Derecho a la educacion y servicio publico de educacion






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Sentencia C-114/05

EDUCACION-Consagración constitucional/EDUCACION-Derecho y deber/EDUCACION-Alcance
Esta Corporación ha sostenido que se trata de un derecho-deber que si bien supone reconocer a todo ser humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura y tradiciones, así mismo implica para sus titulares el compromiso de cumplir con las obligaciones académicas y disciplinarias correspondientes.
DERECHO A LA EDUCACION Y SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Consagración constitucional
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Fines generales que persigue
EDUCACION-Instrumento para la consecución de los fines del Estado
EDUCACION-Contenido de su función social
EDUCACION-Medio para desarrollar valores y principios constitucionales/EDUCACION-Función social debe estar acorde con los principios constitucionales
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Justificación
Si los valores del Estado colombiano han de tener su real manifestación en las dinámicas diarias de la sociedad, resulta apenas lógico que la educación cobre el mismo alcance. Así, el proceso educativo debe salir de las aulas y posarse en los escenarios en donde se ejercita como miembro de un Estado Social de Derecho. Esto lo ha implementado el sistema educativo, en el caso de los estudiantes de educación media, mediante la obligación de prestar un servicio social a la comunidad.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Materialización del carácter de función social de la educación/SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Medio para el aprendizaje y la realización de la solidaridad
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Importancia en el Estado Social de Derecho
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que lo comprenden
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-No es una carga/EDUCACION MEDIA Y EDUCACION SUPERIOR-Fundamento y fines son distintos
El servicio social estudiantil obligatorio, no es exclusivamente una carga, como erróneamente plantea en la demanda, sino esencialmente una parte estructural del proceso educativo de los estudiantes de educación media, que permite la realización de principios y fines constitucionalmente legítimos. Ahora bien, este deber guarda estrecha relación con los fundamentos y fines de la educación media los cuales son sustancialmente distintos a aquellos que persigue la educación superior.
EDUCACION SUPERIOR-Fines según la legislación colombiana
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-No se vulnera al excluirse a los estudiantes universitarios de tal obligación
No encuentra la Corte que se viole el principio de igualdad constitucional, al no incluirse a los universitarios como sujetos de la obligación de prestar un servicio social, más cuando ya lo prestaron, como estudiantes en los grados de educación media, requisito ineludible para llegar a ser estudiante universitario.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Exclusión de estudiantes de los planteles privados los privaría de una experiencia relacionada con la formación como ciudadanos integrales
No se justifica privar a una categoría determinada de individuos de una experiencia estrechamente relacionada con su formación como ciudadano integral, mediante la cual pueden participar en acciones cívicas y de servicio social, en aras de favorecerla debido a su supuesta o real condición de inferioridad económica y social.
TRABAJO DE MENORES-Circunstancias excepcionales en las que procede
TRABAJO DE MENORES-Restricciones legales
TRABAJO DE MENORES-No puede afectar su desarrollo físico y educativo
CONVENIO 138 SOBRE EDAD MINIMA DE ADMISION DE EMPLEO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Alcance/POLITICA DE ABOLICION DEL TRABAJO DE MENORES-Actividades laborales deben ceder a las actividades escolares
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Exclusión de estudiantes de educación media trabajadores privilegiaría el trabajo frente al proceso educativo
Nuevamente habría que indagar cual es la naturaleza del trato favorable que reclama el demandante porque en todo caso éste no podría suponer la no prestación del servicio social obligatorio pues eso significaría privilegiar el trabajo frente al proceso educativo, posibilidad contraría a la Constitución y a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-La afectación de las actividades laborales y educativas de los menores trabajadores debe ser mínima
Resulta razonable que a los menores estudiantes que desarrollen actividades laborales se les permita consultar con las directivas de las instituciones educativas en las que están matriculados, la posibilidad de atender el cumplimiento de la intensidad temporal del servicio social en horarios que les permitan seguir desarrollando sus actividades laborales de tal manera que el grado de afectación de ambas actividades sea mínimo.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Institución educativa y estudiante menor trabajador deben convenir el horario de su prestación
El derecho del menor estudiante trabajador y el deber correlativo de la institución educativa se reduce a un principio de consulta y al establecimiento de un procedimiento para convenir entre ambos (estudiantes y directivas escolares) la posibilidad de adecuar el horario de prestación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Se encuentra ajustado a la constitución la prestación a cargo de los estudiantes trabajadores mayores de edad
DERECHOS FUNDAMENTALES-No tienen carácter absoluto/DERECHO A LA RECREACION-Juicio de proporcionalidad
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Medida idónea porque persigue fines constitucionales legítimos/SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-No existe otra medida menos restrictiva del derecho a la recreación/SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Afectación leve del derecho a la recreación/SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO-Limitación proporcional y razonable del derecho a la recreación de los menores
Referencia: expediente D-5320
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.
Demandante: Jorge William Díaz Hurtado
Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Bogotá D.C, quince (15) de febrero de dos mil cinco (2005).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

