Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico






descargar 334.05 Kb.
títuloLección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico
página1/8
fecha de publicación30.05.2015
tamaño334.05 Kb.
tipoLección
ley.exam-10.com > Derecho > Lección
  1   2   3   4   5   6   7   8

Derecho Penal: Parte General I: Introducción y Consecuencias Jurídicas del Delito

I.- CONCEPTO DE DERECHO PENAL Y TEORÍA DE LA LEY PENAL

LECCIÓN 1. EL DERECHO PENAL Y SU POSICIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

1.I. Concepto, contenido y función del derecho penal
El derecho penal se ocupa de los delitos y sus consecuencias jurídicas, es decir, de las penas y medidas de seguridad. El derecho penal en sentido objetivo es el conjunto de normas primarias, de comportamiento que define el delito y secundarias, sanciones que regulan una sociedad. En el derecho penal en sentido subjetivo, el concepto de derecho tiene diferente significado, se entiende como derecho a penar, Ius Puniendi, o derecho a penar, a castigar, sería el derecho o facultad para dictar normas penales creando delitos e imponiendo penas y medidas de seguridad, el Ius Puniendi, en nuestro ordenamiento jurídico corresponde en exclusiva al estado, concretamente a las cortes generales, en este sentido constituye un principio de reserva estricto. Existen una serie de límites al Ius Puniendi, tradicionalmente el I.P. era ilimitado, en la actualidad existen límites que garantizan al ciudadano protección frente al poder del estado para castigar, la finalidad de estos límites por tanto es asegurar, garantizar los derechos individuales de la persona frente al poder del estado. Estos límites surgen en la época de la ilustración.
El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del estado que a determinadas conductas activas y omisivas previstas como delito asocia penas o medidas de seguridad. No se debe confundir Derecho Penal, con la llamada Ciencia del Derecho Penal, la ciencia tiene las normas penales como objeto de estudio, ciencia del derecho penal, se reserva para la denominada dogmática jurídico penal, que sería la ciencia que se ocupa del conocimiento y sistematización racional de las normas penales. Las normas penales, tienen carácter histórico, es decir, son mudables, van cambiado con el tiempo, se adaptan a la realidad social, dicha adaptación obliga a un continuo trabajo de evaluación y crítica de las normas vigentes para analizar si se ajustan a las normas sociales y para hacer propuestas de derogación o creación de nuevas normas penales. Este aspecto es recogido por la política criminal, que es el sector de la política encargado de hacer frente a la delincuencia a través de las normas penales, malos tratos, fraudes a través de Internet, aborto. La política criminal aparece como un complemento imprescindible de la dogmática jurídico penal. Dentro del derecho penal moderno destacan en esta línea los trabajos de Claus Roxin, destacó la necesidad de ensamblarla dogmática jurídico penal y la política criminal. La Criminología, es la ciencia empírica, fáctica que estudia el delito en cuanto a fenómeno natural y social frente a la dogmática jurídica penal y a la política criminal que se basan en el estudio de normas. García Pablos, la define como ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen , del delincuente y de la víctima y del control social del comportamiento desviado, ciencia interdisciplinar porque utiliza métodos de ciencias naturales y sociales. La relación entre derecho penal y criminología es una relación de mutua dependencia, la criminología toma como referencia los delitos descritos en las normas penales, mientras que la ciencia del derecho penal debe remitirse a los datos ofrecidos por la criminología.
A veces, se habla de estructura tridimensional del derecho, de esta forma podemos hablar del derecho penal como norma del que se ocupa la dogmática jurídico penal, podemos hablar también del derecho penal como valor del que se ocupa la política criminal y por ultimo tenemos el derecho penal como hecho, estudiado por la criminología.
La Criminalística, es la ciencia que se estudia en las escuelas de policía y hace referencia a las técnicas para descubrir al delito y al delincuente, entre estas técnicas están, la dactiloscopia, el análisis genético, el análisis fibra, el análisis de los restos.
Otra disciplina relacionada con el derecho penal es la Medicina Legal o Forense, son los conocimientos médicos que sirven para la administración de la justicia penal. Su objetivo es el examen de las agresiones punibles producidas sobre el cuerpo humano, agresiones físicas o psíquicas, esta disciplina está a cargo de peritos forenses.

