Comision 4: procedimiento penal subcomision : el proceso en el derecho penal militar






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COMISION 4: PROCEDIMIENTO PENAL


SUBCOMISION : EL PROCESO EN EL DERECHO PENAL MILITAR



TITULO DE PONENCIA: LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR (A PROPÓSITO DE CASO PERUANO)
AUTOR: JORGE CÉSAR MAYTA PALIÁN
PROCEDENCIA: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
CORREOS : jmayta@rree.gob.pe

jcesar_217@hotmail.com




LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR: UNA NECESIDAD O UN PRIVILEGIO


(A propósito del caso peruano)

Jorge César Mayta Palián*


  1. SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN, II.- EL ESTADO DE DERECHO COMO FACTOR FUNDAMENTAL, III.- CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL, IV LA JURISDICCIÓN MILITAR PERUANA: A) La Necesidad de Jueces Militares, B) El Ordenamiento Jurídico Vigente en el Perú; V.- LA UNIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y LOS TRIBUNALES MILITARES, VI.- DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA MILITAR, CONCLUSIONES



I.-INTRODUCCIÓN.-

La problemática del presente trabajo se nos plantea desde dos puntos de vista: si la justicia penal militar peruana constituye una emanación de la potestad jurisdiccional del Estado la cual debe respetar todas la s garantías propias de un debido proceso dentro de un Estado Democrático de Derecho. O si tal vez, integra la función administrativa disciplinaria o sancionadora residenciada en el poder, a través de la propia estructura castrense, mediante la cual confluyen dos de los más potentes “instrumentos de coerción” con el que cuanta un Estado como son la justicia y la fuerzas armadas. Es en esta última perspectiva que el componente militar ha provocado el alejamiento de la justicia militar de los principios propios de la jurisdicción y su casi plena incorporación en el ámbito de la administración militar. Esta situación se agudiza en aquellos países en los cuales1 a la tradición tripartita del Estado del Estado se añade el poder militar que no solo tiene una existencia de hecho sino que se auto proclama como un poder más del Estado, debilitando algunas veces y anulando otras, los poderes clásicos especialmente el judicial.2 Justamente es en el sistema penal en donde se manifiesta de forma evidente el poder militar; a pesar que el derecho penal militar y la administración de justicia penal castrense se consideran , un ámbito especial y restringido, en relación con el sistema de control penal común, se ha ampliado e intensificado en detrimento de éste último, muchas veces justificando en necesidades de seguridad tanto internas como externas; pero lamentablemente como se puede constatar en los hechos concretos la denominada justicia militar está muy lejos de alcanzar la realización de la justicia , entiéndase como idea regulativa y orientadora de la producción y aplicación del derecho.

A pesar de la importancia que se le atribuya ala orden jerárquico y la disciplina militar estos no pueden conservarse y desarrollarse en contradicción con los principios y valores Constitucionales, como actualmente venía ocurriendo en el Perú.

Es así que el presente trabajo tiene como propósito el reflexionar acerca de la actual configuración de la justicia militar peruana y su necesaria correspondencia con garantías jurisdiccionales tales como la unidad y exclusividad jurisdiccional o la independencia e imparcialidad de los Jueces militares que solo deben estar sometidos a la Constitución y la leyes y no así a algún aparato de poder del Estado.

II.- EL ESTADO DE DERECHO COMO FACTOR FUNDAMENTAL


La doctrina de la separación de poderes, que fue esbozada por John Locke, expuesta por Carlos de Secondad barón de Montesquieu y la Brede, y complementada en el siglo XX por Karl Loewestein, tiene por esencia evitar, entre otras cosas, que quienes ejerzan las funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se desconozcan los derechos y libertades fundamentales.

Al respecto, Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes” sostuvo que: “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del, poder ejecutivo. Sino está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el Juez sería legislador. Sino está separado del poder ejecutivo, el Juez podría tener la fuerza de un opresor”3.

La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos Constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura.

