Marco constitucional de los tratados internacionales en materia fiscal






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MARCO CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL

TEMA I. CONVENCIONES FISCALES Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

1.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y SUS REPERCUSIONES FISCALES
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá que nuestro país negocia, tendrá entre otras repercusiones previsibles, la celebración de tratados y convenciones internacionales en materia fiscal.
Conviene recordar que la materia de dicho tratado parece superar los limitados alcances con los que se concibió a las zonas de libre comercio tradicionales.
En efecto, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G ATT) entiende por zona de libre comercio, a "un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos 11,12,13,14 y 20) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio"
Para México no son desconocidas las zonas de libre comercio tradicionales pues ha venido participando en la formación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, (ALALC) en base al Tratado de Montevideo suscrito en 1960, y prosigue, en unión con varios países, en el empeño de llevar adelante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
En verdad nos encontramos ante una nueva conceptuación del libre comercio.
Ya no se trata como en el pasado de una asociación para liberar de aranceles y restricciones cuantitativas al intercambio de mercaderías. La noción de libre comercio va relacionada ahora a todos los demás factores que se relacionan con los bienes en intercambio internacional como son los servicios, el crédito y la inversión.
Esta nueva perspectiva del libre comercio ha sido inaugurada con el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos suscrito el 4 de octubre de 1987 y vigente a partir del lo. de enero de 1989.
En dicho acuerdo se establece una zona de libre comercio que comprende el comercio en bienes, los servicios comerciales y de turismo, la entrada temporal de personas en viajes de negocios, tales como comerciantes e inversionistas, así como la inversión y los servicios financieros.
Todos estos conceptos se ven regidos por el principio toral en el sentido de que una parte contratante gozará en el territorio de la otra, del mismo tratamiento que ésta otorgue a los nacionales
Cabe advertir que no obstante el cambio de concepto, sus implicaciones no conllevan las consecuencias profundas de otras formas de integración económica como son las propugnadas por la unión económica, dentro de las cuales el modelo más relevante lo constituye la Comunidad Económica Europea.
En efecto, en el Tratado de Roma que la instituyó, el conjunto de objetivos supone la instauración de políticas comunes entre los Estados miembros en todos los sectores de la actividad económica a fin de lograr "una expansión continua equilibrada, una estabilidad incrementada, una mejora acelerada del nivel de vida y unas relaciones más estrechas entre los Estados participantes"
Estos objetivos no son los perseguidos por un acuerdo de libre comercio, aun en la conceptuación del momento actual. Esto se evidencia en la diferente naturaleza de los acuerdos internacionales correspondientes, dado que la unión económica requiere del establecimiento de un ente jurídico con órganos de decisión propios, en tanto que la zona de libre comercio no lo exige como requisito necesario, dado que opera mediante negociaciones bilaterales o multilaterales directas.
No obstante lo anterior, es claro que en todos los mecanismos de integración económica existe una relación indiscutible con los aspectos arancelarios y fiscales, lo que supone un necesario y conveniente grado de concertación.
En lo que concierne a las materias arancelaria y aduanera, las diferentes formas de integración económica conocidas, sea la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común o la unión económica, tienen como medida básica fundamental, la eliminación de barreras arancelarias y restricciones, así como la armonización de los sistemas aduaneros a fin de asegurar en las fronteras el intercambio libre de mercancías.
Así también todas suponen un cierto grado de armonización de los sistemas impositivos, cargando el acento, primero, en todas las contribuciones y cargas indirectas que gravan las mercancías y los servicios relacionados, pero también sin olvidar los demás gravámenes que pueden incidir de manera directa sobre las inversiones, los activos o los ingresos.
En el caso europeo, la Comunidad tuvo que resolver en forma casi paralela con la desgravación arancelaria, la adopción de un sistema uniforme de imposición indirecta que en base al país de destino se comportara con neutralidad en las operaciones de comercio internacional, desembocando finalmente en la instauración del IVA europeo.
En el establecimiento y mejoría de tal sistema, la Comunidad pasó de la aplicación de los "tipos tributarios medios" previstos por el artículo 97 del Tratado de Roma, a los impuestos señaló los impuestos compensatorios, para finalmente llegar a la 6a. directiva de 1977 que señaló los perfiles definitivos del mencionado impuesto al valor agregado.
Una cuestión semejante ocurre con los impuestos directos que gravan los ingresos, los capitales o los activos, sólo que se refleja en un grado mayor si más intenso es el proceso de integración económica de que se trate, situación que se evidencia considerando el caso extremo de la unión económica en el que se supone una completa libertad de movimiento de productos, capitales y personas, razón por la cual es indispensable considerar la carga fiscal que pesa sobre los mismos en su país de origen y en el país al que se dirijan.
En el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos existe previsión expresa de que en materia de servicios y de inversiones una medida impositiva nueva no deberá significar arbitrariedad o discriminación injustificada entre personas de las partes contratantes o restricción al comercio de servicios o a las inversiones entre dichas partes. Asimismo reconoce y ratifica la fuerza vinculatoria de la convención existente entre las partes en materia de impuesto sobre la renta y sobre capital, con lo cual reafirma la relación que indiscutiblemente existe con los acuerdos de libre comercio de referencia, mismos que como hemos visto, tienen una amplia materia formada tanto por las mercancías de comercio exterior como por los servicios, el crédito y la inversión.
La política fiscal mexicana en el campo de los tratados para evitar la doble imposición internacional, se caracterizó hasta hace muy poco tiempo por eludirlos, primordialmente porque al parecer no resultaban convenientes o necesarios para el país, al menos ante las circunstancias de sus relaciones económicas y comerciales con el orbe.
Más conveniente parecía adoptar el método unilateral para la solución de los conflictos de doble imposición internacional sobre los ingresos de las personas o las utilidades de las empresas, establecido de conformidad con su legislación interna en materia del impuesto sobre la renta.
Esta situación ha venido cambiando y ante la perspectiva de celebración de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el Canadá y considerando además la amplia materia que abarcará, somos de la opinión de que los términos de la cuestión también se han modificado.
2.- LAS BASES CONSTITUCIONALES DE LOS TRATADOS EN MATERIA FISCAL
En atención a las nuevas circunstancias considero no solo interesante sino necesario, determinar cuáles son en nuestro país, los principales temas constitucionales involucrados en la celebración de tratados internacionales en materia fiscal. Para ello es necesario primero precisar cuáles son las disposiciones constitucionales que rigen el campo mencionado.
En lo que concierne a las relaciones internacionales en lo general y a los tratados y convenciones en lo particular, las principales disposiciones de nuestra Constitución son las siguientes:
2.1.-En primer término tenemos un grupo de disposiciones contenidas en el artículo 73, fracciones XVI, XVIII, XX, XXIX-A, inciso lo., XXIX-F y XXX, que establecen las facultades del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre:


