Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico






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1. Concepto de medida de seguridad: fundamento , esencia y fines
En España y en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno se sigue un sistema de doble vía en la lucha contra el delito, al lado de la pena surge la medida de seguridad como otra consecuencia del delito y orientado fundamentalmente a la prevención especial, se trata de una medida que trata de prevenir delitos en situaciones en las cuáles la pena es un instrumento eficaz o éticamente aceptable. Históricamente las medidas de seguridad en nuestro derecho aparecían recogidas en leyes, “Ley de vagos y maleantes”, “Ley de peligrosidad y rehabilitación social”, derogadas por el código penal. Las medidas de seguridad están reguladas en el título preliminar del código penal artículo 1 al 3, artículo 6 y todo el título IV del libro I, artículos 95 y siguientes.
Concepto, las medidas de seguridad son medidas jurídicas orientadas a la prevención especial que entrañan una privación o restricción de bienes jurídicos establecidos en la ley penal e impuestos por el órgano jurisdiccional competente, a quién ha cometido un hecho previsto como delito y presenta un pronóstico de peligrosidad criminal futura.
Fundamento, la pena se basa en la culpabilidad, frente a ello las medidas se fundan en la peligrosidad criminal del autor, puesta de relieve en la previa comisión de un hecho constitutivo de delito. En nuestro derecho sólo se aplican a personas inimputables, como el loco, el que actúa bajo drogas o personas semiimputables (enajenación mental parcial).
Fines que persiguen las medidas de seguridad, existe acuerdo de que su fin es la prevención especial, dentro de ésta la mayor parte tienen una finalidad preventivo especial positiva, así las medidas resocializadoras del tratamiento de inimputables. Estas medidad tiene prioridad respecto de las preventivo especial negativas, se trata de medidas inocuizadoras, expulsión del territorio nacional.
Garantías en la aplicación de las medidas,
1. Se les aplican el principio de legalidad en el artículo 1.2, las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley. Garantía criminal, garantía en la fijación de las medidas, las medidas deben estar previstas en la ley antes de la perpetración del hecho.
2. Principio de proporcionalidad, entre hecho y medida el último dato que debería tenerse en cuenta es el de la peligrosidad futura del autor y no el hecho cometido, esto es así en cuanto al límite mínimo, no se imponen medidas si no hay peligrosidad y sólo duraran las medidas mientras dure la peligrosidad, artículo 6.2, las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Por razones de garantía se establece un límite máximo a las medidas que no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstracta aplicable al hecho cometido. En esta misma medida de seguridad, funciona el artículo 95.2, cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 105. Las medidas no podrán se nunca privativas de libertad si la pena aplicable al delito no fuere a su vez privativa de libertad.
3. Principio de peligrosidad, que debe estar contrastado por la previa comisión de un hecho previsto como delito.
2. Presupuestos de imposición de las medidas de seguridad: la peligrosidad criminal

95, las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este código, siempre que concurran estas circunstancias:

1ª que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.

2ª que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.

97, durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador podrá, mediante un procedimiento contradictorio, previa propuesta del juez de vigilancia penitenciaria, a, decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto.

Las medidas de seguridad sólo se imponen si el sujeto es peligroso y sólo mientras dure la peligrosidad (entraña un pronóstico de comportamiento futuro que revela la probabilidad de comisión de nuevos delitos deducido del hecho cometido por un lado y de las circunstancias personales del autor por otro. Se habla de peligrosidad criminal no de peligrosidad social.
Comisión de un hecho previsto como delito, 6.1, las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
95. 2. cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 105.
Este requisito no debe interpretarse como si la medida fuera una respuesta al hecho cometido (como es el caso de la pena) sino más bien como un indicador cualificado de peligrosidad criminal exigido por razones de garantía. Con esta exigencia han quedado descartados de nuestro derecho, las medidas de seguridad pre- delictivas (medidas de seguridad anteriores al delito).
Ausencia de culpabilidad o presencia de culpabilidad disminuida, las medidas de seguridad se aplican sólo a personas inimputables del artículo 20. están exentos de responsabilidad criminal:
1º el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.
2º están exentos de responsabilidad criminal: el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de desintoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho conforme a esa comprensión.
3º el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
O a personas semi inimputables del artículo 21.1, son circunstancias atenuantes: las causas expresadas en el artículo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos, en relación con los 3 anteriores eximente incompleta. Se aplica por tanto a situaciones en que la pena es inútil o ilegítima, así en las situaciones de inimputabilidad o bien situaciones en que la medida resulta más adecuada que la pena, así en las situaciones de semi imputabilidad.
3. Clases de medidas de seguridad
- positivas o resocializadoras.