En plena escena contemporánea, el derecho procesal debe estar enmarcado dentro de los postulados y principios de un Estado democrático y de derecho, de manera imperativa y categórica ya que estos servirán como soporte para la protección de los derechos fundamentales de la persona humana a través de la efectiva tutela por parte de los órganos jurisdiccionales.

La jurisdicción que es el elemento más importante en todo proceso, solo es compatible con los principios, que le son inherentes, de la independencia y su correlativo de imparcialidad. Sólo así es posible la aplicación del derecho en condiciones de igualdad y con respeto a la contradicción que constituye la base dialéctica del proceso y garantía de verificación de su función epistemológica4. A través de la independencia y la imparcialidad en que se vea investido el Juez será fundamental para dar un trato igualitario a las partes y estas puedan ser “oídas y vencidas”, solo por sus virtudes y sus defectos en la actuación de los medios de pruebas dentro del proceso para crear convicción en el Juez quien actuará como director del proceso sin inclinar la balanza para lado alguno, ya que éste no se verá influenciado por los diferentes entes de presión que existen en las sociedades modernas las cuales tratan de amoldar o hacer ineficiente el ordenamiento jurídico para hacer prevalecer sus intereses.

En consecuencia la existencia de tribunales organizados en los cuales no sea predominante la garantía de independencia deberá traer como consecuencia su desaparición. Y a que sin igualdad entre las partes, especialmente cuando una de ellas es el Estado, el cual siempre por naturaleza es más fuerte, tampoco es posible hablar de auténtico proceso. En el caso peruano el proceso penal militar constituye un típico ejemplo de proceso inquisitivo en el cual la imparcialidad brilla por su ausencia y en el que el derecho de defensa experimenta tantas limitaciones que puede afirmarse su inconstitucionalidad por no servir a los fines para los que dicha institución fue creada.
III.- CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL

Un concepto básico del derecho procesal, al igual que el de acción y proceso, es el de jurisdicción. Ella está dotada de unos caracteres propios y de unos fines específicos, cuyo resultado es la impartición de la justicia en el caso concreto5. Y la función jurisdiccional consiste en la tutela del derecho objetivo, atribuida al Estado, que la ejerce a través de los órganos jurisdiccionales.

En este sentido se puede definir a la jurisdicción como “la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente, por los órganos jurisdiccionales, integrados por Jueces y magistrados independientes, encargada de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable, y ejecutando lo juzgado. Daniel Oswaldo Ruiz plantea que: “la función jurisdiccional consiste en la aplicación de la ley a efectos de resolver controversias, litigios o causas..”. De está manera queda claro que la jurisdicción es una e indivisible, lo que puede distribuirse es la competencia, que sustenta la diferenciación de órganos6.

En la jurisdicción hay dos aspectos que la integran: 1) el objetivo; la potestad jurisdiccional, y 2) el subjetivo; el complejo organizativo que la imparte, que son los órganos jurisdiccionales, es en este último aspecto en el cual la Constitución del Perú (artículo 139º ) señala que se encuentra la jurisdicción militar en cuanto complejo organizativo propio, distinto del que abarca propiamente el poder judicial7.

Según Gimeno Sendra8 la jurisdicción tiene las siguientes notas esenciales:

  1. Es un poder del Estado, con una vocación de monopolio de la justicia.

  2. Tiene la potestad jurisdiccional, que es la capacidad de actuación de la personalidad del Estado en la manifestación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

  3. Independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional.

Siendo así, solo se podrá calificar una concreta función, la que corresponde a la jurisdicción militar, en la medida que respete esas notas características. Se requiere que se cumpla la independencia y sumisión a la ley y al derecho de conformidad con la jerarquía normativa y el sistema de fuentes preestablecido.
IV LA JURISDICCIÓN MILITAR PERUANA

Desde un razonamiento, más sociológico que jurídico, se atribuye la existencia de la justicia militar a las opciones políticas de los legisladores o a criterios históricos. Las reflexiones de Messina9 al respecto cobran plena vigencia, pues entiende que los motivos tradicionalmente adoptados para justificar la existencia en tiempo de paz de tribunales militares parece decaer si se los observa desde un punto de vista estrictamente racional. En esta perspectiva el problema acaba siendo verdaderamente y únicamente político: mantener con vida a los tribunales militares significa perpetrar la visión según la cual los que pertenecen a las fuerzas armadas deben tener sus “propios” Jueces; suprimirlos significaría despojar a los militares de un “fuero privilegiado” uniendo su suerte a la de cada ciudadano.

