Estudios en derecho penal






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ANÁLISIS DE LAS CAUSALES




      1. Numeral 1


Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público.
No se identifican claramente los tipos penales a los cuales se puede aplicar el principio de oportunidad. Así mismo, la frase “pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado” contiene expresiones imprecisas que vulnera el principios de legalidad. (Fiscalía, 2005, p.171).

6.5.2 Numeral 2

Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere entregada en extradición a otra potencia.

Aquí se imponen razones políticas y de conveniencia.

6.5.3 Numeral 3
Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con efectos de cosa juzgada.

Es claro el asunto cuando la pena aplicable en el exterior es superior a la contemplada en Colombia. Sin embargo, surge una contradicción cuando el imputado es sometido a juicio en el exterior y es declarado inocente.
6.5.4 Numeral 4

Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial.

Este numeral no es aplicable a los jefes de las bandas criminales o cualquier organización al margen de la ley.
6.5.5 Numeral 5

Procede cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

Las expresiones “colaboración eficaz” e “información esencial”, las cuales violan el principio de legalidad, en la medida en que serían fácilmente argumentables estos conceptos.
6.5.6 Numeral 6

Procede cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con la obligación que la motivó.

Ante el incumplimiento del acuerdo, no se está produciendo una revocatoria como lo estipula la norma, ya que hasta este momento procesal no se cumple su aplicación sino que simplemente, se ha suspendido el inicio de la acción penal.

6.5.7 Numeral 7

Procede cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva.

Ésta causal no contempla la reparación integral a la víctima, por lo que no sería un requisito sine qua non.
6.5.8 Numeral 8

Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.

Éste mecanismo permite la justicia restaurativa, así mismo permite que exista una intervención Estatal a través del ius puniendi.

8.5.9 Numeral 9

Procede cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado.

Esta causal es base de la primacía del interés general sobre el particular.

6.5.10 Numeral 10
Procede cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.

Con éste numeral se evidencia que el derecho penal es la última ratio como forma de mezclarse en las relaciones humanas.

6.5.11 Numeral 11

Procede cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.

Ésta causal limita el concepto de patrimonio, en tanto lo ajusta a valor pecuniario.
6.5.12 Numeral 12

Procede cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social.

Los términos “mermada significación jurídica y social” son subjetivos y ambíguos, sería necesario que se estableciesen criterios orientadores en las causales.

6.5.13 Numeral 13

Procede cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria

consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.

El término “secundaria consideración” viola el principio de legalidad por las mismas razones expuestas supra.
6.5.14 Numeral 14

Procede cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.

El numeral es claro, sin embargo, cuáles serían los medios idóneos que garantizarán que una conducta delictiva no se vuelva a producir?, ello redunda en lo discrecional.

.

6.5.15 Numeral 15

Procede cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.

Éste numeral permite a las personas acudir a medios alternativos de solución de conflictos, diferentes al ordenamiento jurídico penal.

6.5.16 Numeral 17

Procede cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permitan considerar el exceso en la justificante como representativa de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.

Las causales de justificación son normas permisivas que excluye el dolo. Aquel que comete una conducta típica con justa causa no comete una conducta punible por la inexistencia de antijuridicidad y/o de culpabilidad.



    1. LÍNEA JURISPRUDENCIAL


6.6.1 Sentencia C-966 de 2003

Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002.

Problema Jurídico: ¿En el trámite de aprobación del parágrafo del artículo 250 de la Constitución Política de 1991, aprobado por el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, incurrió el Congreso en violación de las normas constitucionales y legales que regulan el trámite de aprobación de las leyes, en particular de los actos reformatorios de la Carta?

Consideraciones de la Corte

La Honorable Corte Constitucional señala los argumentos expuestos por el gobierno durante el debate. El Ejecutivo reflexionó a cerca del nuevo sistema, pues éste implicaba un cambio de funciones de los sujetos procesales, por ello, se hizo necesario replantear la labor del Ministerio Público, al crear al juez con función de control de garantías y reducir las funciones judiciales de la Fiscalía éste tendría que tener un nuevo rol en el proceso. Estos argumentos fueron los discutidos en los debates de la primera vuelta al interior de la Cámara de Representantes y el Senado.

