I V congreso latinoamericano de niñEZ, adolescencia y familia






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fecha de publicación23.03.2017
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IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PIURA – PERU
COMISIÓN N° 4 –A

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL OPORTUNA


Nancy Beatriz Ferrer - Rodolfo Gabriel Díaz*

nferrer@jus.mendoza.gov.ar

gdiaz@jus.mendoza.gov.ar
Si el Estado prohíbe a los individuos la autodefensa de sus derechos -salvo supuestos excepcionalísimos-, no puede desentenderse de las consecuencias de la demora que necesariamente ocasiona la instrucción del proceso, y debe por tanto proveer las medidas necesarias para prevenirlas1.
PONENCIA:

La violencia doméstica ejercida sobre mujeres y niños importa una forma de tortura o tratamiento degradante y una negación de los derechos humanos fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y espiritual, la dignidad, etc. reconocidos en la mayoría de los instrumentos internacionales sobre la temática, imponiendo, en consecuencia, obligaciones directas a los Estados que deben arbitrar mecanismos procesales eficaces y sin trabas en materia probatoria, que brinden soluciones oportunas a las víctimas. En tal sentido se destacan las medidas cautelares y las autosatisfactivas como instrumentos para obtener la protección urgente de los derechos vulnerados que, a tono con las normas supralegales, exigen del legislador interno una regulación procesal que las contemple y del juez una posición más flexible en punto a las exigencias probatorias en las mencionadas medidas.
LA IDEA CENTRAL:

Pretendemos presentar nuestra visión sobre la incidencia de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos después de la reforma de 1994 en materia procesal de Familia al ampliar las vías alternativas por las que puede solucionarse y prevenirse las consecuencias de este mal social que a diario nos toca de cerca: la violencia familiar y el efecto devastador que provoca en sus víctimas.
EL PUNTO DE PARTIDA: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS:

La consecuencia más dramática de la violencia contra las mujeres y las niñas importa la negación de sus derechos humanos fundamentales. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adoptada en 1979 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989 -con rango constitucional- afirman el principio de los derechos y libertades fundamentales para todo ser humano. Las dos últimas Convenciones se inspiran en una concepción amplia de los derechos humanos que va mucho más allá de los derechos civiles y políticos, cubriendo cuestiones de importancia vital como la sobrevivencia económica, la salud y la educación, que afectan la calidad de vida cotidiana de la mayor parte de las mujeres y los niños.

Ambas Convenciones Internacionales, además, invocan el derecho a la protección contra los abusos a los derechos humanos de sus titulares. La fuerza de estos tratados reside en el consenso internacional y en la noción de que es necesario erradicar todas las prácticas que perjudiquen a las mujeres y a las niñas.
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO:

La violencia doméstica constituye una violación de los derechos humanos, tanto cuando la cometen los individuos como cuando el Estado no asegura que los responsables de dicha violencia no queden impunes. Sin embargo, las políticas y la inercia del Estado a menudo conducen a que las violencias cometidas en la esfera doméstica sean toleradas e incluso contribuyen a su supervivencia.

En 1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó la Recomendación General 19 con la que confirmaba que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y en la cual destacaba que los Estados pueden también ser responsables de los actos cometidos por particulares si no intervienen con la debida diligencia para prevenir las violaciones de los derechos o para investigar y castigar los actos e violencia2. El Comité ha recomendado a los Estados algunas medidas que deberían tomar para garantizar la protección eficaz de las mujeres contra la violencia, y entre ellas figuran las medidas legales eficaces. Sin dudas, estas medidas sólo podrán ser eficaces en tanto sean oportunas.

También la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exhorta a los Estados a aplicar por todos los medios apropiados y sin demoras una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer, y a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer3.

La misma noción de debida diligencia ha sido retomada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez cuando instó al gobierno a tomar las medidas razonables para prevenir las violaciones de los derechos humanos y utilizar todos los medios a su disposición para llevar a cabo pesquisas serias de las violaciones cometidas en esa jurisdicción, identificar a los responsables, imponer los castigos correspondientes y garantizar a la víctima un resarcimiento adecuado.4

Cabe recordar que según las normas del derecho internacional, los tratados de que venimos hablando tienen obligatoriedad jurídica para los gobiernos que los han ratificado y sus textos imponen, pues, a los Estados la obligación de proteger a las víctimas de violencia familiar e indagar las causas de este flagelo en crecimiento.

