El 14 de marzo de 2010 durante las elecciones al congreso de Colombia 502. 726 ciudadanos caribes dijeron si a la consulta del






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Mar Caribe… mare nostrum

PREAMBULO

El 14 de marzo de 2010 durante las elecciones al congreso de Colombia 2.502.726 ciudadanos caribes dijeron SI a la consulta del Voto Caribe a favor de la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del estado y la Constitución Colombiana. Este mandato ciudadano es el hito político más significativo para la causa autonomista en la historia Colombia donde el pueblo Caribe se manifiesta democrática y pacíficamente a favor de un nuevo y moderno modelo de organización política y territorial del Estado colombiano.

La construcción del Estado moderno en Colombia ha chocado históricamente con un granítico modelo centralista heredado de la colonia y las ideas autonómicas fueron asumidas como causa generadora de caos, flores de corta vida, embelecos y calenturas regionales. Los partidos tradicionales andinos liberal y conservador fracasaron en sus intentos constitucionales de organizar un Estado Federal que satisficiera las aspiraciones de las provincias o regiones porque son producto de las frías entrañas interioranas que ven y han querido organizar el quebrado y distante territorio plurietnico y multicultural de Colombia desde la unipolar óptica Santafereña.

Mucho antes de su formación, la nación colombiana estaba constituida por provincias o regiones cultural, económica y socialmente diferenciadas. Fuimos región antes que nación. Los sucesos del 20 de julio, reconocidos en la historia oficial colombiana como el Día de la Independencia, desconocen las verdaderas

motivaciones de la insurrección criolla contra el gobierno virreinal español. El grito de batalla entonado por los próceres “que viva el Rey, abajo el mal gobierno”, no se interpreta por los historiadores andinos como una pretensión autonomista, de autogobierno, sino como un mito fundacional en que la elite criolla se levanto contra el gobierno de España impulsada por ideales de crear una nación independiente. Ha sido tal la manipulación de la historia oficial por los historiadores andinos a favor de sus próceres que en los textos escolares de los cuales se alimentan generaciones de niños y jóvenes se establece como verdad incuestionable que la independencia fue obra exclusiva de los criollos sin participación alguna de indios, negros, ni las demás castas.

Las históricas diferencias regionales se reflejaron claramente a la hora de organizar políticamente el protoestado. Fue el inicio de la Patria Boba vigente hasta nuestros días, omnipresente en los recurrentes altercados entre el Libertador y Santander, entre el ser Caribe y el ser andino. El fastidio de Bolívar por la formalidad y el protocolo de los “lanudos”, la exasperante reverencia a la reglamentación, a las leyes y el trámite del vicepresidente granadino amargaba más a El Libertador que la derrota en el campo de batalla. La conspiración septembrina contra el más grande prócer latinoamericano de todos los tiempos hace parte de la histórica animadversión interiorana hacia la cultura Caribe, abierta y universal. Esta misma sensación la sentiría Juan José Nieto Gil, aliado de Bolívar y defensor del modelo federalista; Aunque a mediados del siglo XIX gobernó la nación, su presidencia ha sido omitida de la historia oficial andina por su descendencia mulata.

La progresista Constitución liberal de 1853 en la que se le dio inicio al federalismo elimino la esclavitud, extendió el sufragio a todos los hombres, impuso el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad

administrativa fue un hecho. En 1858 el conservador Mariano Ospina Rodríguez sancionó una nueva Constitución; con ella el país se llamó Confederación Granadina y se legalizó el sistema federalista que se venía imponiendo en el país, con lo cual cada Estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su Presidente, de modo tal que el Estado central intervenía solo en problemas de orden público, legislación penal, moneda y relaciones exteriores. En la Convención de Rionegro la Constitución de 1863 hizo un gran hincapié en el sistema federal. El nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de Estados Unidos de Colombia; en esta Constitución cada Estado podía elaborar su propia constitución, cada Estado podía tener su propio ejército y el mandato presidencial quedó reducido a dos años, lo cual hizo que el poder legislativo pasara a tener mayor poder que el ejecutivo.

Estas aventuras federales sucumbieron ante el poder centralizador y autoritario de la Regeneración de Rafael Núñez en 1886. Es así como se entroniza el centralismo con aires de virreinato santafereño en la arquitectura constitucional de Miguel Antonio Caro, personaje que sentencio la suerte de las regiones periféricas: “pienso, Dios mediante, morir sin conocer el mar”. El leviatán que se construyo con los despojos de los Estados Federados degenero en la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores, recibió el siglo XX bañado en sangre y desprecio la suerte de los hermanos caribeños de Panamá. La pesadilla lleva más de un siglo.

