Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico






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B pero no todo homicidio es asesinato.




  1. Relación de interferencia, dos disposiciones tienen una zona común y a la vez cada una, una zona propia, a veces hay concurso de leyes y a veces hay concurso de delitos:

A B



Homicidio al jefe del estado y asesinato.



  1. Relación de identidad, todos los caso de A, son todos los casos de B y a la inversa. Es un concurso de leyes, alternatividad (se aplica la que sanciona con mayor peso).




  1. Relación de exclusión o heterogeneidad, ningún A pertenece B, ni a la inversa. Es un concurso de delitos porque captan cosas distintas, hay casos en los que se aplica concurso de leyes, no excluye a las demás.


A veces la solución del concurso de leyes es que sólo la alternatividad aparecía en el código penal derogado, el nuevo código penal recoge las 4, especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad, según el artículo 8 del código penal, los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas, 1. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 2. El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 3. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. 4. En defecto de criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, hay hechos que se pueden aplicar bajo distintas normas del código penal y no es concurso de delitos.
Especialidad, una disposición especial reúne todas las características, la ley general es la que añade especiales peculiaridades. Desde un punto de vista lógico, es de inclusión o subordinación, la ley especial aparece como subconjunto de la general, se aplica la ley especial y desplaza a la general, sino la ley especial sería una norma vacía, es la regla principal de un concurso de leyes, artículo 8.1, los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas, el precepto especial se aplicará con preferencia al general.
Subsidiariedad, una ley subsidiaria que sólo se aplica en defecto de otra ley, ley principal. Bien sea porque expresamente así se diga, subsidiariedad expresa, o porque tácitamente pueda deducirse del contenido de ambas leyes, subsidiariedad tácita, artículo 8.2, El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. El artículo 172.2, cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código, delito de coacciones, coacción agravada, subsidiario expresa de las coacciones agravadas respecto de otros preceptos relativos a delitos contra derechos fundamentales.
Consunción, cuando el contenido de desvalor de una norma, ley consumida se encuentra recogida en otra más amplia, o ley que consume. El concurso se resuelve a favor de esta última que desplaza a la consumida, artículo 8.3, El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. Por ejemplo, existe relación en las etapas del iter criminis, ejecución del delito, el delito consumado consume a la tentativa y ésta a los actos preparatorios. Actos anteriores o posteriores cooperados, actos que en si son punibles pero no se castigan independientemente cuando van unidos a otro hecho más grave.
Alternatividad, el artículo 8.4, En defecto de criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, hay más de una norma que agote perfectamente el desvalor de hecho, relación de identidad. Tampoco se aplica en casos que haya una seña común y no se pueden aplicar las dos leyes porque incurriría en bis in idem, se aplica el precepto que sanciones el hecho con mayor pena, en defecto de no aplicarse los tres anteriores.

LECCIÓN 5. VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY PENAL
Hay que analizar a qué hechos cometidos en qué momento del tiempo se aplica la ley penal, la ley se aplica a hechos cometidos en ciertos momentos de tiempo.
1. Promulgación, vigencia y derogación de la ley penal
La ley penal tiene un periodo de vida limitado en el tiempo, viene delimitado por la entrada en vigor y por la derogación de la ley, entre estos 2 momentos, sucede la vida de la ley, su vigencia temporal. Aparece regulado con carácter general en el artículo 2 del código civil, las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, sí en ellas no se dispone otra cosa, este artículo se interpola al ámbito penal, 20 días, salvo que en ellas se diga otra cosa:
APROBADA PUBLICACIÓN BOE ENTRADA EN VIGOR DEROGACIÓN







