Ideoneidad, independencia y ética de Jueces y Magistrados en un Estado de Derecho Enseñanzas históricas de la independencia judicial






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Ideoneidad, independencia y ética de Jueces y Magistrados en un Estado de Derecho - Enseñanzas históricas de la independencia judicial

No cabe duda que hoy en día el tema más importante en términos del desarrollo económico y social es la justicia. En ella, la Independencia Judicial, la separación de poderes, y la despolitización y profesionalización del servicio público figuran como ejes centrales. Es imposible sobrestimar su importancia. Se trata de sueldos adecuados para los jueces, fiscales y la policía, su protección física y la de sus familias, el no interferir en las decisiones judiciales por medio de influencias y amenazas, el coraje de rechazar imposiciones e influencias políticas, y un cúmulo de otros factores.
A veces es difícil no desanimarnos por lo complejo que es establecer un estado de derecho y un sistema de justicia en los que se respete la independencia judicial. Obviamente, es una lucha a largo plazo y ningún país ha perfeccionado dicha práctica.
Aprovecho esta ocasión para compartirles como se originaron la independencia judicial y la separación de poderes en los Estados Unidos. Los nicaragüenses quizás reconocerán algo en común con eventos recientes.
Al inicio, a pesar de su bella Carta Magna, no existía, de hecho, una independencia judicial en los Estados Unidos. Esto requirió del valor y voluntad de miles de personas en una larga lucha década tras década. Pero aquí quiero enfatizar el ejemplo de cómo una sola persona cambió la historia, un jurista de nombre John Marshall. Mientras escuchan, pregúntense si hay un Marshall hoy día en Nicaragua. ¿Quién es? ¿Lo conoce? ¿Es usted? ¿Podría ser usted?
Hace doscientos y pico años, John Marshall fue nombrado “Chief Justice,” es decir, Presidente de la Corte Suprema de Justicia del gobierno nacional. Entre los próceres de la nación, George Washington, el primer presidente, era un comandante militar, con una gran reputación de honestidad. Thomas Jefferson era un filósofo, dueño de conceptos abstractos e ideales. Hamilton fungía como el guru financiero, pero fue John Marshall quién percibió en la Carta Magna un plan para poner en práctica un sistema de equilibrio, pesos y contrapesos, balance entre los poderes.
En aquellos días, la Corte Suprema no se consideraba como un gran poder, sino como un socio menor, un mero tribunal de derecho común para resolver conflictos sencillos. La Corte decidió sólo sesenta casos en su primera década de existencia, es decir, seis por año entre 1790 y 1800. John Jay fue el Primer Presidente de la Corte, un neoyorquino, que salió de los Estados Unidos en 1794 para Francia en una misión especial de parte del Presidente Washington. Aunque estuvo un año en Francia, la historia no indica que su ausencia haya tenido algún impacto en la Corte, dado su ya existente bajo perfil.
La insignificancia del ramo judicial en aquellos tiempos era tal que al construir la nueva ciudad capital, nadie pensó en donde instalar la Corte Suprema. Cuando el gobierno se trasladó de Filadelfia a Washington en 1800, la Corte fue ubicada en una sala poco importante en el sótano del edificio del Senado. Obviamente, no era un poder del mismo rango que el ejecutivo con su Casa Blanca y el Congreso con su nuevo y magnífico Capitolio.
Al volver a los Estados Unidos, el Presidente de la Corte, John Jay, decidió ser Gobernador del Estado de Nueva York, para lo cual fue elegido durante su estadía en el exterior, un trabajo de mucho más prestigio en aquella época. Oliver Ellsworth tomó posesión como Presidente de la Corte, pero él también fue en una misión presidencial a Francia, dejando a la Corte sin Presidente a finales de 1800, en los últimos días de la Presidencia de John Adams, quién era el sucesor de George Washington.