Función del Derecho Penal, es la misma que la función general del derecho, se trata de permitir o mantener una determinada estructura social de forma pacífica. El contenido específico del derecho penal, radica en que este es un derecho sancionador cuya finalidad específica es la de proteger los bienes jurídicos fundamentales frente a los ataques más intolerables. Esta expresión es la que se conoce como carácter fragmentario del derecho penal, sólo respetando ese carácter fragmentario se puede justificar la imposición de penas y medidas de seguridad que son las medidas privativas o gravosas de los derechos de la persona que conoce el ordenamiento jurídico.
II. Posición del Derecho Penal en el Ordenamiento Jurídico
II.1. El derecho penal como rama del Derecho Público
No regula por tanto las relaciones entre particulares, entre ciudadanos sino que hace referencia al ejercicio del poder del estado. Aparece el estado como titular del Ius Puniendi y por otro lado aparece el ciudadano como persona sometida a las leyes impuestas por el estado. Por ser derecho público el único titular del Ius Puniendi es el estado, por eso también se ocupa de las relaciones entre el estado y delincuente, no entre delincuente y víctima. Actualmente se le da una mayor importancia a la víctima, surgiendo así la victimo -dogmática o dogmática de la víctima.
Por otro lado el derecho penal atiende también al interés de la sociedad y no a los intereses particulares y busca el mantenimiento de la paz social protegiendo los bienes jurídicos fundamentales, sólo secundariamente busca la protección de la víctima.
Otra característica del derecho penal sería la aparición en el proceso penal del ministerio fiscal como parte acusadora, independientemente de la existencia de la acusación particular, abogados de la víctima.
En otro aspecto debemos recalcar como característica la indiferencia de la víctima en relación con la denuncia, persecución y condena de los delitos. En derecho penal existe un acción popular con independencia de que haya renuncia o querella por parte de la víctima o sus familiares, los órganos de la justicia penal tienen la obligación de perseguir de oficio los delitos a los que sea aplicable la ley penal española. Cualquier persona puede iniciar una acción penal por cualquier delito aunque no tenga interés o no haya intervenido, la acción penal es pública.
El perdón de la víctima o de sus familiares no extingue la responsabilidad penal, existe una excepción a esta norma y es la de los delitos perseguibles a instancia de parte ( delitos privados o semipúblicos), existen una serie de delitos cuya persecución sólo puede emprenderse cuando la víctima o quién la ley determine decida denunciar o querellarse por ese hecho. En nuestro derecho existen derechos que son susceptibles de esta figura, el honor, artículo 215, nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Bastará la denuncia cuando la ofensa se dirija contra el funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. Injurias y calumnia, secretos intimidad e imagen, artículo 201, para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podré denunciar el ministerio fiscal. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión al delito afecte a los interese generales o a una pluralidad de personas. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal o la pena impuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4º del artículo 130.
Delitos sexuales, 191, para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. Sólo son perseguibles a instancia de parte, porque es la propia persona la que debe decidir los hechos o los actos que vulneran su honor, su intimidad porque para lo que una puede significar vulneración de estos derechos, puede no serlo para otra además de esto existe otra causa que en este caso se configura como la más importante y es que la persecución de estos delitos favorece su publicidad y esta publicidad puede ser más dañosa para el afectado que el daño ocasionado por el propio delito.
El código penal, señala en su artículo 267, los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a diez millones de pesetas, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida. En estos casos, el perdón de la persona agraviada o de su representante legal extinguirá la pena o acción penal, sin perjuicio de los dispuesto en el segundo párrafo del número 4º, del artículo 130 de este Código. . Daños imprudentes en las cosas, sólo perseguibles también a instancia de parte. Si son daños a las personas ya no se persiguen sólo a instancia de parte. En este caso la razón es que la mayor parte de los daños imprudentes sobre cosas materiales están cubiertos por seguros civiles que los cubren.
El perdón del ofendido en los delitos perseguidos a instancia de parte, artículo 130.4, la responsabilidad penal se extingue: por el perdón del ofendido , cuando la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya iniciado la ejecución de la pena impuestas. A tal efecto, declarada la firmeza de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador oirá al ofendido por el delito antes de ordenar la ejecución de la pena. En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los Jueces o tribunales, oído el Ministerio fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena. Para rechazar e perdón a que se refiere el perdón anterior, el Juez o Tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz. Extinguen la responsabilidad penal, salvo en los delitos sexuales en los que este perdón implica un atenuante pero en este caso concreto no extingue la responsabilidad.
Muchas faltas del libro III del código penal sólo son perseguibles a instancia de parte y el perdón de la víctima tiene efectos extintivos.