VIGENCIA




LA NORMA ADQUIERE CARÁCTER OBLIGATORIO, DESPLIEGA SUS EFECTOS. PERIODO DE VACATIO LEGIS, PUEDE SER MÁS O MENOS LARGO, EN PRINCIPIO, SALVO QUE SE DIGA LO CONTRARIO, 20 DÍAS. LAS LEYES PENALES A VECES TIENEN UN PERIODO DE VACATIO LEGIS MÁS LARGO. EL CÓDIGO PENAL DEL 95’ ENTRÓ EN VIGOR EN MARZO DEL 96’.
Una vez que entra en vigor, despliega sus fenómenos jurídicos, comienza entonces su periodo de vigencia que termina con su derogación o muerte de la ley. Las normas sólo se derogan por normas posteriores del mismo o de mayor rango. Existe derogación expresa o tácita, cuando una norma se opone en su contenido a otros . Las leyes penales se aplican sólo a los hechos cometidos bajo su periodo de vigencia. Ahora bien, en algunos casos se admite que una ley, también una ley penal pueda aplicarse a hechos cometidos antes de su entrada en vigor, hablamos en estos casos de retroactividad de la ley, artículo 2.3 del código civil, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, el principio general es que las leyes no son retroactivas salvo que dispongan lo contrario, en derecho penal existen ciertas particularidades.
2. Principio general de irretroactividad de la ley penal
La vigencia estricta del principio de legalidad en derecho penal, la exigencia de seguridad jurídica de nuestro derecho hace que rija el principio absoluto de irretroactividad de las leyes penales a menos en cuanto sean perjudiciales para el reo, esto es en cuanto crea una nueva figura de delito o se agrava la existente. No s suficiente con que el hecho esté descrito en ley penal, sino que tienen que ser también leyes previas a la existencia del delito. Este principio está recogido en el artículo 9.3, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el artículo 25.1 de la constitución, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
En el código penal se desarrolla este principio en los artículos 1, no será castigada ninguna acción ni omisión que no está prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley, y 2, no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad. No obstante tendrán efecto retroactivo aquellas penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
El artículo 9.3, hace referencia a la lex previa, se exige una ley previa para definir delitos y estados peligrosos, en el 25.1, exige una ley previa para las penas a imponer y para las medidas de seguridad.
La irretroactividad de la ley penal abarca o afecta a las disposiciones penales en sentido estricto, pero también a las normas penales que completan una ley penal en blanco. En este caso las normas no penales (administrativas) se convierten en normas penales por adscripción, al estar adscritas a una ley en blanco y estar afectadas de este principio de retroactividad. Se discute si la irretroactividad afecta también a las normas que perjudiquen al reo. En cuanto a los plazos de prescripción, decir que delitos y faltas prescriben no pudiendo ser perseguidos tras un periodo de tiempo.



DELITO X





LEY A PRESCIPCIÓN 5 AÑOS LEY B PRESCRIPCIÓN 10 AÑOS

La cuestión depende de cuál sería la naturaleza jurídica de la prescripción , si tienen naturaleza penal no se modifica el plazo, pero si tiene naturaleza procesal, si se modifican los plazos, adecuándose a los de la nueva ley. Existen dos casos:
- si el delito ya ha prescrito, no se le puede volver a imponer un plazo de prescripción, irretroactividad de la ley.
5 años 8 años 10 años

DELITO X




se detiene aquí



LEY A PRESCIPCIÓN 5 AÑOS LEY B PRESCRIPCIÓN 10

En este caso históricamente se ha aplicado irretroactividad en casos como éste.
En el código penal existe un delito que no prescribe nunca, el genocidio.
Este mandato de irretroactividad la absoluta, no tiene excepciones, no existe ninguna ley que agrave la responsabilidad penal o que cree responsabilidad penal allí donde ésta no existía porque se estaría violando un principio constitucional.

3. La retroactividad de la ley penal más benigna
Las razones de seguridad jurídica, de legalidad que justifican el carácter de retroactividad de la ley penal desfavorable desaparecen cuando la ley penal es más favorable al reo porque testifica una conducta que antes era punible, porque atenúa la pena. En estos casos, razones de justicia y de proporcionalidad aconsejan que la nueva ley que refleja una valoración jurídica diferente del hecho pasado la aplique también a éste , por tanto que la nueva ley tenga efectos retroactivos, es decir, se aplicará a hechos anteriores a su entrada en vigor. Este principio se recoge expresamente en nuestro código penal y además en términos muy generosos en el artículo 2.2, No obstante tendrán efecto retroactivo aquellas penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
Delito Enjuiciamiento









Ley A Ley B
+ Favorable
Delito Enjuiciamiento

Ley A Ley B

Se le revisa la sentencia y conforme a la ley b, se le reduce la pena o se le libera si ya ha cumplido. La retroactividad se aplica también a la cosa juzgada e incluso a la cancelación de antecedentes penales, de la persona enjuiciada.

