que para los Estados es primordial la Educación que se les debe a los menores, y primordialmente a aquellos que incurran en delitos para que no recaigan en ellos.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

similar:

Estudios en derecho penal iconOrganzado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia,...

Estudios en derecho penal iconCursos de Emergencia», en Varios Autores, «Teorías Actuales en el Derecho Penal»
«La Creciente Legislación Penal y los Discursos de Emergencia», en Varios Autores, «Teorías Actuales en el Derecho Penal», Editorial...

Estudios en derecho penal iconComision 4: procedimiento penal subcomision : el proceso en el derecho penal militar

Estudios en derecho penal iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

Estudios en derecho penal iconReflexiones en torno a la trascendencia del principio de Estado de...

Estudios en derecho penal icon1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo...

Estudios en derecho penal iconDerecho penal I

Estudios en derecho penal icon¿Que es el derecho penal?

Estudios en derecho penal iconDerecho procesal penal

Estudios en derecho penal iconLección 1 -derecho Penal






© 2015
contactos
ley.exam-10.com