El estado Argentino ha asumido dicho compromiso internacional, por lo tanto debe adoptar con prontitud medidas para la reglamentación de Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y radicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y para que dicha ley goce de una dotación presupuestaria que permita su aplicación efectiva en todo el territorio del país, así como también elaborar estadísticas con ámbito nacional en materia de violencia doméstica, con miras a tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución —art. 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Comité de Derechos Humanos • Cuarto Informe Periódico de Argentina • 22/03/2010 •   La Ley Online • AR/JUR/35651/2010).

Al respecto la jurisprudencia Argentina ha sostenido: “..Las mujeres y niñas son las más expuestas a formas sistemáticas de violencia y abusos de poder, que ponen en riesgo su salud física, psíquica y sexual. Dicha violencia se manifiesta desde el ámbito físico, sexual, simbólico, psicológico, económico, patrimonial, laboral, institucional, ginecológico, doméstico, en los medios de comunicación, en la educación sistemática formal e informal, en la justicia, en la sociedad, entre otros, donde se estereotipa al colectivo mujeres, desconociéndole su dignidad y derechos humanos, por la prevalencia de esquemas patriarcales y una cultura androcéntrica, que hasta la ha privado de un discurso y práctica jurídica de género.- Los entes estatales tales como la Oficina de Violencia Doméstica ?OVD-, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación creada en el año 2008, el Programa las Victimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer, las secretarías y direcciones de la Mujer existentes en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de nuestro sistema federal, las Universidades, las ONG, informan acerca del crecimiento de todas las formas de violencia, producto de prácticas androcéntricas que vulneran los derechos de las mujeres.- Cabe destacar que también preservando la integridad física y psíquica de las mujeres, adoptando políticas públicas para evitar la violencia contra éstas, Argentina ratificó la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer", aprobada en Belem Do Pará, Brasil, en vigor desde 1995, si bien tiene en el país jerarquía superior a las leyes internas, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 24 de la Constitución Nacional, en el año 2011 fue aprobado por la Cámara de Diputados el otorgamiento de su jerarquía constitucional, por lo que se encuentra en trámite parlamentario la obtención del mismo rango normativo que los tratados enumerados en el artículo 75 inciso 22 de la ley suprema”.- (Expte.: 09/05/2012 Amitrano, Atilio Claudio s/ recurso de casación Origen: CNCP SALA II, publicado en Editorial: EL DIAL EXPRESS 12-09-2012).
LA VIOLENCIA FAMILIAR COMO FORMA DE TORTURA:

Como sostiene la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Radnika Coomaraswamy, la violencia doméstica representa una forma de tortura y según la gravedad y circunstancias que ponen en tela de juicio la responsabilidad del Estado, la violencia familiar puede constituir una tortura o un tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante según el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y según la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Es que la violencia doméstica presenta precisamente las cuatro características fundamentales que definen la tortura: a) provoca granes sufrimientos físicos y/o mentales, b) se inflinge de manera intencional, c) obedece a fines bien precisos, y d) implica una cierta participación de las esferas oficiales, sea ésta activa o pasiva.

Sin dudas, estas ideas han de ser tenidas en consideración por los Estados a la hora de fijar y ejecutar las políticas en materia de adopción de medidas para paliar los efectos de la violencia familiar.
UN INSTRUMENTO PRECISO:

A esta altura y sin perjuicio de los diversos instrumentos internacionales que rigen en la materia vinculados a la protección de las familias5, pretendemos detenernos en el abordaje de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer llamada "Convención de Belem do Pará"6, en cuyo preámbulo, la VIª Asamblea Extraordinaria de Delegadas pone de relieve la preocupación en la necesidad de proporcionar un instrumento que contribuya para la solución del problema de la violencia contra la mujer y afirma que este fenómeno constituye una violación de los derechos y libertades fundamentales que limita a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos.

