El Papel de la Memoria Histórica y la Memoria Colectiva en los Procesos de Reparación Integral y en la Construcción de Paz en un Contexto no Transicional






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fecha de publicación10.06.2016
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El Papel de la Memoria Histórica y la Memoria Colectiva en los Procesos de Reparación Integral y en la Construcción de Paz en un Contexto no Transicional1

La Resolución 33/73 de 15 de diciembre de 1978 denominada “Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz” establece un derecho inmanente de las personas, los Estados y toda la humanidad a vivir en Paz, en su sentido más amplio. Y la tolerancia, la igualdad sin discriminación alguna, la responsabilidad del Estado en la promoción de una cultura de paz y la postura anti-armamentista y anti-belicista, son premisas del derecho a la paz. 2

En la Declaración de Oslo sobre el Derecho a la Paz de la UNESCO (1997), se define la Paz como un derecho humano inherente a la dignidad de todo ser humano y también como un deber.

En el ordenamiento jurídico colombiano la paz tiene un carácter multifacético: es el fin por el cual se promulgó la Carta Fundamental, es un fin esencial del Estado, es un derecho fundamental de toda persona y deber de obligatorio cumplimiento, es la finalidad inmediata hacia la cual debe propender el Estado y es el origen de los instrumentos contemplados para resolver los conflictos y proteger los derechos fundamentales. Entonces, el derecho a la paz es el respeto a la vida, es no a la guerra, no a las armas, es garantía de seguridad, como función social y, en síntesis, es la garantía de todos los derechos fundamentales.

Constitución Política de Colombia, 1991 con reforma de 1997

Art. 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

La memoria siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Por el contrario, la historia es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros...”

Pierre Nora

Retomando esta reflexión de Pierre Nora, y pensando en la dificultad que representa para quienes convocamos a este encuentro afirmar que en Colombia realmente estamos en un contexto transicional, comenzamos este Manifiesto por la Paz Pendiente, preguntándonos: ¿Qué es aquello que aunque haya dejado de existir ha dejado rastros en la sociedad colombiana? Esta pregunta es problemática en sí misma porque, si la descomponemos en dos partes, nos vemos enfrentados a una contradicción del sentido mismo del término transición. En primer lugar, y considerando honestamente el miedo y, en muchos casos, la desesperanza, que experimentamos individual y colectivamente los colombianos en medio de una cotidianidad atravesada por múltiples violencias que se inscriben en las dinámicas de un conflicto armado interno, de carácter político y social, que nos viene afectando desde hace más de 7 décadas, cabría preguntarse: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “aquello que ha dejado de existir”? O, en términos transicionales “¿Cuáles son las condiciones que nos permiten decir que el camino que estamos transitando actualmente no es el mismo camino de la guerra de los mil días, o, como decían nuestros abuelos: “el camino del nunca acabar”?

En segundo lugar, y viendo cómo, en los últimos 10 años, se van consolidando el olvido y la impunidad, la segunda parte de la pregunta podría ser: ¿Cuáles son esos rastros o esas huellas que han dejado en nosotros las historias vividas, que en muchos casos no son historias pasadas sino experiencias presentes? De esta pregunta surgen nuevas preguntas; algunas con respuestas imposibles y otras con respuestas posibles, pues en el “camino del nunca acabar” hay que asombrarse, hay que sentir, hay que pensar, y sobre todo, hay que actuar, para que sea posible transitar colectivamente, con nuestras memorias y nuestros dolores a cuestas, hacia alguna parte que nos permita salir del círculo vicioso de buscar la paz haciendo la guerra, ocultando la verdad, sacrificando la justicia y negando a las víctimas como sujetos plenos de derechos. En este sentido, resulta pertinente situarse de nuevo en el asombro y preguntarnos una vez más: ¿Cuáles son los mecanismos que han conducido a naturalizar y a negar colectivamente las prácticas arbitrarias perpetradas por agentes estatales, como la desaparición forzada, la tortura, los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, la usurpación de tierras, el despojo y el desplazamiento forzado? No basta con constatar que la mayoría de estas prácticas, a pesar de su masividad, son invisibles para la sociedad colombiana; es necesario preguntarnos: ¿Por qué son invisibles, a pesar de sus repercusiones socioculturales, éticas y políticas?