La posibilidad de que en segunda vuelta sean cambiadas o modificadas las fórmulas aprobadas en la primera vuelta resulta de lo consagrado en el artículo 160 de la Constitución Política de 1991 según el cual “Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.” (Sentencia C-222, 1997).

6.6.2 Sentencia C-1092 de 2003

Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral segundo y el parágrafo del artículo 2°, el numeral tercero del artículo 3° y el inciso primero del artículo 5° del Acto Legislativo N° 03 del 19 de diciembre de 2002.

Problema Jurídico: ¿Fueron aprobadas irregularmente las expresiones acusadas del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002? ¿Cumplieron tales expresiones con los debates requeridos por el artículo 375 de la Constitución Política de 1991? ¿Modificaron la esencia de la iniciativa y de los textos aprobados en la primera vuelta o periodo legislativo y desconocen lo dispuesto por el artículo 226 de la Ley 5ª del 17 de junio de 1992?

Consideraciones de la Corte

La Corte cita la línea jurisprudencial relacionada con los principios de identidad y consecutividad:

... De esta manera formulado, el anterior cargo sería insuficiente para provocar la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones acusadas, por cuanto el artículo 375 de la Constitución no impide que durante la segunda vuelta se introduzcan modificaciones a los textos aprobados en primera. Por el contrario, la norma constitucional expresamente señala que en el segundo período deberá adelantarse un debate sobre lo aprobado en el primero, y tal debate, al tenor de lo dispuesto en el artículo 160 de la Carta implica la posibilidad de introducir modificaciones a lo previamente aprobado. Del artículo 375 superior sólo se desprende la limitación según la cual, en el segundo periodo, el debate únicamente puede versar sobre iniciativas que hayan sido presentadas en el primero. (Sentencia C-614, 2002).

Así las cosas, se podía anunciar desde el inicio que el resultado del trámite que surtiera la reforma en el Congreso, se tomaría una decisión definitiva en torno a la dicotomía existente entre el principio de jerarquía y la autonomía de los fiscales.
En lo que concierne al numeral 2 del artículo 250 superior, la Corte consideró que a los jueces de control de garantías, se les concibió como un mecanismo para compensar o encontrar un equilibrio entre la eficacia de la justicia y la protección de las garantías fundamentales así:

(...) se advierte que a lo largo del trámite legislativo se había configurado una definición del contenido del control o de la función a cargo del juez de garantías que no había sido objeto de precisión alguna en el texto constitucional pues, de acuerdo con lo expresado en las ponencias, se le asignaba a aquel una función amplia para la salvaguarda de las garantías constitucionales comprometidas en el ejercicio ordinario de las funciones asignadas a la Fiscalía. (Sentencia C-614, 2002).

Para la Corte con la expresión añadida en el séptimo debate se introdujo una restricción del alcance de la función del juez de control de garantías que no fue objeto de discusión en los debates que antecedieron su inclusión, lo que configuró un cambio fundamental, por tanto restringió las facultades que se formularon a favor del juez de control de garantías.

6.6.3 Sentencia C- 673 de 2005

Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, Código de Procedimiento Penal.

Problema Jurídico: Al no basarse en reglas claras y taxativas de fácil encuadramiento en un caso concreto, ¿vulnera el numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 el artículo 250 de la Constitución Política?

Consideraciones de la Corte

La Corte, en primer lugar menciona las razones justificantes para la inclusión del principio de oportunidad en la Constitución, las cuales se consagran en el Proyecto de Acto Legislativo de la Cámara de Representantes número 237 de 2002.

Así mismo exalta las características de dicho principio:
1) es una figura de aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; 2) las causales de aplicación del principio de oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e inequívoca; 3) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; y, 4) su ejercicio está sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. (Sentencia C-672,2005).

