Ley de soberanía vasca y de relaciones con el estado españOL






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LEY DE SOBERANÍA VASCA Y DE RELACIONES CON EL ESTADO ESPAÑOL


Euskal Herria es una nación que ha manifestado a lo largo de su historia una identidad propia y singular y una voluntad inequívoca de autogobierno expresada en instituciones políticas y ordenamientos jurídicos propios, tanto en lo que hace referencia a las capacidades para decidir el ejercicio interno del poder como para articular sus relaciones externas. Esta voluntad de autogobierno se expresó en 1990 por el Parlamento Vasco cuando proclamó el derecho del Pueblo vasco a su libre determinación que constituye, conforme a la legislación internacional, uno de los derechos humanos universales. Esta misma voluntad de autogobierno se había manifestado, como reserva de los derechos que le hubieren podido corresponder en virtud de su historia, en la disposición adicional del Estatuto de Autonomía de 1979, ratificado mayoritariamente por el Pueblo vasco de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y forma parte, por tanto, del ordenamiento jurídico del Estado español.
Al tiempo, Euskal Herria es un País dividido entre dos Estados y dotado de tres formas separadas de institucionalización política en sus siete Territorios Históricos: Araba, Behenafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa. Sin embargo, la configuración de un solo espacio político ha de partir del riguroso respeto a la democracia y a la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas en cada uno de estos tres ámbitos.

Desde la pluralidad que expresa la sociedad vasca sobre el alcance del derecho al autogobierno y sin renuncia a cualquier otro contenido de su derecho a la libre determinación en el conjunto de las naciones y pueblos que constituyen la Unión Europea si así lo decidiere una mayoría suficiente de ciudadanos y de ciudadanas, la presente Ley, limitado en su alcance a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa constituye la expresión de su régimen de relaciones con el Estado español como ejercicio de su derecho de libre determinación y actualización de sus derechos históricos al autogobierno mediante un nuevo pacto o arreglo foral que encuentra su apoyo en la disposición adicional del Estatuto de Autonomía de 1979 y en la disposición adicional primera de la Constitución española y en su disposición derogatoria de las leyes abolitorias de fueros.
Desde el reconocimiento de la igual dignidad de todas las identidades nacionales como proyección de la igual dignidad de todas las personas y aspirando a hacer plenamente efectivos y reales los contenidos de las ideas de Estado de Derecho, Igualdad, Justicia, Solidaridad, Libertad y Progreso Social, los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi se dotan de la presente Ley.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Del derecho de libre determinación
1.- El Pueblo Vasco o Euskal Herria constituye en virtud de su voluntad de autogobierno históricamente expresada en instituciones y ordenamientos jurídicos propios, así como en virtud de su lengua y de su cultura, una nación de ciudadanos y de ciudadanas con derecho a decidir libre y soberanamente sobre su régimen político, cultural y socioeconómico.
2.- El ejercicio del derecho de libre determinación del Pueblo Vasco o Euskal Herria ha de llevarse a cabo desde el reconocimiento y respeto del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de cada uno de los diferentes ámbitos jurídicos en que se articula actualmente, a decidir su presente y su futuro.

Artículo 2.- Libre asociación
En virtud de la presente Ley se constituye el Estado Libre de Euskadi, asociado al Reino de España, como manifestación de su derecho a la libre determinación y a la actualización de sus derechos históricos al autogobierno.


Artículo 3.- Territorialidad
1.- El territorio en que será de aplicación la presente Ley está integrado por los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, en su caso, la Comunidad Foral de Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La presente Ley reconoce cualquiera de los regímenes de configuración de una sola comunidad jurídico-política que se acuerde entre las instituciones representativas de la Comunidad Foral de Navarra y del Estado Libre de Euskadi. Las modificaciones de la presente Ley que fueren precisas en virtud de dicho acuerdo, serán sometidas a su aprobación mediante referéndum.
2.- Las instituciones públicas en Euskadi impulsarán el establecimiento de vínculos permanentes de cooperación con los territorios y municipios de Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa en el marco de la cooperación transfronteriza y de cualesquiera otros procedimientos de cooperación y de fomento de las relaciones sociales, económicas y culturales, públicas y privadas.

3.- Asimismo, Euskadi impulsará la creación de una Euroregión en el ámbito de la Unión Europea que comprenda a todos los Territorios Históricos que constituyen Euskal Herria y, en su caso, otras regiones próximas con las que mantenga vínculos históricos, sociales, económicos y culturales de singular importancia.