LECCIÓN 6. VIGENCIA ESPACIAL DE LA LEY PENAL
Cuál es la vigencia en el espacio de la ley penal española, en que lugar se aplica, los principios que rigen la aplicación especial de la ley penal se recogen en el artículo 23 de la ley orgánica del poder judicial, principalmente está el principio de territorialidad recogido en el artículo 23.1, existen excepciones a este artículo como son el principio

de ultraterritorialidad, manifestado en el principio de personalidad del artículo 23.2, en el principio real o de protección de intereses del artículo 23.3 y el principio de justicia penal universal o justicia penal mundial del artículo 23.4.


  1. Principio de territorialidad, conforme a este principio la ley penal española es aplicable a todos los hechos delictivos conformes a la ley que se cometan en el territorio nacional independientemente de quién lo cometa, ya sea español o extranjero, es el principio básico de nuestro derecho. Se recoge en el artículo 23.1 de la ley orgánica del poder judicial, que dice en el orden penal corresponderá a la jurisprudencia española los delitos cometidos en el territorio español, al respecto de esto cabe matizar varias cuestiones, en primer lugar que se entiende por territorio español, es un concepto jurídico (no el concepto geográfico de territorio), aquel espacio en que el estado español ejerce su soberanía. En segundo lugar, hay que matizar el concepto de espacio, dentro de espacio se incluye, el territorio continental peninsular incluyendo aguas interiores (lagos, ríos); territorio insular Baleares, Canarias, islas pequeñas como las islas chafarinas. Mar territorial, es el espacio marítimo, que son 12 millas náuticas (22 km y 300m), medidas a partir de la línea de bajamar. Espacio aéreo, columna de aire situada encima del mar territorial y del territorio continental insular español. La ley de navegación aérea, en su artículo 1, el espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía del Estado Español. Existe un límite para el espacio denominado ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional establecido en la Convención de Naciones Unidas. Existen una serie de status, sobre los que se plantean problemas, como son por ejemplo las embajadas, las embajadas son territorio del país en el que están ubicadas, de acuerdo a tratados internacionales, existen ciertas inmunidades frente a las embajadas y al personal de las mismas.


El artículo 23.1 de dicha ley, extiende esta aplicación del derecho penal a delitos cometidos sobre buques o aeronaves de bandera española, por ejemplo militares o del gobierno. Se entiende que rigen para ellos el criterio de territorialidad, son patrimonio nacional. Los buques y aeronaves extranjeros en principio le son aplicables la ley penal española, sin embargo esta aplicación se ve limitada por acuerdos internacionales de los que se derivan que se regirán por la ley penal de la bandera de la que procedan salvo que existan intereses españoles. Lo mismo sucede con las bases militares de EEUU en España. Hay ocasiones en las que la ley penal española se aplica también a circunstancias ocurridas fuera del territorio español.


  1. Lugar de Comisión del delito, determina dónde se considera cometido el delito a efectos de la vigencia espacial, cuando la acción y el resultado delictivo tienen lugar en espacios distintos, por ejemplo, la acción se realiza en España pero el resultado se produce en Francia y viceversa. Esto tiene su importancia porque determina la ley que es aplicable, se barajan tres teorías para la determinación del lugar de comisión:




  • Teoría de la actividad, el delito se considera cometido en el lugar dónde se realiza la acción.

  • Teoría del resultado, el delito se considera cometido haya donde se produzcan los efectos lesivos de la acción, donde se produzca el resultado.




  • Teoría de la ubicuidad, el delito se considera cometido tanto en el lugar en el que se realiza la acción como donde se produce el resultado.


El código penal guarda silencio sobre esta cuestión, esta última teoría es la preferida por la doctrina española porque con ello se evita que se puedan producir impunidades ciando son dos los países implicados o se acogan a criterios diferentes para determinar el lugar de comisión, por ejemplo, que uno acoga la teoría del resultado y el otro el de actividad.



