1. 2 lugar que ocupa el derecho procesal penal dentro del universo de la ciencia del derecho en general






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UNIVERSIDAD LATINA, S.C.

DERECHO PROCESAL PENAL

FELIX ARAIZA BORBOA

14-12-02

UNIDAD 1. PROCESO

1.1. CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL PENAL:
Para Manzini, el Derecho Procesal Penal, es el conjunto de normas, directa e indirectamente sancionadas, en que se funda la institución del órgano jurisdiccional y que regula la actividad dirigida a la determinación de las condiciones que hacen aplicable en concreto el Derecho Penal Sustantivo.
Colín Sánchez considera que el Derecho de Procedimientos Penales es el conjunto de normas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que deben observarse durante el procedimiento para hacer factible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo.
Para el autor Manuel Rivera Silva, es el conjunto de actividades reglamentadas por preceptos previamente establecidos que tiene por objeto determinar qué hechos pueden ser calificados como delitos, para en su caso aplicar la sanción correspondiente.
Las definiciones anteriores, se encuentran visibles en la página 25 del libro Manual de Derecho Procesal Penal, de Oronoz.
El autor JULIO A. HERNÁNDEZ PLIEGO, define al Derecho Procesal Penal, como el conjunto de normas jurídicas, correspondientes al Derecho Público Interno, en tanto regulan relaciones entre el Estado y los particulares, destinatarios de ellas (aunque no en exclusiva) que hacen posible la aplicación del Derecho Penal sustantivo, a los casos concretos, con el propósito de preservar el orden social.
1.2 LUGAR QUE OCUPA EL DERECHO PROCESAL PENAL DENTRO DEL UNIVERSO DE LA CIENCIA DEL DERECHO EN GENERAL.
Es importante conocer el sitio que ocupa nuestra asignatura, dentro del universo de la ciencia del derecho en general, al iniciar su estudio.
Algunas disciplinas examinan al delito con el método de las ciencias naturales, otras con el de las sociales y el Derecho Procesal Penal, lo hace con el de las ciencias normativas.

Desde el ángulo causal explicativo, la Criminología estudia al delincuente, las causas que propician el delito y sus medios de represión y prevención; la Política Criminal se propone su prevención (del delito), a través de la promoción del mejoramiento de las condiciones de vida de la colectividad; la Criminalística o Policía Científica, por su lado propende a la administración de la justicia punitiva, que comprende a la administración de la justicia punitiva, que comprende la pesquisa en relación al delito y delincuente y la formación técnica de policías, investigadores, jueces, abogados y funcionarios de prisiones. La ejecución de las penas y medidas de seguridad, en tanto herramientas de resocialización o reeducación, o sólo como medios de intimidación o castigo del delincuente, constituyen el objeto de estudio de la Penología; el Derecho de ejecución de sanciones, definido por Cuello Calón, como el que contiene las normas jurídicas que reglamentan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, con un predominante sentido de garantía de los derechos del penado, comprende el Derecho penitenciario que , modernamente, reivindica su autonomía frente a aquel, y se muestra como el conjunto de normas jurídicas encargadas de regular la ejecución de las penas privativas de libertad.
No esta por demás subrayar, que la ejecución de la sentencia, es actividad jurisdiccional, la de la pena o su cumplimiento, en cambio, corresponde a la moderna disciplina, denominada derecho ejecutivo. Efectivamente, en ejecución de sentencia, el juez puede actuar resolviendo incidentes de ejecución, declarando las modificaciones o extinciones que sobrevengan a las penas, etc.

El delito también es objeto de estudio tanto del Derecho Penal sustantivo, como del adjetivo, el primero, lo analiza como un ente abstracto, a través de la sistemática jurídica, en tanto que el otro, y aquí encontramos la ubicación del Derecho Procesal Penal, lo analiza en su aplicación al caso concreto.
Debe tenerse presente que se halla indisolublemente vinculado a la Teoría general del proceso, que generalmente es una disciplina joven, nacida a mediados del siglo pasado, con los estudios de Oscar Bülow en su Obra “La teoría de las excepciones dilatorias y los presupuestos procesales”.

La Teoría general del proceso, se encarga del estudio de los fundamentos de todo el Derecho Procesal, sin hacer distingos por especialidades, lo unifica y examina sus temas básicos: organización judicial, teoría de la prueba, sentencia, cosa juzgada y ejecución, recursos o medios de impugnación.
Para la realización de su tarea, el Derecho Procesal Penal se vincula con otra serie de ciencias, entre ellas el Derecho Procesal Civil al que Históricamente estuvo unido en un tiempo y con el que lo ligan innegables relaciones, como que ambos reconocen su génesis en las normas de la teoría del proceso, al grado de que Goldschmidt y Florián, contemplan la posibilidad de que proceso civil y penal, sólo hayan manejado diferencias circunstanciales, no de esencia, hasta que la pena adquiere el carácter de pública, en que cada ciencia toma su propio
Derrotero, inclinándose el Derecho Procesal Penal por la realización de la pretensión punitiva acogida por el Estado, antes siquiera de que nazca el delito.

