Modelo o guia de tutela para medicamentos nuevos y/o que no estan en el p. O. S. (Plan Obligatorio de Salud). Sirve de guía para cualquier otra tutela de salud






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fecha de publicación24.07.2015
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MODELO O GUIA DE TUTELA PARA MEDICAMENTOS NUEVOS Y/O QUE NO ESTAN EN EL P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud). Sirve de guía para cualquier otra tutela de salud, haciendo las adecuaciones conforme a cada caso.

Este es una guía o modelo completo y largo, pero la tutela no requiere de tanta complejidad. La parte importante es: pretensiones, hechos y derechos violados, juramento y pruebas.

Esta guía ha sido desarrollada con base en la experiencia y el conocimiento del tema por el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti – G&M de Colombia Abogados – LIDERES EN ACCION
Señor

Juez Penal del Circuito de la ciudad de ________

E. S. D.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x—x-x-x- mayor de edad, vecino de ésta ciudad, acudo a su despacho a solicitarle el amparo constitucional establecido en el art. 86 de la Constitución Política denominado ACCIÓN DE TUTELA en contra del DIRECTOR GENERAL DE LA EPS ______ y/o quien corresponda a fin de que se sirva hacer las siguientes o similares:
DECLARACIONES


  1. Ordenar al DIRECTOR GENERAL DE LA EPS _________ o quien corresponda que en el término de 48 horas entregue el medicamento denominado ______________ o realice el tratamiento de ________________ ordenado por el médico tratante.




  1. Ordenar al DIRECTOR GENERAL DE LA EPS y/o quien corresponda que GARANTICE LA ENTREGA PERMANENTE (es decir que no haya demora) del medicamento en la cantidad y periodicidad que se requiera para el tratamiento específico teniendo en cuenta su estado de salud.




  1. Prevenir para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen serán sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Dcto 2591/91 (arresto, multa, sanciones penales)




  1. Ordenar al Ministerio de Salud que reembolse el valor de los gastos que realice la EPS por concepto del cumplimiento de esta acción de tutela. Lo anterior teniendo en cuenta la dispuesto en la Sala Unificada de Tutela de la Corte Constitucional # 480/97.



HECHOS


  1. Desde hace ______ estoy afiliado a la EPS ______.




  1. El médico tratante me recetó el medicamento denominado ____________.




  1. Fui a reclamarlo en la farmacia de la EPS en donde me dijeron que el mismo no se encontraba dentro del listado oficial de medicamentos del POS.




  1. Este medicamento es absolutamente necesario debido a que ________________.




  1. La enfermedad que tengo consiste en ___________




  1. No tengo dinero para cancelar el total del tratamiento ya que tengo que proveer mis siguientes gastos:




  1. ___________

  2. __________

  3. __________


DERECHOS VIOLADOS
PRIMERO : DERECHO A UN ADECUADO NIVEL DE VIDA
Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, conforme lo dispuesto por el art. 93 y 94 de la Constitución prevalece sobre el orden interno y la enunciación de derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución y Convenios Internacionales no debe entenderse como negación de otros que son inherentes a la persona humana, así no figuren expresamente.
El art. 25 reza:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ...” (subrayas y negrillas no originales)
Para nuestro caso se ha violado este derecho en virtud a que la EPS se niega a entregar un medicamento ESENCIAL fruto de la investigación científica para el tratamiento de mi enfermedad y ello significa mi SOBREVIDA.
La entrega de medicamentos es necesaria para que una persona tenga una mejor calidad y cantidad de vida, no entregarla va contra los servicios sociales necesarios.

SEGUNDO : DERECHO A LA VIDA EN CONEXIÓN CON LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Este derecho se viola en forma indirecta ya que vá de la mano del derecho a la salud y la seguridad social, por ello éste adquiere el carácter de fundamental.
Mi salud requiere el suministro del medicamento con oportunidad y cantidad suficientes para no permitir el deterioro de mi salud. Si no recibo el medicamento indiscutiblemente mi calidad y cantidad de vida se dismuirán.
TERCERO: LA IGUALDAD
En cuanto a la obligación que tiene el Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por nuestra condición económica, física o mental, nos encontramos en circunstancia de debilidad manifiesta, pues es claro que el suscrito con la retribución mensual que recibo no me alcanza para comprar la droga, o si la compro no tengo con que pagar vivienda, transporte, alimentación, es decir mi condición económica es de debilidad y si no tomo este costoso medicamento me deteriora físicamente.