Artículo 4.- Pueblo y soberanía
1.- La soberanía reside en el pueblo entendido como el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas, titular único del derecho de libre determinación para decidir sobre su forma política de gobierno, sus relaciones con otros Estados y, en su caso, el acceso a la soberanía plena. Todos los poderes emanan del pueblo.
2.- El pueblo ejerce su soberanía en forma directa a través de elecciones y de votaciones y en forma indirecta a través de sus representantes libremente elegidos.
3.- Mediante ley del Parlamento, aprobada por mayoría absoluta, se regularán las diversas modalidades de consulta popular. Las consultas populares tendrán carácter decisorio y vinculante aun cuando su objeto venga constituído por la abrogación de leyes o partes de una ley aprobadas por el Parlamento. La convocatoria de referéndum y, en su caso, la autorización corresponden al Gobierno Vasco y, en los términos que prevea la ley respecto a las consultas populares de ámbito municipal, al Pleno de los Ayuntamientos. La ley preverá los supuestos en que una materia pueda ser sometida a consulta popular a solicitud de un número suficiente de ciudadanos y de ciudadanas.

La ley determinará la mayoría que en cada caso se requiera para la aprobación de la materia sometida a consulta popular.
4.- Asimismo, la presente Ley garantiza la iniciativa legislativa popular y el ejercicio de la acción popular ante los Juzgados y Tribunales en los términos que establezcan las leyes.

Artículo 5.- Democracia
1.- Euskadi es un Estado social y democrático de Derecho.
2.- La presente Ley se fundamenta en la soberanía popular; en la paz y en el pluralismo de las ideas; en la garantía y protección real y efectiva de los derechos humanos; en la dignidad de la persona humana, en la igualdad de todos los seres humanos y en la protección de las minorías cualquiera que sea su elemento de identificación; en la justicia; en la solidaridad entre las personas, las generaciones y con todos los pueblos del mundo y en la separación de poderes.
3.- El Pueblo vasco rechaza la guerra y cualquier expresión de la violencia como forma de solución de los conflictos que no sea expresamente autorizada por la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, el Pueblo vasco rechaza toda forma de violencia contra las personas y los bienes que pretenda su justificación en la defensa de los derechos nacionales de Euskal Herria.
4.- La Ley garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
5.- La creación de partidos políticos es libre aun cuando sus objetivos sean contrarios a lo previsto en la presente Ley. Quedan prohibidas las asociaciones u organizaciones que propugnen la violencia armada como medio de actuación política.

Artículo 6.- Forma de gobierno
1.- La forma de gobierno del Estado libre asociado de Euskadi es la democracia parlamentaria representativa, basada en la voluntad popular, manifestada periódicamente mediante elecciones libres y justas. La naturaleza representativa y pluralista de la forma de gobierno conlleva la responsabilidad ante el electorado, la obligación de las autoridades públicas de ajustarse a la ley y al Derecho y la administración imparcial de la justicia mediante Jueces y Tribunales independientes.
2.- Las decisiones se adoptan por mayoría simple de los votos válidos emitidos, sin más excepciones que las establecidas en esta Ley de soberanía vasca.


Artículo 7.- De la lengua propia y la doble oficialidad lingüística
1.- El euskara es la lengua nacional propia de Euskal Herria.
2.- El euskara tiene la condición de lengua oficial de Euskadi. Todas las personas tienen derecho a conocerlo y a usarlo. Todos los poderes públicos y todas las personas y organizaciones promoverán las condiciones para que dichos derechos sean efectivos y reales, y para la normalización de su uso como lengua nacional propia en todos los ámbitos públicos y privados.
3.- Asimismo, el castellano tiene la condición de lengua oficial, y todas las personas tienen el derecho a conocerlo y usarlo.
4.- Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
5.- Euskaltzaindia-Academia de la Lengua Vasca es la máxima autoridad lingüística en todo lo referente al euskara y dispone, a dichos efectos, del carácter de institución consultiva oficial.
6.- Euskadi podrá celebrar convenios y, en su caso, tratados con otros Estados o entidades territoriales en los que el euskara sea lengua oficial o en los que existan comunidades lingüísticas caracterizadas por el uso del euskara, a fin de salvaguardar y fomentar el euskara.
7.- Asimismo, podrán establecerse convenios con el Estado francés, a fin de fomentar la lengua francesa que también tiene el carácter de oficial en alguno de los territorios de Euskal Herria.

Artículo 8.- Ciudadanía vasca
Ostentan la ciudadanía vasca todas las personas con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios que forman parte del Estado Libre de Euskadi.

Artículo 9.- Nacionalidad vasca
1.- La nacionalidad vasca es compatible con la nacionalidad española y con cualquier otra nacionalidad.
2.- Ostentan la nacionalidad vasca quienes:

a) a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley dispongan de ella conforme a lo previsto en el régimen anteriormente vigente.

b) las personas nacidas en Euskadi y las residentes fuera de Euskadi, así como sus descendientes, si así lo solicitan.
3.- La nacionalidad vasca se adquiere por el nacimiento en Euskadi y por la adopción por quien o por quienes tuvieren la nacionalidad vasca. Así como mediante solicitud por los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria en los términos en que lo disponga una ley del Parlamento Vasco.
4.- Sólo quienes ostentan la nacionalidad vasca tienen derecho a participar como electores o elegibles en los procesos electorales así como a votar en las consultas populares que se celebren. No obstante, los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi que sean nacionales de cualquiera de los Estados que integran la Unión Europea, así como los españoles y las españolas que no ostenten también la nacionalidad vasca, podrán participar, como electores y elegibles, en las elecciones municipales y en las consultas populares de ámbito local. El derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo se regirá por lo que al respecto determine la Unión Europea.