  1. Los extranjeros y su naturalización;

  2. El valor relativo de la moneda extranjera;

  3. La organización de los cuerpos diplomático y consular mexicanos;

  4. El establecimiento de contribuciones de comercio exterior, así como

  5. La regulación de la inversión extranjera.


2.2.-En segundo lugar, tenemos lo dispuesto por el Artículo 76, fracciones I y II, que facultan al Senado de la República para analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales, así como para ratificar los nombramientos de los agentes diplomáticos y cónsules generales, en los términos siguientes:
"Artículo 76.-Son facultades exclusivas del Senado:
I.-Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
II.-Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales en los términos que la ley disponga...".
2.3.-En tercer término tenemos las disposiciones del Artículo 89, fracciones I, II, III, X y XVI que facultan al Presidente de la República para:

2.3.1.-Nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado y, en sus recesos, de la Comisión Permanente, así como removerlos;
2.3.2.-Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
2.3.3.-Dirigir la política exterior, y
2.3.4.-Celebrar los tratados internacionales.
Estas dos últimas se prevén en los términos siguientes:
"Artículo 89.-Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
X.-Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;..."
2.4.-En cuarto lugar tenemos que el Artículo 107, fracción VIII, inciso a), que faculta a la Suprema Corte a conocer y resolver de las revisiones interpuestas en los casos siguientes:
"Artículo 107.-Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
VIII.-Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
a).-Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;..."
2.5.-En correlación con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso a), tenemos que el Artículo 131 de la Constitución dispone que es una facultad privativa de la Federación no sólo el establecimiento de contribuciones al comercio exterior, sino también para regular éste en todo tiempo y aún prohibir la circulación o tránsito de mercancías de procedencia extranjera, previendo además que el Congreso puede facultar al Ejecutivo mediante una ley, para aumentar, disminuir, suprimir y crear cuotas de las tarifas de importación o exportación de mercancías.
2.6.-Por último tenemos lo dispuesto por el Artículo 133 que establece la supremacía de la Constitución frente a cualquier otro ordenamiento jurídico, incluidos los tratados y convenciones internacionales, en los términos siguientes:
"Artículo 133.-Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
3.-LAS PRINCIPALES CUESTIONES CONSTITUCIONALES EN EL TEMA
De conformidad con las disposiciones antes mencionadas, en particular lo establecido por el artículo 133, se deducen como principales cuestiones constitucionales en esta materia, las siguientes:
3.1.-El proceso de formación y validez constitucional de los tratados internacionales.
3.2.-E1 alcance vinculatorio de los tratados internacionales, cuestión que puede precisarse al responder las siguientes cuestiones:
3.2.1.-La subordinación de los tratados internacionales a las prescripciones de la Constitución.
3.2.2 .-El orden jerárquico entre las leyes federales y los tratados internacionales.
3.2.3.-E1 alcance normativo entre tratados y convenciones internacionales.
3.2.4.-La situación de las constituciones y leyes locales ante los tratados internacionales.
A continuación hacemos un breve análisis de estos temas.