El 12 de enero de 1919, durante la administración conservadora de Marco Fidel Suárez, se reunió en Barranquilla la primera asamblea de la Liga Costeña, organizada por iniciativa de los periódicos de la región, con la participación de representantes de los grupos empresariales y políticos de los tres departamentos

que conformaban entonces el litoral caribeño: Atlántico, Bolívar y Magdalena. La Liga se declaró patriótica y progresista, expresó que respetaría las "autoridades legítimamente constituidas", tras manifestar que sus intereses estaban por encima de las luchas de partido. Intereses específicos fueron defendidos en las sesiones de la asamblea y recogidos más tarde en un memorial de peticiones dirigido al presidente de la cámara de representantes de la república.

La negativa centralista de propender por la navegabilidad el rio Magdalena, la imposibilidad de importar trigo, la artificial imposición tributaria a la sal caribeña para defender el producto de Zipaquira y las “irritantes e injustas medidas proteccionistas, dictadas expresamente en beneficio de señalados negociantes centranos”, son precisamente las que determinaron la organización de la Liga Costeña y llevaron a preocupar a la potencia del norte de América ante una posible secesión de la costa como lo recogió en un despacho el cónsul de ese país: “El sentimiento que prevalece entre los miembros de la Liga Costeña es decididamente hostil al Gobierno y algunos han hecho velados comentarios que sería mejor para los departamentos de la Costa separarse de Colombia y ser gobernados por una nación que protegiera sus derechos y bajo la cual pudieran prosperar, se supone que estos comentarios se aplican a una unión con Panamá bajo la protección de los Estados Unidos” . Desafortunadamente la Liga Costeña sucumbió a los intereses partidistas tradicionales en las elecciones presidenciales de 1922.

En 1934 se dio un frustrado intento de revivir la Liga mediante la creación de la Asamblea Interdepartamental de la Costa, la cual se dio cita en Cartagena, pero una vez más el entusiasmo fue pasajero y su existencia efímera. Posteriormente, con la constitución de CORELCA en 1967, la aspiración presidencial de Evaristo Sourdís y la creación del Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional

(SIPUR) en 1975, se le dio otro envión a esta gesta en procura de la integración y la autonomía regional. Estos antecedentes sentaron las bases para los desarrollos posteriores, los cuales se concretaron en la Ley 76 de 1985 a través de la cual se creó la región de planificación regional, más conocida como CORPES, el reconocimiento por parte de la Constituyente de 1991 que Colombia es un país de regiones y además la autonomía de las mismas.

Para lograr las autonomías que realicen las históricas aspiraciones regionales, canalicen la voluntad autodeterminante latente en todo el territorio nacional y pacifiquen a Colombia, implica la inexorable creación de los Partidos Autonómicos Regionales. Desde la “Patria Boba”, el espíritu autonómico ha sido detenido a sangre y fuego por un centralismo autoritario que durante dos siglos ha entronizado un modelo de Estado heredado de la colonia que exigió las fabulosas energías libertarias de los próceres de la patria y ha mantenido las disparidades generadoras de la violencia, obstáculo del desarrollo y la consolidación de la democracia en el país.
Tras casi 20 guerras civiles sufridas y bajo régimen de 13 constituciones desde 1810 es necesario profundizar en una organización territorial motivando a las demás regiones a articular ideas y orientaciones sobre el autogobierno y la aparición de partidos autonómicos que se conviertan en idearios y constituyentes del nuevo modelo territorial del poder. Los partidos tradicionales nacidos en los andes no ostentan en sus idearios la causa autonómica porque se han nutrido y forjado históricamente del modelo colonial y sus dirigentes han amasado monumentales fortunas y prestigio producto de la simbiosis con el centralismo.
La consolidación de los partidos regionales se debe dar desde lo local, participando en los debates electorales con candidatos y programas avalados por
el partido teniendo en cuenta que la buena gestión debe ser primordial para la aceptación popular, la ampliación de las bases militantes adeptas a los postulados