En este sentido reflexivo, y pensando el contexto colombiano, donde los diferentes actores armados, legales e ilegales, han generado procesos de victimización contra amplios y diversos sectores de la sociedad, hay que empezar por reconocer que el problema de la construcción de la memoria histórica se sitúa en un campo conflictual, donde las diferentes memorias, ancladas en las experiencias subjetivas de los diferentes sectores victimizados, compiten entre sí. Dicho campo conflictual –denominado “guerra de memorias” por Gonzalo Sánchez (2003)- está atravesado por relaciones de poder que determinan qué y cómo se recuerda, y cuáles son los lugares, los sujetos y los objetos de la memoria que merecen ser rescatados del olvido como patrimonio para las generaciones presentes y futuras (Halbwachs, 2004). La conflictividad de las versiones que residen en las diversas aproximaciones a la memoria histórica de la violencia en Colombia, se evidencia en la ausencia de un debate nacional sobre la dimensión colectiva de los daños causados por todos los actores armados involucrados en el conflicto. Actualmente, a pesar de los esfuerzos de diversos sectores sociales por visibilizar sus memorias, no existen las condiciones ni la voluntad política por parte del Estado para construir una memoria histórica que sea producto de una pluralidad de voces en el espacio público acerca de los hechos violentos que han afectado y continúan afectando al país desde hace más de 70 años.

Teniendo en cuenta esa conflictividad de las memorias en Colombia, y pensando en lo que está en juego a partir de la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, apelamos a aquella frase de Walter Bejamin3 cuando afirma que “la historia de las sociedades la escriben los ‘vencedores’; que no sólo escriben los meta-relatos y las versiones oficiales de la historia; sino que también definen a su acomodo el patrimonio cultural, los objetos y las imágenes que simbolizan la tradición, disponiendo de los lugares que deben albergar los recuerdos y, al mismo tiempo, encargándose de borrar o invisibilizar los contenidos inscritos en la historia de “los vencidos”

No obstante, en el contexto colombiano no es posible hablar de vencedores y tampoco de vencidos; pues al hacerlo estaríamos afirmando que los detentores del poder político, económico, o incluso militar, son los vencedores porque han logrado imponer sus intereses particulares sobre los colectivos; han podido escribir, de manera creíble para las mayorías, una versión parcial de la historia, que se reafirma y reproduce en los textos oficiales y en la gran prensa, negando de tajo la existencia de otras memorias, de otras verdades, de otras experiencias, a partir de las cuales se configura un presente compartido, en el que buena parte de la sociedad no es consciente de la vulneración de sus derechos.

Aquí no hay vencedores ni vencidos, porque la historia está aún por escribirse. La memoria viva de las luchas sociales, pasadas y presentes, los actos políticos -éticos, estéticos, simbólicos, culturales- de resistencia y desobediencia civil de los pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que desde hace décadas se manifiestan en las calles y representan los ideales de buena parte del colectivo social, son la clara muestra de que, a pesar de la parálisis colectiva que ha generado una memoria ejemplarizante del terror a través de la represión brutal frente a las reivindicaciones sociales, las esperanzas de transformación social en Colombia no han sido vencidas. Un sector considerable de la población civil, compuesto por una diversidad de individuos, comunidades, instituciones y movimientos políticos y sociales, del cual hacemos parte los convocantes y los invitados a este encuentro, no se resigna a ceder su lugar en la historia a las ideologías que esgrimen los violentos y los cobardes. Por ello, nuestra propuesta es articular las iniciativas de resistencia civil y fortalecer las redes sociales que ya tenemos, con el fin de desarrollar acciones encaminadas a promover la movilización de la sociedad contra la guerra como única salida posible frente a los conflictos; una movilización contra las enormes cuotas de impunidad y el olvido que supuestamente requiere una transición hacia la paz; una movilización por una paz pendiente y posible.