3.1.-El proceso de formación y validez constitucional de los tratados internacionales.
El artículo 133 constitucional previene que los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de la Unión con lo cual confirma dos fases principales de dicho proceso que se encuentran señaladas por el artículo 89, fracción X de la Constitución.
Dichas fases se ven complementadas por otras que son práctica común internacional y que se han constituido en norma de derecho interno al momento en que México tiene en vigor la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Tiene particular importancia la convención de referencia porque su objeto es precisamente regular algunos aspectos del proceso de creación de los tratados y acuerdos internacionales, así como de las etapas posteriores a su iniciación de vigencia, como son las relativas a su aplicación, término y denuncia.
El procedimiento formativo de dicha Convención se describe enseguida como ejemplo de la serie de etapas que lo constituyen.
Así tenemos que la mencionada Convención fue:
1o.- Suscrita por el plenipotenciario de México el 21 de marzo de 1986;
2o.- Aprobada por el Senado el 11 de diciembre de 1987;
3o.- Promulgada dicha aprobación por Decreto del Ejecutivo de fecha 11 de enero de 1988;
4o.- Depositado el instrumento de ratificación del propio Ejecutivo ante la Secretaría General de la ONU el 10 de marzo de dicho año de 1988;
5o.-Expedido el Decreto promulgatorio de la Convención el 19 de marzo del citado año, y

6o.-Publicados ambos, tanto el Decreto como el texto de la Convención, el 28 de abril siguiente.
En la citada convención se establecen varias formas que tienen los Estados para manifestar su consentimiento a un tratado, sin embargo, de todos ellos destaca el de la ratificación.