autonómicos y el avance en la toma del poder regional. Una gestión ejemplar en la Región Caribe más que una necesidad es una obligación con un pueblo que ha sido sometido por una advenediza dirigencia mercenaria e inescrupulosa, aliada del centralismo y han convertido al ser costeño en chivo expiatorio de los casos más aberrantes de corrupción, politiquería e inmoralidad administrativa. Sin duda el partido velara por un Caribe para los caribeños.
Identificamos la causa de los problemas a la falta de un poder local participativo, robusto, aglutinante, autóctono y autónomo comprometido a dejar atrás las penalidades sufridas por 10 millones de almas que claman por la reivindicación ante la nación y ante el mundo. La toma del poder es el vórtice de la solución al problema fundamental de la Región Caribe. En esta tarea se organizaron las bases sociales desde los consejos territoriales de planeación, instancias de la sociedad civil con funciones constitucionales y legales en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas consignadas en los planes de desarrollo de los mandatarios elegidos popularmente.
Con este propósito el 31 de julio de 2009 se constituyo el Comité Pro Región Caribe en Sincelejo conformado durante la realización del primer Encuentro Regional de Consejeros del Caribe. El comité propuso realizar una consulta popular o Voto Caribe para el 14 de marzo de 2010 durante la jornada electoral aprovechando la asistencia masiva del pueblo Caribe a las urnas y la logística de la Registraduria Nacional del Estado Civil. Los gobernadores, congresistas y los coordinadores institucionales del proceso de regionalización presentes en Barranquilla el 10 de octubre en el Amira de la Rosa propusieron  el 10/10/10 o el 10 de octubre del 2010  para el Voto Caribe, pues coincidía con fecha

institucionalizada del Día de la Región Caribe. Finalmente se acogió la fecha del 14 de marzo propuesta por el Comité Proregion Caribe de Sucre.

Gran parte del éxito de la campaña del Voto Caribe y del fortalecimiento del proceso se debió a la vinculación y participación activa de las etnias regionales y de la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC. Indígenas, afrodescendientes y campesinos acataron masivamente la convocatoria en defensa de la autonomía regional, la biodiversidad y la multiculturalidad.

A partir de allí la Región Caribe pasaba por uno de sus momentos más trascendentales de su historia. La contundente victoria en la urnas del Voto Caribe con 2.5 millones de votos y a pesar del compromiso de Juan Manuel Santos expresado en Valledupar y en los distintos escenarios de la costa durante la campaña de los candidato presidencial, a la hora de la verdad, se impuso la voluntad de los defensores del centralismo, de los enemigos del proceso y no la del pueblo Caribe.

La ley Orgánica de ordenamiento Territorial (LOOT) radicada por el entonces ministro del interior Germán Vargas Lleras y aprobada en el congreso desconoció la voluntad popular expresada el 14 de marzo de 2010 en el Voto Caribe en cuya papeleta se expresaba claramente el anhelo de constituir la Región Caribe como Entidad Territorial en desarrollo del artículo 307 de la Constitución Nacional y no un simple ente de planificación como quedo consignado en la ley presentada por el gobierno nacional catalogado acertadamente como un simple “saludo a la bandera”. Esta ley (1454 de 2011) en su artículo 19 sugiere la creación de las Regiones de Planificación y Gestión (RPG), un ente ajeno al mandato de la carta magna es decididamente inconstitucional y debe ser revisada por la corte constitucional. En una burla a las aspiraciones autonomistas de la Región Caribe el congreso aprobó el artículo 32, acta de defunción de cualquier pretensión

regional porque según el gobierno central las Regiones Administrativas y de Planificación no generarán gasto de presupuesto general de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías.

El gobierno nacional también ato la aprobación de la LOOT a un proyecto de reforma a las regalías con el cual se perjudicaron los departamentos y municipios productores y receptores de estos recursos en la Región Caribe y se centralizo el manejo de las regalías como lo demostró el doctor Amylkar Acosta en su trabajo “El Zarpazo de las Regalías”. Esto constituía una estrategia que buscaba romper con la unidad regional (divide y vencerás) mediante el ofrecimiento de prebendas a mandatarios y congresistas locales a cambio de lealtades. Todo porque se insiste, en contra de toda racionalidad económica y practica, en un modelo de Estado centralizado que favorece el desarrollo económico de las frías entidades territoriales andinas del denominado “Triangulo de Oro” y genera pobreza, miseria y atraso para la periferia.