La Convención define la violencia (art. 1), recuerda los deberes de los Estados Parte (arts. 7 a 9) y reconoce el derecho de la mujer víctima a un recurso sencillo y rápido ante los Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (art. 4 inc. g) en concordancia con la obligación de los firmantes de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7 inc. f) como así también fomentar la capacitación del personal de la administración de justicia y policial como encargados de la aplicación de la ley (art. 8 inc. c).

Vale decir que la Convención de Belem do Pará impone una obligación directa a los países que la ratifiquen7 de velar porque la mujer víctima de violencia doméstica cuente con un procedimiento que logre brindar una solución oportuna.

Ahora bien, como las normas jurídicas se hallan unidas en una estructura lógica en que una norma se funda y deriva de otra dando lugar al orden jurídico8, la gradación o estructura jerárquica impone que la norma inferior -como la norma de procedimiento- se adecue a la norma superior -el instrumento internacional con validez constitucional- como lo establecieron los constituyentes de nuestro país (art. 31 CN).

Desde esta visión, las normas de procedimiento en materia de derecho de Familia deberán ajustarse formal y materialmente a las prescripciones de las normas internacionales sobre derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional, previendo y motorizando mecanismos que brinden soluciones oportunas y eficaces a las víctimas de violencia familiar.
LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARGENTINA:

Argentina ha sancionado y promulgado la ley 26485 en el año 2.009, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Fundamentalmente esta ley está diseñada para la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres y proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.

El art. 4 de la citada ley brinda un concepto de violencia de género y dice en su primer párrafo: “Se entiende por violencia de género contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual del poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes...”.

Una de las innovaciones en la materia, que efectúa esta ley se relaciona con la ampliación de las vías de denuncia ya que prevé que se puedan radicar ante cualquier juez/a de cualquier fuero o instancia o ante el Ministerio público en forma oral o escrita, cuya competencia va a quedar determinada según los tipos y modalidades de violencia (art. 21).

Se prevé, además, que las denuncias efectuadas por ante las autoridades policiales deban ser remitidas en compulsa al juez competencia dentro de las 24 hs (art. 23).

El cambio de visión respecto a la problemática de la violencia de género importó, por ejemplo, la ampliación de las personas legitimadas para denunciar, dejándose de lado el paradigma según el cual es necesario la denuncia de la persona vínctima (cuando es mayor de edad) para echar a andar el andamieje judicial de protcción, previéndose que si la denuncia es efectuada por un tercero, se debe citar dentro de las 24 hs a la víctima para que raatifique o rectifique la denuncia.

Ahora bien, cuando se trata de violencia sexual, la legitimación para denunciar se restringe, quedando limitada sólo a la vícitima.

Por otro lado, TODA PERSONA que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud en el ámbito público o privado, que por motivo de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia SIEMPRE QUE LOS HECHOS PUDIERAN CONSTITUIR DELITO (ej: amenazas, lesiones, tentativa de homicidio)

En la provincia de Mendoza se promulgó la Ley Nº 8226 de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.485. Esta ley es de orden público e incluye la adopción de los procedimientos de la Ley Nacional en la provincia. Asimismo se el decreto Nº 2930 de Gobernación que aprueba el Protocolo de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica en el marco de la Ley 26.485 y a través del cual se disponen responsabilidades a varios Ministerios. Con ello Mendoza reiteró su compromiso de lucha contra la violencia de género.
LA PREMURA EN LA SOLUCIÓN

Sin duda el tema se inscribe dentro de la llamada teoría general de los procesos urgentes. Y es que la justicia lenta, la que llega tarde, deja de ser justicia.

Es que el factor tiempo en ciertos procesos judiciales adquiere elemental importancia, sobre todo cuando los derechos discutidos en ellos son esenciales al ser humano. Sostiene Kielmanovich que el factor tiempo se constituye en una nota de dramática importancia e insoslayable consideración en y para el proceso judicial, pues la función jurisdiccional no se agota en la simple, nominal o abstracta declaración del derecho en debate sino en su efectivo restablecimiento, teniendo en cuenta que una decisión inoportuna o tardía equivale, las más de las veces, a la inexistencia del mismo, del mismo modo que una resolución oportuna pero de imposible cumplimiento resulta frustratoria de su reconocimiento9. Esto se pone en evidencia cuando los derechos en discusión se refieren a valores trascendentes al hombre que hacen a su propia dignidad, como su vida, su integridad psico-física, su intimidad, su libertad, etc. Esos son los bienes que se ven afectados generalmente en los casos de violencia intrafamiliar.