Desde esta perspectiva sólo nos resta decir que nuestra propuesta de articular los procesos de construcción de la memoria colectiva y la memoria histórica con los procesos de reparación integral, debe emerger de la comprensión de las diversas funciones socioculturales y políticas que desempeña la memoria con relación al sentido ético de la justicia: la memoria como fuente de verdad sobre lo acontecido con relación a los crímenes de lesa humanidad y a las graves violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; la memoria como posibilidad para realizar el duelo colectivo ante la muerte y las pérdidas violentas, cuya elaboración contribuye a la reconstrucción o creación del tejido social destruido; la memoria como camino hacia la paz. Por ello, partiendo de que “la búsqueda de la reparación integral supone la democratización de la sociedad y sus instituciones, y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos que provoquen la muerte y la destrucción” 4, pensando en los retos y desafíos que comporta la Creación de un Centro Nacional de Memoria Histórica en el contexto de la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, quienes convocamos hoy a este encuentro queremos invitarlos a fortalecer la iniciativa de las Galerías de la Memoria que hemos desarrollado en los últimos años con el fin de resaltar el patrimonio cultural alternativo que comportan los procesos de construcción de memorias desde la perspectiva de las víctimas que habitan territorios particularmente afectados por el conflicto armado y la violencia sociopolítica como el Putumayo, el Catatumbo y los Montes de María.

Cuando hablamos del patrimonio cultural alternativo, lo hacemos para contrastar su significado político y social con respecto al patrimonio cultural dominante; patrimonio constituido por lugares, documentos e insumos que constituyen el legado histórico –oficial- de la sociedad. Ante la exaltación oficial de este patrimonio, que coloca de por medio una distancia entre los administradores del sistema cultural y el cuerpo social, ha de ponerse de presente que la barbarie -las injusticias, crímenes y vejaciones que en el pasado se cometieron contra las víctimas- es aspecto inherente a la historia y su transmisión generacional. Lo que significa que la transmisión cultural, con los componentes que articulan el sistema de administración de la cultura, es, en última instancia, aspecto insoslayable del poder.

La posición crítica ante los bienes culturales, consiste en desentrañar en ellos el legado que legítimamente pertenece a las víctimas, y que ha sido instrumentalizado como parte de la usurpación de sus derechos. En otras palabras, significa poner en claro de qué manera se ha estructurado este legado, la historia de cómo ha sido reunido, catalogado y ordenado en los archivos, las bibliotecas, los museos, entre otros lugares; la comprensión de cuáles fueron los criterios que sirvieron para escoger las piezas -los monumentos, las obras de arte y las muestras arqueológicas, etc.- que hoy lo integran, y para desconocer aquellas piezas que desaparecieron o que ni siquiera pudieron ser creadas, y finalmente; la pregunta por los mecanismos que han sido utilizados para su preservación, custodia y difusión en el contexto actual, donde tanto el gobierno nacional, como el gobierno distrital tienen como proyecto central la creación de Centros de Memoria como parte de las políticas de reparación a las víctimas de la violencia.


1 Elaboración colectiva de la Asociación Minga, Agenda Caribe, la Fundación Manuel Cepeda Vargas y el Grupo M de Memoria.

2Apartes de la Ponencia de la profesora e investigadora Marcela Gutiérrez Quevedo en el marco de la Cátedra UNESCO de la Universidad Externado de Colombia. Ver Catedraunesco@externado.edu.co


3 Conceptos de Walter Benjamín desarrollador por José María Mardones, Reyes Mate et al. La ética ante las víctimas.Ánthropos Editorial, Rubí, Barcelona, España, 2003.

4 En : “Voces de Memoria y Dignidad” Grupo pro Reparación Integral (2006). El Grupo Pro Reparación Integral es una plataforma interinstitucional de carácter interdisciplinario -conformada por organizaciones como el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos ILSA, la Corporación AVRE, el Banco de Datos del CINEP, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Manuel Cepeda Vargas- cuya labor se centra en la elaboración y difusión de materiales pedagógicos sobre las diferentes dimensiones de la reparación integral y la búsqueda de espacios de incidencia política que contribuyan a posicionar las problemáticas concretas en torno a este tema en el actual contexto, evidenciando las falencias de las políticas implementadas por el Estado en esta materia.


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