-. negativas o inocuizadoras.
-. privativas:
- internamiento en un centro psiquiátrico aplicado al artículo 20.1, el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.
- internamiento en un centro de deshabituación, 20.2, están exentos de responsabilidad criminal: el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de desintoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscada con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho conforme a esa comprensión.
-. Internamiento en un centro educativo especial, 20.3, el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

-. no privativas, artículo 96.3, son medidas no privativas de libertad: 1ª la prohibición de estancia y residencia en determinados lugares. 2ª la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. 3ª la privación de licencia o del permiso de armas. 4ª la inhabilitación profesional. 5ª la expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes legalmente en España, 6ª las demás previstas en el artículo 105 de este código.
105, en los casos previstos en los artículos 101 a 104, el Juez o Tribunal podrá acordar razonadamente, desde un principio o durante la ejecución de la sentencia, la imposición de la observancia de una o varias de las siguientes medidas:
1. Por un tiempo no superior a cinco años:
a. sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio- sanitario.

b. obligación de residir en un lugar determinado.

c. prohibición de residir en el lugar o territorio que designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.

d. prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de bebidas alcohólicas.

e. custodia familiar. El sometido a ésta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

f. sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares.

g. prohibición de aproximarse a la víctima, o aquellos de sus familiares que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos.
2. Por un tiempo de hasta 10 años:
a. privación de la licencia o del permiso de armas.

b. la privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

El juez de vigilancia penitenciaria o los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior o de la Administración Autonómica informarán al Juez o tribunal sentenciador sobre el cumplimiento de estas medidas.

Relaciones entre pena y medida de seguridad, cómo tratar aquellos casos que son susceptibles de aplicación paralela de penas y medidas de seguridad, en el caso de semi imputables se les puede aplicar tanto una pena (han cometido el hecho con cierto grado de culpabilidad) aunque eso si la pena será atenuada. También se les puede aplicar una medida de seguridad, de los 3 sistemas habituales (monista, vicarista,...) nuestro sistema se inclina por un sistema vicarial, cuando se aplican penas y medidas tiene preeminencia la medida que se aplica antes que la pena en caso de concurrencia. Transcurrido el tiempo de cumplimiento de la medida, este plazo se abona (se descuenta) del tiempo de cumplimiento de la pena, sin embargo, puede suspenderse la ejecución del resto de la pena por un plazo no superior a su duración o bien sustituirse la pena por medidas no privativas de libertad del artículo 105, si con la ejecución de la pena se pusieron en peligro los efectos resocializadores conseguidos a través de la medida.

4. Consecuencias accesorias del delito
Se trata de consecuencias jurídicas del delito pero que no se engloban dentro de las penas ni de medidas de seguridad, el código penal contempla 2 en los artículos 127 a 129.
Comiso, 127, toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los instrumentos con que se haya ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.
128, cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde la proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el juez o tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.
El decomiso, afecta incluso a los bienes que sean propiedad de un tercero salvo que éste sea de buena fe (y no haya cometido delito) y que los haya adquirido legalmente, las excepción la introduce el artículo 128, porque el decomiso en el código no es una pena sino una medida. Los bienes decomisados si son de lícito comercio se aplican a cubrir las responsabilidades civiles. Si no es de lícito comercio o bien se destruyen o bien se da la finalidad que reglamentariamente se asigne.
Consecuencias aplicables a personas jurídicas y empresas, las medidas están contenidas en el artículo 129, el Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:
a) clausura de la empresa, sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.
b) disolución de la sociedad, asociación o fundación.
c) suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) prohibición de realizar en el fututo actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.
e) la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.
2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el juez instructor durante la tramitación de la causa.
3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.
En nuestro ordenamiento rige el principio de que las sociedades no pueden delinquir, con lo que no se les puede imponer ni penas ni medidas de seguridad, ahora bien ciertas personas físicas y sociedades favorecen la comisión de delitos por parte de sus miembros o terceras personas. Para prevenir esta peligrosidad el código penal establece una serie de medidas orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.
LECCIÓN 14. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Las causas de la extinción de la responsabilidad penal se recogen en el artículo 130 del código penal que hace referencia tanto a las penas como a las medidas de seguridad, la responsabilidad penal se extingue:
1º Por la muerte del reo.
2º Por el cumplimiento de la condena.
3º Por el indulto.
4º Por el perdón del ofendido, cuando la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya iniciado la ejecución de la pena impuesta. A tal efecto, declarada la firmeza de la sentencia, el juez o tribunal sentenciador oirá al ofendido por el delito antes de ordenar la ejecución de la pena.