II.2. Relaciones con otras ramas jurídicas

1.- Derecho Penal Material y Derecho Procesal Penal
Derecho Penal Material, su objeto de estudio es la Ciencia del Derecho Penal y hace referencia a las normas que establecen qué es el delito y que sanciones y penas se le aplican.
Derecho Procesal Penal, norma que regulan el procedimiento que deben seguir los órganos de la justicia penal para aplicar las normas del derecho penal material. Se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Judicial. Son las normas que formalizan el procedimiento para que el juez cumpla la norma secundaria de sanción. El que una norma sea procesal penal o penal material sustantiva depende de su contenido y no del texto en que esté ubicada, por ejemplo, en el código penal, la prescripción, algunos autores la consideran dentro del derecho procesal y se recoge en el artículo 131 y siguientes del código penal.


2.- Derecho de Ejecución de Penas y Medidas y Derecho Penal

Derecho de Penas y Medidas, reúne las norma que regulan la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito y principalmente la ejecución de las medidas o penas privativas de libertad, este derecho viene recogido en la Ley General Penitenciaria del 26 de Septiembre de 1979 y el Reglamento Penitenciario de 1996.


3.- Derecho Privado Civil y Derecho Penal
Entre derecho civil y derecho penal existe una doble relación, por un lado el derecho civil brinda al derecho penal multitud de conceptos jurídicos imprescindibles para la formulación de delitos, y por otro lado el código penal recoge en un título propio la responsabilidad civil derivada del delito, la recoge en el título V, libro 1º, artículos 109, la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados.
4.- Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal
Existe una relación estrecha entre ambas porque ambas son la máxima expresión del derecho sancionador en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho administrativo sancionador regula el ejercicio del poder sancionador por parte de las administraciones públicas tanto de la administración del estado como la administración de las comunidades autónomas como de las administraciones sociales.
Existen dos tipos de sanciones:


  • Sanción de protección del orden general o sanción de heterotutela en la que el poder sancionador se dirige a asegurar el orden general en sus diversas manifestaciones. Regulación pública de las diversas manifestaciones de la vida social, del orden público, prensa.




  • Sanción de autotutela, la administración protege su propia estructura de funcionamiento, se refiere a las sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios públicos, usuarios de servicios públicos, confesionarios, etcétera.