Es públicamente conocido lo conmocionante y devastador que puede ser este fenómeno para sus víctimas y cuáles son las secuelas -tanto psicológicas como físicas- que puede arrastrar cuando logra controlarse antes de terminar con la vida de alguno de los involucrados (ya sea la víctima o el victimario). Es por eso que el juzgador y el legislador no pueden desconocer la necesidad de crear vías alternativas desde lo procedimental que permitan poner fin a estas situaciones en forma inmediata y expedita. Los episodios de violencia suelen ser cada vez más graves pudiendo llegar a producir lesiones irreparables.

La Convención de Belem do Pará parece tomar la posta de la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer cuando, en relación a las vías jurídicas para paliar los efectos de la violencia doméstica impone a los Estados la obligación de establecer mecanismos para asegurar el reestablecimiento de los derechos conculcados en tiempos breves.

Todo lo expuesto hasta aquí es lo que fundamenta la aparición de estos procesos urgentes y la necesidad de su estudio y regulación.

Ya en el ámbito procedimental, los autores han distinguido entre: a) tutela propiamente cautelar; b) tutela preliminar satisfactiva bajo la forma de medidas provisionales de tipo interinal y c) tutela satisfactiva autónoma.

Las medidas cautelares han sido caracterizadas a través de su finalidad asegurativa y preventiva. Se las califica como instrumentales o sirvientes de otro proceso cuyo resultado intentan hacer efectivo.

A su tiempo la tutela satisfactiva interinal importa mecanismos procedimentales que facultan al juez a adoptar una decisión anticipada sobre el objeto de la pretensión, mientras las medidas autosatisfactivas se diferencian de las anteriores justamente por su autonomía, es decir, no son accesorias ni son provisorias. Por el contrario se trata de soluciones urgentes a situaciones urgentes.

La caracterización que antecede impone destacar que los institutos mencionados poseen ciertos rasgos que las distinguen, lo que asume importancia al momento de asesorar a una víctima de violencia, ya que en tales casos, tales vías pueden ser utilizadas como herramientas para conseguir el mismo resultado que es -en última instancia- hacer cesar las vías de hecho que están limitando el derecho de la persona.

Deteniéndonos en el estudio las medidas cautelares y las autosatisfactivas, el objetivo de ambas es obtener la protección urgente de los derechos en debate, es decir que la situación que origina el pedimento de la medida obtenga absoluta, efectiva e inmediata satisfacción, por medio del despacho de una disposición concreta que, o bien asegure la indisponibilidad del bien que se solicita como garantía, o bien el cese de las vías de hecho que vulneran el derecho reclamado, la obtención del objeto que se discute anticipadamente, etc.

La urgencia que las motiva supone necesariamente y casi en la totalidad de los casos, el despacho de la decisión inaudita pars, es decir, implican una postergación de la bilateralidad propia de todo litigio, y en este sentido un sacrificio en parte del derecho de defensa del afectado, todo en pos de un derecho que se considera prima facie, verosímil y digno de protección.

La cesación de los hechos a que da lugar la violencia intrafamiliar, sobre todo cuando víctima y victimario son adultos, puede perseguirse mediante cualquiera de las dos vías procesales. Ahora bien, para interponer una medida cautelar será necesario que entre las partes exista el vínculo matrimonial, ya que estas medidas están autorizadas por la ley de fondo, como previo a deducir la demanda de separación personal o divorcio, o bien una vez iniciadas éstas en casos de urgencia.

En cambio para interponer una medida autosatisfactiva, será necesario formar parte del mismo grupo familiar, tal como lo habilitan las leyes de violencia provincial (Mendoza: Ley 6.672).