En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el ministerio fiscal podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del ministerio fiscal, o el cumplimiento de la condena. Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz.
5º Por la prescripción del delito.
6º Por la prescripción de la pena.
Este artículo establece que la responsabilidad se extingue;
- por la muerte del reo, consecuencia de ello es el principio de personalidad de la responsabilidad civil, la muerte no afecta a la responsabilidad civil que se trasmite a los herederos como pasivo de la herencia.
- por el cumplimiento de la condena, esta causa es distinta a las demás por su naturaleza, no es que por razones político- criminales desaparezca la responsabilidad

que de otra forma existiría, aquí el cumplimiento de la condena satisface la responsabilidad.
- indulto junto con la amnistía es una manifestación del criterio de gracia, el derecho de gracia supone la renuncia al ejercicio del ius puniendi acordada normalmente por el poder ejecutivo, a veces también por el legislativo. El indulto es la remisión total o parcial de la pena impuesta en la sentencia, pero manteniéndose otros efectos como los antecedentes penales, se indultan siempre penas impuestas por sentencias firmes. La amnistía, tiene efectos más amplios ya que equivale prácticamente a la desaparición o al olvido del delito, prácticamente es como si el delito desapareciera, como si nunca se hubiera producido. Hace desaparecer antecedentes penales y ni siquiera requiere que se haya dictado una sentencia condenatoria, amnistía para todos los procedimientos iniciados en relación con el delito.
Las fuentes se regulan tanto en la constitución (62, 102.3) y también en lo que se refiere al indulto, en la ley para el ejercicio de la gracia del indulto de 1870, al ser tan antigua plantea problemas al aplicarla a casos actuales, como sucedió con el caso de Gómez de Liaño.
Artículo 62, corresponde al rey, i, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales, según este artículo corresponde al rey ejercer el derecho de gracia, habla de indultos generales pero deja abierta la posibilidad de indultos particulares y no dice nada de la amnistía, así que la doctrina entiende que la amnistía no es contraria a la constitución pero tiene que ser regulad por otras vías. El código penal solo hace referencia al indulto, clases de indultos:
- por sus extensión, tenemos indultos totales (afectan a toda la pena), parcial (abarca parte de la pena).

- individual, concedido a una persona pos sus circunstancias concretas.

- colectivo, prohibido a nivel constitucional.
Requisitos:


    1. Tiene que haber habido una sentencia condenatoria.

    2. Que el condenado no se encuentre en rebeldía.

    3. Que no sea reincidente (salvo excepciones)

    4. Que estén presentes las razones ce justicia o de oportunidad que aconsejen la concesión de gracia.


Razones: existe discrepancia doctrinal debido al silencio de la ley, no debe entenderse como un acto arbitrario del poder ejecutivo. En ¿qué situaciones podría ser razonable el indulto? Estas cuestiones están poco trabajadas, pero en general en caso de errores judiciales no subsanables por los procedimientos legales ordinarios, no subsanables por un sistema de recursos. Existen necesidades preventivo especiales de reinserción social no satisfechas con las instituciones penales que prevé el código penal o las leyes penitenciarias (no satisfechas con una sustitución de la pena). También en aquellos casos de dilaciones indebidas en el procedimiento, no achacables al condenado (una persona que comete un delito hace 12 años y se le juzga en la actualidad, cuando ya está casado y resocializado). Perdón del ofendido, solo extingue la responsabilidad penal cuando la ley expresamente lo prevea y esto sólo se da en algunos delitos persegibles a instancia de parte, por ejemplo es el caso de descubrimiento y revelación de secretos 201.3, delitos contra el honor 215.3, daños en las cosas de más de 10 millones de pesetas cometidos por imprudencia grave 267, faltas persegibles a instancia de parte, otros delitos que sólo son persegibles a instancia de parte en los que el perdón no extingue la responsabilidad penal, son delitos contra la libertad sexual, delitos de reproducción asistida sin consentimiento, delitos de responsabilidad intelectual, para evitar en estos casos chantajes a las víctimas.
Requisitos para que el perdón sea eficaz:


  1. Sólo es valido si se entrega de manera expresa.

  2. Debe otorgarse antes del comienzo de la pena por ello en aquellos delitos en los que tenga extinción, después de dictarse sentencia, el juez pregunta al ofendido.

  3. Tiene que ser otorgado por el ofendido o bien por sus representante legal en caso de menores o incapacitado, en este caso el perdón puede ser rechazado por el juez o tribunal, una vez oído al ministerio fiscal y al representante.


