Nociones generales y características






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La universalización de la información



Como consecuencia de lo anterior, se reconoce la universalización del derecho a la información para todos los individuos y, como tal, el disfrute de esta libertad a toda persona y por cualquier medio y sin límites geográficos; es decir, la facultad de extender tal derecho de un lugar a otro sin consideración de fronteras y, por supuesto a otros países y empleando cualquier forma, sea oral o sea escrita, disponible para ello.
La nítida enunciación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los otros tratados acerca de que `todo individuo´ es portador del derecho a la información por el mero hecho de que existe, es una reafirmación que la información no es un derecho que surge por la concesión del Estado, sino del prístino derecho que le asiste a todo individuo y que le son inherentes por el sólo mérito de existir. La libertad de ejercer la información existe frente al Estado, y está protegida directa y subjetivamente por éste.
Dicho en otras palabras, los individuos tienen la libertad de información, y ésta se encuentra directamente protegida por el Estado; y, a la vez, los individuos tienen el derecho subjetivo de exigirle al Estado para que no se les impida la potestad para ejercerlo.
Y, como derecho humano que es la información no puede estar sujeto a limitaciones por cuestiones geográficas. El derecho humano nace con el individuo y se traslada donde él vaya. Nadie debe impedir que el ser humano no tenga derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por el hecho de ubicarse geográficamente en un lugar distinto. Siendo un derecho universal no debe estar restringido por trasladarse de un lugar a otro.
Sin embargo, un primer problema observado con la universalización del derecho a la información radica cuando los Estados no incorporan dentro de su ordenamiento jurídico interno los enunciados a que se contrae la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni manifiestan rotundamente su adherencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos como tampoco el respeto a sus postulados.
Un segundo problema con la universalización del derecho a la información se advierte en aquellos Estados donde existen regímenes de concesiones –en especial de canales y líneas audiovisuales- que otorga el Estado, así como expresas prohibiciones o limitaciones16 que se imponen a los extranjeros para tener propiedad en el patrimonio de las compañías de prensa o de tener la dirección periodística en empresas de radiodifusión o estaciones de televisión. En opinión de algunos académicos, como Bel Mallen y Osorio, este tipo de restricciones estaría colisionando con los enunciados internacionales.
Esta tendencia a proteger a los nacionales en los medios de difusión o, para ser más precisos, ese interés a restringir la participación de los extranjeros en el capital de las empresas periodísticas o de la dirección de los medios informativos detectados en la legislación de varios países, podría deberse a que el derecho a la información comporta una doble realidad: es un derecho humano y un derecho cívico de naturaleza política y, como tal sometido eventualmente a condiciones sociales.
Nos explicamos. El individuo tiene una dualidad: es parte de un grupo social y es separado de él. El individuo como parte del grupo social, se halla subordinado a los condicionamientos emanados de su entorno social; es decir, sujeto a los condicionamientos en su relación con las demás personas.
Con ello se indica que las personas, por el sólo mérito de ser parte de un entorno social, se mueven dentro de un vínculo de factores; y, entre ellos, los factores culturales. Y, al ser los medios informativos, vehículos de trasmisión de valores culturales, éstos asumen una categoría especial en la sociedad; pues el derecho a la información se ubica en la categoría de los derechos humanos sociales y, por ende, sujeto a ciertas formas de condicionamientos impuestas por la sociedad.
La individualidad de las personas es tan importante como su entorno social. Los hombres no discurren en esta vida como seres aislados, sino en una permanente relación con los demás y, como tal imponiéndose condiciones. Es decir, las personas van imponiendo condicionamientos para mantener intacta sus individualidades y, simultáneamente, la sociedad va dictando también sus condicionamientos para mantener sus relaciones con éstos.
Finalmente, como otra forma en que se obstaculiza la universalización del derecho a la información, podemos aludir los casos de aquellas legislaciones que imposibilitan a los extranjeros a acceder a datos de archivos del Estado. A manera de ejemplo de ello, mencionemos el artículo 8º de la Constitución Federal de México17 que limita el uso del derecho de petición en materia política a los ciudadanos mexicanos.