Cuando se interpone una medida cautelar, son requisitos de admisibilidad acreditar la verosimilitud del derecho invocado, una probabilidad de que el derecho exista. La ley no exige una prueba plena concluyente, sino un mero acreditamiento, una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión infundada, y que se presume aún en el caso de medidas cautelares previas a la interposición de la demanda de divorcio y se acredita el vínculo matrimonial por cuanto la sola existencia del matrimonio los habilita a ambos cónyuges a proteger los bienes que forman parte de la sociedad conyugal o bien sus propias personas.

La normativa supra legal que desbrozamos al comienzo así lo habilita, no debiendo ponerse trabas a la admisibilidad de este tipo de medidas cuando una de las partes se halla inmersa en una situación de violencia so pena de ver frustrados sus derechos fundamentales.

El peligro en la demora implica la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda pueda frustrarse en los hechos por el transcurso del tiempo y también debe acreditarse sumariamente.

Ahora bien, cuando se trata de medidas autosatisfactivas, los recaudos se rigorizan un poco más.

El juez hará un primer juicio de forma y si están cumplidos los recaudos formales, analizará los recaudos de admisibilidad, es decir la urgencia, la gravedad del perjuicio que se intenta evitar con ella, el grado de probabilidad del derecho que se invoca.

Deberá existir un firme convencimiento del Juzgador de que el daño que sufrirá el peticionante o está sufriendo es irreparable e inminente.

Que se de en el caso una urgencia manifiesta, no sólo el peligro en la demora, sino una situación en la que no se pueda esperar ni siquiera la realización de una audiencia preliminar. Y esta misma urgencia también debe ser provocada por la naturaleza misma del derecho, o sea el derecho que esté en juego debe ser un derecho subjetivo medular, por ejemplo la vida, la integridad física, la libertad personal, etc.

En suma, las situaciones que justifiquen la medida inaudita pars se presentarán como vías de hecho ostensibles, que entrañen un perjuicio inminente y cuya atención posea una urgencia manifiesta10
LAS LEYES PROVINCIALES DE VIOLENCIA FAMILIAR:

En nuestro país, la ley Nº 24.417 (sancionada el 7/12/94) regula el tema e invita en su art. 9º a las provincias a dictar las normas sobre el particular. En la provincia de Mendoza se dictó en abril de 1.999 la ley Nº 6.672 de Violencia Familiar que contiene aspectos sustanciales y procesales.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha entendido que las medidas de seguridad previstas en la ley de violencia responden a las nuevas concepciones en la materia, que aconsejan más la protección de la víctima que la sanción al agresor, pudiendo afirmarse que dicho principio se constituye en rector para la adopción de toda medida cautelar.

Con relación a la prueba, como regla, el peticionante debe demostrar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado. Sin embargo, creemos que la sospecha de la existencia de malos tratos autoriza al juez al dictado de medidas urgentes, destinadas a poner fin a la situación de riesgo denunciada.

En otras palabras, no puede exigirse al denunciante que acredite la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y preste contracautela con el mismo rigor que se exige para el caso de las medidas cautelares en el Derecho de Familia, y mucho menos con el que se exige para las medidas cautelares en general11. Por el contrario, frente a esa sospecha fundada, el tribunal debe flexibilizar las exigencias, quedando facultado el juez a adoptar medidas urgentes destinadas a poner fin a la situación de riesgo denunciada.

De allí que son frecuentes las decisiones judiciales que expresan. "La ley de protección contra la violencia familiar establece un procedimiento para el dictado de las medidas urgentes de amparo a las víctimas que no implica un decisorio de mérito que declara a la alguien como autor de los hechos que se le atribuyen. Ello, pues basta la sospecha de maltrato ante la evidencia psíquica o física que presenta el maltratado, y la verosimilitud del derecho, para que el juez ordene medidas que, en su esencia, son verdaderas medidas cautelares, o bien el sometimiento de la familia a un tratamiento bajo mandato judicial"12.

He aquí donde juega su papel fundamental la incidencia de las normas internacionales en la materia permitir a las víctimas el acceso a un procedimiento rápido, efectivo y sin trabas en materia probatoria.