Ambos tipos de sanciones guardan relación con las sanciones del derecho penal, con la pena. En el caso de las primeras, la relación es evidente, pues poseen la misma finalidad. En el caso de las sanciones de autotutela están relacionadas con los denominados delitos de funcionarios en los que aparece como bien jurídico protegido entre otros, el buen funcionamiento de la administración. Se ha discutido históricamente si existe igualdad material, sustancial entre sanciones penales y administrativas o el hecho ilícito administrativo y hecho ilícito penal. (en derecho penal el hecho ilícito se denomina también el injusto, lo injusto, injusto administrativo o injusto penal).
HECHO CONSECUENCIA
DELITO (ILÍCITO O INJUSTO PENAL) PENA
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (ILÍCITO O INJUSTO ADMINIST) SANCIÓN ADMIN.
Tradicionalmente se decía que existía una diferencia cualitativa, en el sentido de que el delito es un hecho que está prohibido porque es malo, el hecho en sí es malo y por eso está prohibido, mientras que la sanción administrativa es mala porque está prohibida, si desapareciera la sanción el hecho dejaría de ser malo, es mala porque la ley lo dice, pero no porque el hecho en sí sea malo.
Históricamente se ha visto que no existen delitos naturales, antes la homosexualidad y el adulterio eran delitos, mientras que matar al enemigo o tener esclavos eran hechos lícitos.
La conclusión general deduce que entre delito y sanción administrativa existe sólo una diferencia cuantitativa, de grado, el delito se refiere a hechos graves mientras que en el caso de las sanción son hechos de menor gravedad, por esto existe un trasvase de unos a otros, de esta forma el plano en el plano medioambiental en su día sólo era afectado por sanciones administrativas mientras que en la actualidad se contemplan como delitos los hechos que seriamente ponen en peligro el medioambiente. Existen hechos que llevados a un extremos pasan de ser sanciones a delitos, con lo que no existe diferencia material entre delitos e infracción administrativa, lo mismo sucede con las sanciones administrativas y las penas, como caso excepcional la privación de libertad sólo puede ser impuesta a nivel penal y por órganos penales. La pena afectará aquellos delitos más graves mientras que la sanción administrativa sólo afecta a hechos de menor envergadura, la pena tiene también un importante factor psicológico sobre la persona, y es el de que a uno le sienten en un banquillos y le condenen aunque sea simplemente al pago de una multa tiene más efecto que el hecho de que le impongan una sanción.
¿Cabe aplicar por el mismo hecho una sanción penal y una sanción administrativa? La constitución española no pena de forma específica la doble sanción, sin embargo, el tribunal constitucional admite que aunque no está recogido específicamente, ha dicho que de los principios de legalidad, proporcionalidad se desprende el principio de Non bis in idem, no se puede sancionar dos veces la misma cosa. Comienza en la sentencia 2/1981 de 30 de enero y termina en sentencias tan recientes como 152/2001 o 177/1999.
El alcance del principio non bis in idem, inicialmente es el de la no acumulación de sanciones penales y administrativas, pero en sentencias posteriores fue extendido a otras ramas del orden en el campus sancionatorio. Tampoco se pueden llevar a cabo dos procesos por el mismo hecho, esto radica en un principio formal.
En la sentencia 154/1990, del tribunal constitucional, se sancionó a una persona por dos delitos, robo con toma de rehenes, y por privación de la libertad, en este caso se está sancionando dos veces por lo mismo, porque el primer delito incluye de forma implícita el segundo.
El contenido del principio non bis in idem, implica que no cabe acumular varias sanciones, siempre que haya dice el Tribunal Constitucional: identidad de sujeto, identidad de hecho, e identidad de fundamento:


  • Identidad de Sujeto, si no hay sujeto idéntico la sanción se aplica a personas diferentes. Este principio tiene fundamento cuando se aplica la sanción a persona jurídica pero también a la persona física que está por debajo de ella.




  • Identidad de Hecho, se puede aplicar sanción administrativa y sanción penal si los hechos a los que se refiere son diferentes, aunque uno de ellos fuera una única sanción que produce diferentes resultados.




  • Identidad de Fundamento, por ejemplo el hecho de que una persona causara lesiones a un ministro en el ejercicio de su cargo, se podría condenar por un delito de lesiones y por un delito por afectar a la integridad física del estado, se entiende que no hay aplicación del principio sino que existe un concurso de delitos, porque en este caso una única acción provoca hechos diferentes, con lo que se dan diferentes fundamentos.


La única excepción que el tribunal constitucional admite como sujeción especial, la sanción administrativa se impone por la vía de autotutela sin perjuicio de la sanción penal. Esta doctrina se recoge específicamente en el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común.
El fundamento o la justificación de la prohibición del principio de non bis in idem, inicialmente se recogía a través del principio de legalidad pero en la actualidad pero en la actualidad el tribunal constitucional lo fundamenta en la existencia de un fundamento material, el principio de proporcionalidad la idea básica es que toda sanción restringe, limita o lesiona los bienes jurídicos de una persona, por lo que sancionar dos veces la misma cosa no sería proporcional al hecho cometido.
Existen algunas sentencias modernas 177/ 1999, donde se condenó a una persona por un hecho administrativos y un hecho penal. Cuando existan concurrencia de estas dos disciplinas, la penal prima sobre la administrativa, por ejemplo en los delitos de alcoholemia, la sanción administrativa sería tener 0.5 de alcohol en sangre, la sanción penal sería conducir con un nivel superior o él mismo siempre que implique peligro para los demás. La sentencia 177/ 1999, se sancionó administrativamente con un millón de pesetas y se sancionó penalmente con privación de libertad y una multa por el mismo hecho, así que descontó la multa administrativa de la multa penal.