En defensa de las regalías de las regiones y de la autonomía regional Cristian Moreno Paneso, gobernador del Cesar, lidero una cruzada a nivel nacional para hundir o modificar el acto legislativo que establecía el nuevo Sistema General de Regalías, para que este fuera más benévolo para financiar el desarrollo de los entes territoriales de la periferia colombiana, olvidada históricamente por el estado central.

No valió la unidad de criterios de los gobernadores, alcaldes y parlamentarios del Caribe, ni tampoco la decisión de los gremios, academia y organizaciones sociales de la región alrededor de esta iniciativa que invocaba la voluntad política del gobierno y el poder central. Por el contrario el Sistema Mediático Andino, aliado de los gobiernos centralistas, lanzo mensajes equivocados al resto de

compatriotas acerca de las legítimas aspiraciones regionales tratando de confundir a la opinión pública equiparándolo con el Movimiento Separatista Vasco y con irrespetuosos titulares como “Caribe soberano”, “independencia regional”. Consultaban en los medios a los reconocidos pontífices del centralismo: Rudolf Hommes, German Vargas y Jaime Castro con sus trillados versos sobre corrupción periférica, la incuestionable probidad de los andinos, la burocracia innecesaria y sobre todo promoviendo disputas entre la existencia de departamentos y la región. Sobre lo último muchos siguieron el juego a estos personajes y se hablaba, ante el posible fracaso del proceso, de una Región Administrativa y de Planeación (RAP) de Guajira y Cesar y otra de Bolívar Sucre y Córdoba, con lo cual planeaban el debilitamiento del proceso regional.

Para la sociedad civil organizada del Caribe no sorprendió la actitud del gobierno ni la posición de los alcaldes y algunos parlamentarios regionales. Nuestras organizaciones tenían claro el objetivo constitucional: AUTONOMÍA REGIONAL. Objetivo que no es negociable desde ningún punto de vista y se avanza en el fortalecimiento del proceso mediante Pedagogías Ciudadanas, Foros Regionales y Encuentros de Consejeros de Planeación del Caribe.

El 30 de junio de 2010 el COMITÉ PROREGION CARIBE DE SUCRE conformado por más de 35 organizaciones sociales realizo la primera Mesa Ciudadana en el municipio de Santiago de Tolú (Sucre) con el objeto de presentar propuestas a la LOOT que en ese entonces presentarían los gobernadores al gobierno nacional. Allí asistieron representantes de organizaciones sociales y Consejeros Territoriales de Planeación de cuatro departamentos y una docena de municipios de la costa Caribe así como la valerosa Red de Mujeres del Caribe avanzaron mucho en el proceso presentando ante el congreso un proyecto de LOOT paralelo

al del gobierno y que recogía lo establecido en el artículo 307 de la Constitución de 1991.Dentro de las tareas y conclusiones a que se llego fue la de continuar con las Mesas Ciudadanas, foros y encuentros regionales que fortalezcan el proceso desde las bases, faciliten el entendimiento y apropiación del Proceso de Regionalización por todos los caribeños como preámbulo del futuro referéndum (artículo 307 de la Constitución) Caribe y la organización política. Una propuesta que en su momento se presento fue la de incluir un parágrafo transitorio por en donde se establezca que por única vez “aquellas regiones en donde han funcionado los CORPES se dé por cumplido el requisito de la Región Administrativa de Planificación y pueden constituirse de inmediato en Región Entidad Territorial (RET)”

Otra propuesta es la de que la LOOT debe establecer las competencias y recursos, así como órganos administrativos: Un gobernador regional, un parlamento regional con funciones legislativas nombrados por elección popular que no podría contener una “Ley de Mínimos”

