Derecho penal I






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DERECHO PENAL I


PRIMER CERTAMEN

9 de marzo.

¿Qué es el Derecho Penal?
Es una disciplina jurídica. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regula la potestad punitiva del Estado, asociando a ciertos hechos legalmente determinados una pena, o medida de seguridad o corrección, con el objeto de respetar los valore fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia humana. Enrique Cury.
También se puede decir que es la parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones y establece penas para la contravención de dichas órdenes. Alfredo Etcheberry.
De estas definiciones se desprenden dos cosas fundamentales:
1° El único titular del ius puniendi o del derecho de castigar es el Estado. Esto está en intima relación con el aforismo que señala que no hay delito ni pena sin ley. Los particulares no pueden calificar estas conductas; tampoco los funcionarios administrativos.(no rige principio de inexcusabilidad)

esta misma situación la pone de manifiesto la definición de Cury.
2° El derecho penal pone de manifiesto que lo que se castiga son las conductas humanas. Estas pueden ser acciones u omisiones.

En seguida la definición dada por Cury señala cual es la consecuencia que se deriva de la comisión de un delito. Si alguien ejecuta un delito será castigado con una pena, o con una medida de seguridad o corrección.
La pena es la consecuencia que se genera para el delincuente y consiste en una privación o restricción de ciertos bienes jurídicos del sujeto, y conjuntamente con ello o en vez de ello, según algunos, la aplicación de medidas que tienen por objeto evitar la comisión de futuros o posibles delitos.
Hay teorías represivas para explicar la pena. También las hay preventivas. Aquí el sujeto se le aplica la pena para que no vuelva a delinquir, para resocializarlo. También las hay eclécticas.
El derecho penal tiene por objeto una función:
1° Represiva.
2° Preventiva. Pone énfasis en la rehabilitación. Ejemplo de ello podríamos citar los beneficios de la Ley 18.216; remisión condicional de la pena; reclusión nocturna y libertad vigilada.
Esta definición de Enrique Cury señala el objetivo último que persigue el derecho penal que es el respeto por los valores fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia humana.

Clasificación del Derecho Penal.
1° Derecho penal sustantivo

2° Derecho penal adjetivo.
En el segundo caso nos referimos al derecho procesal penal.
El derecho penal sustantivo se puede subclasificar en:


  1. derecho penal objetivo o ius penale.

  2. Derecho penal subjetivo o ius puniendi.


El primero es el derecho positivo, es el conjunto de normas positivas en el que se contiene el derecho penal.
El segundo se refiere a quien es el titular de la potestad punitiva, el cual es el Estado.
El Estado no puede ejercer este poder sin límites, los cuales derivan de limites formales como el principio de reserva legal en materia penal. Además de este limite formal que tiene el ius puniendi, existen limites materiales que emanan, ya de fundamentos filosóficos; pero se trata de limites que se refieren a las bases de sustentación o legitimación del Estado.
Estos limites materiales del Estado son:

1° Necesidad de intervención.

2° Protección de bienes jurídicos

3° Dignidad de las personas.

4° Proporcionalidad de la pena.
1° Necesidad de la intervención:
La intervención penal del Estado sólo se justifica cuando ello resulta estrictamente necesario para mantener la convivencia armónica en la sociedad.
Si el Estado interviene mas allá de lo necesario implica caer en el autoritarismo. Como consecuencia se dice que el derecho penal es de última ratio o extrema ratio. Sólo se recurre él cuando las demás ramas del ordenamiento jurídico son insuficientes para cautelar la convivencia social.


2° Protección de bienes jurídicos:
Lo que significa que es indispensable al recurrir al castigo penal establecer qué es lo protegido, cuál es el interés que existe en la creacion del tipo penal. No se puede establecer un delito y una pena si no existe un bien jurídico cautelado, y más aun, dice la doctrina, el derecho penal sólo está ara proteger atentados graves contra bienes jurídicos vitales.
3° Respeto a la dignidad humana:
Lo que postula básicamente este principio es que siempre, aún en el peor de los casos, el Estado está obligado a actuar humanamente en su relación con el delincuente, debe tender a su asistencia, debe intentar desididamente readaptar al individuo. Esto por razones preventivas y porque, a fin de cuentas se trata de una persona.
4° Proporcionalidad de la pena:
Cada sujeto debe ser condenado tomando en consideración, en abstracto y en concreto, las circunstancias existentes al tiempo de incurrir en el delito. En abstracto, la proporcionalidad de la pena demanda al legislador analizar la gravedad del ataque y la importancia del bien jurídico afectado al establecer a pena.