De hecho, en noviembre de 1800, Adams intentó la reelección, pero fracasó. Su contrincante, Thomas Jefferson, ganó y la transferencia de poder se programó para marzo de 1801. Algunos historiadores se refieren a estos eventos como la “Segunda Revolución Americana,” dada la fuerte rivalidad entre Adams y Jefferson. Antes del cambio, el Presidente saliente Adams nombró a John Marshall como el nuevo Presidente del Organismo Judicial. John Marshall tomó posesión como Presidente de la Corte, y sirvió por treinta y cuatro años, hasta 1835.
En 1803, Marshall escribió un dictamen famoso que puso en práctica un sistema de separación de poderes. El caso fue Marbury vs. Madison. Este caso es clave para entender el sistema de justicia constitucional en los Estados Unidos.
En 1801, William Marbury fue nominado por el Presidente Adams y confirmado por el Congreso como un Juez de Paz en el Distrito de Columbia. Es decir que fue nominado y confirmado por un Presidente y un Congreso a punto de entregar el poder. Para el grupo del nuevo presidente electo Jefferson, esto se presentó como una piñata de políticos corruptos que aprovecharon su poder antes de irse. A los jueces nombrados en esta forma, los seguidores de Jefferson los llamaban “jueces de medianoche.”
Entonces, normalmente el Secretario de Estado emitía nombramientos. Sin embargo, dada la presión de tiempo, la Presidencia de Adams concluyó sin emitir el documento de nombramiento, la última fase de dicho proceso. Al asumir Jefferson como Presidente, designó a James Madison como el nuevo Secretario de Estado, quien se negó a emitir la orden para concretar el nombramiento de Marbury, quedando sin efecto dicho nombramiento.
Marbury propuso a la Corte Suprema que, una vez nominado por el Presidente y confirmado por el Senado, el Secretario de Estado tenía la obligación como Secretario de redactar su comisión de nombramiento como un deber de un funcionario público. Solicitó una especie de amparo de la Corte, técnicamente un mandamiento de cumplimiento - un writ of mandamus. Marbury presenta el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de única instancia, según la Ley del Organismo Judicial de 1789.
El fallo de Marshall, por parte de la Corte, se divide en dos secciones principales. Primero, proclama que la solicitud de Marbury es razonable en el sentido de que tiene derecho a un nombramiento. Razona que si Marbury tiene un derecho, debe tener un recurso de acuerdo a la ley, y existe el amparo justo para tales fines.
Segundo, Marshall pregunta si es correcto que la Corte Suprema de Justicia envíe una orden en el caso, y aquí está el truco, Marshall está de acuerdo con Marbury en que el Congreso, según la Ley del Organismo Judicial, autorizó el recurso pero agrega que la Constitución en su Artículo Tercero da a la Corte la facultad de resolver conflictos en única instancia solamente en conflictos entre estados, y acciones entre embajadores y otros ministros extranjeros. Concluye que el caso de Marbury no se encuentra en el ámbito de jurisdicción primaria de la Corte, tal como se plantea en la Carta Magna.
Marshall se encuentra en una situación en que el Congreso manda que la Corte tome una acción y la Constitución manda otra. ¿En un estado de derecho, qué debe hacer la Corte? En Gran Bretaña, el Parlamento está por encima de todo, incluyendo a la Corte, pero en los Estados Unidos, la Constitución es suprema por haber sido adoptada por el pueblo de los diferentes estados. La Constitución delega ciertos poderes a los tres ramos del gobierno. Si un ramo excede su delegación de autoridad, el concepto total de una constitución escrita se evapora. Por lo tanto, la Constitución prevalece sobre cualquier acto o legislación del Congreso que no esté de acuerdo con la Carta Magna.
¿Pero quién decide en última instancia qué es lo que establece la Constitución en situaciones como ésta? Marshall declara que la Constitución es un acuerdo escrito entre los diferentes estados y pueblos, y que las Cortes siempre han tenido la última palabra en interpretar las disposiciones de los acuerdos escritos. Por ende, son los tribunales federales, y en particular la Corte Suprema de Justicia del Gobierno Nacional quién es el árbitro final del significado de la Constitución.