7.1. El último cargo que formula el demandante tiene que ver con la intrascendencia del servicio social obligatorio y su poca aptitud para conseguir las finalidades señaladas en el artículo 366 de la Constitución, especialmente el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
7.2. Respecto de la primera acusación, la supuesta intrascendencia del servicio social obligatorio, no considera esta Corporación necesario detenerse pues en los fundamentos jurídicos de esta decisión ha expuesto ampliamente la importancia de esta actividad en el proceso formativo de los estudiantes de Educación Media y su estrecha relación con principios y valores constitucionales.
7.3. Adicionalmente, encuentra esta Sala que, por un lado la valoración según la cual el servicio social estudiantil obligatorio no reporta ningún beneficio ni a la sociedad ni a los estudiantes que lo prestan, parte de un supuesto errado. Este servicio, tal como se plantea en las intervenciones, no tiene un valor determinado en función de los resultados que en sí mismo logre. Por el contrario, configura un elemento más del proceso educativo y en ese sentido sólo puede ser entendido como un instrumento para la consecución de los fines constitucionales y legales que persigue la Educación en su conjunto y la Educación Media en particular.
El servicio social en esa medida tiene un valor de naturaleza intrínseca, sin importar su eficacia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin duda si le compara, como hace el demandante, con el servicio social que realizan algunos estudiantes universitarios como los de Medicina, parecería menos importante o útil. Pero si se examina a los fines que persigue cual es la compenetración de los educandos con su comunidad, y su formación en el espíritu democrático, tolerante y solidario propio de un estado Social de Derecho, se revela en toda su magnitud su importancia y trascendencia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge William Díaz Hurtado solicita ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 97 de la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. DISPOSICIÓN DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994

LEY 115 DE 1994

(febrero 8)

Por la cual se expide la ley general de educación
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA
TITULO V

DE LOS EDUCANDOS

CAPITULO I

FORMACION Y CAPACITACION
ARTÍCULO 97. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

III. LA DEMANDA
Se pide en la demanda que la Corte Constitucional declare inexequible el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, porque a juicio del actor este precepto vulnera la Constitución Política en sus artículos 13, 44, 67 y 336.
A juicio del demandante la disposición demandada infringe el principio de igualdad por distintas razones. En primer lugar por cuanto establece un trato diferente entre los estudiantes de educación media y los estudiantes y “profesionales” universitarios quienes no están obligados a prestar un servicio social obligatorio. En segundo lugar porque, a pesar de las distintas condiciones materiales en que se encuentran, no diferencia entre los estudiantes de los colegios públicos y aquellos que cursan sus estudios en colegios privados. Además, la disposición demandada es discriminatorio porque no prevé un trato diferente para aquellos estudiantes de educación media que trabajan.
En el sentir del demandante el enunciado normativo acusado también vulnera el artículo 44 de la Constitución Política pues el servicio social obligatorio se convierte en una limitante temporal que impediría a los menores el goce de sus derechos fundamentales, como el derecho a la recreación.
Aduce el actor que si un estudiante, por sus condiciones socio-económicas, se ve obligado a trabajar y estudiar de manera paralela, el servicio social obligatorio le demandará tiempo adicional lo cual, por un lado no le permitirá atender sus necesidades económicas adecuadamente y por otro, no le permitirá gozar de otros derechos, vulnerándose con ello el carácter de servicio público de la educación y la función social que ésta debe perseguir.
Finalmente, en su opinión, el servicio social obligatorio es una actividad intrascendente que afecta la calidad de vida de los estudiantes de educación media y por lo tanto infringe el mandato del artículo 366 de la Constitución, el cual establece como finalidad del Estado Colombiano el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.


IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Educación Nacional
La ciudadana Liliana Ortiz Bolaño interviene en representación del Ministerio de Educación Nacional. Solicita la interviniente se declare la constitucionalidad del artículo acusado y afirma que en este caso concreto la obligación de prestar servicio social obligatorio ha de examinarse a la luz de los principios y valores constitucionales y de la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la educación.
Cita apartes de la sentencia T-534 de 1997, en la cual esta Corporación sostuvo que la educación no tiene solo un sentido formal, sino que se complementa: “... con la convivencia e intercambio de experiencias del alumno con el resto de la comunidad educativa, y que le permite afianzar su desarrollo y lograr así una formación integral, [lo que] hace necesaria cierta homogeneidad dentro del aula. Por tanto, no contribuye a un adecuado proceso de formación del menor y del adulto, el asimilarlos, sin tener en cuenta que de su desarrollo emocional y psicológico, depende el diseño del modelo pedagógico para los unos y otros”.
En el mismo sentido destaca que la realidad social, cultural y económica del país obliga a muchos menores de edad a trabajar para contribuir al sustento de su familia, sin embargo, este hecho agudiza las desigualdades existentes y contribuye a que se configure [y cita un aparte de la sentencia C- 325 de 2000] “... una capa de niños que inmersos en socavones mineros, basurales o cortando caña, no tienen la más mínima posibilidad de gozar de su infancia ”.
En atención a esto, recuerda la representante del Ministerio de Educación Nacional, que la Corte Constitucional ha establecido que los padres no pueden privilegiar en el proceso de formación de sus hijos, el trabajo sobre la educación, razón por la cual se exige del Estado procurar las condiciones para que los menores no tengan que ingresar en el mercado laboral. Pese a ello, la realidad social y económica –continúa el interviniente en desarrollo de su idea-, llevo a la Corte ha manifestar que ante la imperiosa necesidad de trabajar de un menor de edad, pero mayor de 14 años, se le debe ofrecer la posibilidad de la jornada nocturna de estudio. Argumento que refuerza el carácter primordial de la educación.
Por otro lado, la interviniente defiende la constitucionalidad del artículo demandado en la explicación de los fines constitucionales de la educación. Así, argumenta que la educación se presenta constitucionalmente como una herramienta que cumple una relevante función social. Esto implica, según su parecer, “... que uno de los fundamentos del servicio social obligatorio se encuentre en este aspecto [la función social de la educación] del derecho a la educación (...)”, además que de la educación resulta un concepto integral que “(...) se relaciona directamente con el trato social, el conocimiento de lo social y el deber de solidaridad”. Por esto son necesarios procesos adicionales al proceso de educación formal, que den cuenta de las implicaciones sociales de la misma, como por ejemplo la experiencia del servicio social y el trabajo con la comunidad.
De lo anterior concluye que el servicio social obligatorio forma parte del proceso educativo y en ese sentido atiende a los fines constitucionales del derecho a la educación. Así mismo, según su parecer, el mencionado requisito pone de relieve el deber del Estado de atenuar y erradicar el esfuerzo de los menores por sus necesidades económicas y familiares, que los lleva a laborar entre otras cosas para educarse. Por último, dice el Ministerio de Educación que no puede desprenderse vulneración del principio de igualdad en la comparación entre los estudiantes de educación media y los estudiantes universitarios, pues no están unos y otros en la misma situación, condición que es necesaria para el análisis de este principio.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
De conformidad con los requisitos constitucionales contenidos en los artículos 278-5 y 242-2, el señor Procurador General de la Nación, rindió concepto en el presente caso, solicitando la declaración de exequibilidad de la norma acusada.
El Ministerio Público considera que el servicio social obligatorio hace parte del proceso educativo en la medida en que contribuye a la formación de ciudadanos responsables, capaces de participar activamente en las decisiones de la sociedad, dentro del respeto de los derechos y deberes ciudadanos y en el ejercicio de la solidaridad, la tolerancia y el pluralismo ideológico y cultural.
Así, dice el Procurador que “...es notorio que el servicio social obligatorio que se exige a los estudiantes de educación media, lejos de vulnerar la función social de la educación, la realiza, puesto que colabora con la difusión de los conocimientos, los valores y las prácticas culturales adquiridos por quienes sí han tenido acceso al sistema educativo, que hacen posibles la vida en sociedad y el progreso de la misma”. Lo que conlleva a la asunción de dicho requisito como un elemento estructural del proceso educativo que por definición no obstruye la educación, sino a que al ser parte de ella abre espacios en la sociedad “...de solidaridad, tolerancia y cooperación (...), permitiéndole al estudiante involucrarse y plantear alternativas de solución a la problemática social”.
Para el Ministerio Público, el sistema educativo tiene una gran fortaleza en su sentido social, que lleva a entenderlo como un medio para realizar derechos sociales y no solamente individuales. Esta especial relación entre la Educación y la Sociedad se concreta en el sistema educativo descrito, el cual surge en nuestro Estado Social de Derecho de la Constitución Política y de sus principios fundantes como son el trabajo, la dignidad humana y la solidaridad de las personas que conforman la Nación, así como también la prevalencia del interés general. Entonces, la educación es definitiva en nuestro contexto, pues de ella se exige algo más que la superación personal.
El derecho a la Educación, tiene estrecha relación con el principio de solidaridad, y el nivel de desarrollo de una sociedad puede ser medido por el grado de educación de las personas que la conforman. El servicio social obligatorio es para el Ministerio Público, la aplicación en el sistema educativo del sentido social del derecho a la educación, que procura servir a los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
El Procurador encuentra sobre la presunta vulneración del principio constitucional de igualdad, que la comparación entre estudiantes de educación media y universitarios es inadecuada, pues no son sujetos equiparables, ya que lo que sustenta la obligación del servicio social en los primeros, no se aplica para los segundos.
Concluye que el servicio social estudiantil obligatorio coadyuva en el logro de los fines de la educación, la sociedad, la comunidad y el Estado, y no vulnera el principio de igualdad frente a los estudiantes universitarios, respecto de los cuales no se exige este requisito, que debieron cumplir para ingresar a la Universidad.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

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