15 de marzo.

Características del Derecho Penal.


  1. Es un derecho público: esto desde una triple perspectiva:


1° Desde un punto de vista sustantivo, corresponde al Estado las conductas delictivas y su pena.
2° Desde un punto de vista adjetivo es público porque se debe respetar el debido proceso y se deben respetar ciertas garantías, en especial, porque debe ser juzgado por un tribunal establecido por ley con anterioridad al delito y de acuerdo a lo establecido por la ley. C.P de la Republica Art. 3° Inc. 4 y 5.
3° Es publico el derecho penal porque, desde el punto de vista de ejecución de la pena, ésta está a cargo de una autoridad establecida por ley que es Gendarmería de Chile.
En lo que se refiere al derecho penal sustantivo, éste se contiene, fundamentalmente en el Código Penal. Además existe múltiple legislación penal en diversos textos legales.
El derecho penal adjetivo se contiene en el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal.
El derecho de ejecución de la pena está reglamentado en alguna s partes por el Código Penal, pero también en el reglamento penitenciario; el D 321 que reglamenta la libertad condicional.


  1. Regulador externo de conductas humanas: esto significa que las normas jurídicas penales están destinadas a aplicarse únicamente a los actos de las personas que se manifiestan en el mundo externo. El pensamiento no delinque, dice el aforismo. Por ejemplo, Art. 8 de la Constitución, hoy derogado.




  1. Es de última ratio, extrema ratio, fragmentario: el derecho penal sólo debe se utilizado, sólo se puede recurrir al derecho penal cuando se trate de atentados graves a bienes jurídicos vitales, en que, el recurrir a los demás mecanismos de sanción del ordenamiento jurídico, es insuficiente para la debida protección del interés respectivo.




  1. Es sancionatorio: tiene una clara función represiva. La mayor afectación legítima que puede imponerse a un ciudadano es la que emana del derecho penal, de sus bienes jurídicos. Se traducen, por ejemplo, en castigar la libertad de las personas, ciertos derechos.

Otras ramas del derecho se encargan de reconocer ciertos bienes jurídicos, por ejemplo, el Art. 19 de la Constitución.

El derecho penal asegura, a través de su eficaz sanción el respeto de los bienes jurídicos fundamentales.


  1. El derecho penal es personalísimo: el delincuente responde a las consecuencias personales de su conducta. La sanción sólo puede recaer en quien ha sido castigado como responsable del delito.


Consecuencias de esto:


    • La responsabilidad penal no se transmite a los herederos. Art. 93n°1.

    • El derecho penal no admite representación.

    • La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Código de procedimiento penal, Art. 39.




  1. El derecho penal es de actos, no de autor: esto significa que sanciona determinados comportamientos humanos, acciones u omisiones, por lo que hace o deja de hacer. No se consideran aspectos referidos a la personalidad del sujeto para castigarlo penalmente. Es por cierto, una garantía constitucional. Art. 19n°3 inc. 8°.

El código penal, en su Art. 1° consagra al delito como una acción u omisión.
22 de marzo
Fuentes del derecho penal.
Puede estar tomado desde dos puntos de vista:
1°. Desde el punto de vista del órgano creador del derecho penal.
2°. Desde el punto de vista de concreción del derecho penal.
En este sentido, es claro que, sólo la ley puede ser fuente directa del derecho penal, lo que se conoce como principio de reserva o legalidad. Este principio está establecido en el Art. 19n°3 inc. 7 y 8. también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 6 y 15; la Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 9. también el C.P, en su Art. 1 inc. 1, Art. 18 y Art. 80.
Antecedentes de este principio son la Carta Magna; la Declaración del los Derechos del Hombre y del Ciudadano; la Constitución Norteamericana y el Derecho Romano.


  • Aspectos que contempla este principio.