Artículo 10.- Símbolos
1.- La bandera oficial de Euskadi es la bicrucífera compuesta, sobre fondo rojo, por aspa verde y cruz blanca superpuesta.
2.- El escudo de Euskadi está formado por los escudos correspondientes a los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, más un cuartel de color rojo que simboliza la opción permanente a formar parte del Estado libre de Euskadi de las colectividades territoriales que no hayan ejercido tal opción.

Artículo 11.- Capital de Euskadi
La capital de Euskadi será determinada por ley del Parlamento Vasco aprobada por mayoría absoluta.

Artículo 12.- Promoción exterior de la identidad nacional vasca
1.- Euskadi dispondrá de representaciones en el exterior con el estatuto y funciones que determine una ley del Parlamento.
2.- La ley regulará las actuaciones de apoyo al reconocimiento y fomento de las colectividades vascas residentes fuera de Euskal Herria, su derecho a participar y compartir su vida social y cultural, así como los derechos y deberes que libremente puedan asumir las personas de origen vasco y sus descendientes residentes fuera de Euskal Herria.
3.- Se reconoce a Euskadi el derecho a participar con representación propia en todas las instituciones internacionales no limitadas a los Estados y en competiciones deportivas internacionales mediante sus propias selecciones nacionales. El Estado español propiciará dicha participación y cooperará para la remoción de los obstáculos que se opongan a la misma.

Artículo 13.- Organización territorial
1.- Euskadi se organiza territorialmente en Territorios Históricos, coincidentes con sus actuales demarcaciones, y en municipios, de conformidad con la tradición histórica y el principio de subsidiariedad.
2.- El Estatuto garantiza a los Territorios Históricos sus potestades privativas tradicionales para la organización y el autogobierno de las propias instituciones que se basarán en la democracia parlamentaria representativa, así como las potestades y competencias previstas en la presente Ley y las demás que les atribuya el Parlamento.
3.- La Ley garantiza la autonomía municipal y la suficiencia financiera. Los municipios ejercen sus competencias en el marco de la ley, por sí o asociados con otros.

Artículo 14.- Aplicación y eficacia del derecho vasco
1.- El derecho vasco es de aplicación preferente a cualquier otro en materias de la competencia del Estado Libre de Euskadi, excepto en las materias atribuídas con carácter exclusivo al Estado español o a la Unión Europea.
2.- Salvo disposición expresa en contrario todas las competencias que se reconocen a Euskadi en la presente Ley se entienden referidas a su ámbito territorial.


TITULO SEGUNDO

DERECHOS Y LIBERTADES
CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15.- Los derechos humanos, patrimonio de la Humanidad
1.- Los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional constituyen el patrimonio cívico, social, político y jurídico más valioso de la Humanidad. Inherentes a la dignidad de la persona son universales, irrenunciables e inviolables.
2.- Corresponde a los poderes públicos de Euskadi en el ámbito de sus respectivas competencias promover las condiciones a fin de que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean efectivas y reales, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, crear las condiciones adecuadas para facilitar la participación de las personas en las actividades políticas, sociales, culturales y económicas y divulgar el conocimiento del carácter universal, inviolable e irrenunciable de los derechos humanos y de los procedimientos para su restablecimiento cuando sean violados.


Artículo 16.- Derechos y libertades
1.- Euskadi reconoce y garantiza todos los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en:
a) La Declaración universal de los derechos humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, aprobados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966.
b) El Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y sus protocolos posteriores.
c) La Constitución Europea.
d) La Constitución Española.

2.- Lo previsto en el apartado anterior no será obstáculo para el reconocimiento de nuevos derechos.
3.- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, las personas estarán solamente sujetas a las limitaciones previstas en las leyes que se basarán exclusivamente en la finalidad de garantizar el respeto de los derechos y de las libertades de las demás y de satisfacer las justas exigencias de una sociedad democrática, de la moral civil, de la paz social y del bienestar general.

Artículo 17.- Principio de igualdad

1.-Todas las personas forman parte de una sola raza, la raza humana, y son de igual dignidad e iguales ante la ley sin distinción, exclusión o preferencia por razón de género, de orientación sexual, de origen étnico o de color de la piel, de origen nacional o social o de pertenencia a una minoría nacional, de lengua, de religión, ideas o convicciones, de situación económica, de discapacidad o de cualquier otro tipo o condición personal.
2.- El principio de igualdad y de no discriminación no impedirá la adopción de medidas orientadas a promover una igualdad plena y efectiva con la condición de que respondan a una justificación objetiva y razonable.

