Estudios en derecho penal






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31 Análisis de los antecedentes legislativos del nuevo Código de Infancia y Adolescencia. (2007). Observatorio Legislativo y de Opinión. Recuperado de la base de datosV/Lex.





32 NUEVO CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y TRÁMITE LEGISLATIVO. Colombia: Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia.

33García Méndez, Emilio (2004). Capitulo I. Adolescentes y responsabilidad penal: el debate político-jurídico. Infancia y democracia en la Argentina: La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes.

34 NUEVO CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y TRÁMITE LEGISLATIVO. Colombia: Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia

35 Carlos Ignacio Arboleda, María Carolina Baquero, María Paulina Domínguez. (2010). La Inimputabilidad del Menor en el Sistema Penal Colombiano. (Investigación realizada en la cátedra de Derecho Penal General II). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/documents/7Laimputabilidad.pdf

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de febrero 24 de 2010, MP. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.

37 Pedro Alfonso Pabón P. (2007). Comentarios al nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pág. 33.

38 Ley 1098 de 2006. Artículo 140.

39 Gilma Jiménez. Comparación Ley 1098 y propuesta de modificación. Recuperado de: http://www.gilmajimenez.com/content/comparaci%C3%B3n-ley-1098-y-propuesta-de-modificaci%C3%B3n

40 Carlos Ignacio Arboleda, María Carolina Baquero, María Paulina Domínguez. (2010). La Inimputabilidad del Menor en el Sistema Penal Colombiano. (Investigación realizada en la cátedra de Derecho Penal General II). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/univ_est/documents/7Laimputabilidad.pdf

41 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

42 Articulo 132 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

43 Ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

44 Articulo 132 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal

45 Articulo 11 ley 906 de 2004 código de procedimiento penal las víctimas tendrán derecho:

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código

46Artículo 90 de la constitución política de Colombia

47 Artículo 22 ley 599 de 2000

48 Ley 906 de 2004 definición

49 Ley 906 de 2004 En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos a ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar;

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley;

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.


50 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 18 de octubre de 2004 proceso numero 18911 magistrado ponente doctor MAURO SOLARTE PORTILLA

51 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 16 de marzo de 2009 proceso numero 29089 magistrado ponente doctor JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

52 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 20 de mayo de 2009 proceso numero 31654 magistrados ponentes doctores MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS Y AGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN

53 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 2 de diciembre de 2008 proceso numero 29285 magistrado ponente doctor ALFREDO GOMEZ QUINTERO

54 Artículo 13 de la constitución política de Colombia de 1991

55 Sentencia c 250 de 2012 de la corte constitucional de Colombia

56 Artículo 20 de la ley 599 de 2000

57 Artículo 132 de la ley 906 de 2004

58 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 16 de marzo de 2009 proceso numero 29089 magistrado ponente doctor JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

59 Artículo 29 de la ley 599 de 2000 autor, dispositivos amplificadores del tipo penal

60 Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 18 de octubre de 2004 proceso numero 18911 magistrado ponente doctor MAURO SOLARTE PORTILLA

61Sentencia de la corte suprema de justicia sala de casación penal del 17 de marzo de 2009 proceso numero 30978 magistrado ponente doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS

62 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

63 Corte Constitucional Sentencia C- 936/10

64 Estudiante, Universidad Santo Tomas de Aquino – seccional Tunja, adscrita al semillero de investigación jurídica “Francisco de Vitoria” bajo la dirección del Doctor Eyder Bolívar Mojica.

65 Véase Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-806 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

66 El Dr. Carlos Salazar, es docente de la universidad Santo Tomás Seccional Tunja, donde entre otras, imparte la cátedra de Historia del Derecho, Escuelas del Derecho Penal y Analítica.

67 Véase “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado Colombiano” por la Comisión Asesora de Política Criminal. En < http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Informe_Comisiion_Asesora_Drogas_2012.pdf >

68 La Comisión Asesora para el Diseño de una Política Criminal, fue creada por el Ministerio de Justicia mediante la resolución 0286 del año 2011, con el propósito de elaborar un informe que contenga los lineamientos de la Política Criminal.

69 Al respecto se puede consultar el documento “Observaciones de la comisión asesora para el diseño de la política criminal del estado colombiano, a la iniciativa sobre la imposición de cadena perpetua a ciertos delitos realizados contra menores”, presentado por la Comisión en julio 2011 al Ministerio del Interior y al Consejo de Política Criminal.

70 Véase el texto denominado El futuro de las cárceles: reforma penitenciaria y sistema penal colombiano, realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (2013), a través del Foro realizado por la revista Semana con alianza de la Universidad Libre. En <http://www.minjusticia.gov.co/NewsDetail/1865/1/LareformaalCodigoPenitenciarioesunelementomasdentrodeunapoliticaintegralde12pasosViceministrodeJusticia>.