1° Desde un punto de vista sustantivo: “no hay delito ni pena sin ley escrita”. Este es el principio de legalidad en sentido estricto. Solamente a través de una ley propiamente tal, es posible al Estado crear delitos y establecer penas. Si no hay ley para resolver el caso concreto, el tribunal debe absolver.
En cuanto al principio de tipicidad, no hay delito ni pena sin ley estricta. El legislador, al crear delitos y establecer penas debe referirse concretamente a los hechos que constituyen el delito y debe establecer también, claramente, la pena, o al menos, el marco penal que se aplicará en caso de ejecutar la conducta punible.
En cuanto al principio de la irretroactividad de la ley penal, señala que no hay delito ni pena sin ley previa. La ley penal sólo puede aplicarse a aquellos hechos cometidos durante su vigencia. No puede aplicar una pena que no está vigente a la época de perpetrarse el delito, salvo que la nueva ley sea más favorable al afectado.
El inc.7° del n°3 del Art. 19 de la Constitución, señala que, ningún delito se castigará con otra pena que la que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado.
El inc.8° del n°3 del Art. 19 señala que ninguna ley podrá establecer penas, sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.
2°. Relación con el aspecto procesal: dice relación con un aspecto procesal orgánico y adjetivo.
El primero implica que sólo los tribunales establecidos por la ley pueden juzgar a una persona, y que además hayan sido establecidos con anterioridad.
En cuanto al aspecto adjetivo, este principio de reserva implica que quien ha delinquido, su juzgamiento se ajuste a las normas de procedimiento establecidos por la ley. Art. 19 n°3 inc.5. También resulta aplicable, en cuanto a la aplicación de la pena. El Art. 80 del C.P así lo establece.
En definitiva, este principio de legalidad, es una garantía política, al ser la ley quien determina qué conductas sean castigadas penalmente y al estar además señalada por ella la sanción a imponer.
Sin embargo, en este punto se hace necesario hacer presente que existen algunas situaciones de conflicto en el derecho positivo referidos al principio de tipicidad, donde no está claro si el legislador cumple con este principio.
Casos de conflicto con el principio de legalidad.


    1. Tipos penales abiertos. Son aquellas situaciones en que el legislador no cumple con este principio, por cuanto se limita, simplemente a nombrar el delito, sin especificar con claridad en qué consiste el comportamiento delictivo. Por ejemplo, así sucede en el delito de aborto, en el que el legislador simplemente dice: “el que causare un aborto será castigado”. El conflicto se da en cuanto no queda claro qué es el aborto. Art. 342, 345.




    1. Tipos penales vagos o difusos. Son aquellos que, por una deficiente técnica legislativa, no está claro qué se permite y qué se prohíbe. Atenta así contra la seguridad jurídica debido a la falta de precisión de los términos empleados por el legislador. El tipo penal se presta para interpretaciones encontradas. Art. 373.




    1. Presunciones simplemente legales de responsabilidad penal. El legislador, mas que describir la conducta, la presume, es decir, si se dan en el caso concreto ciertas circunstancias descritas por la ley, se presume que el sujeto ha cometido el delito de que se trate, independientemente si ello sucedió o no.


Según la doctrina, lo ideal es que la conducta de un sujeto se determine, porque en el proceso se encuentran establecidos los elementos del tipo penal respectivo, sin que baste al efecto la mera presunción de ellas o de alguno de ellos.
El problema es que en el código penal existen varias presunciones simplemente legales y en la legislación penal en general, por ejemplo, Art. 1° inc.2 del C.P, Art.454, Art. 444.


    1. Leyes penales en blanco. Son aquellos textos legales en que el legislador determina la sanción aplicable y la conducta que se castiga, pero en los cuales se abandona a otro texto la determinación de los presupuestos bajo los cuales se establecerá el castigo penal. Se clasifican en:




      • Leyes penales en blanco propias. Son aquellas en que los presupuestos del castigo penal se entregan a una ley de rango inferior, por ejemplo, decreto, reglamento, ordenanza.




      • Leyes penales en blanco impropias. Son aquellas en que los presupuestos del castigo penal se entrega a otra ley, por ejemplo, ley 20.000, sobre tráfico de drogas, ya que en ella no está claro que se entiende por sustancia sicotrópica o estupefaciente. Esto se entrega a un reglamento. Otro ejemplo es el Art. 320.


Las leyes penales en blanco son constitucionales, ajustados a este principio de legalidad o reserva, siempre y cuando se de cumplimiento estricto a las siguientes exigencias.


        1. la ley penal en blanco debe determinar la sanción aplicable.




        1. la conducta que se castiga penalmente, en lo esencial, debe estar contenida en la ley penal en blanco.




        1. el precepto complementario sólo podrá contener los presupuestos en que se funda el castigo penal.




        1. el precepto complementario debe recibir una publicidad semejante a la ley, aún cuando, por su naturaleza no sea necesario.




        1. el órgano del cual emana el precepto complementario debe tener su potestad extendida a todo el territorio de la republica.