La especialidad de la jurisdicción militar se entiende como una derivación y exigencia técnica de la propia especialidad y autonomía del derecho penal del derecho penal militar y el derecho disciplinario militar. Decir que existe un derecho penal militar es tanto como decir que existe un derecho penal que protege bienes jurídicos castrenses, que no precisa de reglas o principios jurídicos sustancialmente diversos a los provistos para el ordenamiento en general. Que se encuentre del código penal común no quiere que sea independiente de los principios establecidos por el propio código penal10. Detrás de la existencia de un derecho penal militar autónomo e independiente, puede intentar ocultarse la concepción de u derecho privilegiado con base en la situación estamentaria de los militares11. O en la autosuficiencia de las fuerzas armadas12.

A)La Necesidad de Jueces Militares


Los argumentos a favor de la existencia de Jueces militares se debe entre otros a la necesaria especialización de los agentes aplicadores, que deben contar con una cierta sensibilidad para la singularidad castrense. Se define así la condición militar de los miembros de los tribunales castrenses que se fundamenta por un lado en la especial formación de los Jueces militares q reúnen un conocimiento militar y técnico y , por otro en la necesaria capacidad especial para el análisis crítico del caso y para ponerlo al alcance de la norma13. Otro argumento a favor viene a ser la aplicación del Juez natural Scabini, que radica en la proximidad entre el tribunal y el enjuiciado. El Juez militar, en tanto compañero del justiciable conoce del entorno o circunstancias sociológicas en que ocurrieron los hechos o actuaron las personas14

Estos argumentos nos producen ciertas objeciones, en cuanto a la “capacidad especial” que sustenta reconocer en el Juez militar no proviene de su condición de militar sino de la preparación especializada y del conocimiento científico que le ha sido impartido. Y en cuanto a la “especial sensibilidad” que dicen tener, resulta que su ambigüedad resulta contradictorio para los fines de la independencia judicial, dado que por especial sensibilidad se puede entender “espíritu militar”, “honor del ejercito”, “identidad con las fuerzas armadas”, etc. A través de las cuales se pretenda ocultar la verdad de los hechos y justificar así el incumplimiento de las normas. Muchas veces estos argumentos suelen ser utilizados para debilitar al Poder Judicial y trasladar competencias relacionadas con delitos comunes a la justicia militar, estrechamente vinculada al poder ejecutivo. Ante todo esto se debe precisar categóricamente que tanto el Juez militar como el ordinario desempeñan su función sometido a la ley y no según sus convicciones personales y sentimientos15. Por tal motivo las garantías jurisdiccionales establecidas en el marco Constitucional peruano no deben de ser ajenas ala ámbito de la justicia militar ya que de lo contrario conllevaría a una flagrante violación de los derechos fundamentales de los justiciables.


  1. El Ordenamiento Jurídico Vigente en el Perú.-

Sobre la base de la Constitución Política del Perú en el Capitulo VIII “Poder Judicial”. El artículo 139º inciso 1, proclama el principio de la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad, reconoce como excepción el establecimiento de la jurisdicción militar. Los demás numerales del citado artículo 139º desarrollan el conjunto de exigencias orgánicas y procesales que la jurisdicción debe respetar en la que se incluye la militar. De lo contrario, sencillamente, no sería jurisdicción.

En una segunda referencia el Capitulo XII “De la Seguridad y la Defensa Nacional”. Los artículos 173º y 174º16 se limitan a fijar la competencia objetiva-material de la justicia militar, incardinándola en los fines y funciones que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata de un ámbito propiamente penal, a ese ámbito se circunscriben los: a) delitos de función cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, b) delitos referidos a la legislación del servicio obligatorio, c) cuando la ley lo establezca y en la dimensión que así lo estime, delito cometido por civiles en los casos de delitos de traición a la patria y de terrorismo17.