Pero también el Derecho Procesal Penal reclama su independencia, tanto de la Teoría General de la que se nutre, como del derecho material que instrumenta, como en su momento lo hizo el Derecho Procesal Civil y lo han hecho el Derecho Procesal Fiscal, Administrativo, Laboral, etc, y su carácter accesorio no es signo de subordinación, antes bien, deviene de que sólo surge después del delito, al nacer la pretensión punitiva del Estado, cuya actualización propende a llevar a cabo.
Lo expuesto no significa, ni con mucho, que el Derecho Procesal Penal se halle en una isla, ajeno a las otras ramas del saber humano. Por el contrario, se relaciona con casi todas ellas.
Así, con el Derecho Constitucional, que es la rama del Derecho Público, cuyo objeto es señalar la forma de gobierno adoptada soberanamente por el pueblo, organizar la división de funciones, la relación entre sus órganos y las de éstos con los gobernados y, finalmente, hacer reserva de los derechos públicos subjetivos del gobernado.

Esta vinculación casi podríamos decir causal, se manifiesta, al decir del Doctor García Ramírez, en cinco series de normas: La que fija el principio de legalidad al Derecho material; La que atañe a las normas orgánicas y funcionales de los órganos de la jurisdicción, la acusación y la defensa; la que se refiere a los principios procedimentales capitales, como la publicidad; la que agrupa a las instituciones cautelares; incomunicación, detención, prisión preventiva, arraigo, libertad provisional, etc.; y las que se refieren al número de instancias o a la vía impugnativa.
La relación con el Derecho Internacional, concebido como la rama del derecho que estudia las relaciones jurídicas surgidas entre dos o más Estados soberanos, deriva de la multiplicidad de instrumentos de carácter internacional, suscritos por nuestro país y que se integran al derecho doméstico por mandato constitucional, que por su contenido procesal, ha de considerar nuestra disciplina, como los concernientes a debido proceso legal, detención y prisión, presunción de inocencia, asilo, etc.
El Derecho Administrativo, definido como la rama del Derecho Público Interno que determina la organización y funcionamiento de la administración pública centralizada o paraestatal, concurre con el Derecho Procesal Penal, organizando los entes de carácter público que participan en el enjuiciamiento: Ministerio Público, Defensor de Oficio, así como la organización de los tribunales, la forma de nombrar a sus integrantes, los requisitos que deberán cumplir, emolumentos que percibirán, etc.
Con lo anterior hemos hecho referencia a la relación que guarda el Derecho Procesal Penal, con la llamada enciclopedia de las ciencias penales, por la coincidencia de su objeto de estudio.