En lo pertinente a la posibilidad del fiscal en aplicación del principio de oportunidad de suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, afirma la Corte Constitucional:

El Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002 consagra como principio general el de legalidad en su acepción procesal, que responde a una concepción de retribución absoluta, en el sentido de que el Estado, para la consecución de sus fines, tiene el deber de investigar y castigar cualquier violación que se produzca a la ley penal. Dicho principio, de estirpe liberal, apunta a garantizar que todos los ciudadanos sean tratados por igual, el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia, a que exista seguridad jurídica, y a que en últimas, no quede en manos de las autoridades encargadas de adelantar la persecución penal, la decisión de quien debe ser castigado en cada caso concreto. De allí que el proceso penal no sólo sea considerado un instrumento para la aplicación de la ley sustantiva, sino que aquél se torna irrenunciable cuando se produce en la realidad el supuesto de hecho previsto en la ley. Así pues, el inicio del proceso, o la continuación del mismo, no es asunto del que puedan disponer libremente el fiscal, el juez o la víctima. (Sentencia C-672,2005).

Considera la Corporación, que las causales establecidas en el artículo 324 de la Ley 906, para que sea ajusten al artículo 250 superior, para que efectivamente se apliquen en los casos que la ley establece, deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa, de suerte que la facultad discrecional de aplicación no se convierta en una posibilidad de aplicación arbitraria. (Sentencia C-672,2005). (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, autores como Hassemer (1995), señala que

... En tanto un derecho procesal penal admita casos que se resolverán desde la perspectiva de la oportunidad todo dependerá, para la constitucionalidad del proceso, de que estos casos sean correctamente precisados. Las reglas vagas en relación con el funcionamiento del principio de oportunidad lesionan completamente el principio de legalidad y permitirían que los procedimientos de carácter oportunístico se difundan de manera epidémica y, de esa manera, se provocaría que las decisiones de no perseguir emitidas por las autoridades de la investigación pudieran no ser limitadas ni efectivamente controladas. Para González Álvarez, en cambio, el principio de oportunidad trata de establecer reglas claras para prescindir de la acusación penal, frente a casos en los cuales ordinariamente debía acusarse por un aparente hecho delictivo.

Así las cosas, el legislador deberá consagrar las causales de manera precisa e inequívoca, para que el juez de control de garantías pueda determinar en un caso concreto si es procedente renunciar, suspender o interrumpir de la acción penal.

En la norma analizada la Honorable Corte aduce que el legislador no reguló con precisión la facultad con que cuenta la Fiscalía para renunciar, interrumpir o suspender la acción penal dentro de los parámetros de la política criminal del Estado. Con lo que se vulnera el artículo 250 superior pues al depender la aplicación de dicho principio una investigación, resulta una norma completamente ambigua, indeterminada y oscura que posibilita las valoraciones subjetivas o personales.
6.6.4 Sentencia C-979 de 2011

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 327, 330 y otros de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004.

Problema Jurídico: La reserva establecida en el artículo 327 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, acerca del control judicial del principio de oportunidad a los eventos en que su aplicación comporta la extinción de la acción penal, resulta contrario al ámbito que se deduce del artículo 250 de la Carta para el ejercicio del control de legalidad, y si adicionalmente, introduce factores de discriminación y restricción al acceso a la administración de justicia respecto de quienes, en desarrollo del principio de oportunidad, se les suspende o interrumpe la acción penal, eventos en que conforme a la norma acusada no opera el control de judicial.

Las facultades reglamentarias atribuidas en el artículo 330 de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 al Fiscal General de la Nación para expedir un reglamento interno en materia de principio de oportunidad constituye una invasión a la potestad reglamentaria que posee el Presidente de la República en materia de leyes establecida en el artículo 189 numeral 11, y un desbordamiento del marco de actuación que los artículos 249, 250 y 251 de la Constitución Política de 1991 y la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establecen para el Fiscal General de la Nación.

Consideraciones de la Corte

La Corte analiza las modalidades para la aplicación del principio de oportunidad “el único supuesto que configura aplicación del principio de oportunidad, es aquel que implica renuncia al ejercicio de la acción penal, excluyendo así los supuestos de suspensión e interrupción de la misma” (Sentencia C-979, 2011).

Consagra así la Constitución lo que se ha conoce como el principio de oportunidad reglado, por el carácter obligatorio de la acción penal, la Fiscalía puede prescindir de su ejercicio solamente en los casos determinados en la ley.