  • Las limitaciones de la información


La libertad de información es natural y fundamental para el ser humano e, incluso, puede decirse que es inviolable; pero no es absoluto. En efecto, la libertad de información está sujeta a restricciones cuando choca con otros derechos que suponen una mayor protección; y, en la generalidad de los académicos y especialistas enfáticamente coinciden en las limitaciones del derecho a la información.
Concuerda en ello, el Prof. Rodríguez Villafañe, quien ha sostenido que “si bien el derecho a la información ocupa un lugar de privilegio en los derechos esenciales a cuidar, el mismo no es absoluto, puesto que no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía que debe guardar con los restantes derechos constitucionales (...)”18.
De la lectura de los textos internacionales se puede colegir, en primer lugar, que unos derechos humanos son más importantes que otros. Si la información afecta, por ejemplo, la reputación de otros, como es el derecho al honor o la seguridad nacional, implica que estos derechos son más próximos al individuo o son indispensables para la convivencia en paz y están inexcusablemente más protegidos por la comunidad.
Los derechos humanos que se hayan vinculados a la propia existencia del individuo o que son necesarios para el orden público y que son irrenunciables por ser fundamentales para el desarrollo del individuo o para la convivencia en sociedad, son más protegidos que otros.
De esta manera, la diferencia existente entre unos derechos humanos que son más protegidos que otros radica en que unos son inalienables y otros pueden ser renunciables. De ahí que, y en ese orden, el primer derecho inalienable de la persona sea el derecho a la vida y de este reconocimiento, por supuesto, se derivan los demás derechos humanos. Pero la comprobación de este derecho inalienable y fundamental no sólo es tener derecho a existir, sino además a que esta existencia sea noble y digna. A partir de ahí se ejercen aquellos derechos como a vivir en libertad, a tener intimidad y a tener dignidad y honor, que se imponen de manera total sobre otros derechos. Así que el derecho a tener una vida digna prima, por ejemplo, sobre el derecho a difundir una información, puesto que los derechos a vivir en libertad, a tener intimidad y a tener honor están íntimamente relacionados con la existencia misma y al crecimiento interior.
Por tanto, el principio de la difusión de una información debe ceder ante otro derecho natural como el derecho al honor o el derecho a la buena imagen o la reputación de las personas. El sujeto activo de la información, entonces, debe valorar si prevalece el derecho a difundir la información a otro derecho natural concurrente que necesita ser más respetado. El sujeto activo cumple su derecho, y eventualmente su deber, de difundir un mensaje si prima el derecho a la información; pero del mismo modo se cumple cuando no difunde un mensaje si esta difusión lesiona un derecho que exige una mayor protección que comunicarlo. El sujeto activo de la información, por ello, debe tener claro los criterios de valoración entre los derechos naturales que son concurrentes.
Por cierto que nos estamos refiriendo en aquellos casos que la información lesiona el derecho de un sólo individuo; pero ¿qué pasa cuando el derecho a la información afecta a más de un individuo y perjudica otros valores que incumben a toda la comunidad? ¿Qué pasa cuando la información afecta a valores como la paz o la seguridad de la comunidad?, ¿Debe primar, acaso, la libertad de informar frente a esos valores? ¿Cómo es posible determinar unos valores a ser más protegidos que otros?
El asunto no es fácil de sintetizarlo ya que se nos plantea dos marcos de evaluación en la difusión de una información: una, que puede lesionar el derecho de un individuo y, otra, que puede lesionar el derecho de un grupo de individuos o de una comunidad. Por ello, los entendidos conciben que el derecho a la información tiene dos dimensiones de valoración: la primera, personal o subjetiva; y, la segunda, social o comunitaria.
La primera dimensión, es decir la personal o subjetiva, se da en función a la proximidad del derecho al núcleo de la persona. El derecho a la información, siendo una acción de relacionarse con los demás, tiene que ceder ante el derecho a la vida, que es origen de todos los derechos naturales, el derecho al honor que emana de la propia dignidad humana y el derecho a la intimidad que es lo interior al hombre.
Estos tres derechos son los únicos derechos que son absolutos. A medida que los derechos naturales se alejan del núcleo de la persona y se aproxima a la superficie de las relaciones, va cediendo la fuerza del derecho a la información.