    1. DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE PROCEDIMIENTO, PROCESO Y JUICIO.


Ahora explicaremos la diferencia que existe entre procedimiento, proceso y juicio, que aunque así pudiera juzgarse a primera vista, no es tarea inútil , Aparte de que a través de su comprensión, se marca la importancia de aspectos destacados de la justicia penal, no cabe duda que el orden presupone un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar, y conviene esclarecer, desde ahora, el sentido de expresión que, con mucha frecuencia, manejamos en el desarrollo del programa de estudios de esta materia.
Procedimiento y proceso, se diferencian esencialmente en cuanto a su finalidad. El primero, se integra con una serie de actos ordenados y encaminados hacia un objetivo. En este sentido se alude al procedimiento idóneo para alcanzar alguna finalidad, o al procedimiento para la elaboración de un objeto. El fin perseguido en el procedimiento, no necesariamente habrá de ser, como el proceso, la resolución judicial de un conflicto de intereses, sometido al conocimiento de la autoridad.
El proceso, palabra que se recoge del Derecho Canónico y deriva de procedere, avanzar, caminar hacia delante, además, sólo puede presidirse por un miembro del poder judicial; solamente en función del juez, tiene sentido hablar del proceso, porque como señala Marco Antonio Díaz de León, con él , cumple el Estado su deber de prestar el servicio judicial que, en nuestro medio, impone el artículo 17 C., al establecer: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”
El titular del procedimiento, en cambio, puede serlo un órgano del ejecutivo o del poder legislativo, como ocurre, verbigracia, con el Ministerio Público, que dependiendo del ejecutivo, es el que preside el procedimiento penal de averiguación previa, o en el caso del legislativo que preside el procedimiento para la declaratoria de procedencia en el juicio político relacionado con un diputado federal, por ejemplo.
Por lo demás entre proceso y procedimiento existe una relación del todo con una de sus partes.
Claramente resulta esto, de la lectura del artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), que menciona los procedimientos penales que regula, a saber: el de averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia, ejecución y los relativos a inimputables, menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotropicos.
De estos procedimientos, según el artículo 4° del Código citado, sólo cuatro integran el proceso penal federal: el de preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia.
Si intentáramos un concepto del proceso penal, diríamos que es el conjunto de actos conforme a los cuales el juez, aplicando la ley, resuelve el conflicto de intereses sometido a su conocimiento por el Ministerio Público.
Ese conflicto de intereses planteado a la autoridad judicial por el órgano de la acusación, se traduce principalmente en estas interrogantes: ¿en el caso concreto, existe delito? y de ser afirmativa la respuesta: ¿el inculpado es responsable penalmente de él?.
De haber una contestación afirmativa también, y sólo en ese caso, es decir, de concluirse en una sentencia condenatoria, la autoridad judicial procederá a la imposición de las penas o medidas de seguridad que procedan.
La expresión juicio, tiene diversas connotaciones. En una de ellas, equivale a proceso. En este sentido se alude, por ejemplo, a que el juicio penal no podrá tener más de tres instancias, o el juicio que se instruye por determinado delito; en otra, tiene el significado del expediente del juzgado, es decir, de los documentos mismos en que constan las actuaciones del proceso, alúdese así, al número con que está marcado el juicio, por ejemplo.
Parece que la acepción más importante, es la que entiende el juicio como el acto del juez, que sucede al análisis y ponderación de los hechos de la causa, a la luz de la totalidad de los elementos de prueba aportados al proceso, y que es anterior al dictado de la sentencia.
El juicio es la convicción a la que arriba el juez, luego de examinar los hechos sometidos a su conocimiento, enlazando a ese análisis las pruebas allegadas al proceso. Es en ese momento intelectual, cuando se afirma que el juez se queda solo, con su reflexión y su conciencia.
1.4. NATURALEZA JURÍDICA QUE CORRESPONDE AL DERECHO PROCESAL PENAL.
En relación con la denominación de nuestro objeto de estudio, se sostiene que lo correcto es llamar a esta disciplina, “Derecho de los Procedimientos Penales”, pues resulta reducida la expresión “Derecho Procesal Penal”, habida consideración de que no sólo se limita a examinar el proceso penal, sino que su campo de estudio, abarca por lo menos otros procedimientos, la acción y la jurisdicción que lo rebasan.
Sin desconocer la veracidad de la anterior afirmación, lo cierto es que para nadie existe duda acerca del panorama de estudio que abarca nuestra materia y no ofrece, por ende, ningún problema su denominación, cualquiera que ella sea.
Cabe aquí hacer alguna reflexión, acerca de la importancia teórica y práctica del Derecho Procesal Penal. Se ha dicho que la enseñanza de esta asignatura en la escuela, fuera del marco de referencia en el que se realizan los actos procesales, o sea, enseñada en el aula universitaria, equivale a enseñar a nadar en una alberca sin agua.
Se afirma así, que no puede establecerse cuál resulta ser más importante, y por ende, cuál debe predominar, si la práctica o la teoría, porque si esta última, hay que decir que salvo la investigación por la investigación misma cuyo valor no negamos, la teoría sola, no aplicada aterrizándola en la realidad viviente, jamás dará sus frutos.
No obstante, también la práctica aislada de la teoría, a la postre conduce a la formación de técnicos y no científicos del derecho.
Por eso, lo sensato es considerar de pareja importancia la práctica y teoría en el aprendizaje del Derecho Procesal Penal, porque usando la expresión del maestro GARCÍA MAYNEZ, no puede señalarse cuál es la pata más importante de un tripié y, al fin de cuentas, si de teoría y práctica se trata, una reconoce su sustento en la otra, de manera que practicar es aplicar la teoría y sólo el conocimiento de ésta, permite su ejercicio práctico.
Acerca de la naturaleza jurídica del Derecho Procesal Penal, debe decirse que es una parte del derecho público interno y trata de realizar el derecho frente a cualquiera que pretenda evitar que la pretensión penal estatal se lleve a cabo, empleando para ello, de ser necesario, medios coercitivos procesales.
Se inclina a proteger los derechos del individuo, pero al mismo tiempo procura el bienestar y la seguridad de la colectividad, al posibilitar la aplicación del derecho penal sustantivo al caso concreto.
1.5. OBJETOS DEL PROCESO PENAL.
Hemos dicho que sin el proceso penal, el jus punendi carecería de actualización, con lo cual el propósito de nuestra disciplina, de preservar el orden social, con la amenaza de la aplicación de la pena, estaría desprovista de eficacia y finalmente, la sanción no produciría el efecto jurídico que se propone, ni habría forma de hacerlo efectivo.
El proceso penal resulta así, el único camino a través del cual el Estado, ejercita su derecho de sancionar. El previo proceso se eleva en nuestro medio, al rango de garantía individual por el artículo 14 constitucional, cuando previene que a nadie se le podrá privar de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (nulla poena sine iudicio).
Delito, pena y proceso, como dice Carnelutti en su “Teoría del Delito”, se complementan de tal forma que excluido uno, no pueden darse los otros dos; no hay delito sin pena y sin proceso; ni pena sin delito y proceso; ni proceso penal sino para determinar el delito y actuar la pena.
Aunque debe admitirse que el anterior enunciado, no funciona al revés, puede

sin duda darse proceso, sin existir delito ni pena.
El proceso entonces, se manifiesta como la única posibilidad legal de aplicar la pena, a quien cometió un delito, preservando así el orden social.
El objeto del proceso se ha diferenciado en:

a) principal, y

b) accesorio.
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