La Corte Constitucional1 ha dicho :
"El principio de la igualdad consagrado en la Constitución no es ni un parámetro formal del valor de toda persona ante el derecho, ni un postulado que pretenda instaurar el igualitarismo, sino una formula de compromiso para garantizar a todos la igualdad de oportunidades.



La igualdad de oportunidades en un mundo caracterizado por diferencias de todo tipo (étnicas, culturales, económicas, sociales, políticas) se garantiza mediante la misma protección y trato de la autoridades sin que haya lugar a discriminación. Pero en consecución solo es posible estableciendo diferencias en favor de personas o grupos en situación de desigualdad por sus condiciones concretas de marginamiento, discriminación o debilidad manifiesta." (negrillas no originales)

LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE ALUDE LA EPS FRENTE A LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA PROCLAMADA EN 1991
Sobre este álgido tema de la legalidad para la entrega de medicinas y la prohibición de entregar las que no estén en el formulario la Corte en la hoja 21 del fallo fue muy clara en manifestar :
La Sala sabe que la negativa de la parte demandada se fundamenta en NORMAS JURIDICAS DE RANGO INFERIOR A LA CARTA que prohiben la entrega de medicamentos por fuera de un catálogo oficialmente aprobado; no desconoce tampoco los motivos de índole presupuestal que conducen a la elaboración de una lista restringida y estricta, ni cuestiona los estudios científicos de diverso orden que sirven de pauta a su elaboración, menos aún el rigor de quienes tienen a su cargo el proceso de selección; sin embargo, retomando el hilo de planteamientos antecedentes ratifica que el deber de atender la salud y de conservar la vida del paciente es prioritario y cae en el vacío si se le niega la posibilidad de disponer de todo el tratamiento prescrito por el médico; no debe perderse de vista que la institución de seguridad social ha asumido un compromiso con la salud del afiliado, entendida en este caso, como un derecho conexo a la vida y que la obligación de proteger la vida es de naturaleza comprensiva pues no se limita a eludir cualquier interferencia sino que impone, además, “una función activa que busque preservarla usando todos los medios institucionales y legales a su alcance” (Sentencia T-067 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Esa obligación es más exigente y seria en atención al lugar que corresponde al objeto de protección en el sistema de valores que la Constitución consagra, y la vida humana, tal como se anotó, es un valor supremo del ordenamiento jurídico colombiano y el punto de partida de todos los derechos. En la sentencia T-165 de 1995 la Corte expuso : “Siempre que la vida humana se vea afectada en su núcleo esencial mediante lesión o amenaza inminente y grave el Estado Social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la persona que es el fin del derecho” (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)” (negrillas y mayúsculas no originales)
Mas adelante se anotó :

Es incuestionable que la administración está sujeta al principio de legalidad, pero la prevalencia de los derechos fundamentales y la supremacía del texto constitucional que los contiene y dispone su protección, sugiere, en el caso concreto la impostergable observancia de la norma superior cuya aplicación no debe supeditarse a criterios que, al ser sopesados frente a valores y derechos como los implicados en el presente asunto, no resisten comparación alguna.”
Queda así claramente establecido que los planteamientos de orden legal que esgrime la EPS están por debajo de la Constitución en un Estado Social de Derecho en donde prima la dignidad humana y el deber de solidaridad, conforme los planteamientos del máximo tribunal que tiene a su guarda e interpretación la Carta Magna.

FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE CANCER
Extracto de la Sentencia T-631/98 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonel:
El decreto 806 de 1998, reglamentario de la ley 100 de 1993, acogiendo los mandatos de su artículo 164, determinó que los tratamientos correspondientes a las enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas del nivel IV, como el cáncer, corren por cuenta de la E.P.S. respectiva, siempre y cuando el usuario haya completado, como mínimo, cien semanas de cotización al sistema, de las cuales veintiséis deberán haberse hecho en el último año2.
Sin embargo, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que la aplicación sin contemplaciones de las normas mencionadas, vulnera el derecho constitucional a la salud, en conexión con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física, de quien necesita el tratamiento sometido a un mínimo determinado de cotizaciones al sistema cuando: 1.- la falta del tratamiento sometido a un mínimo de semanas cotizadas al sistema, vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; 2.- ese tratamiento no pueda ser sustituido por otro no sometido a semanas mínimas de cotización; 3.- el interesado no pueda cubrir el porcentaje que la E.P.S. se encuentra autorizada legalmente a cobrar y no pueda acceder al tratamiento por otro plan distinto que lo beneficie y 4.- el tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. de quien se está solicitando el tratamiento3.