La Constitución de 1991 estableció claramente los escenarios y actores que participarían en el proceso de la planeación y los actores del desarrollo con los cuales se lograría construir la política pública de manera colectiva y participativa reflejada en el Plan Nacional y en los Planes de Desarrollo Territoriales. Le abre a las organizaciones de la sociedad civil una amplia puerta para participar en el cambio y transformación del país y de plantear desde sus sectores y grupos poblacionales y territoriales, sus sueños colectivos, aspiraciones, sus propias visiones del desarrollo y las propuestas que garanticen una mejor sociedad incluyente, armoniosa, pujante y con justicia social.  
De nada sirve para los propósitos autonomistas si no se trasciende de la organización social a la organización política, a la participación electoral y a la toma del poder de los entes territoriales, del congreso y del ejecutivo donde se toman las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. El penoso y sufrido proceso bicentenario de maduración de las ideas autonómicas a partir de 1810; desde el Libertador, los mártires de Cartagena, Nieto, la Liga Costeña, Ramiro Fernández Badel, el Sipur, el CORPES, los Constituyentes de 1991 Rodado Noriega y Verano hasta el hito del Voto Caribe y en este momento en que la corrupción envuelve las instituciones del estado, convierte a la Región Caribe en fortín de alimañas políticas que con sus actuaciones envenenan el alma noble de los caribeños, nos han llevado como una mano invisible de la providencia a que sea nuestra generación la que proponga desde la ciudadanía la creación del primer partido o movimiento autonómico en Colombia.

Con este propósito se organizaron varias reuniones para retomar el proceso luego del Voto Caribe. En esas reuniones se dejo claro que el proceso se debía organizar políticamente. El 1° de junio nace el Movimiento Autonómico Colombia País de Regiones en el municipio de Santiago de Tolù, en donde se congregaron cientos de líderes, representantes de los ocho departamentos de la Región Caribe. Allí se escogió como vocero del movimiento al ex constitucionalista Eduardo Verano de la Rosa y como una seria posibilidad de aspiración presidencial para el 2014 en representación del movimiento ciudadano.

Pero la paciencia del pueblo Caribe llego a sus límites al conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) el día 19 de noviembre de 2012, día histórico que recordaremos como el DIA DE LA INFAMIA. La pérdida de miles de kilómetros de mar pone en peligro la supervivencia de la población raizal y revela el largo proceso histórico de pérdidas territoriales, derrotas diplomáticas y la

limitada capacidad del Estado colombiano andino, centralista y de su gobierno para ejercer la soberanía en su territorio:

El 5 de Mayo de 1890 el Gobierno de Nicaragua sin derecho y sin título legal alguno se apoderó de la Costa de Mosquitos, inclusive las Islas Mangles y declaró “por sí y ante sí” que dicha región le pertenecía, estableciendo allí autoridades con la posibilidad de auto gobernarse. Solo dos años después en 1892, el general Juan C. Ramírez presentó un informe al secretario de gobierno del Departamento de Bolívar, en el que incluyó documentos que soportaban la propiedad de Colombia sobre estos territorios y la situación en que se encontraban. No encontró ningún eco desde Bogotá. Marco Fidel Suarez solo se limitó a dirigir una nota de protesta al gobierno de Nicaragua, el 23 de mayo de 1894, en la que reprobaba la usurpación que este gobierno había hecho de las islas ubicadas en la costa de Mosquitos, protesta que nunca fue contestada por los nicaragüenses y que infortunadamente quedó archivada en el Informe que rindió el Ministro Suarez al Congreso de la República en 1894.

El Tratado Sobre Cuestiones Territoriales Entre Colombia y Nicaragua (Esguerra- Bárcenas) del 24 de marzo de 1928 que se firmó para “poner término al litigio territorial entre ellas pendiente, y de estrechar los vínculos de tradicional amistad que las unen” no consulto a los raizales de esta comunidad que habitan estas tierras desde 1637 ejerciendo propiedad y soberanía por siglos en el Caribe. Sin ninguna consideración se reconoció la soberanía y pleno dominio nicaragüense sobre la arrebatada costa de Mosquitos y las islas Mangle Grande y Mangle Chiquito. Para colmo el tratado dejo en el limbo el dominio sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, cuya situación motivo los ulteriores reclamos nicaragüenses que desembocaron en el fatídico fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012.

La dolorosa pérdida de Panamá de 1903 bajo la egida de José Manuel Marroquín y la entrega de Los Monjes a Venezuela se suma a la vergüenza del régimen centralista cuyas elites dominantes siguen al pie de la letra la profética sentencia de Caro.