LECCIÓN 2. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL VIGENTE DERECHO PENAL ESPAÑOL
2.1. Los principios informadores del vigente Derecho Penal Español
Son los principios comunes a una forma de entender el derecho penal y en general a la forma de entender el derecho en nuestro territorio y en los países de la órbita originarios del estudio del derecho alemán.
Aparecen en la actualidad en el título preliminar del código penal, tienen también en muchos caso refrendo constitucional, en algunos casos de manera específica y en otros de forma tácita. Todos ellos son reconocidos por el tribunal constitucional o bien expresamente en la constitución o bien deducidos de su esquema de valores y como principios esenciales del ordenamiento legal.
Son reconocidos como límites al Ius Puniendi, límites al derecho del estado a castigar, se configuran como una garantía para el ciudadano frente al uso o abuso del estado en materia jurídico penal.
Poseen también una dimensión histórica, todos ellos están muy vinculados a las ideas de la ilustración, donde aparecen como derechos fundamentales del ciudadano frente al poder del estado. En occidente son considerados como valores generalizados extensibles a todos los ordenamientos jurídicos para convertirlos en ordenamientos más sociales, más justos.
2.3. Principio de intervención mínima
Relacionado con el principio de proporcionalidad, hasta el punto que el tribunal constitucional se refieres a él como principio proporcional, sólo que ésta acepción abarca más cosas.
En derecho penal es más común, la denominación de principio de intervención mínima, se basa en el reconocimiento de que las sanciones penales suponen una limitación o lesión de derechos fundamentales de la persona, por ejemplo, libertad. Privación o restricción sólo justificada si con ellos se obtiene una protección superior a su vez de bienes jurídicos, esto lleva a limitar la extensión del derecho penal a lo estrictamente necesario e imprescindible. En derecho penal se traduce en dos supuestos:
- carácter fragmentario del derecho penal, el derecho penal sólo protege bienes jurídicos fundamentales y sólo contra ataques intolerables, sólo sanciona las lesiones o peligros más graves contra los bienes jurídicos fundamentales, desde el punto de vista práctico, el legislador antes de tipificar un hecho como delito debe plantearse si es un hecho que merece protección por su carácter fundamental, en segundo lugar si está necesitado de protección y en tercer lugar si es capaz de ser protegido por el derecho penal.
- carácter subsidiario o principio de última ratio legis, el derecho penal debe intervenir como última razón de la ley o sea cuando no haya otros instrumentos jurídicos menos lesivos, menos agresivos para los derechos de la persona. Es un principio dirigido al legislador, no al juez. Es el legislador el que a la hora de tipificar un hecho debe examinar si existen medidas o no sancionadoras para la protección, medidas positivas de política social para la protección de deberes jurídicos. Cuando estas medidas no existan deben acudir a otras sanciones negativas pero menos lesivas administrativas, civil y por último cuando no hay otro remedio puede crearse o definirse delitos y aplicarse sanciones, tal y como sucede en las sentencias 55/1996; 161/1997; 136/1999. la aplicación práctica de principio subsidiario, la tenemos en la sentencia 161/1997, artículo 379, el que condujere un vehículo motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, será castigado con la pena de arresto de ocho a doce fines de semana o multa de tres a ocho meses y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, respectivamente, por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
El principio de intervención mínima aconsejó que no era suficiente y se elevó a la categoría de delito penal, el problema es la determinación del delito, muchas personas se negaban a realizar el control de alcoholemia y quedaban impunes y sólo se les castigaba por vía administrativa, así que el legislador decide castigar el no sometimiento al control, artículo 380, el conductor, que requerido por el agente de la autoridad, se negara a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de los hechos descritos en el artículo anterior, será castigado como autor de un delito de desobediencia grave, previsto en al artículo 556 de este Código. Artículo 556, los que sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren gravemente, e el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Lo que hace este artículo es penar de forma más grave a aquel que no quiera someterse al control, el legislador pensó que la pena administrativa no era tan grave, el hecho de que se sancione el no someterse al control no es tan grave, lo que de verdad sorprende hasta el punto de que una parte de la doctrina recurrió al tribunal constitucional para que lo declarara inconstitucional es el artículo 380, el artículo 380 sirve para cumplir el 379, y en el 379 la pena es menor, al que comete el delito se