  1. Principios de Ultraterritorialidad, la ley penal española puede aplicarse ha hechos cometidos fuera de España, estas situaciones vienen marcadas por el principio de personalidad real o protección y justicia penal universal. Principio de personalidad, recogido en el artículo 23.2, y dice que puede aplicarse la ley penal española a hechos cometidos fuera de España, por españoles o por extranjeros que adquieran después la nacionalidad española, siempre que se cumplan una serie de requisitos, este artículo reconoce el principio de personalidad activa, además existe el principio de personalidad pasiva que en la actualidad no está vigente en España, aunque sí en otros países. También se extiende la ley penal española a delitos cometidos contra nacionales españoles en aquel país en el que se cometa el delito. En España no existe ya este principio y plantea problemas como por ejemplo, los casos de personas extranjeras (musulmanas) que practican la ablación del clítoris de sus hijos nacidos en España, y se los llevan a sus países de origen que si está permitido, los requisitos a los que aludíamos antes, son los siguientes:


- que el hecho sea punible también en el lugar de ejecución, modernamente en el año 2000 se ha introducido una modificación si existe alguna norma o acuerdo internacional, en virtud de lo cual no resulte necesario este requisito.
Principio real o de protección, artículo 23.2 de la ley orgánica del poder judicial, la ley penal española se puede aplicar a hechos cometidos fuera de España tanto si lo comete un español como un extranjero, siempre que se trate de ciertos delitos recogidos en este articulo y que afecten a intereses del estado español. Estos delitos, son: Traición de secretos de estado, Titular de corona, Rebelión, Falsificación de firmas reales, Falsificación de moneda española. Aparece también como requisito que el delincuente no haya sido penado en otro país.