Artículo 18.- Los españoles y los extranjeros
1.- Los ciudadanos y las ciudadanas vascos de nacionalidad española que no ostenten la nacionalidad vasca, dispondrán de iguales derechos y deberes que los nacionales vascos con la sola excepción contemplada en el artículo 9.4.
2.- Las ciudadanas y los ciudadanos vascos de nacionalidad extranjera dispondrán de las libertades públicas en los términos previstos en el artículo 13.1 de la Constitución española y en el artículo 9.4 de la presente Ley. En cuanto a los demás derechos, gozarán de aquellos que les reconozcan las leyes y los tratados internacionales concertados o ratificados por España, sin perjuicio de las medidas complementarias que puedan adoptarse por ley del Parlamento Vasco.
3.- El reconocimiento y garantía de los derechos de las personas a que se refieren los apartados anteriores conlleva su derecho a la integración y a la participación en las actividades políticas, sociales, culturales y económicas, su derecho al disfrute del patrimonio cultural vasco y al acceso a los servicios públicos en los términos previstos en las leyes. Asimismo, conlleva el deber cívico de acatamiento del ordenamiento jurídico vigente en Euskadi y de los valores de una sociedad democrática, especialmente los derechos y las libertades fundamentales, así como los deberes cívicos de respeto del pluralismo social y político de la sociedad vasca, de la lengua y de la cultura vasca como expresión singular de la identidad colectiva, y del derecho del Pueblo Vasco a decidir libremente sobre su presente y su futuro.

CAPITULO SEGUNDO
DEL ESTADO DE BIENESTAR, LOS DERECHOS SOCIALES

Y LAS POLITICAS PUBLICAS PARA SU GARANTIA
SECCION PRIMERA

DEL ESPACIO SOCIAL DE BIENESTAR

Artículo 19.- Principios inspiradores
1.- Los poderes públicos vascos han de promover conjuntamente con los agentes sociales y económicos un espacio social de bienestar basado en los principios de solidaridad, cohesión y progreso social, cultural, económico y material.
2.- La presente Ley garantiza la economía social de mercado fundamentada en los siguientes principios, derechos y deberes:
a) La riqueza, la actividad económica, la investigación y el conocimiento están al servicio del bienestar general y, en particular, deben orientarse a garantizar a todas las personas una existencia digna acorde con las exigencias de la dimensión humana.
b) El logro irrenunciable del pleno empleo.
c) El reconocimiento del derecho de propiedad al que es inherente su función social.
d) El reconocimiento de la iniciativa privada empresarial, la libertad de empresa y el ejercicio de la actividad empresarial conforme a los principios y las reglas de la libre concurrencia y competencia, la transparencia en su funcionamiento y la prohibición de cualesquiera prácticas que supongan la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado.
e) El deber de contribuir a las cargas públicas a través de un sistema impositivo justo y progresivo.
f) El reconocimiento de que todos los derechos sociales y económicos comprenden correlativos deberes y compromisos con la comunidad en los términos que establezcan las leyes.
g) El derecho a un trabajo digno conforme a las capacidades personales y los derechos a la promoción profesional, a un salario justo, a la seguridad e higiene en el trabajo y a la negociación colectiva, y el deber correlativo de los agentes económicos de garantizar tales derechos y en particular de crear las condiciones para la estabilidad en el empleo. Así mismo, todos los trabajadores y las trabajadoras tienen el deber de desempeñar su trabajo con competencia, profesionalidad y responsabilidad.
h) La prohibición de todas las formas de discriminación en el trabajo, particularmente en lo que hace referencia a los jóvenes, a la población inmigrante y a las mujeres, tanto en el acceso y promoción como en la fijación de sus condiciones salariales.

i) El desarrollo sostenible, la promoción de energías renovables y la ordenación racional del territorio, como expresión de la solidaridad entre las generaciones presentes y las futuras.
j) El derecho de los consumidores y usuarios a disponer de información completa y veraz en materia de productos, comercio, consumo y servicios y en el deber de los agentes económicos y de los poderes públicos de garantizar dicho derecho a la información.
3.- Se reconoce en el marco de la normativa de la Unión Europea la iniciativa pública empresarial.

Artículo 20.- Carta de servicios públicos
1.- El Parlamento establecerá con rango de ley una Carta de los servicios públicos que han de ser ofertados por las administraciones públicas. Se reconocerán, como mínimo, los servicios establecidos en la Carta Europea de los Derechos Sociales.
2.- La Carta de servicios públicos determinará los derechos y los deberes de las personas beneficiarias en relación a cada uno de ellos y podrá determinar las sanciones por incumplimiento de deberes que conlleven falta de responsabilidad personal o insolidaridad con la comunidad.