Asimismo destaca en la Convención el principio de obligatoriedad de los tratados para las partes que lo hayan celebrado, complementado con la regla de que un Estado no podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado (artículo 27, párrafo 1).
Así también la Convención incluye varias reglas relativas a la enmienda y modificación de los tratados, las que implican una serie de etapas en el proceso respectivo.
Varias cuestiones se originan cuando no se sigue el orden riguroso del proceso como por ejemplo cuando se ratifica antes de que el Senado haya dado su aprobación, situación que conforme a nuestra Constitución tendrá que resolverse en el sentido de que los efectos solo se producen a partir de la vigencia de la aprobación por el Senado y no antes.
3.2.-E1 alcance vinculatorio de los tratados internacionales.
Este segundo aspecto se conoce en la medida que se responden varias preguntas fundamentales que nosotros hemos formulado antes.
La primera de ellas se refiere a la relación de subordinación del tratado frente a la Constitución.
Al respecto, el texto del artículo 133 que no deja lugar a dudas. Una disposición de algún tratado, atentatoria de un precepto constitucional ningún efecto jurídico debe producir y al respecto los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por la vía del amparo, podrán declarar la inconstitucionalidad respectiva, a la luz del artículo 107, fracción VIII, inciso a).
La segunda pregunta se refiere a la relación existente entre una ley federal y un tratado, en los casos de contradicción. En estos supuestos la fuerza vinculatoria del tratado habrá de depender de si sus disposiciones son acordes con la recta interpretación de la Constitución, pues tal contradicción puede ser examinada a la luz de la propia Ley Suprema.
En la experiencia jurisprudencial mexicana, se ha dicho que la relación entre una ley federal y un tratado es una relación del mismo grado jerárquico, en ningún caso uno u otra pueden estar por encima.
Sin embargo, tal interpretación no tiene aún fuerza jurisprudencial y algunas voces de la doctrina opinan que podría existir una relación de subordinación del tratado ante la relación sucesiva en que se expresa el texto constitucional.
La tercera cuestión pregunta si pueden existir relaciones de subordinación entre los propios tratados y convenciones, lo cual es interesante a la luz de las distintas prácticas que hasta la fecha se emplean en los medios diplomáticos mexicanos en la formación de dichos ordenamientos; cuestión respecto de la cual México no tiene experiencia judicial.
Finalmente, tenemos la cuestión de si un tratado puede dejar a una ley local en un grado inferior, subordinado. Al respecto hay toda una doctrina internacional que hace depender a los ordenamientos locales de la imposibilidad jurídico constitucional de que los órganos de gobierno estatales puedan ser parte de un tratado.
La circunstancia de que el propio artículo 133 establezca que los jueces locales se arreglarán a los tratados celebrados, a pesar de las disposiciones que en contrario existieren en las constituciones y leyes locales, hace más difícil precisar el alcance obligatorio de tales tratados, dado que atento lo ordenado por el artículo 41 de la propia Constitución, los poderes locales ejercen la soberanía popular en lo que toca a sus regímenes interiores.
4.-LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL
Conviene precisar ahora que los tratados internacionales en materia fiscal pueden clasificarse en dos apartados:
4.1.-Los que celebran los Estados en materia arancelaria precisamente para formar una zona de libre comercio o una unión aduanera y a los cuales ya nos hemos referido.
4.2.-Los tratados, convenciones o acuerdos para evitar la doble imposición internacional o para el intercambio de información fiscal.
En ambos casos el objeto de los tratados o convenciones lo constituyen los impuestos establecidos por los Estados contratantes, sean estos arancelarios y demás contribuciones de comercio exterior, en el primer caso, o los impuestos "internos" en el segundo caso.
También debemos recordar que la llamada doble imposición internacional se refiere a la existencia de impuestos de dos o más Estados que gravan simultáneamente el mismo hecho y a la misma persona, originando para ésta su obligación ante las autoridades fiscales de aquéllos.
Ottmar Buhler considera que se produce "cuando el mismo o semejante impuesto es percibido por varios Estados en virtud de un mismo presupuesto de hecho y para un mismo periodo de tiempo. Cuando se añade "de la misma persona" (identidad de sujeto), se obtiene el concepto en sentido estricto".
A fin de evitar la doble imposición internacional, los ordenamientos jurídicos propugnan por dos posibles soluciones:


  1. El criterio "unilateral", consistente en la decisión soberana de cada Estado de establecer en su legislación interna los conceptos jurídicos específicos de armonización acordes con su respectiva política fiscal.




  1. El criterio convencional mediante la concertación de los instrumentos de solución entre dos o más países al celebrar tratados o convenciones fiscales internacionales.


Atendiendo a su diversa naturaleza, resulta que el primero es el sistema general que establece la legislación de cada Estado para definir la causación de los distintos impuestos nacionales.
El segundo sistema tiene el carácter de norma de excepción y por lo tanto, específica en el marco del derecho interno.
Los tratados o convenciones fiscales que los Estados celebran para evitar la doble imposición internacional en materia de ingresos o de capitales, se caracterizan porque señalan el criterio que se aplicará para definir cuál de los dos países involucrados cobrarán el impuesto; por tanto, entrañan una distribución internacional de los ingresos fiscales.
En otras ocasiones pueden significar el condicionamiento de algunas políticas de estímulos fiscales y, una tercera posibilidad consiste en regular la información y estadística recíproca a través de las convenciones sobre intercambio de información.
De acuerdo con lo anterior, resultan claras las limitaciones del segundo sistema, mismo que se justifica por sus conveniencias prácticas ante las circunstancias de la relación económica con un país determinado.
Desde la perspectiva del derecho, resulta también claro que el primer sistema debe siempre existir para determinar los criterios generales del ordenamiento nacional.
5.-EL SISTEMA FEDERAL DE CONTRIBUCIONES Y LOS TRATADOS EN MATERIA FISCAL
Las cuestiones fiscales en la tradición de nuestra cultura jurídica occidental son reguladas por las constituciones nacionales de los Estados con una sistemática pública uniforme.

