C. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública debe ser tramitado por ley ordinaria 9






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III. ASPECTO NORMATIVO


PROYECTO DE LEY NÚMERO ___DE 2010 CAMARA

Por medio del cual se deroga la ley 1224 de 2008 y se dictan otras disposiciones”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1. Finalidad. La presente ley tiene como finalidad crear el Servicio Integral de defensoría de los miembros de la fuerza pública para garantizar el adecuado ejercicio del derecho individual de defensa, de carácter fundamental, con el propósito de proveer y facilitar a sus miembros en servicio activo o en uso de buen retiro, acceso oportuno, integral, gratuito, especializado, ininterrumpido y técnico a una adecuada representación judicial, desde el momento en que sea notificado o advierta que en su contra se adelanta cualquier tipo de investigación hasta el agotamiento de las instancias previstas por la ley para cada caso.

Parágrafo primero: la defensa se garantizará en materia penal, bien sea ante la jurisdicción ordinaria y/o especializada, y en materia disciplinaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en uso de buen retiro, por conductas realizadas por acción u omisión directa e indirectamente en cumplimiento de un deber constitucional, legal, por razón del servicio y/o en cumplimiento de las funciones propias del cargo asignado, cuyo conocimiento corresponda a las jurisdicciones nacionales e internacionales y de terceros estados en cada una de sus instancias.

Se deberá garantizar el derecho fundamental de defensa a los miembros de la Fuerza Pública ante la jurisdicción penal internacional, sea la Corte Penal Internacional u otras cortes que se arroguen dicha jurisdicción.

En aquellas actuaciones que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de la presente ley, se garantizará el derecho de defensa a los miembros de la Fuerza Pública en los términos aquí señalados.

CAPITULO II

DEL FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

Artículo 3. Funcionamiento y financiamiento. En el Ministerio de Defensa Nacional funcionará con carácter permanente un Fondo Cuenta con recursos que se asignaran en la ley de presupuesto. Así mismo, se podrán recaudar aportes de cooperación nacional e internacional, aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas y demás contribuciones que permita la ley, con la finalidad de asumir la defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.

La ejecución de los recursos del Fondo Cuenta se efectuará para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley y estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, con fundamento en los criterios de oportunidad, celeridad, transparencia, eficacia y eficiencia.

Para desarrollar el servicio Integral de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública, miembros en servicio activo o en uso de buen retiro, el Ministerio de Defensa Nacional podrá vincular y/o contratar directamente a una o varias organizaciones privadas, a los defensores, investigadores, técnicos, auxiliares, peritos, organizaciones científicas de investigación y demás personas naturales o jurídicas idóneas requeridas para asegurar una adecuada defensa. Del mismo modo, podrá celebrar convenios interadministrativos con entidades públicas del orden nacional o territorial cuyo objeto sea la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública.

TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO INTEGRAL DE DEFENSORIA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

CAPITULO I

DEFINICION, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 4. Definición y organización. El Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública es un conjunto de herramientas jurídicas, técnicas y administrativas que permiten articular la política pública de defensoría entre los diferentes órganos que componen el Servicio Integral de defensoría.

El Servicio Integral de defensoría de la Fuerza pública tendrá para efectos de su organización, control y supervisión los siguientes órganos: el Comité de Dirección y la Dirección Ejecutiva.

Artículo 5. Del Comité de Dirección. El Comité de Dirección es la máxima autoridad en la elaboración y adopción de la política pública para garantizar el derecho a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública y está integrado por: el Ministro de Defensa Nacional o su delegado, el Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, la Dirección de Derechos del Ministerio de Defensa nacional y por los Directores o Jefes de Derechos Humanos de cada una las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

En los convenios interadministrativos que se celebren por el Ministerio de Defensa Nacional con la Defensoría del Pueblo, el Comité de Dirección se ampliará con la incorporación del Defensor del Pueblo y el Director Nacional de Defensoría Pública. Para este efecto, el Comité de Dirección cumplirá las mismas funciones.

Artículo 6. De las funciones del Comité de Dirección. El Comité de Dirección tendrá las siguientes funciones:



  1. Organizar y establecer los lineamientos que regirán la prestación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.




  1. Establecer los parámetros y perfiles que deben cumplir los defensores públicos.




  1. Seleccionar y evaluar los defensores públicos.




  1. Adoptar el programa de capacitación para los defensores




  1. Establecer las prioridades para la ejecución del presupuesto asignado.




  1. Darse su propio reglamento.


Articulo 7. De la Dirección Ejecutiva. La Dirección ejecutiva asegurará la articulación y ejecución de las decisiones tomadas por el Comité de dirección. El servicio público integral de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública será garantizado por la Dirección que designe el Ministro de Defensa, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo 1. Desconcentración del Servicio. En el nivel regional, el Servicio Integral de Defensoría para la Fuerza Pública se garantizará a través de unidades de gestión conformadas por los coordinadores administrativos y de gestión. El Ministerio de Defensa Nacional determinará el número de unidades y la ubicación de las mismas para garantizar la prestación del servicio en todo el territorio nacional.
Articulo 8. Funciones de la Dirección Ejecutiva. Son funciones de la Dirección Ejecutiva las siguientes:

  1. Ejecutar los lineamientos y las políticas que regirán la prestación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública, delimitados por el Comité de Dirección.