De aceptarse, por el contrario, que alguien tiene el privilegio de poder dañar el honor o la intimidad de otra persona, sería negar que todos los individuos tengan el mismo derecho e impondría a algunos una facultad superior que una concepción humanista de la información rechaza. Esto quiere decir que con el derecho de la información no se crean privilegios para algunas personas en detrimento de otros. Todos los hombres son iguales en dignidad y, por lo tanto, están protegidos en libertad individual y frente a las pretensiones de los demás.
La segunda dimensión de valoración sobre el derecho a la información, es decir la social o comunitaria, se da cuando el derecho a la información va colisionando con otros derechos que afectan a todos los miembros de la sociedad en su conjunto. Precisamente el derecho a la paz o a la seguridad nacional, son valoraciones superiores al derecho a la información.
Ya adelantábamos que la individualidad de las personas es tan importante como su entorno social y cuando la difusión de una información afecta el bien común es imprescindible que el sujeto activo guarde silencio. Si el hombre persigue aquellas condiciones necesarias para lograr su total desarrollo humano y el bienestar de la sociedad, no es admisible entonces que el derecho particular a difundir una información se privilegie sobre el bien común. Por tanto, un derecho que colisiona con el bienestar social y con el bien común no puede estar protegido por ningún cuerpo normativo ni tener amparo de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
La sociedad tiene derecho a exigir de los ciudadanos todo lo que sea necesario para el bien común; y, el uso de los derechos humanos sólo puede limitarse cuando afecten el bien común.
Pero, obviamente, las relaciones entre los intereses individuales y el bien común no son siempre amistosas y coincidentes; y, con cierta frecuencia están sujetas a conflictos. En esos casos debe prevalecer el bienestar común frente al bienestar particular, pues el bien común es la prosperidad de la sociedad y la plenitud de la existencia de todos los hombres y porque el desarrollo de la colectividad compensa a los individuos en su entrega por subordinarse al bien común, como lo entendía San Agustín.
Por cierto que los derechos a la vida, al honor, a la identidad, a la expresión, a la información, entre otros tantos, pertenecen al ámbito de los derechos particulares, pero ellos también tienen su soporte en el bien común.
Así, si se privilegia el derecho a difundir una información es porque prima el derecho de la sociedad a estar adecuada y libremente informada y porque de esta manera lo exige el cuerpo normativo para lograr el bien común. De ahí que el ejercicio del derecho a la información y su uso profesional, como es la periodística, estén al servicio del bien común.
Su tarea es una “tarea al público”, decíamos previamente. Y, cuando se le elimina ello, se convierte en una actividad comercial como cualquier otra sin ciertas prerrogativas, como es la protección de sus fuentes o el derecho de acceder a información privilegiada.
En fin, se ha expuesto -a grandes pinceladas- los criterios que dominan la noción del derecho de la información y la tendencia universal y, aunque la legislación latinoamericana está yendo más lenta que el avance doctrinario, debe ser misión de los espacios académicos el crear una cultura que privilegie la discusión y el intercambio de opiniones para llegar a soluciones que beneficien a la comunidad política.

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() Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho -con mención en Derecho de la Información- por la Universidad de Occidente, México. Ex-docente de la Universidad del Pacífico. Fue el primer Secretario Ejecutivo y Gerente General del Consejo de la Prensa Peruana. Director Ejecutivo de Análisis & desarrollo y de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC). Miembro del Consejo Editorial (Edición mexicana) de Le Monde Diplomatique. Publica artículos y ensayos en diarios y revistas en el Perú y en el exterior.

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 Umozurike, U. O. “Derechos humanos y desarrollo”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, Publicación de la UNESCO, París 1998

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos “La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A Nº 5, párrafo 30. Citado por la publicación de la Comisión Andina de Jurista Comisión Andina de Juristas “Protección de los Derechos Humanos. Definiciones operativas”, Lima 1997, Pág. 212

3 Artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a las libertades de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

4 Artículo 10.1 de la Constitución Española: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”

5 Artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile: “(....) El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”

6 Articulo 1º de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.”

7 Artículo 1.1. de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania:
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