        1. el precepto complementario se entiende parte integrante de la ley penal en blanco, por lo tanto, se aplican a su respecto, las mismas normas de la ley en cuanto al tiempo, espacio y las personas.


29 de marzo.
Otras fuentes del derecho y su incidencia en materia penal.
Considerando la gran importancia que tiene en materia penal el principio de reserva o de legalidad, la incidencia de las demás fuentes del derecho, en esta disciplina es mínima.
En relación con los DFL, que son manifestaciones de la potestad normativa del ejecutivo, que regulan materias propias de ley, en virtud de una delegación de funciones hecha por el legislador.
Debemos señalar clara y tajantemente que , en ningún caso puede ser fuente del derecho penal, ello por cuanto, esta delegación de funciones no se permite en cuanto a las garantías constitucionales. Art. 61 inc.2° de la Constitución.
En relación con los Decretos Leyes, aquí, la verdad es que la doctrina reconoce que por tratarse de una situación excepcional, de anormalidad constitucional, y considerando que la única fuente de derechos en estos casos son estos DL, se les reconoce validez como fuente del derecho penal.
La doctrina agrega que, recuperada la normalidad institucional, los delitos contenidos en DL debieran realizarse y ser establecidos a través de una ley propiamente tal.
En relación con otras normas jurídicas de rango inferior como decretos, reglamentos, etc, no pueden ser fuente del derecho penal. Su única incidencia en este punto puede emanar de las leyes penales en blanco propias, en cuanto dichas leyes entregan su contenido a ellas.
Por su parte la costumbre no puede constituir jamás fuente del derecho penal, a lo más, puede tener una incidencia secundaria en aquellos tipos penales que deban ser complementados recurriendo a preceptos del derecho comercial o a otros disciplinas en que la costumbre tenga alguna incidencia, por ejemplo, el delito de falsificación de instrumento privado mercantil.
También la ley indígena de 1993 considera eximentes, atenuantes, en relación con la costumbre.

Interpretación de la ley penal.
Consiste en determinar el sentido y alcance de la ley penal. Se aplican los Art. 19 a 24 del Código Civil.
En materia penal, además de las reglas ya vistas, existen también ciertos criterios característicos del derecho penal, que el intérprete siempre debe considerar, como por ejemplo, el principio de proporcionalidad de la pena y de lesividad, principio pro reo, non bis in ídem.
El principio de proporcionalidad y de lesividad. Al interpretar la ley penal, para establecer el verdadero sentido y alcance de un tipo penal, el intérprete debe optar por aquella interpretación que lleve a la determinación de una pena acorde con la gravedad de la conducta realizada por el sujeto y con el daño ocasionado por su actuar.
Dice Novoa que delito y pena son factores estrechamente relacionados entre si, y que deben guardar entre ellos una proporción que tienda a su equivalencia.
En relación con el principio pro reo, se señala por la doctrina que , al interpretar la ley penal debe acogerse aquella solución que sea más favorable al delincuente. Ello por cuanto existen múltiples manifestaciones en el derecho positivo de los cuales puede colegirse que el legislador es proclive a beneficiar a quien ha delinquido.
31 de marzo.
Este propósito de favorecer al delincuente, y de optar por la tesis más favorable se desprende de distintos preceptos del derecho penal, de todos los cuales se puede concluir que el espíritu general de la legislación es el señalado.
En materia de concurso material de delito también hay una bondad legislativa.
Otra manifestación es la rebaja de la pena y que siempre se hace a partir del mínimo. Relacionado con esto, la doctrina también trata el principio indubio pro reo, en virtud del cual se ha dicho que, en la duda entre condenar o no a un sujeto, el tribunal siempre debe abstenerse del castigo (principio de carácter procesal).para condenar el tribunal tiene que adquirir la convicción y de debe probar:


  1. Que hay delito.

  2. Que el sujeto tiene participación en ese delito.


En cuanto al principio non bis in ídem, significa que, si a tiempo de interpretar la ley penal un elemento ya ha sido considerado para fundar el castigo penal. Tal antecedente no puede ser considerado nuevamente para agravar la sanción del sujeto. Por ejemplo, en el caso del parricidio, hay agravante por ser familiar. Lo que se debería hacer es aplicar la pena del parricidio y el agravante, pero por este principio no se hace. Art. 13 en relación con Art. 390.
Este principio non bis in ídem tiene expresa acogida en el Art.63 que establece los agravantes que no aumentan la pena.


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