  1. Cumplir con las directrices en materia de organización, dirección y evaluación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública que le dicte el Comité de Dirección.




  1. Conformar el cuerpo de defensores de la Fuerza Pública, investigadores, técnicos y auxiliares conforme a las directrices impartidas por el Comité de Dirección.




  1. Llevar la estadística de la prestación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.




  1. Llevar el registro actualizado de los operadores jurídicos vinculados a la Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.




  1. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los casos de amenaza o violación a los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa.




  1. Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia que observarán los prestadores del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.




  1. Ejecutar los programas de capacitación que se brinden a los prestadores del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública.




  1. Las demás que le asigne el Comité de Dirección en desarrollo de las materias propias de su cargo.


TÍTULO III

DEL SERVICIO INTEGRAL DE DEFENSORIA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA
CAPITULO I

DEL DEFENSOR DE LA FUERZA PÚBLICA
Articulo 9. Defensores de la Fuerza Pública. El servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública, será prestado por profesionales del derecho vinculados como defensores y serán seleccionados por el Comité de Dirección, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el estatuto de contratación de la administración pública.
Articulo 10. Requisitos mínimos. Son requisitos mínimos para los defensores los siguientes:

  1. Título de abogado. Esta exigencia se complementará con una certificación expedida por la universidad correspondiente, donde conste haber cursado, mínimo, 5 años de estudios académicos.



  1. Tarjeta profesional.



  1. Título de especialización en alguna de las siguientes áreas: público, derecho penal, derecho procesal, derecho sancionatorio disciplinario, derecho probatorio, derecho administrativo, derecho internacional público, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.



  1. Experiencia profesional mínima de 4 años en el ejercicio del derecho.

CAPITULO II

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSORIA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA

Articulo 11. Solicitud. El servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública se prestará a solicitud del interesado o de la autoridad judicial respectiva.

Articulo 12. Órgano técnico-científico. Para la prestación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública se podrá acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a los laboratorios forenses de las entidades públicas y privadas para recibir apoyo técnico-científico en las investigaciones que se adelanten.

El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas con el objeto de recibir apoyo, capacitación y asesoramiento técnico- científico en las investigaciones que se adelanten en la consecución de evidencia y material probatorio necesario para el ejercicio real y efectivo del derecho de defensa.

CAPITULO III

DE LOS INVESTIGADORES, TÉCNICOS Y DEMÁS PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA DEFENSORÍA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

Articulo 14. Investigadores, técnicos, auxiliares y peritos del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública. Para coadyuvar en la prestación del servicio de Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública, se podrá vincular a los investigadores, técnicos, auxiliares, peritos, organizaciones científicas de investigación criminal y demás personas naturales o jurídicas idóneas requeridas para una adecuada defensa, que se vincularán y prestarán su apoyo a los defensores de la Fuerza Pública, en la consecución de evidencia y material probatorio necesario para el ejercicio real y efectivo del derecho de defensa.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 15. Recursos. El gobierno nacional deberá asignar los recursos necesarios en el presupuesto anual, a fin de garantizar la efectividad de los mandatos previstos en esta ley.

Articulo 16. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga la Ley 1224 de 2008 y todas las normas que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación.

RODRIGO RIVERA SALAZAR

Ministro de Defensa Nacional

1 FERRAJOLI (L), “Sobre los derechos fundamentales”, en Cuestiones constitucionales, No 15, Julio-Diciembre, 2006, p. 113.

2 Génesis 18-16.

3 Juan 7-51,52.

4 BERNAL PULIDO (C), El derecho de los derechos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003.

5 Cfr. Corte constitucional, Sentencia, T-461 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynet.

6 Cfr. Corte constitucional, Sentencia, T-685 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynet.

7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2002, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2002, ibíd.

9 Ley 1224 de 2008. Artículo 2. Cobertura: El servicio de Defensoría Técnica se prestará a los miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas en servicio activo y en relación con el mismo, cuyo conocimiento corresponda a la Justicia Penal Militar. Parágrafo Primero: En aquellos casos remitidos por competencia de la justicia penal militar a la jurisdicción ordinaria se respetará el principio de continuidad de la defensa técnica. Parágrafo Segundo: Para efectos de lo previsto en el inciso primero del presente artículo, la cobertura del servicio de Defensoría Técnica se extenderá igualmente al personal retirado.

10 Ídem.

11 Artículo 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

12 Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Artículo 11. “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.

13  Artículo 8. Garantías Judiciales:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 25. Protección Judicial:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

14 Art. 32-2: 2: “La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente”.

15 Artículo 3 –“ Conflictos no internacionales: En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: […]d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”.

16 Artículo 49, inciso final: “Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra”.

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