  1. Principio de justicia penal universal o penal mundial, artículo 23.4 ley orgánica del poder judicial, hasta hace poco tiempo, tiene poca relevancia pero que actualmente adquiere gran importancia (caso Pinochet). La ley penal española puede aplicarse a hechos cometidos fuera de España, da igual quién los cometa y aunque no afecte a intereses concretos del estado español siempre que afecte a intereses de comunidad internacional, presenta dos características que pueden no darse juntas: - afectar a la humanidad (todos los estados tienen intereses verdaderos, por ejemplo, genocidio); - su comisión tiene una dimensión internacional, por ejemplo el tráfico de blancas. Actualmente suele aparecer en convenios internacionales que obligan a legislar en esta materia. Delitos: Genocidio, Terrorismo, Piratería y Adquisición ilícita de Aeronaves, Falsificación de monedas, Prostitución, Trata de blancas, Tráfico ilegal de drogas y estupefacientes, y en general cualquier otro que, según los tratados internacionales, deben ser perseguidos. Se exige como requisito que el hecho no haya sido condenado en otro país. Problemas de este principio en su aplicación es la falta de un organismo internacional con competencias para regular esto, Tribunal Penal Internacional, a partir del 1 de Julio entra en vigor la corte del tribunal penal internacional, se pone de relieve a lo largo de la historia que cada país extiende su competencia en los crímenes de otros, realmente imposible. Se destaca la necesidad de establecer un tribunal capaz de juzgar este tipo de hechos. Después de la II Guerra Mundial, se crearon los tribunales de Tokio y Nurembers para juzgar a altos miembros nazis y japoneses, surge como consecuencia del pago de los países vencidos a los vencedores, con toda ilegitimidad. Modernamente se han creado dos tribunales para juzgar en lugares donde se han producido los mayores crímenes bélicos: Yugoslavia (1993) y Ruanda. Esto se incorporó a la ley española por una L.O. de 1994, de nuevo nos encontramos con tribunales de alcance limitado, es algo bueno pero parcial. En 1998 se celebró en Roma una Conferencia Diplomática en la que aparecen representados 160 países junto con ONG'S, asociaciones, de esta conferencia surgió la Corte Internacional Penal, vinculada a la ONU, independientemente aprobado por 120 estados, 21 abstenciones, 7 en contra (EEUU, India, Filipinas, Israel, Turquía y Srilanka). Para que este tribunal se pusiera en funcionamiento se necesitaban 60 firmas de Estados, actualmente tienen 66, entrará en vigor el 1 de Julio de 2002 (España lo firmó en el año 200). La competencia del tribunal se dirige a los nacionales de los países firmantes o en territorio de países firmantes, por razón de las personas, el tribunal sólo es competente para juzgar a personas físicas mayores de 18 años; por razón de materia se limita a 4 crímenes internacionales: genocidio (artículo 6 del estatuto); lesa humanidad (artículo 7 estatuto); crímenes de guerra (artículo 8 estatuto) y crímenes de agresión (artículo 9). Además de estos 4 delitos tienen competencia sobre los delitos contra la administración de justicia del propio tribunal. Competencia temporal, es irretroactivo y además de los delitos anteriormente citados, ninguno prescriben. Se recogen una serie de principios que coinciden con los principios de España, Ilegalidad, Proporcionalidad, Culpabilidad (Inimputabilidad, Inexigibilidad). Las penas mayores son de 30 años admitiéndose la reclusión perpetua atendiendo a las características del sujeto y del acto (También recoge la pena y el decomiso). La extradición, es un procedimiento internacional de ayuda entre Estados en materia de derecho penal y consiste en la entrega entre Estados de un acusado o condenado que buscó refugio en uno de ellos (estado requerido) para ser juzgado o ejecutada la condena en el otro estado (estado requeriente), no consiste en una mera expulsión sino que es una entrega formal entre estados. El fundamento de esta figura es la de lograr una ayuda entre estados evitando una impunidad de quienes hayan cometido delitos. Existen varias clases de extradición, atendiendo al papel del estado, puede ser activa (el estado requiere a otro para que le entregue a otro una persona) o pasiva (el estado es requerido por otro para entregar a una persona); atendiendo a la competencia para solicitarla y concederla, tenemos que la extradición puede ser judicial, solicitada por los tribunales de justicia, gubernativas, solicitada por los gobiernos y mixta, ambas, es la mayoritaria en los Estados. El tercer tipo de clasificación se haría atendiendo a si es Ordinaria, si se trata de una Re extradición, el estado A reclama al Estado B la entrega de una persona y pasa por el estado C, también podemos hablar de extradición en tránsito cuando se trata de un tránsito en vuelo y no hay ninguna parada en el tercer estado, se permite que no sea formal. Fuentes de la extradición, artículo 13.3, la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo, CE, atendiendo al principio de reciprocidad. Extradición activa, LECR, Extradición pasiva, Ley de extradición pasiva de 21.03.85. En estos tipos es necesario el acuerdo de tratados entre estados. Restricciones a la extradición, por razón de los sujetos; ni a los españoles ni extranjeros nacionalizados salvo que se admita en algún tratado y en la adquisición de nacionalidad cuando existe fraude, personas asiladas, menores de 18 años con residencia habitual en España. Por razón de competencia de los tribunales, hechos de los que sean competentes los tribunales españoles, según el artículo 3.1; el tribunal que haya de juzgar en el otro país, sea un tribunal de excepción. Por naturaleza del delito, por delitos políticos, no serán políticos, terrorismo, genocidio, contra la vida del jefe de estado, por delitos militares, por delitos cometidos a través de los medios de comunicación en el ejercicio de libertad de expresión, delitos persegibles a instancia de parte (salvo los sexuales). Por razón de naturaleza de la pena, con pena de muerte y en condiciones crueles (garantía por parte del estado de que habrá una conmutación de la pena de muerte por otro tipo de pena). Por razón de la escasa gravedad del hecho, artículo 2.1, si es escasa para juzgar, delito con pena prevista mayor de un año, si es para ejecutar una pena ya impuesta debe ser una pena mayor a 4 meses. Si se solicita la extradición por varios hechos de diferente valor, se concede por todos. Extradición fraudulenta, no se concede la extradición, cuando ésta esté bajo sospecha razonable de que en realidad esconde una extradición fraudulenta.


LECCIÓN 7. LA LEY PENAL Y LAS PERSONAS
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