El dictamen de Marbury vs. Madison es un ejemplo notable de liderazgo judicial. La Corte proclama que Marbury tiene derecho a su nombramiento, y que Madison estuvo equivocado en no otorgarlo. Agrega que este es precisamente el tipo de acción de un funcionario público apto para el amparo, pero concluye que el Congreso, al otorgar a la Corte Suprema de Justicia el poder de decidir en dichos casos, ha violado la disposición de jurisdicción original contenida en el Artículo Tercero de la Carta Magna. La Corte reprende a Madison y Jefferson, pero resulta que la Corte queda sin poder, porque el Congreso intentó dotar a la Corte Suprema más autoridad de la que le permite la Constitución. La doctrina de supervisión judicial – la autoridad de las cortes federales en declarar actos legislativos no constitucionales – se estableció, pero de una manera indirecta, de hecho disminuyendo el poder del ramo judicial.
En su larga carrera con la Corte, Marshall escribió muchos fallos de gran importancia. De esta manera contribuyó a la trayectoria de la Corte hacia un sistema que goza de independencia judicial y de separación de poderes. Cuando John Marshall murió en 1835, ya se consideraba el ramo judicial, encabezado por la Corte Suprema, como un organismo de igual rango que el Legislativo y el Ejecutivo. Para anunciar su fallecimiento, se tocó el Timbre de la Libertad, y según ciertos historiadores, el Timbre se rompió.
¿Por qué tuvo éxito John Marshall? No fue el primer líder de la Corte, sino siguió a John Jay y a Oliver Ellsworth. Ni fue el académico más brillante de su era. Pero ellos no tuvieron la visión de Marshall. Asimismo sus fallos están llenos del poder de la razón, en una prosa simple, clara y precisa. Al mismo tiempo vemos que Marshall era astuto. En el caso Marbury, Marshall estableció la independencia judicial y el poder de la Corte al revisar el trabajo legislativo, pero lo hizo de una manera que no confrontaba al Presidente, dado que en términos prácticos, la Corte iba a perder una lucha así. La Corte se tornó en una institución poderosa y una socia respetada como miembro integral de un gobierno compuesto por tres ramos tal como se contempló en la Constitución, con separación de poderes e independencia judicial. Todo empezó con ética y liderazo, aún en un contexto sobre-politizado y, por que no decirlo, bajo la sombra o sospecha de corrupción.
En años recientes, Nicaragua también ha luchado para establecer una separación de poderes y una independencia judicial y ha progresado. Según un diagnóstico internacional, antes de la nueva Ley de la Carrera Judicial, los jueces eran nombrados con base en contactos personales o influencias. Los jueces recibieron una mala capacitación, respondieron a las jerarquías en vez de ejercer decisiones judiciales independientes, y se excedieron en el uso de formulaciones ritualistas y legalistas en exceso para decidir los casos. Sin embargo, en la prensa diariamente, hay alegaciones de abuso por tráfico de influencias y presiones de los partidos políticos para lograr ciertos resultados en el sector de justicia. Todo eso es ni mencionar las reformas constitucionales, la ley marco, ni los $606,000 dólares perdidos en la Corte.
Sin duda, hemos visto progreso, pero aún resta mucho por hacer. Tenemos que continuar el camino a largo plazo. Mientras tanto, esperamos contar con el aval continuo de la sociedad civil para mantener la ruta, así como contar con Magistrados con el espíritu de Marshall - damas y caballeros con visión, con el poder de la razón, y con un sentido sobre cómo avanzar en el tema de la independencia judicial en una manera práctica dentro de un contexto político activo a veces no amigable. Vuelvo a preguntar: ¿quién de ustedes será el Marshall a favor de la democracia? ¿Quién de ustedes tomará el liderazgo para ser el próximo héroe de Nicaragua, con el coraje de mantenerse firme ante la presión política para brindar una justicia pura para el pueblo?






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