Artículo 21.- La familia
1.- La familia es la organización básica de la sociedad, merecedora de especial protección por las leyes. Los poderes públicos protegerán especialmente la maternidad y la paternidad con medidas adecuadas de conciliación de la vida familiar y laboral en particular en los primeros años de la vida de los hijos y, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes con carácter preceptivo, se impulsarán y concertarán medidas complementarias con las organizaciones sociales y económicas.
2.- Se reconocen, en términos de igualdad ante el derecho, todas las formas de familia. Todos tienen el deber cívico de respetar los valores de la familia en cualquiera de sus diversas modalidades. La legislación civil no podrá establecer ninguna discriminación o exclusión en cuanto a derechos, incluído el matrimonio y la adopción, que tenga su causa en el tipo de familia.
3.- Se reconoce el derecho a la separación y al divorcio. La legislación regulará las consecuencias de dichas situaciones en la voluntad de proteger preferentemente los derechos e intereses legítimos de los hijos e hijas.
4.- Las niñas y los niños dispondrán, como mínimo, de los derechos que les reconoce la Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y sus protocolos adicionales.

Artículo 22.- Derecho a la educación
1.- El derecho a la educación tiene naturaleza de derecho humano fundamental. Todos tienen derecho a una educación de calidad en todos los niveles y grados y a progresar en su formación de acuerdo con sus deseos y capacidades.
2.- Los padres y las madres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos y de participar en el control y gestión de los centros educativos no universitarios conjuntamente con los profesores y, en su caso, los alumnos.
3.- La enseñanza obligatoria se extiende desde los tres a los dieciséis años y será gratuita cuando sea impartida en centros públicos. Los poderes públicos ayudarán financieramente a los centros privados de enseñanza en los términos que establezcan las leyes.
4.- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas el derecho a la creación de centros educativos. La Ley regulará las condiciones mínimas que hayan de reunir los centros educativos para la autorización y mantenimiento de sus actividades.
5.- Todas las personas tienen derecho a la formación permanente a lo largo de la vida y, en particular, a la formación ocupacional, especialmente quienes tienen dificultad para encontrar un puesto de trabajo y, asimismo, todas las personas tienen el deber cívico de contribuir responsablemente a la propia formación.

6.- Se reconoce la autonomía de la Universidad en los términos en que lo establezca la ley.

Artículo 23.- Derecho a la vivienda
1.- Las instituciones comunes de Euskadi y los municipios han de adoptar las medidas adecuadas para garantizar el acceso de todas las personas y en particular de las familias, a una vivienda digna en propiedad o en alquiler.
2.- A tal fin, las administraciones públicas adoptarán entre otras las siguientes medidas:
a) Lucha contra la especulación del suelo y contra las retenciones de suelo y de viviendas con finalidad especulativa.
b) La construcción de viviendas en especial para las personas y las familias con menores medios económicos.
c) La implantación de políticas públicas activas de adquisición de suelo destinando al efecto, como mínimo, las cantidades económicas que se establezcan por ley.
d) La constitución de derechos de superficie y la cesión o venta de suelos para edificar a precios concertados.
e) El impulso a la investigación de soluciones constructivas económicas.
f) La puesta en el mercado de alquileres de viviendas dejadas vacías con fines especulativos.
3.- El valor del suelo, tanto el destinado a usos residenciales como a actividades económicas y sistemas generales, será su valor real conforme al uso a que anteriormente estuviere destinado, de conformidad con los criterios que establezca la ley que regulará también el derecho de tanteo y retracto por las administraciones públicas.

Artículo 24.- Protección social
1.- Euskadi garantiza un régimen público de protección social en situaciones de enfermedad, incapacidad para el trabajo, jubilación, viudedad, orfandad y desempleo, y en los demás supuestos de necesidad que determine la ley.
2.- Las prestaciones podrán ser contributivas y no contributivas. La ley garantizará un renta básica estableciendo las condiciones para su disfrute y los deberes de las personas perceptoras, en particular su deber de suscribir un acuerdo negociado con la Administración, por medio del cual se establecen los compromisos que los beneficiarios adquieren en aras a lograr su inserción social.

Artículo 25.- Sistema público de salud
Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, individual y colectiva, a través de medidas de prevención y de una asistencia sanitaria de calidad a través de un sistema público de salud, y el correlativo deber de procurar por la propia salud, de la de las personas próximas y de la del conjunto de la ciudadanía.

Artículo 26.- El desarrollo sostenible y el derecho a un medio natural de calidad
1.- La preservación del medio natural y el uso racional del territorio es un derecho colectivo de la ciudadanía y de todas las personas y un deber de solidaridad de las generaciones presentes con las generaciones futuras. Los poderes públicos y las personas físicas y jurídicas tienen el deber de hacer un uso responsable y racional del medio natural.
2.- Los poderes públicos han de velar por el mantenimiento del equilibrio entre las exigencias de la vida económica y social y la preservación del medio natural así como asegurar un medioambiente sano y la calidad de la vida a fin de garantizar un desarrollo sostenible.
3.- Los poderes públicos han de proteger en particular la fauna, la flora, los bosques, los espacios naturales de uso común colectivo y el paisaje. Han de prioritar un uso racional de los recursos naturales y favorecer una política de conjunto, preventiva y concertada, controlando la evolución del estado del medio ambiente.
3.- Los poderes públicos velarán particularmente por:
a) El uso racional del territorio y la protección de la diversidad de las especies y del paisaje.
b) La coordinación de actividades de los servicios encargados de proteger la calidad del agua, del aire, del suelo y del subsuelo contra la contaminación, así como de los servicios encargados de la lucha contra el ruido, y contra el despilfarro de la energía y de los recursos naturales.
c) El fomento de las energías renovables y de todas las medidas que posibiliten un uso óptimo y racional de la energía y su conservación.
d) El tratamiento adecuado de los residuos a través de los sistemas y procedimientos más compatibles con la preservación del medio ambiente natural.
e) La evaluación de la conformidad de los proyectos de construcción y de instalaciones con las exigencias de la protección del medio ambiente, del uso racional del territorio y de la conservación de la energía.
f) La aplicación rigurosa del principio quien contamina, paga.
g) El reconocimiento de la acción popular contra cualquier violación de la legislación de protección del medio ambiente y del uso racional del territorio.