le aplica una pena menor que al que se niega a someterse al control, para ver si verdaderamente es culpable o no. El tribunal constitucional argumentó que se le estaba culpando doblemente, por un lado por desobediencia y por otro por la existencia de una situación de peligro para los demás. La mayor parte de la doctrina entiende que se produce un incumplimiento del principio de proporcionalidad, porque en la mayor parte de los casos cuando se comete un delito se está desobedeciendo al mismo tiempo la ley, y esto no siempre se sanciona. Se ha llegado a decir que hay una inversión valorativa, que el hecho 380 (556) es más grave que el 379, cuando en realidad es al revés, en este caso resulta más grave no someterse a la prueba de alcoholemia que ir borracho.
2. 4. Principio del hecho
Tiene varias manifestaciones, cuando se habla de su contenido se hace referencia a dos cosas:
- un derecho penal como el nuestro sólo puede castigar hechos concretos delictivos cometidos por una persona y no formas de ser. Se oponen así un derecho penal del hecho (el que sería el nuestro) y un derecho penal de autor. En la época nazi se castigaba por contravenir los principios del régimen del pueblo alemán, no se tipificaban hechos delictivos sino formas de ser. En nuestro derecho se ha discutido con la agravante de legitimidad de reincidencia, artículo 22.8, son circunstancias agravantes: ser reincidente, hay reincidencia cuando, al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoramente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. A una persona no sólo se castiga por un hecho que ha cometido sino si lo ha cometido anteriormente. Parte de la doctrina establece que esto pertenece a cuestiones de derecho penal de autor, porque se pena la conducta reincidente.
La reincidencia en la medida que no sanciona un hecho sino por los hechos cometidos anteriormente parece que no respeta el principio de proporcionalidad, porque si la persona ya ha pagado por lo que hizo ahora se le impone una pena mayor frente a otra que lo hace por primera vez.
- el principio de hecho tiene que ver con la exigencia de que el delito se constituya en hechos externos que de alguna manera sean lesivos para bienes jurídicos ajenos, principio de lesividad, la consecuencia de esto sería que los pensamientos no delinquen hasta que se traducen en actos externos. Ulpiano ya decía, “Cogitationis Poenam Nemo Patituk” el pensamiento no delinque, “debajo de mi manto al rey mato”, no es sólo una cuestión de prueba sino que es un problema de hasta que punto ha avanzado el sujeto, hasta dónde tiene que llegar, cuando esto no se queda en conjetura mental sino que se lo dice a otro, todavía no es delito pero se le castiga por lo que va a hacer, aunque todavía no esté hecho, Iter Criminis, pasos que llevan a la ejecución de un delito, como norma general en nuestro derecho son actos preparatorios, no son punibles, sólo algunos y hay que establecer límites saber qué sí y qué no.
El principio de hecho impone ciertos límites a la anticipación de la protección penal, impone un primer límite absoluto, el pensamiento no exteriorizado en actos no tiene relevancia penal. Existe un límite relativo, los actos preparatorios no deben ser punibles, la punición debe comenzar con la ejecución del hecho, con los actos ejecutivos, sólo excepcionalmente se podrán castigar actos preparatorios cuando el hecho exteriorizado tenga suficiente gravedad como para justificar sanción penal.
2.5. El principio de culpabilidad
Si el principio de hecho tiene que ver con las características materiales objetivas del delito, este principio hace referencia a los requisitos subjetivos que deben concurrir en el autor para que sus hechos se consideren delictivos. Afirma que nadie puede ser sancionado penalmente por un hecho que no pueda ser personalmente imputado, sólo cuando podamos reprochar personalmente al autor la comisión del hecho ilícito será este punible (sólo cuando exista culpabilidad). Es un principio fundamental, absoluto, nuclear del derecho penal moderno, se puede derivar de la dignidad de la persona que se le pueda castigar por hechos que le sean personalmente imputables. En la constitución no aparece expresamente relacionado con estos términos, pero el tribunal constitucional lo ha calificado como principio estructural básico del derecho penal, según la sentencia 150/1991.
Contenido del principio de culpabilidad, dicho principio se manifiesta a través de:
- exigencia de dolo o negligencia o prohibición de responsabilidad objetiva, sólo se puede hacer responder a alguien si ha actuado con dolo o negligencia pero nunca si el resultado ha sido fortuito. Si castigamos por resultado de lesión para alguien por hecho fortuito estaríamos incumpliendo el principio de culpabilidad. El dolo o la violencia tiene que abarcar todo aquello que se impone al autor, el caso fortuito excluye la responsabilidad penal del autor. Artículo 5, no hay pena sin dolo o imprudencia. Artículo 10, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

