La Nostra Revista






descargar 11.43 Kb.
títuloLa Nostra Revista
fecha de publicación24.07.2015
tamaño11.43 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
La Nostra Revista

Número 14–juliol 2006 4
El número anterior de la Nostra Revista incluía una “Carta abierta al Sr. Presidente del Montepío de Teléfonos” a cargo del Sr. Mariano Chicharro. Por alusiones, los Sres. Francisco Trigo y Alipio Gallardo solicitaron ejercer el derecho a réplica.
Carta abierta sobre reclamaciones judiciales IRPF. (Montepío de Teléfonos), en contestación a la de D. Mariano Chicharro Muela, publicada en su anterior boletín nº 13. La Nostra Revista


Con sorpresa y perplejidad he leído una carta abierta que dirige, a título personal el Sr. Chicharro al Sr. Presidente del Montepío de Teléfonos, poniendo en duda tanto la actuación del Montepío como de los letrados que llevan los pleitos contra el Ministerio de Economía y Hacienda. Por ello, como letrado actuante y en virtud del derecho de réplica, me veo en la obligación de contestar.
El Montepío de Teléfonos, a través de la Revista Remonte, publicó a instancias de los abogados, en el segundo semestre del año 2000 y como pioneros, una serie de modelos de cartas en defensa de los intereses de los socios del Montepío (prejubilados y desvinculados de Telefónica) que estos podían dirigir al Defensor del Pueblo, al Consejo de Defensa del Contribuyente (órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda y compuesto por altos funcionarios de la Administración de Hacienda y por profesionales de reconocido prestigio), a los Presidentes de las Comunidades Autónomas y a los Secretarios Generales de los Partidos Políticos, en las que se solicitaba una regulación más justa (Rentas exentas e irregulares) al tratamiento que se debía dar a la indemnización por despido y/o resolución de contrato que percibían los prejubilados de Telefónica a efectos del IRPF.
Como consecuencia de estas actuaciones, que sí fueron efectivas, (aunque D. Mariano parece ignorarlo), el Consejo para la Defensa del Contribuyente en el Pleno (Nº 3/2001), celebrado el 28 de febrero de 2.001, y cuya propuesta fue elevada al Secretario de Estado de Hacienda, manifestó en un amplio informe (aportado a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) que en cuanto a la exención de los 45 días por año de servicio en comparación con la otorgada por Expedientes de Regulación de Empleo de los 20 días por años de servicio,…. podrían vulnerarse los principios de igualdad y capacidad económica al otorgarse un mayor grado de exención a un supuesto que a otro.

Sucede, que el Consejo de Defensa del Contribuyente cuando emitió su dictamen, conocía perfectamente, las sentencias del Tribunal Supremo que UD. cita; pero estas que no son vinculantes, ni para el propio T.S., que las puede modificar cuando quiera y menos para el Tribunal Constitucional.
Igual sucedió con el Informe del Defensor del Pueblo de 20 de febrero de 2.002, que ponía de manifiesto sobre los contratos por prejubilaciones, lo siguiente:

……………… no nace ex−novo a la firma del acuerdo……. Pues bien, en las prejubilaciones hay que tener en cuenta que si bien son ofrecidas como programas voluntarios por las empresas, en realidad tienen carácter obligatorio a los cuales los trabajadores no pueden oponerse”….. Para concluir como propuesta… que son rentas irregulares con independencia del mecanismo o instrumento utilizado para hacer efectivas las prestaciones económicas.
No le quepa la menor duda que sin los informes favorables de estos importantes órganos, no se hubiera iniciado actuación judicial alguna.
Como consecuencia de las demandas judiciales (año 2000), se ha conseguido de la Administración, que para los desvinculados del ERE 26/99 les fuera reconocido el carácter de renta irregular y que este criterio se aplicara para que los actuales desvinculados del ERE 44/2003.
En cuanto a las demandas por los procedimiento colectivos iniciados (bastante económicos) fueron planteadas según lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y como reconocimiento de derechos individuales de cada una de las personas incluidas en dichos procedimientos, ya que tenían y tienen un interés legítimo claro y manifiesto, y así puede leerse en la última Revista Remonte nº 61, donde figura un informe del Fiscal del Tribunal Supremo y nunca como derecho de petición, por lo que, si al final y dentro de cuatro o cinco años se pronuncia el Tribunal Constitucional, aunque se tuviera que acudir a la Agencia Tributaria en ejecución de sentencia, el derecho que se les reconozca a todos los demandantes lo será, según nuestro criterio, para aquellos que se encuentren incluidos en los procedimientos (que el Ministerio de Economía y Hacienda, bien se ha cuidado de relacionar individualmente y como anexo en sus resoluciones a todos los reclamantes) y desde el día que presentaron su reclamación administrativa y posterior judicial; a los demás, probablemente, y si carecen de actuación judicial individual, les habrá prescrito el derecho al reconocimiento de su derecho. (Art. 40.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Para su ilustración, ya que observo su afición por el derecho, le diré que la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del interés legítimo se encuentra entre otras muchas sentencias en las de 60/1.982, 62/1.983, 48/1.984, 139/1.985, 24/1.987, 257/1.988, 9/1.989, 93/1.990, 97/1.991, 195/1.992. Sucede además, que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 257/1.988, 97/1.991, 195/1.992, 93/1.990) el interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida, que ha de entenderse referida a un interés en sentido propio cualificado y específico y nada impide que este interés sea común a una pluralidad de sujetos.

Por este motivo, continúa abierta todavía la reclamación colectiva por rentas exentas para el ERE 44/2.003.

Francisco Trigo Gallardo y Alipio Conde Díaz, Abogados

NOTA : D. Francisco Trigo Gallardo, ha sido responsable de la gerencia del Impuesto de Sociedades y Tributación Local y Autonómica de Telefónica de España y D. Alipio Conde Díaz ha sido director de la Asesoría Jurídica de Telefónica de Telefónica de España.,SAU.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

La Nostra Revista iconO solución. Revista

La Nostra Revista iconResumen Revista

La Nostra Revista iconDirección administrativa de la revista

La Nostra Revista iconReseña histórica de la revista Politeia

La Nostra Revista iconArticulos de la revista cuadernos de pedagogíA

La Nostra Revista iconRevista Quincenal Somos Uno Nº 16

La Nostra Revista iconEn Revista "la nave de los locos"

La Nostra Revista iconRevista virtual ipso jure

La Nostra Revista iconRevista Estrategas Agosto 2005

La Nostra Revista iconF. Ariza: Simbolismo de la iniciación masónica. Revista






© 2015
contactos
ley.exam-10.com