Artículo 27.- Trabajo y empresa
1.- Euskadi reconoce el derecho al trabajo y su valor como exigencia irrenunciable del desarrollo de la personalidad con dignidad. Los poderes públicos orientarán sus políticas socio-económicas con la finalidad de propiciar la plena ocupación de las personas de acuerdo con sus capacidades.
2.- Euskadi reconoce el valor social de la iniciativa empresarial privada y, en el marco de la normativa de la Unión Europea, la estimulará.
3.- En materia de negociación colectiva se estimularán procedimientos de mediación a efectos de evitar los conflictos colectivos. La ley podrá determinar el carácter obligatorio de estos procedimientos en relación a los empleados de los servicios públicos esenciales prestados directa o indirectamente por las administraciones públicas y sus organismos y sociedades dependientes, en garantía de los derechos de las personas al acceso permanente y continuado a los servicios públicos.

Artículo 28.- Sociedad de la información
Los poderes públicos de Euskadi han de asegurar el despliegue de las infraestructuras de la información que garanticen la igualdad en el acceso de las personas a los servicios y a las formas de comunicación y de cultura vinculadas a dichas infraestructuras.
SECCION SEGUNDA
DEL DERECHO AL BUEN GOBIERNO

Y A LA BUENA ADMINISTRACION

Artículo 29.- El derecho al buen gobierno
1.- Todas las personas tienen derecho al buen gobierno y a la buena administración basados en:
a) El sometimiento pleno de las administraciones públicas a la ley y al derecho, aplicados con objetividad al servicio de los intereses generales.
b) El funcionamiento transparente de la administración garantizado a través de la información sobre los derechos y los procedimientos, el acceso a los registros públicos en las materias en que el administrado o administrada ostente un interés legítimo y la motivación suficiente de todas las resoluciones a fin de conocer las razones que asisten a la administración.
c) La funcionalidad, eficacia y simplicidad de los procedimientos administrativos; la tramitación sin dilaciones indebidas imputables a la administración y el cumplimiento riguroso de los plazos establecidos.
d) La correspondencia, en términos de eficiencia de servicio público, entre el coste de los servicios, su justificación social y los resultados obtenidos.
e) La plena y eficaz responsabilidad política, civil, penal y disciplinaria por el mal funcionamiento de la administración en la forma establecida en las leyes.
f) El derecho a recurrir ante los juzgados y tribunales frente a cualquier ilegalidad, incluído el abuso de derecho o la desviación de poder; el derecho a un funcionamiento de los juzgados y tribunales de Justicia sin dilaciones indebidas que permita el rápido y eficaz restablecimiento del derecho y la legalidad; el derecho a la responsabilidad patrimonial con cargo a las administraciones públicas en los supuestos en que produzcan un daño o un perjuicio que las personas no tengan el deber legal de soportar; el derecho al resarcimiento de las costas ocasionadas en todos los casos de condena en juicio a la administración o de anulación de sus actos y disposiciones generales.
g) La garantía eficaz de la cooficialidad lingüística.
h) En general, la calidad de la administración.
2.- Salvo prueba en contrario a cargo de la Administración, se presume que los administrados actúan siempre de buena fe.

Artículo 30.- Distribución de funciones y competencias
1.- Las leyes que procedan a la distribución o atribución de competencias entre los poderes públicos, tendrán en consideración necesaria el principio de subsidiariedad y de proximidad a las personas, atendidos también criterios de eficacia y capacidad funcional y financiera.
2.- En todo caso se evitará que una misma función sea llevada a cabo por diversas administraciones territoriales de no mediar un convenio de cooperación o colaboración que determine las funciones asignadas, su financiación y las formas de coordinación y de ofrecimiento de información mutua.