Es por ello que en 1934 se promovieron reformas al artículo 133 constitucional para dejar claramente precisada la supremacía constitucional ante los tratados que México celebre, mismos que deberán estar acordes con nuestra Constitución.
Nuestro sistema jurídico constitucional sigue entonces la tesis monista del derecho internacional, en tanto que una de sus principales fuentes normativas que lo es el tratado, se encuentra supeditado a los mandatos del derecho interno.
De otra parte tenemos que el principio de legalidad rige toda la materia contributiva y le imprime a las relaciones entre el fisco y los contribuyentes el sello de seguridad jurídica.
Dicho principio exige, por tanto, que en el proceso de formación de los tratados o convenciones fiscales internacionales se le dé debido cumplimiento, al grado de que las diferentes fases de dicho proceso cuenten con la debida publicidad.
La armonización concertada, al fijar un deslinde de campos de imposición, generalmente decide sobre el reparto de la recaudación correspondiente entre los Estados contratantes, lo cual parece exigir el examen y resolución por el órgano legislativo interno que por esencia decreta el establecimiento o supresión de los impuestos, esto es el Congreso.
En el proceso de formación de los tratados tienen importantes participaciones los poderes públicos del Estado signatario y para que tenga fuerza obligatoria suele estar revestido de otras formalidades trascendentes de conformidad con el derecho constitucional interno.
El sistema existente en la mayoría de los países consiste en que el tratado o convención una vez concluido en el ámbito interno tiene el rango de una ley. Este es el caso de México que como hemos visto, una vez ratificado por el Senado asume ese carácter. Formalmente eso es cierto.
No obstante, en atención a la materia involucrada y a las formalidades y rigurosidad del principio de legalidad, parecería conveniente que el órgano legislativo promulgara una Ley específica a efecto de consolidar el sistema, tomando en cuenta los efectos presupuestarios evidentes que tiene la decisión implicada en el tratado.
Conviene advertir que las prácticas legislativas en materia de aprobación de los tratados se van produciendo en todos los países a medida que las necesidades lo van exigiendo así.

En el caso de los Estados Unidos, por citar sólo el del país más relevante en el plano de las relaciones internacionales así como el que ha llevado la doctrina de la Constitución rígida y escrita a los más altos niveles; en dicho país, la práctica indica que la decisión parlamentaria implicada en la aprobación de un tratado de tales dimensiones y significados es adoptada por el Congreso y no sólo por el Senado.
Así tenemos que Charles Rousseau da cuenta de la resolución Summers-Schwabe de la Cámara de representantes, votada el 9 de mayo de 1945, que subordina la ratificación de los tratados a la aprobación del Congreso y con una mayoría absoluta de la propia Cámara.
Es por ello que la oportunidad es apropiada para examinar posibilidades de robustecer el procedimiento parlamentario en esta importante materia.
Este enfoque nos parece válido y razonable a fin de fortalecer la participación del Congreso de la Unión, así como de que las instituciones y los conceptos plasmados en un tratado o convención en esta materia quede debidamente consolidada.
Conviene recordar, para complementar esta misma idea, que al término de la segunda guerra mundial, México inició la etapa contemporánea de sus relaciones internacionales e inauguró también sus prácticas parlamentarias en materia de tratados y convenciones en materia financiera. Una de ellas muy importante fue la suscripción, ratificación y aprobación por el Senado de la República, del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
En aquella ocasión el Gobierno Federal consideró conveniente complementar la aprobación senatorial, presentando una iniciativa de ley ante el Congreso, tomando en cuenta que para llevar a cabo sus compromisos, México debía aplicar dicho convenio constitutivo en nuestro propio territorio e inclusive ante particulares que debían proporcionar cierta información de tipo económico. Adicionalmente se tuvo en consideración que de ambos organismos financieros internacionales, nuestro país podría recibir préstamos, mismos que en los términos constitucionales debían contar con la aprobación de ambas Cámaras. El Congreso aprobó entonces la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México del Convenio Constitutivo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Otro de los aspectos constitucionales de controversia es el relativo a la forma federal que tenga alguno de los Estados signatarios como es el caso de nuestro país.

En efecto, se opina que en estos supuestos, la capacidad del Estado contratante se encuentra limitada para celebrar un tratado cuando dicho Estado carece de facultades en materias que sólo corresponden a los Estados federados. Sería el caso de que en el tratado o convención se pretendiera conceder un beneficio con afectación de contribuciones propias o exclusivas de los Municipios.
En ese mismo orden de ideas, conviene tener presente que hay aún un extenso campo de examen para dilucidar las características y extensión del derecho de defensa de los particulares respecto de las disposiciones contenidas en estos tratados o convenciones cuando los afecten en sus derechos fundamentales.
Ya hemos visto que la reforma constitucional de 1988 hizo expresa mención de los tratados como materia de impugnación en amparo, cuando sus disposiciones vulneren o restrinjan una garantía individual.
Por ello se opina en la conveniencia de consolidar aún más los procedimientos parlamentarios en la formulación de estos tratados.

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