De lo que venimos enunciando tendremos, que el objeto básico de la competencia “rationae materiae” de los tribunales es el “delito de función”, cuya interpretación debe ser restrictiva y abarcar solo aquellos casos que indiscutiblemente son asuntos castrenses o policiales, con lo que se evitaría desigualdades de trato y se crearía condiciones de moralización mucho más efectivas.

Es así que la omisión Interamericana de Derecho Humanos, en los informes sobre el Perú 2000, enfatiza que la justicia militar debe ser restringida. Estima que la justicia militar puede ser aplicada solo a militares que hayan incurrido en delitos de función. En igual sentido la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros a dejado sentado igualmente que el propósito de la jurisdicción militar consiste en mantener el orden y la disciplina de las fuerzas armadas en tal virtud declaro que la jurisdicción militar es una jurisdicción de tipo militar cuya aplicación debe estar reservada a la os militares que hayan incurrido en delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones bajo ciertas circunstancias.

San Martín Castro afirma que esta calificación estará condicionada al cumplimiento concurrente de; a) Que el ilícito penal tenga relación directa con el ámbito funcional de las instituciones militares o policiales de las instituciones armadas, en cuanto afectan bienes jurídicos exclusivamente castrenses y el orden disciplinario de las fuerzas armadas; b) Que el ilícito penal se encuentre previsto en el Código de Justicia Militar; c) Que, exista un nexo de causalidad entre el delito cometido y la función encomendada, que solo puede derivarse del cumplimiento deficiente de la función, del incumplimiento de la extralimitación de la misma no bastando la mera ocasionalidad.

De lo expuesto podemos decir que se configura el delito de función cuando concurren tres elementos; primero: que se lesione un bien jurídico militar, que se cumpla con el principio de legalidad penal, y que exista una relación entre la comisión de la infracción con el cumplimiento de los deberes militares.

Es así que no debería hacer una interpretación extensiva de esta categoría ya que violaría los derechos fundamentales de la persona cuando estos tendrían que ser el limite a la actuación del Estado, del sistema penal, y naturalmente de las Fuerzas Armadas.
En la sentencia del tribunal Constitucional del Perú (Expediente Nº0023-2003-AI/TC) en el análisis que hace sobre la Constitucionalidad de la configuración actual de la Jurisdicción militar, los puntos más resaltantes son:

  • Sobre el análisis del articulo II del titulo preliminar de la Ley Orgánica de la Justicia Militar18. La Defensoria del Pueblo alega entre otras cosas, que toda conducta que no cuente con relevancia o protección Constitucional y no resulte socialmente dañosa, no merece tutela penal en virtud del “Principio de última ratio” del Derecho Penal. Añade que la “moralidad” no puede ser objeto de tutela penal, pues el referente valorativo del derecho penal debe ser la Constitución. Así mismo, la “disciplina” y el “orden”, en principio, muestran la misma incongruencia por parte de términos con contenido abstracto, salvo que la afectación de los mismo ponga en peligro o afecte capacidades orgánicas y funcionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para cumplir con los fines Constitucionalmente asignados.

El tribunal Constitucional comparte los criterios antes expuestos y en su fundamento &81 en el cual menciona que: “Si, como se ha sostenido entre jurisdicción y administración militar no puede existir una relación de equivalencia, entonces los fines Constitucionales que se han dispuesto para optimizar los órganos de la justicia militar no pueden ser semejantes a aquellos que son inherentes a la fuerzas armadas. Un sentido Constitucionalmente adecuado para entender los fines que debe cumplir la jurisdiccional militar no puede desvincularse del juzgamiento y eventual Sancion de los denominados delitos de función; es decir, del juzgamiento de aquellas conductas que lesiona bienes jurídicos propios de la jurisdicción castrense