Artículo 31.- Calidad de la Administración
1.- Todas las administraciones públicas tienen el deber de velar por la calidad en la prestación de sus servicios en términos de eficacia social y eficiencia económica en la asignación de recursos a cuyo efecto evaluarán periódicamente la calidad de los servicios que presten.
A estos efectos, tienen también la consideración de administraciones públicas cualesquiera organismos dependientes de las mismas, incluídas las sociedades y entes que se rigen por el derecho privado.
2.- El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, además de las restantes funciones que le atribuya la ley, podrá proceder, a propia iniciativa o a instancia de las administraciones públicas, a la elaboración de auditorías de calidad, general y sectoriales, a fin de, entre otros aspectos:
a) Verificar el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 28.1 y, en particular, la correspondencia entre el gasto y los resultados.
b) Verificar que los gastos de las administraciones se corresponden con la importancia social de los objetivos.

Artículo 32.- Participación en las actividades públicas
1.- Los poderes públicos han de propiciar con medidas adecuadas y eficaces la participación de toda la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural y económica.
2.- Las personas físicas y jurídicas tienen derecho a dirigir iniciativas y peticiones a las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y las administraciones públicas tienen el deber de informarles en forma motivada sobre sus solicitudes. Una ley regulará el derecho de petición.

TITULO TERCERO
DEL PARLAMENTO Y DEL GOBIERNO DE EUSKADI
CAPITULO PRIMERO
DEL PARLAMENTO VASCO
Artículo 33.- Funciones e inviolabilidad
1.- El Parlamento representa al pueblo de Euskadi, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos, impulsa y controla la acción del Gobierno y ejerce las demás funciones que le atribuye la presente Ley.
2.- El Parlamento es inviolable.

Artículo 34.- Composición y elección del Parlamento
1.- El Parlamento se compone de un mínimo de setenta y cinco miembros y un máximo de ciento cincuenta, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que disponga la ley electoral que habrá de ser aprobada por mayoría absoluta.
2.- Son electores y elegibles todos los ciudadanos y las ciudadanas que dispongan de la nacionalidad vasca conforme al artículo 9 y estén en pleno uso de sus derechos políticos.
3.- El Parlamento es elegido por un período de cuatro años. El mandato de sus miembros finalizará cuatro años después de su elección o el día de su disolución, sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre la Diputación Permanente y sus miembros.
4.- La circunscripción electoral es el Territorio Histórico. Corresponde a cada Territorio Histórico un número igual de representantes.
5.- El sistema electoral será de listas cerradas y no bloqueadas, con asignación proporcional de escaños a cada lista.


Artículo 35.- Del estatuto de los parlamentarios
1.- Los miembros del Parlamento reciben la denominación de Diputadas o Diputados.
2.- Los Diputados y las Diputadas son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y gozan de iguales derechos y deberes básicos que los miembros de las Cortes Generales.
Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos dentro de Euskadi no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Dentro del Estado español y fuera del ámbito territorial de Euskadi, la responsabilidad penal será exigida en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
3.- Los Diputados y las Diputadas representan a todo el pueblo de Euskadi. No están sometidos a mandato imperativo y sólo responden ante su conciencia.
4.- El voto es personal e indelegable.
5.- Las Diputadas y los Diputados tienen derecho a una remuneración por el ejercicio de sus cargos adecuada a la dignidad de sus funciones, así como al abono de los gastos que ello les ocasione en los términos que determine el Parlamento.
6.- La ley electoral determinará el régimen de inelegibilidad y de incompatibilidades que comprenderá, en todo caso, a quienes desempeñen funciones, mediante elección o designación, en órganos del Estado español o de la Unión Europea, así como a Magistrados y Jueces en activo.

Artículo 36.- Organización
1.- El Parlamento elabora y aprueba su propio Reglamento, aprueba autónomamente su presupuesto y el estatuto del personal a su servicio. El Reglamento es aprobado y modificado mediante una votación final de conjunto que requerirá de mayoría absoluta.
2.- El Parlamento funciona en pleno y en comisiones. El pleno del Parlamento podrá delegar en las comisiones en los asuntos de menor interés público la plena capacidad legislativa.
3.- El Parlamento se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones. Fuera de los períodos ordinarios de sesiones, el Parlamento podrá reunirse cuando lo solicite el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los Diputados y las Diputadas.
4.- La Diputación Permanente estará compuesta del número de miembros que determine el Reglamento designados por cada grupo parlamentario, en proporción al número de sus miembros. Cada grupo parlamentario tendrá derecho, como mínimo, a un miembro.
La Diputación Permanente vela por la integridad de los poderes del Parlamento y ejerce las funciones que a éste corresponden excepto la potestad legislativa y de aprobación de los presupuestos, todo ello cuando el Parlamento no se encuentra en período ordinario de sesiones, se halle disuelto o haya expirado su mandato.
5.- Son órganos del Parlamento, además de la Diputación Permanente, el Presidente, la Mesa y la Junta de Portavoces.

Artículo 37.- Adopción de acuerdos y publicidad de actuaciones
1.- Las sesiones plenarias serán públicas. Los medios de comunicación tendrán derecho a acceder y asistir a los debates de las comisiones parlamentarias. Por razones excepcionales podrá suspenderse dicho régimen general en los términos que establezca el Reglamento.
2.- La adopción de acuerdos requerirá que el Parlamento esté reunido reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
3.- Para la validez de los acuerdos se requerirá la mayoría simple de los Diputados y las Diputadas presentes, con las solas excepciones previstas en esta Ley.