Como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "la tendencia es hacia los derechos operativos. Cuando la Constitución Nacional reconoce una serie de derechos individuales esenciales (fundamentales) instrumenta diversas garantías como medios a través de los cuales poder reclamar el respeto de tales derechos si son lesionados o desconocidos, lo hace en la inteligencia de que se trata de derechos operativos que pueden ser ejercidos por la persona (ciudadano o habitante) con la sola invocación y sin dependencia del cumplimiento de requisito previo alguno”13.

Siguiendo esta pauta interpretativa, puede sostenerse que, en principio, los derechos y garantías, reconocidos en instrumentos internacionales, sea que tengan o no rango constitucional, gozan de eficacia directa, lo que implica que el sujeto que demanda la tutela jurisdiccional de un derecho o de una garantía, puede hacerlo invocando derechamente la norma del tratado en cuestión, aún cuando no exista una norma legal que desarrolle la garantía o derecho de que se trate14.

Las normas de procedimiento en materia de medidas de protección contra la violencia no pueden, en modo alguno, importar trabas a las víctimas para obtener un pronunciamiento rápido que llegue a tiempo. Así lo imponen los instrumentos internacionales en la materia que, como quedó sentado, tienen jerarquía supra legal y operatividad directa.

Para finalizar, es preciso que cada operador del derecho tenga presente que cada caso de violencia doméstica tiene sus particularidades lo que puede tornar más efectiva una vía procesal que otra, y que en ningún momento se debe perder de vista que las situaciones de maltrato conforman un proceso complejo que requiere de una integración de miradas y saberes de distintas disciplinas, para atacar no solo los efectos sino las causas del mismo, a fin de lograr medidas de protección eficaces.

Nancy B. Ferrer – Rodolfo Gabriel Díaz
Se autoriza a las autoridades de la Asociación Latinoamericana de N A y F la publicación del presente trabajo.

* Nancy Beatriz Ferrer: Abogada. Mediadora. Especialista en Magistratura y Gestión Judicial. Asesora de Menores e Incapaces. 1ª Circunscripción Judicial Mendoza. Argentina

Rodolfo Gabriel Díaz: Abogado. Especialista en Derecho de Familia. Mediador. Profesor en Ciencias Jurídicas. Especialista en Magistratura y Gestión Judicial. Juez de Familia. 1ª Circunscripción Judicial Mendoza. Argentina.

1 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, Buenos Aires, t. V, pág. 449.

2 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, XI Sesión. Recomendación General 19. Actas oficiales de la Asamblea General, XLVII Sesión. Suplemento Nº 38 (A/47/38), cap. 1.

3 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20/12/1993. art. 4.

4 Caso Velásquez Rodríguez (Hoduras), 4ª Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ser. C Nº 4, 1988, párrafo 174

5 Entre otros: art. 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 15 del Protocolo Adicional de la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10 del Pacto internacional de DESC, art. 16 de la Declaración Universal de DH, y art. VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta ultima establece con claridad que “toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ella.

6 Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994 Resolución adoptada por aclamación en la segunda sesión plenaria de la OEA, realizada el 9 de junio de 1994


7 La ratificación argentina llegó de la mano de la ley 24.632 sancionada el 13-03-96. B.O. 9-06-96.

8 conf. LEIVA, Claudio "La constitucionalización del derecho privado" en Supl. Mensual de la Rev. del Foro de Cuyo Mendoza. Ed Dike. Mayo 2004, pag. 1

9 KIELMANOVICH, Jorge L., Medidas cautelares, Ed. Rubinzal - Culzoni, pág. 14, año 2000.

10 GARDELA, Luis Luciano, Medidas autosatisfactivas, Dir. Peyrano, Jorge, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 263

11 DI LELLA, Pedro y DI LELLA, Pedro (h), La ley de protección contra la violencia familiar de la prov. de Buenos Aires. J.A. 2000-II-1.269

12 Cám. Nac. Civil Sala A. 25/03/97. L.L. 1997-E-241

13 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Marono, Héctor c/Allois Verónica D.”, del 26/11/96, ED 172-699.

14 Rivera, Julio César, "El Derecho Privado Constitucional", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1.994, Nº31, pág. 27 y sgtes.

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