Docente Investigador en Derecho Penal, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, miembro del grupo de investigaciones Socio-Jurídicas de la USTA Tunja. Corrector de estilo y par académico Revista Principia Iuris USTA. Mg. en Derechos Humanos UNLP, Mg. en Relaciones Internacionales UNLP, Esp. en Derecho Penal UBA. Artículo de investigación científica y tecnóloga. AI bolivarabogados@yahoo.com.ar.

El presente artículo hace parte del proyecto de investigación “análisis jurídico del terrorismo internacional y la lucha contra el terrorismo”, que se adelanta en el Centro de Investigaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional de Tunja, Facultad de Derecho. Grupo de Investigaciones jurídicas y socio jurídicas, vinculado a la línea de investigación “en derechos humanos, derecho penal y procesal penal”; Método: Análisis Jurídico, analítico y conceptual, tomando como fuentes directas la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad internacional.

71 De jure belli hispanorum in bárbaros (1539).

72 El antecedente de Francisco De Vitoria: Idea del Ius Humanitas Societatis en ABRISKETA, 2004, p. 39.

73 Con el tiempo esto sería la base de los Convenios de Ginebra.

74 Según la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante los conflictos armados se define como “el suministro de alimentos, ropa, medicamentos y otra asistencia humanitaria, y no incluye el abastecimiento de armas, sistemas de armas, municiones, u otros equipos, vehículos, o materiales que puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte”. Ver. Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), Judgement, ICJ Rep., 1986, p. 157 y 125. Pese a que esta declaración se formuló en el marco de un conflicto armado, en principio no hay objeciones para su aplicación en caso de desastre natural. Ver. Urbina, 2009, p. 240.

75 El aumento considerable de conflictos armados en diferentes escenarios, así como los cambios que han experimentado, han contribuido de forma decisiva a la toma de conciencia y al proceder en atender las necesidades humanitarias derivadas de los mismos. Ver. Urbina, 2009, p. 240.

76 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/538/03/IMG/NR053803.pdf?OpenElement Consultada el 1 de Septiembre de 2011.

77 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/63/IMG/NR057263.pdf?OpenElement Consultada el 1 de Septiembre de 2011.

78 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/589/36/IMG/NR058936.pdf?OpenElement

Consultada el 1 de Septiembre de 2011.

79 Ver. Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), Judgement, ICJ Rep., 1986, p. 157 y 125. Pese a que esta declaración se formuló en el marco de un conflicto armado, en principio no hay objeciones para su aplicación en caso de desastre natural.

Abogado de la Universidad Libre. Especialista y magíster en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad. Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (España). Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Candidato a un segundo doctorado en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España). Docente y Director de la Especialización y de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Santo Tomás – Tunja. Correo electrónico: adazaabogado@hotmail.com. A.I

 Artículo de Investigación y reflexión el cual es una producción original e inédita, resultado del proyecto de investigación finalizado “Principios del régimen probatorio en el marco del sistema procesal penal en Colombia” producto de la investigación adelantada por el autor en el Centro de Investigaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional de Tunja, Facultad de Derecho. Grupo de Investigaciones jurídicas y socio jurídicas el cual está vinculado a la línea de investigación en derechos humanos, derecho penal y procesal penal.

Método: Se utilizan métodos cualitativos de investigación, los cuales están encaminados al estudio del sistema procesal colombiano y del régimen probatorio aplicable.

80 En ese sentido se debe precisar que la primera reforma hacia el sistema acusatorio fue la realizada en Guatemala, en el año 1834 hasta 1838, en el Gobierno de Mariano Gálvez, quien adoptó los Códigos de Livingston (Sistema Penal para el Estado de Louisiana). Posteriormente bajo el impulso de Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde, se sanciona en el año 1939 y entra en vigencia para el año 1940, en la Provincia de Córdoba (Argentina) El Código de procedimiento Penal para la Provincia de Córdova, el cual recibió el desarrollo del derecho procesal europeo continental de los comienzos del Siglo XX, los códigos de procedimiento Italianos de 1913 y 1930, la Ley de Enjuiciamiento Penal de 1882, y la Ordenanza penal Alemana. Este código se convertiría en la base del Código procesal Penal Modelo para Ibero América, aprobado en las jornadas de Río de Janeiro de 1988, y seria el fundamento de las reformas latinoamericanas: Guatemala (1994), Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Chile (2000), Argentina (1990), Venezuela (1998), Paraguay (1999), Bolivia (Promulgado 25/3/98, con período vacatio legis de 24 meses), y fundamento de los proyectos reformistas de Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú, con excepción de Uruguay, Brasil y Colombia, que han seguido caminos propios.

81 Para ampliar el tema se puede consultar la sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional, con Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas.

82 Para ampliar el tema, se puede consultar la Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional con Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas.

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