Artículo 38.- Iniciativa legislativa
La iniciativa legislativa corresponde:
a) A la ciudadanía en los términos que determine la ley.
b) A los grupos parlamentarios.
c) A un número de Diputadas y de Diputados que establezca el Reglamento que no podrá ser superior al doble del número mínimo que se establezca para la constitución de un grupo parlamentario.
d) Al Gobierno.
e) A cada una de las Juntas Generales de cada Territorio Histórico.

Artículo 39.- De la reserva de ley y de las normas con rango y valor de ley
1.- Todas las referencias a la ley que se contienen en la presente Ley se entienden hechas a ley aprobada por el Parlamento Vasco, salvo que expresamente se haga referencia a leyes del Estado español o así resulte por tratarse de una materia de la competencia del Estado español.
2.- Constituyen materias reservadas a ley del Parlamento Vasco:
a) Las que así lo requieran conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
b) Las que regulen el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que requerirán de mayoría absoluta para su aprobación.
c) Las normas de cabecera que regulen o afecten a cualesquiera otros de los derechos reconocidos conforme al artículo 16.
d) Las que aprueben los presupuestos generales de Euskadi.
e) Las que creen, regulen o modifiquen tributos sin perjuicio de las competencias correspondientes en estas materias a los Territorios Históricos y a las entidades locales. Asimismo las disposiciones dictadas con la finalidad de armonizar materias de la competencia de los Territorios Históricos.
f) Las que regulen el régimen jurídico de las administraciones públicas y del personal a su servicio.
g) Las que regulan materias que sin estar incluídas entre las anteriores, vengan establecidas con anterioridad mediante ley del Parlamento Vasco o del Estado español.
3.- El Parlamento podrá delegar en el Gobierno su potestad legislativa, con excepción de los supuestos a que se refieren las letras b) y d) del apartado anterior, bajo las siguientes modalidades y siempre de forma expresa:
a) Mediante leyes de bases para materia concreta que delimitarán con precisión el objeto de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio y con plazo determinado. La delegación se agota por el uso que haga el Gobierno de la habilitación.
b) Refundición de normas con rango de ley.
Estas normas recibirán la denominación de decreto legislativo y habrán de operar en el ámbito estricto de la delegación. Los excesos en la regulación podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por invasión de la potestad legislativa correspondiente al Parlamento.
4.- En los supuestos de extraordinaria urgencia y necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones provisionales en el ámbito de las materias reservadas a la ley con la denominación de decreto-ley que, sin perjuicio de su inmediata entrada en vigor, han de ser sometidas inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Parlamento, convocado a este efecto si no estuviere reunido dentro del término de los dos meses siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. El Parlamento habrá de pronunciarse dentro de dicho plazo sobre su convalidación y, en su caso, sobre su tramitación como proyecto de ley sin perjuicio de su vigencia y eficacia en tanto no sea aprobada la ley correspondiente, o, en su caso, sobre su derogación.
En ningún caso podrán regularse mediante decreto-ley materias que afecten a los derechos fundamentales y las libertades públicas, las leyes electorales, la ley de presupuestos generales de Euskadi y aquellas otras para las que la presente Ley requiere de ley aprobada por mayoría absoluta.

Artículo 40.- Vigencia y eficacia de las leyes y disposiciones generales
1.- Las leyes entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Serán eficaces a partir de los veinte días naturales desde su entrada en vigor, a no ser que la ley establezca otro plazo.
2.- Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a cualquier otra disposición de carácter general, incluídas las emanadas de los órganos forales de los Territorios Históricos y de los municipios que habrán de ser publicadas en los boletines oficiales del respectivo Territorio Histórico.

Artículo 41.- Otras facultades del Parlamento
Además de las otras facultades que la presente Ley atribuye al Parlamento, corresponde a éste:
a) Designar las personas que representen a Euskadi en el Senado mediante el procedimiento que establezca una ley del Parlamento.
b) Elaborar y aprobar proposiciones de ley para su presentación ante la Mesa del Congreso de los Diputados del Estado español.
c) Acordar lo que proceda y, en su caso, requerir de los órganos del Estado español la formulación del aviso de que un proyecto de la Unión Europea excede de las competencias que a ésta atribuye la Constitución Europea o cualquier otra norma europea, e incide en las competencias exclusivas de Euskadi.
d) Plantear el recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones normativas del Estado español con fuerza o valor de ley, personarse ante el Tribunal Constitucional en los conflictos de competencias con el Estado español o con una Comunidad del Estado español y, en su caso, intervenir ostentando la representación que corresponda al Estado español, ante los órganos de la Unión Europea, incluído el Tribunal de Justicia, en defensa de las disposiciones emanadas del Parlamento y del Gobierno vasco y de las disposiciones emanadas de los órganos forales de los Territorios Históricos.


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