- principio de personalidad de la responsabilidad penal, una persona sólo responde penalmente de aquello de lo que haya cometido, nunca oír lo que hayan hecho los demás.
¿En caso de menor de edad, responde su padre? En este caso se le puede hacer responder por la diligencia del padre para con la vigilancia de su hijo, no responde por el acto del hijo sino por su acto que no ha realizado cuando debía haberlo hecho. Existen cierto delitos en los que una omisión equivale a una acción, se denominan delitos de comisión por omisión. En cualquier caso en derecho penal la responsabilidad es personalísima.
¿Qué sucede en estos casos, con las personas jurídicas, responden penalmente? No, la persona jurídica no puede delinquir porque no es capaz de culpabilidad, se le pueden aplicar medidas administrativas, para buscar responsabilidades hay que buscar en el seno de la persona jurídica quién o quienes han cometido el delito. Esto plantea problemas en el delito porque a veces requieren requisitos que se dan en la persona jurídica, pero no en la persona física, para esto existe una disposición en el artículo 31 que salva estas situaciones, artículo 31, el que actúe como administrador de hecho o de derecho de un apersona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. El directivo no responde por lo que haga la persona jurídica, no responde por todo lo que haga la empresa sino sólo por lo que él haga.

- exigencia de imputabilidad, casos de imputabilidad, requiere que el sujeto reúna ciertas características psíquicas y de capacidad para ser penado, por ejemplo si un niño pequeño causa a su hermano un daño, no es culpable.
Artículo 14. 3, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. El error invencible implica que no le sea exigible realizar al que se le imputa más de lo que ya ha realizado.
En la definición de delito, aparece como un hecho culpable y esto implica que al delito se el deben exigir los tres requisitos de culpabilidad.
Requiere también que el autor del hecho conozca la ilicitud o antijuridicidad del hecho, de forma que si incurre en un error de prohibición invencible, se excluirá la culpabilidad, según el artículo, 14.3, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. El error invencible implica que no le sea exigible realizar al que se le imputa más de lo que ya ha realizado. Si el sujeto no conoce que el comportamiento que realiza es ilícito, el sujeto no puede ser penado, esto en pocos casos se llega a dar porque en derecho penal se penan acciones que desde muy pequeños en las familias se enseñan, sólo existen ciertos sectores donde las leyes se desconocen, por ejemplo en el caso de extranjeros.
Se requiere por la doctrina mayoritaria que el autor del hecho no se encuentre en una situación de inexigibilidad, se trata de situaciones en las que la anormalidad de las circunstancias que concurren hace que no se le puedan reprochar al autor la comisión del hecho ilícito, por ejemplo aquél que sufre miedo insuperable, estados de necesidad (tabla de carneades).
2.6. Otros principios
Los principios aquí recogidos son principios de menor entidad que los que hasta ahora hemos visto, tienen que ver con las consecuencias jurídicas, penas y medidas de seguridad.
Principios relativos a la pena


  1. Principio de Proporcionalidad de la Pena, conforme a este principio, la pena debe ser proporcional al desvalor del hecho y la culpabilidad del autor. Este principio no es más que una aplicación singular al ámbito de la pena del principio general de proporcionalidad que está aceptado por el tribunal constitucional como un principio constitucional y otras de cuyas manifestaciones es el principio de intervención mínima.