  • Sobre la incompatibilidad entre el ejercicio de la función jurisdiccional y la condición de oficial en actividad de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, en mención a los artículos 6, 22 y 31 de la Ley Orgánica de Justicia Militar (LOJM)19, el Tribunal Constitucional del Perú, en su fundamento &42 dice que: El hecho de que los tribunales militares sean conformados en su mayoría por oficiales en actividad, vulnera los Principio de independencia e imparcialidad de la función Jurisdiccional, además, del Principio de Separación de Poderes, ya que por un lado quienes integran las diversas instancias de la función jurisdiccional son funcionarios de tales institutos Castrenses; y, por otro, porque, por principio es incompatible que personas sujetas a los principios de Jerarquía y obediencia, como los profesionales de la armas que ejerzan funciones jurisdiccionales puedan ser al mismo tiempo independientes e imparciales

  • Sobre la inconstitucionalidad de la “subordinación” o dependencia existente entre los órganos de la jurisdicción militar, en los artículos III del Titulo Preliminar y el articulo 15 de la LOJM20. Al respecto el Tribunal Constitucional del Perú, en su fundamento &49, precisa que el derecho de la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto por un Juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esta manera permita que lo resuelto por aquel, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional. Este diseño del órgano jurisdiccional no supone ningún nivel de subordinación o independencia de la instancia inferior respecto a las superiores, pues todos los Jueces y tribunales son independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional encontrándose sometidos únicamente al derecho, mediante la constitución y la ley. A juicio del Tribunal Constitucional (fundamento &50) en los artículos antes referidos no esta garantizada la independencia del Juez militar frente a poder ejecutivo desde el momento que este nombra a quienes integran los Consejos de Guerra y Consejos Superiores de la Policía Nacional, y a los Jueces Instructores Permanentes, e incluso cuando tiene competencias para disponer del numero de Jueces que debe existir de acuerdo a la necesidad del servicio. La intervención del poder ejecutivo directa o indirectamente, en el nombramiento de los Jueces militares representa un atentado contra la independencia Judicial y la garantía de imparcialidad.


Es así que el Tribunal constitucional declaro como inconstitucionales una serie de artículos de la LOJM y demás leyes internas que regula la jurisdicción militar, ya que estos vulneran los principios de independencia, e imparcialidad, e inamovilidad de la Función Jurisdiccional y exhortando al poder legislativo para que dicte la legislación correspondiente que reformule la fragante violación que se viene cometiendo actualmente a los derecho fundamentales de los justiciables en el Perú.

V.- LA UNIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y LOS TRIBUNALES MILITARES

Uno de los principios básicos que conforman un Estado Constitucional es el “principio de igualdad”, por el cual todas las personas tienen iguales derechos y libertades, y salvo una razón objetiva y razonable, el estatus jurídico y las normas aplicables a los seres humanos está definido de igual forma para todos.

El artículo 139º inciso 1 de la Constitución del Perú establece que la función jurisdiccional es única y exclusiva del Poder Judicial, esto supone que este órgano sería el único con capacidad para emitir actos jurisdiccionales y que todos los conflictos sociales que se presentan serán resueltos de forma definitiva por el poder judicial. Este principio es coherente con el principio de igualdad en cuanto los individuos tenemos derecho a ser tratados igual ante los tribunales y a que no se creen tribunales de excepción en función de las personas.

En ese orden de ideas Justicia Viva expresa que: “...el principio de unidad jurisdiccional conlleva que todos los Jueces han de sujetarse a un estatuto orgánico único, el que será de tal naturaleza y características que garantice la independencia. En última instancia el principio de unidad jurisdiccional ha de entenderse como una garantía de independencia judicial, lo que acarrea los siguientes rasgos comunes a toda la judicatura ordinaria: i) estatuto personal único, ii) Jueces técnicos (letrados) y de carrera, iii) formación de un cuerpo único (el poder judicial), y iv) sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial”21.

El principio de unidad jurisdiccional constituye también una garantía de independencia de los Jueces y del derecho de los ciudadanos a ser juzgados por un órgano independiente e imparcial.
Sin embargo la Constitución del Perú establece una excepción a éste principio, como lo es el funcionamiento de los tribunales militares. Esta excepción no debe ser entendida como un privilegio Constitucional consistente en el establecimiento de un órgano especial en donde se juzgue a los miembros de la fuerzas armadas y la policía nacional de manera más benévola. En un Estado considerado democrático como el peruano, lo establece el artículo 44º de la Constitución, no podría ser admisible la idea de los fueros privativos para los integrantes de una corporación. En los Estados democráticos todo ciudadano, es igual a los demás y un signo de esta igualdad es que debe ser juzgado por el mismo órgano jurisdiccional que sus pares.

