C. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública debe ser tramitado por ley ordinaria 9






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títuloC. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública debe ser tramitado por ley ordinaria 9
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D. La aplicación del juicio de igualdad al Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública



La igualdad como principio, valor y derecho fundamental funda sin lugar a dudas la existencia y razón de ser del Estado constitucional y de derecho, por cuanto no solo esta irradiado en todo el ordenamiento jurídico, sino también porque vincula a todos los poderes públicos, imponiéndoles que las cargas y los beneficios se repartan equitativamente entre los individuos. El principio de igualdad como categoría jurídica abstracta, compleja y general se concreta fundamentalmente en dos mandados: 1) la igualdad ante la ley o igualdad formal y 2) la igualdad en la ley o igualdad material. La primera (igualdad formal) se enfoca en el imperativo por parte del poder judicial y administrativo de aplicar las leyes en condiciones de igualdad. Por su parte, el principio de igualdad frente a la ley (igualdad material) se garantiza a través de la interdicción de la discriminación y la obligación de recibir un trato igual por parte del poder legislativo, esto es, la obligación que vincula al legislador de incorporar el principio de igualdad en la elaboración de las normas.
Estas dos manifestaciones se encuentran establecidas en el art. 13 de la Constitución. En el primer inciso se erige la igualdad formal que obliga a dar un trato de paridad entre los administrados, imperativo de prohibición de la arbitrariedad o la discriminación: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica”. En los incisos segundo y tercero se encuentra la igualdad material que prohíbe una omisión del legislador, obligándolo a dar un trato diferenciado entre los administrados, imperativo de compensación o protección de los que se encuentran en condiciones especiales de sujeción al Estado: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”. Inciso 3°: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se sometan”
La razón de ser del Estado constitucional y de derecho se concreta en el principio de igualad material, pues se dirige a que el Estado-legislador introduzca un derecho diferencial y promocional para los administrados que se encuentran en condiciones especiales de sujeción. Los miembros de la fuerza pública, en razón de su órbita funcional, tienen una asunción injustificada de sus cargas, una desigualdad fáctica latente, en el que se amerita un trato especial para proteger particularmente el derecho fundamental a la defensa.
Al tenor de la sentencia C-776 de 2003, que reitera los lineamientos jurisprudenciales fijados en las sentencias C-1064 de 2001, C-566 de 1995 y SU-747 de 1998, la Corte constitucional recordó que la inserción de la cláusula del Estado social de derecho es un “principio medular de nuestra organización política” el cual tiene un amplio alcance en la relación autoridad - persona humana y está reforzado por el principio de igualdad material (art. 13 de la C.P.)25. A partir de las conclusiones de la Corte, podemos inferir que en el Estado constitucional, social y de derecho, a diferencia del Estado de derecho, limitado exclusivamente a no poner en riesgo las libertades individuales, el Estado-legislador tiene la obligación de promover una igualdad real o efectiva al momento de elaborar los marcos legales. Por esta razón, el legislador no puede incurrir en una omisión injustificada al reglamentar los aspectos de organización y procedimiento del derecho fundamental a la defensa de los miembros de la fuerza pública, pues le es obligatorio establecer un derecho diferencial y de protección ya que ellos se encuentran en una relación especial de sujeción, diferente a la de cualquier colombiano. Este derecho diferencial materializado en el Servicio Integral de defensoría es constitucional, por cuanto no sólo está permitido por el inciso 2º del art. 13 sino también porque no vulnera la prohibición de discriminación. No obstante, pese a estas argumentaciones, debe responderse de manera contundente a este cuestionamiento: ¿cómo es posible establecer de manera exacta si el derecho promocional y de protección materializado en el Servicio Integral de Defensoría para miembros de la fuerza pública es constitucionalmente aceptable?
Es este cuestionamiento que amerita a la luz de la jurisprudencia de la Corte constitucional ser resuelto a partir del juicio de igualdad. En la Sentencia C-022 de 1996 se aplica por primera vez el juicio de igualdad, referente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40, literal b, de la Ley 48 de 1993, que otorgaba a todos aquellos que hubieren prestado el servicio militar, un aumento del 10% del puntaje en los exámenes de Estado efectuado por el ICFES. La Corte constitucional sostuvo que este derecho promocional, corolario de la igualdad sustancial, sólo sería constitucional, si existe una “razón suficiente”, lo que justificaría su diferenciación. Para resolver el problema jurídico la Corte constitucional aplicó el juicio de igualdad consistente en un “test de razonabilidad”, ejecutado en tres pasos: “a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual”; “b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.”; y “c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido”. La Corte considera que el principio de proporcionalidad se divide en tres subprincipios de la proporcionalidad: idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

En esa medida el objetivo de esta ley es establecer un Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública que garantice el derecho fundamental del debido proceso y a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, a partir de una adecuada y eficaz defensa jurídica en materia penal, bien sea jurisdicción ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de terceros estados, y en materia disciplinaria. En cuanto a la validez del objetivo, este se encuentra plenamente acreditado por la Constitución, pues el inciso 2º y 3º del artículo 13 obliga al legislador a impulsar un deber de promoción y de protección en la elaboración de la ley cuando se trate de individuos cuya carga o asunción de riesgos pueda ser vulnerada al tratarse de individuos sometidos a una relación especial de sujeción, como lo es un miembro de la fuerza pública.
Finalmente, el concepto de proporcionalidad comprende tres sub-principios : la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes.
El hecho de adoptar el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública no sólo es adecuado o idóneo para materializar el objetivo propuesto, sino que el impulso de esta medida es útil para alcanzar el propósito constitucional del derecho fundamental de defensa. En cuanto a la necesidad, la ley 24 de 1992, por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, no garantiza un adecuado servicio de defensa para los miembros de la fuerza pública. En ese sentido, no existe otra herramienta legal que pueda materializar el objetivo y que sacrifique con menor impacto otros principios constitucionales. Finalmente, en cuanto al principio de proporcionalidad en sentido estricto, el Servicio Integral de Defensoría para miembros de la fuerza pública no sacrifica principios constitucionales de mayor relevancia.

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