Ante el sentido clamor de la valerosa gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Guerrero Bowie, de sus dirigentes, del pueblo raizal, residente y de sus hermanos caribeños durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del martes 27 de noviembre de 2012 convocando a no acatar el fallo, la vacilante canciller santafereña como respuesta se salió por la tangente asegurando el repetido discurso derrotista: “el gobierno estudiara todos los mecanismos legales”. En esa misma reunión el ministro del Interior, haciendo malabares lingüísticos trato de desviar la atención sobre si el gobierno acataría o no el fallo. Hablo de las inoportunas promesas del “Plan San Andrés”, que no son más que los intentos del régimen centralista de indemnizar a San Andrés por la pérdida de su mar, tal como lo hizo el imperio por el despojo de Panamá. La historia se repite, al igual que los personajes: Santos al igual que Marroquín, acatara el fallo y entonara versos santafereños justificando esta decisión a la “tradición jurídica colombiana”, herencia Santandereana de país de leyes que se refleja en el solemne respeto a las "formalidades", el reino de la legislación en serie que ha formado en su dirigencia generaciones de hipócritas cuya máxima aspiración es la de lucir las túnicas purpura para estar por encima de las normas por ellos mismos creadas. País de leyes donde la población indefensa ha presenciado los más abominables casos de violencia, corrupción y despojo.

La canciller descendiente de Jorge y Carlos Holguín Mallarino, tristemente celebres por la pérdida de Panamá, los Monjes y parte de la Amazonia con el Perú, debe renunciar junto con el costoso equipo defensor de los intereses
Colombia ante La Haya. A los gobiernos que intervinieron en la derrota la historia no los absolverá. Y el gobierno nacional además de no acatar el fallo debe entrar a la ofensiva para neutralizar cualquier pretensión nicaragüense hacia el futuro. Colombia debe reclamar con firmeza el territorio arrebatado por Nicaragua en la costa de Mosquitos y las islas Mangle Grande y Mangle Chiquito.

Es en este momento cuando la crisis como la del 19 de noviembre estremece los cimientos del antiguo régimen, debe aparecer una nueva propuesta política, distinta a la de los actuales partidos políticos que nacieron en los Andes y son por naturaleza centralistas, dirigidos por centralistas desde las cumbres. Enrolados en un frenesí violento desde los albores de la republica, desde la Patria Boba han sembrado de violencia todos los rincones de Colombia. La imposición del centralismo como régimen hegemónico sacrifico las aspiraciones de desarrollo de la periferia y el desprecio de su destino. Los representantes de los partidos, sin conocer el mar, se limitaron a encarar los litigios de la nación en abstracto, como puntos del espectro ideológico y en el caso de San Andrés como el caso de “unos cayos” y no como el despojo a una comunidad raizal caribeña que lucha por la supervivencia misma y que antes de la formación de la nación colombiana ya era dueña de su territorio insular y marítimo, que se adhirió voluntariamente a Colombia como se pudo adherir a cualquier otra nación. Nunca comprendieron que nuestros hermanos isleños están en su legítimo derecho igual que la Región Caribe en rechazar la pretensión de entregar territorio y mar que no le pertenece a Colombia a otra nación.

El presidente Santos tiene el deber de rechazar y no acatar el fallo de la CIJ como se lo piden los hermanos isleños y le exigimos desde la Región Caribe. Contara con el respaldo del pueblo colombiano y atenuara la difícil cita que tiene con la historia. Por la televisión, la radio y las publicaciones paramunas hacen llamados

desesperados a “evitar a los guerreristas que piden desconocer el fallo y que están en busca de votos" y convocan a evitar los "falsos nacionalismos". Reduccionismo desinformativo a que son sometidos los colombianos por el Sistema Mediático Andino, aliado del régimen y cuya función no es otra que mantener a las masas adormecidas con sus telenovelas y concursos de mafiosos, rameras y afeminados en horario familiar que contaminan con antivalores los hogares colombianos.

Al igual que Kent Francis James y el líder bautista Mitchell Dulph, todos hemos sufrido con la decisión de la CIJ, de ceder a Nicaragua esa inmensa franja de mar llamada Luna Verde. No toleraremos que se despoje de un solo color al mar de los siete colores. ¿Cómo será un arco iris de cuatro colores? Si nuestros hermanos isleños deciden que llego la hora de la autonomía, con ellos estaremos. Si ante sus justos reclamos son vapuleados con ellos sufriremos. Si invocan el justo derecho universal a la autodeterminación, con ellos nos iremos. Llego la hora de la Nación Caribe.

Con estos antecedentes asumimos esta justa causa desde la ciudadanía: constituirnos como una nación soberana, independiente y el Partido Autonómico Caribe Nación Caribe como legitimo representante, vocero y portador del estandarte de la NACIÓN CARIBE.

Sincelejo, noviembre 19 de 2012

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