Una opción más compatible con los principios de un Estado democrático es la abolición de la jurisdicción militar en tiempos de paz y el conocimiento de los delitos de función por tribunales ordinarios.

VI.- DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA MILITAR

Los Derecho Humanos, llamados también derecho fundamentales tiene un doble carácter, no solo constituyen derecho subjetivos, es decir de cada ser humano, sino que paralelamente son instituciones juridicaza objetivas que requieren de la actuación del Estado para su protección y desarrollo.22 Son elementos esenciales del Orden Constitucional por lo que el Estado debe proteger y promover el ejercicio efectivo de los mismos, su vulneración afecta el sistema constitucional mismo.

Perez Luño ha destacado que: “corresponde a los Derechos Fundamentales un importante cometido legitimador de las formas constitucionales del Estado de derecho, ya que constituyen los presupuestos del consenso sobre el que se debe edificar cualquier sociedad democrática”23. En este sentido, el aspecto objetivo de los derecho fundamentales exige acciones concretas por parte del estado para garantizar la existencia de una sociedad democrática, son instituciones que deben ser promovidas y protegidas por el Estado por sobre todo frente a cualquier ataque.

En consecuencia debe entenderse que cuando estos derecho fundamentales resultan vulnerados o amenazados por cualquier organismo institucional el estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los que resulten responsables, la protección de estos derechos corresponde al Estado en tanto Bienes Jurídicos del sistema democrático y constitucional, cuya afectación no solo lesiona a la victima sino a los valores constitucionalmente consagrados.

Es así que en el marco de un estado Democrático, para no violar los derechos fundamentales de las personas, los elementos centrales para determinar la competencia militar deben ser: la condición militar del sujeto activo, y la comisión de un delito de función. En este sentido es necesario superar el criterio del lugar donde sucedieron los hechos o la manipulación del concepto de acto de servicio para determinar la competencia de estos Tribunales. Así mismo, una interpretación amplia del delito de función y la competencia de los tribunales militares es a todas luces inconstitucional, pues seria asignarle un contenido que no es compatible con el resto de los derechos establecidos en la Constitución y la competencia asignada al Poder Judicial.

CONCLUSIONES


  1. Los órganos Judiciales no sólo deben de gozar de independencia individual y funcional, sino que tienen que poseer la necesaria independencia judicial frente al Poder Ejecutivo, para otorgar un trato igualitario a las partes en aras de un debido proceso.

  2. En ese orden de ideas se tendría que incorporar a la Jurisdicción Militar dentro de la Jurisdicción Ordinaria; pero como un “órgano especializado” respetando así la especialidad propia del ámbito al que se va a aplicar, desvinculándola por completo del Poder Ejecutivo.

  3. Si de un lado se reconoce como necesario que los titulares de la potestad jurisdiccional en el ámbito militar sean militares, es compatible también que éstos procedan de un “cuerpo jurídico militar” y que a la vez se desligue su designación al Consejo Nacional de la Magistratura, para así garantizar su independencia.

  4. En todo caso se tiene que implementar un cambio menos radical, como en España o Italia, y se opte por mantener una organización judicial castrense independiente de la ordinaria; pero regida por los mismos principios y garantías de manera eficaz y no como se viene desarrollando hasta hoy, violando una serie de garantías de los justiciables.

  5. Resulta difícil pensar que en el Perú el fuero militar, tal y como lo regula el Código de Justicia Militar, constituye un privilegio para los militares, por el contrario, estos pueden considerarse discriminados, al no ver adecuadamente protegidos, al Juez predeterminado por la ley, independiente e inamovible. Es por eso que urge una inmediata reformulación de las leyes que regulan la Jurisdicción Militar en el Perú.