Las anteriores condiciones se encuentran satisfechas a cabalidad en el presente asunto, en vista de que, sin duda alguna, la falta de tratamiento del cáncer conduce a quien lo padece a la muerte.”


PRUEBAS



Presento para ser tenido como prueba la fórmula entregada por mi médico tratante en la EPS.
Solicito a su despacho se sirva escuchar en declaración a ______ quien reside en la ____________, teléfono _____________y a ______________ quien reside en la ____________, teléfono ________ a quienes les consta que no tengo dinero para cancelar el total del tratamiento o procedimiento que requiero.


CUMPLIMIENTO ART. 37 DCTO 2591/91: JURAMENTO
Manifiesto bajo juramento que no he presentado ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.
NOTIFICACIONES
Al suscrito(a) : En la ________________ de la ciudad de ___________.
A la EPS : En la ____________ de la ciudad de _______________.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

C.C x.x.x.x.x.x.. de x.x.x.x.x.x..

Instrucciones - recomendaciones


  1. Sacar fotocopias de las fórmulas médicas (si las tiene) conserve el original de las mismas para usted.

  2. Revise en el modelo de tutela, el título de pruebas documentales y anexar las que allí aparezcan.

  3. Llevar el texto de la tutela y sus anexos en original y una copia al Juzgado al cual vaya dirigida. Si por ejemplo dice “Señor Juez Penal del Circuito” llame por teléfono a cualquier juzgado PENAL del CIRCUITO y pregunte cual está de reparto _______ la dirección ____________ horario en el cual atienden _________________ o que debe hacer para llevar una tutela.

  4. 2 días después regresar para ver a que juzgado le correspondió conocer del caso, con el número de radicación que le fue asignado.

  5. Ir al juzgado al cual le corresponda por reparto.

  6. El juzgado tiene 10 días hábiles para resolver, a partir del recibo de la tutela.

  7. Si la tutela es negada se presenta un escrito dirigido al Juzgado que conoce inicialmente del caso diciendo IMPUGNO EL FALLO. Si la persona desea, puede decir las razones por las cuales esta en desacuerdo con el juzgado, es decir puede decir: Manifiesto que impugno el fallo. Lo anterior debido a que 1. 2. 3. Etcétera. Hay que tener en cuenta cuales fueron las razones que tuvo el juez para negar y atacarlas. Igualmente lo que respondió la EPS, ARS o ESE.

  8. Cuando un fallo es impugnado, corresponde al Tribunal (O a la segunda instancia), es decir al juez o tribunal que jerárquicamente sigue en grado al juzgado que dictó la sentencia de primera instancia, decidir. Allí hacen un análisis del caso y dictan una segunda sentencia que es DEFINITIVA.

  9. Todas las tutelas del país van a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Como su nombre lo dice eventual, no significa seguridad. En la Corte hacen un resumen de la tutela y al igual que todas las que llegan pasa a unos abogados encargados de decidir que casos revisan y cuales no.

  10. Si el caso es revisado, nuevamente se tiene una oportunidad para que confirmen o revoquen la decisión.

  11. Si una tutela es tomada en revisión se aconseja a la persona que pase un escrito al magistrado que tiene el caso en estudio para pedirle que la conceda, expresando los motivos por los cuales debe hacerlo.

  12. Si la tutela no es revisada, se devuelve al Juzgado que inicialmente conoció del asunto, para que el juez se encargue de su cumplimiento.


Cuando se tenga el fallo definitivo que tutele su derechos, es necesario sacar una fotocopia del mismo para llevar a la entidad demandada. Recomendamos que la persona deje otra copia para su archivo.


1    SENTENCIA T-422 proferida dentro del expediente T-298. Fechada junio 19 de 1992. SALA SEPTIMA DE REVISION. Mag. Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2 Artículos 60 y 61.

3 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencias SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y C-112 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Sala Primera de Revisión, sentencias T-370, T-385 y T-419 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sala Octava de Revisión, sentencias T-236 y T-328 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.



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