Cuando son varias las personas responsables del hecho puede afectar el perdón a unos pero no a otros, el perdón concedido a uno no tiene porque afectar a todos los responsables.
Prescripción, prescriben tanto el delito como la pena y la medida de seguridad, la prescripción del delito se recoge en el artículo 131 del código penal, los delitos prescriben:
A los veinte a los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de seis años y menos de diez, o prisión por más de cinco y menos de diez años.
A los 5 años, los restantes delitos graves.
A los tres, los delitos menos graves.
Los delitos de calumnia e injuria prescriben al año.
2. Las faltas prescriben a los seis meses.
3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
4. El delito de genocidio no prescribirá en ningún caso.
La prescripción hace referencia a la posibilidad legal de enjuiciar hechos presuntamente delictivos debido al transcurso de un plazo de tiempo fijado en la ley desde que se cometió el delito. Responde a diferente ideas, por un lado responde a la idea de seguridad jurídica, por otro también el paso del tiempo modifica las relaciones sociales y ello hace que la prescripción tenga efecto. Se discute si la pena tiene naturaleza jurídica, penal o procesal. Los plazos para la prescripción se regulan en el artículo 131.
Expresamente el código penal entiende que dentro del marco de pena asignado al delito para la prescripción habrá que estar al límite de máximo. En segundo lugar no se precisa en la ley si hay que tener en cuenta el marco penal abstracto del delito en la parte especial o si hay que atender al marco penal concreto que resulta de la aplicación de las reglas ya estudiadas de grado de ejecución, grado de participación y atenuantes y agravantes. Existe argumento a favor de las dos tesis, el tribunal supremo se ha inclinado por atender el marco penal abstracto, en la sentencia de 7 de feb de 2001, una parte importante de la doctrina también atiende a este concepto, mientras que otra parte de la doctrina atiende al marco concreto.
El plazo de la prescripción conforme al código penal, se computa desde el día que se haya cometido la infracción, ahora bien en delitos de simple actividad o simple omisión de actividad empieza desde que se produce, pero en delitos de efecto retardado cuando se tiene en cuenta. Existe criterio de acción o criterio de resultado, que es este último el criterio defendido por la doctrina, hay que estar al momento del resultado. Delito continuado, el término se computa desde que se realizó la última infracción, si es un delito permanente se computa desde que se eliminó la situación ilícita, en caso de secuestro cuando se libera al secuestrado.
El código penal establece una disposición especial cuando se trate de delitos cometidos a menores de edad, el tiempo de la prescripción se computa desde que alcance la mayoría de edad o bien desde su fallecimiento si es que fallece antes.
Puede interrumpirse quedando sin efecto el tiempo ya transcurrido cuando el procedimiento se dirige contra el culpable y comienza a correr de nuevo cuando el procedimiento se paraliza o termina sin condena.
La prescripción de la pena es la imposibilidad legal de ejecutar la pena impuesta en la sentencia debido al transcurso de un plazo de tiempo fijado en la ley desde que se impuso la pena por sentencia firme si la pena no ha llegado a cumplirse (no ha empezado) o desde que se quebrantó la condena si es que ya había empezado a cumplirse la pena. Los plazos de prescripción son más largos en caso de que la pena esté impuesta, que en el delito.
Los plazos de prescripción se establecen en el artículo 133, las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
A los veinticinco años, las de prisión de quince o más años.
A los veinte, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más de diez y menos de quince.
A los quince, las de inhabilitación por más de seis y menos de diez años y las de prisión por más de cinco y menos de diez años.
A los diez, las restantes penas graves.
A los cinco, las penas menos graves.
Al año, las penas leves.
2. Las penas impuestas por delito de genocidio no prescribirán en ningún caso.
Con respecto al computo se discute si los plazos de prescripción se computan de la pena concreta impuesta en la sentencia o de la pena abstracta impuesta el delito en la parte especial. El tribunal supremo se ha inclinado por atender a la pena concreta impuesta en la sentencia. El tiempo de prescripción cuenta desde la fecha de la sentencia firma o desde el quebrantamiento de la condena si la pena se había empezado a cumplir.
La prescripción de la medida de seguridad, los plazos son más breves y más sencillos, y están recogido en el artículo 135,
1 las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco a los si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.
2. el tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de incumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
3. si el incumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta.
Cancelación de los antecedentes delictivos, se cancelan tanto las penas como las medidas de seguridad impuestas en las sentencias, se inscriben en el asiento correspondiente de penados del registro del ministerio de justicia que es la historia criminal del sujeto que le puede impedir ocupar cargos públicos. O si comete un delito se le pueden aplicar la agravante de reincidencia si figura en este registro. Pueden ser canceladas las inscripciones de la penas:
- si están satisfechas las responsabilidades civiles, salvo en caso de insolvencia declarada.
-. Es necesario que hayan transcurrido los plazos fijados por la ley: 6 meses para las leves, 2 años para penas de hasta 12 meses, 1 año para delitos imprudentes, 3 años para los restantes menos graves, 5 años para las penas graves.
Normalmente la cancelación se puede hacer a instancias del condenado o incluso de oficio por el ministerio de justicia pero si no se ha realizado el juez o tribunal ordenará la cancelación y no tendrá en cuenta los antecedentes. La cancelación de las medidas de seguridad se recoge en el artículo 137, las anotaciones de medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida, mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley. Se cancela una vez cumplida o prescrita a medida.

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