Así lo consideró la Corte al señalar que el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002:
(…) acogió la fórmula del principio de oportunidad reglada, regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, es decir que al momento de aplicarlo para suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, lo podrá ser sólo con fundamento en alguna de las causales expresamente señaladas por el legislador, con el debido control de legalidad ante un juez de control de garantías.” Sentencia C- 673, 2005).

Dicha discrecionalidad reglada que la Carta Política da al Fiscal en cuanto al principio de oportunidad, impone a la Fiscalía no solamente una valoración para la aplicación de las causales, sino que se hará necesario determinar las consecuencias de la aplicación de ese principio: la interrupción, la suspensión o la renuncia de la acción, así como revisar que se respeten las garantías del investigado.

El control que hace el juez de control de garantías a cerca de la aplicación del principio de oportunidad, debe estar orientado no solo a emitir un concepto de adecuación a la ley, sino que debe ampliarse al control sobre las garantías constitucionales del imputado.

Con respecto al establecimiento de los vínculos entre la adecuada configuración de las causales del principio de oportunidad y la eficacia del control judicial la Corte afirma que:

(...) Si bien el legislador cuenta con un margen para configurar las causales de procedencia del principio de oportunidad, cada una de ellas debe quedar consagrada de manera precisa e inequívoca, de forma tal que el juez de control de garantías pueda realmente determinar si en un caso concreto procede o no renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal. (Sentencia, C-673, 2005).

Concluye la Honorable Corte aduciendo que la expresión demandada, “siempre que con ésta se extinga la acción penal” del artículo 327 del C.P.P., al condicionar el control judicial obligatorio del principio de oportunidad a tal exigencia, restringe el ámbito de aplicación de este control que explícitamente prevé el artículo 250 de la Constitución.

Tal expresión, en cuanto reduce el principio de oportunidad a uno solo (la renuncia), de los tres supuestos procesales (renuncia, interrupción y suspensión) a través de los cuales actúa, desconoce las reglas jurisprudenciales trazadas por esta Corte en el sentido que la oportunidad reglada opera a través de la renuncia, la suspensión y la interrupción de la acción penal. (Sentencia C- 673 de 2005).

La Corte precisa los elementos característicos de la norma:

(1) imposición de un deber de reglamentación, es decir que el Fiscal no tiene una potestad o prerrogativa (que puede ejercer o no) “Se trata de un imperativo legal orientado a rodear de certeza los procedimientos que en el ámbito interno regirán tanto para la aplicación del principio de oportunidad”.

(2) El carácter general de la reglamentación, que no puede estar orientada a regular casos particulares pues perdería la característica de todo reglamento y por lo tanto se debe “establecer directrices generales y abstractas que aseguren un tratamiento igualitario a las situaciones que en este ámbito deba resolver la entidad. Así lo destaca de manera contundente el artículo 330 al señalar que en el reglamento se debe determinar de manera general el procedimiento interno de la entidad para la aplicación del principio de oportunidad”.

(3) El ámbito de aplicación de la reglamentación, es únicamente interno de la Fiscalía como institución “no puede en consecuencia vincular a actores externos y particularmente al Juez de control de garantías, cuya labor está amparada por los principios de autonomía e independencia”.

(4) Los límites impuestos por la finalidad, el cual está limitado en su alcance por las finalidades asignadas en la Constitución y la ley.

(5) Su vinculación a la política criminal del Estado, el reglamento que expida el Fiscal General de la Nación para la aplicación interna del principio de oportunidad, debe desarrollar los elementos de política criminal que se derivan de la Constitución y de la Ley. (Sentencia C-979 de 2011).

La Corte analiza que el régimen interno del fiscal para que se de aplicación al principio de oportunidad, el cual promueve valores constitucionales así:
En efecto, este deber de regulación de carácter general y con aplicabilidad en el ámbito interno de la institución, desarrolla el principio de competencia preferente del Fiscal previsto en el primer segmento del artículo 251.3 de la Carta, en virtud del cual corresponde al Fiscal General de la Nación “asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos.(Sentencia C-979, 2011).

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