NOTAS



* Alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.


  1. PAZ RUBIO, J.M. «Notas sobre la Independencia Judicial». Pág. 339

  2. Caso Castillo Petruzzi, Cesti Hurtado, Loayza Tamayo en Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  3. MONTESQUIEU, Ch. El espíritu de las leyes. Pág. 113

  4. ASENCIO MELLADO, J.M. «La protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la jurisdicción militar». Pag. 67.

  5. PEDRAZ PENALVA, E. «La Administración de Justicia durante la Guerra Civil en la España Nacional», pag. 27

  6. RUIZ, DANIEL OSWALDO. “El Poder Judicial: en Instituciones de Derecho Internacional Público”. Pág. 39

  7. Art. 139 Inc. 1 de la Constitución Política del Perú que señala: “Son Principios y derechos de la funciona jurisdiccional:

  1. La unidad y exclusividad de la Función Jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral.

No ha y proceso judicial por comisión o delegación”

  1. GIMENO SENDRA, V. El proceso de Habeas Corpus. Pag. 69

  2. MESSINA, R. «Elementi di diritto e procedura penale militare». Pag. 131

  3. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M. «Algunas consideraciones en torno al Código Penal Militar Español de 1985». Pag. 33

  4. MOZO SEOANE, A. «Las Fuerzas Armadas y su Ordenamiento jurídico (Una relectura del debate sobre el artículo 8 de la Constitución)». Pag. 628

  5. MESSINA, R. «Elementi di diritto e procedura penale militare». Pag. 34

  6. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. Introducción al derecho penal militar. Pag. 85

  7. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F. Ob. Cit. Pag. 91

  8. AGUILÓ REGLA, J. «Independencia e imparcialidad de los Jueces y argumentación jurídica». Pag. 25

  9. Art. 173 de la Constitución Política del Perú: “En caso de delito de función, los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo, y al Código de justicia militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civil, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y terrorismo que la ley determina. La casación que se refiere el Art. 141 solo es aplicable cuando se imponga pena de muerte.

Quienes infringen las normas del servicio militar obligatorio están así mismo sometidas al código de justicia militar”.

Art. 174 de la Constitución Política del Perú: “Los grados y honores, las remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial”.

  1. SAN MARTÍN CASTRO, C. Derecho procesal penal, Vol. II. Pág. 321

  2. Articulo II del titulo preliminar de la Ley Orgánica de Justicia Militar que a su tenor dice: “los Tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en dichas fuerzas la moralidad, el orden, la disciplina, reprimiendo su quebrantamiento en los casos previstos por la ley. Su constitución y funcionamiento se rigen judicial por las normas que contiene esta ley y el Código de justicia militar, cuyas disposiciones solo serán modificadas por ley expresa y de igual naturaleza”

  3. Art. 6 de la LOJM: “El Consejo Supremo de Justicia Militar esta integrado por diez Oficiales Generales y Almirantes en situación de actividad....”
Art. 22 de la LOJM: “En cada una de las Zonas judiciales habrá un consejo d guerra compuesto (...) de dos Vocales del grado de Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Comandante FAP en situación de actividad, uno de los cuales deberá ser del Cuerpo Jurídico Militar...”
Art. 31 de la LOJM: “...Los Jueces sustitutos suplirán a los permanentes en caso de necesidad del servicio, cargos que serán desempeñados por oficiales del Cuerpo Jurídico (...) y a la falta de estos, por oficiales de armas de igual grado...”

  1. Art. III: “la justicia militar es autónoma y e el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa, sino de organismos judiciales de mayor jerarquía.”

Art. 15 de la LOJM: “Los consejos de guerra y los consejos superiores de justicia de las fuerzas policiales son tribunales permanentes jerárquicamente subordinados al Consejo Supremo de justicia militar...”

  1. JUSTICIA VIVA. “Manual del Sistema Peruano de Justicia”. Pag. 22

  2. LANDA ARROYO, C. Tribunal constitucional y Estado democrático. Pag. 329

  3. PÉREZ LUÑO, A. E. Los derechos fundamentales. Pag. 21


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