  1. Principio de Humanidad de las Penas, principio clásico del derecho penal, que fue invocado reiteradamente por los autores ilustrados como reacción al sistema injusto de penas de las monarquías absolutas (torturas, uso indiscriminado de la pena de muerte, pena de galera). Este principio ha sido incorporado a la propia constitución en su artículo 15, todos tienen derecho y a la integridad física, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Este principio está incorporado a todos los grandes textos de derechos humanos. Plantea dudas en los recientes casos de los prisioneros árabes en Guantánamo, para muchos la situación de estos presos viola ese principio. Por la aplicación de este principio en España no existe la pena de muerte, se ha abolido incluso para los casos de guerra en el código militar. La constitución lo permitía para los tiempos de guerra siempre que existiera una ley que lo autorizara, ahora con esta abolición del código militar, ya no hay leyes que lo permitan. También ha desaparecido la pena de cadena perpetua, como regla general las penas tienen una duración máxima de 30 años.




  1. Principio de Resocialización, se establece en el artículo 25.2, de la constitución y en el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria. El artículo 25.2, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados, plantea problemas interpretativos. Nuestra constitución establece expresamente que las penas deben orientarse hacía la reinserción social, esto no implica que esta sea la única finalidad de las penas. Existe un apena en el código penal, la pena de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, que sólo se impone con el consentimiento del afectado, sino quiere se le impone otra pena (Pena Potestativa).


Principios relativos a las medidas de seguridad


  1. Principio de Peligrosidad, si la pena se basa en la culpabilidad del autor la medida se fundamenta en la peligrosidad criminal del autor del delito. Sólo se impone medida de seguridad a la persona peligrosa y que se crea que va a volver a reincidir. Artículo 6.1, las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Artículo 95.1, las medidas de seguridad se aplicarán por el juez o Tribunal, previo los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 1ª que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 2ª que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele le probabilidad de comisión de nuevos delitos.




  1. Principio de Resocialización, el contenido es esencialmente el mismo que en el de los principios relativos a la pena, pero en el apartado de las medidas de seguridad, se enfatiza de forma especial en la resocialización de la persona.




  1. Principio de Proporcionalidad, hace referencia indirecta a la proporcionalidad, lo que en realidad hace es imponer unos límites a la duración de las medidas de seguridad en relación con la privación de libertad por razones de garantía, artículo 6.2, las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.



2.7. Principios informadores y estructura del delito
Su finalidad es la vinculación entre los principios desarrollados a lo largo del tema 2 y la estructura del delito. Los principios tienen aplicación directa en la teoría del delito, elaborada a lo largo de todo un siglo. La teoría del delito descompone en delito en partes en los que se aplican y analizan los principios citados.
El delito se define en el Libro I, del código penal en su artículo 10, son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. Esta no es la definición que nos interesa, la doctrina maneja una definición más rica de delito. Definido por la doctrina desde principios del siglo XX, con autores como Von Liszt, y Beling, en los que se sitúa la concepción moderna de delito:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconLeccióN 4: el ordenamiento jurídico. Estructura y caracteres

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconLeccióN 9: los ordenamientos jurídico-administrativos de las comunidades...

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconEl derecho a la negociación colectiva en el ordenamiento jurídico peruano

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconDerecho Objetivo. Ordenamiento jurídico y su estructura. Pirámide Jurídica

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconDerecho de respuesta. Su evolución en el ordenamiento jurídico argentino. Jurisprudencia

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconResumen: El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad...

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconLección 1 -derecho Penal

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconLección 1 -derecho Penal

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico iconLección I: introducción al derecho procesal penal

Lección el derecho penal y su posición en el ordenamiento jurídico icon“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com