C. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública debe ser tramitado por ley ordinaria 9






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títuloC. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la fuerza pública debe ser tramitado por ley ordinaria 9
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B. La consagración del derecho a la defensa en el derecho internacional de los derechos humanos



El derecho a la defensa, el cual está inscrito en el ámbito del debido proceso, aparece en varios instrumentos del derecho internacional como un derecho humano. La importancia de incluir este derecho humano en el derecho internacional de los derechos humanos tiene doble connotación: (i) le permite revelar el grado de protección en el ámbito internacional mediante los procedimientos y ritualidades establecidas en los sistemas internacionales de defensa de derechos humanos; (ii) en la escala de formación del derecho, el derecho de defensa es vinculante en el ordenamiento interno para los poderes públicos en general y para el legislador en particular, máxime cuando hace parte de los elementos integradores del bloque de constitucionalidad.
Entre los instrumentos internacionales acuñados en varios tratados, convenios y pactos podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su art. 8 hace referencia al juez natural11 y en el art. 10 y 11 establece las garantías adecuadas que deben revestir el derecho de defensa12. En el sistema Interamericano el derecho humano a la defensa ha sido reconocido ampliamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, en la que en los arts. 8 y 25 incorporan las exigencias legales de la garantía a un adecuado ejercicio de defensa13. Además de las concitadas normas, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiadas, Ley 35 de 1961, protege el derecho humano a la defensa de los refugiados14.
Junto a este compendio normativo visible en el ámbito internacional, debemos mencionar la incorporación del derecho de defensa como uno de los derechos humanos más importantes del derecho internacional humanitario. El Convenio I de Ginebra, Ley 5ª de 1960, reconoce en el art. 3.1 el principio rector del derecho defensa, al exigir la presencia de todas las garantías judiciales cuando se procede a imponer condenas15. Adicionalmente, el último inciso del art. 49 introduce las garantías procesales relativas a los inculpados por violación al derecho internacional del los derechos humanos16. De igual manera el Convenio II de Ginebra, Ley 5ª de 1960, reconoce en el art. 3º la relevancia del derecho de defensa a través de una manifestación expresa de las garantías procesales en los conflictos de carácter no internacional entre personas que no participan en hostilidades17. El art. 50 reconoce expresamente el derecho de defensa como una garantía de orden superior para los prisioneros de guerra18. El Convenio III de Ginebra, Ley 5ª de 1960, por su parte, consagra en los artículo 84, 96, 99, no sólo las garantías procesales sino también la obligación de garantizar el derecho de defensa calificado contra prisioneros de guerra19. Finalmente, los Protocoles Adicionales I y II de los Convenios de Ginebra, Ley 11 de 1992, consagran en lo referente al derecho humano a la adecuada defensa, en sus arts. 45 Y 7520, una pluralidad de garantías procesales.
Este compendio normativo referente al derecho humano de defensa debe ser obligatoriamente acatado por el legislador al elaborar las pautas de organización y procedimiento para erigir el Servicio Integral de Defensoría para los miembros de la Fuerza pública, pues constituye a luz del derecho internacional el bloque de constitucionalidad, un parámetro normativo de la reserva legal. En efecto, el bloque de constitucionalidad tiene asignado un rol fundamental en lo referente al derecho defensa, pues debe incorporar de manera universal los estándares normativos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno colombiano. Así, la Corte constitucional en sentencia C-252 de 2001 asintió que los derechos fundamentales no sólo están limitados por los enunciados en la Carta constitucional, sino también en tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, con lo cual no sólo se debe regular los mecanismos de organización y procedimiento del derecho de defensa desde una óptica constitucional sino que obliga al legislador a adoptar una postura coherente con los derechos humanos:

“Tales derechos no son sólo los que aparecen recogidos en el Estatuto Superior, o Constitución en sentido formal, sino los consagrados en instrumentos internacionales que vinculan al Estado colombiano, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derecho Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que conforman el llamado Bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P) y que por tanto son parte inescindible de la Constitución en sentido material”.
Analizar el derecho de defensa desde la perspectiva de los derechos humanos es altamente efectivo, por cuanto afirma que en el derecho colombiano el legislador se encuentra vinculado en la práctica al bloque de constitucionalidad, un sistema garantista al servicio de todos los colombianos.



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