Nociones generales y características






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REVISTA DEL FORO

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EL DERECHO HUMANO DE LA INFORMACIÓN.

NOCIONES GENERALES Y CARACTERÍSTICAS

Gustavo Romero Umlauff ()
En los últimos años, especialmente alentados por el adelanto de la tecnología en las comunicaciones, se ha tomado tan notable impulso al tema de los derechos humanos que, incluso, el desarrollo de una sociedad no sólo se verifica en función de sus avances económicos, financieros o científicos sino, además, en función del valor de observancia que los ciudadanos y los gobernantes tienen respecto de los derechos fundamentales. Es decir, ya no es admisible sostener la existencia de una sociedad moderna si es que no se reconoce el grado de internalización”1 de los derechos humanos.
Pero para que los individuos ejerzan sus derechos humanos, no se requiere que estén consagrados en una constitución o en una ley, ni dependen de una normatividad preestablecida pues son anteriores a la comunidad política e independientes a sus reconocimientos jurídicos y al Estado mismo. Es decir, el derecho humano prevalece se dé o no reconocimiento por un cuerpo legislativo o por el Estado.
En su postulado sed persona y respeta a los otros como personas” Hegel advertía ya que los fundamentos de los derechos humanos no radicaban en la representación escrita de la norma o -como algunos autores anotan- en la positividad legal, sino en las necesidades personales de cada sujeto como un ser moral, racional, valorativo y creador.
La integridad del ser humano reside, entonces, en su capacidad de poseer, ejercer y exigir sus derechos para su conocimiento y pleno desarrollo, sin licencia o previa autorización del Estado; incumbiéndole a éste sólo garantizar que estos derechos básicos se ejerzan plenamente y arreglados al bien común.
Este arreglo al bien común conlleva a que algunos dere­chos, aun fundamentales, pueden ser limitados en aras de mantener un cierto orden en la comunidad política; pero una limitación que no implique la apropia­ción de derechos o el despojo de libertades que sería invertir el orden de valores al ubicar a la persona humana al servicio del Estado, cuando la realización del hombre es su propia existencia y es su capacidad para obrar en valores.
Y justamente la esencia de la concepción humanista radica en ello: que los valores supremos se realizan en el hombre y para el hombre, en libertad y en equilibrio e igualdad de oportunidades para todos; entendiéndose con esto que la realización del hombre no concluye por ejercer sólo sus libertades sino, además, en armonía con las libertades de los demás. Implica, pues, la existen­cia conjunta de deberes y derechos de las personas. Y aunque sólo venimos ahora empleando el vocablo de “derechos” humanos, implícitamente damos alcance, tam­bién, a “deberes humanos. Por lo tanto son “derechos y deberes” humanos.
Claro está que la realiza­ción del hombre no sólo radica en su capacidad de tenerlas plenamente, sino en su dignidad para poder ejercitarlas y en optar o decidir cuándo practicarlas. Esto significa que la dignidad del hombre reside en su capacidad de realizarlos por él mismo y en decidir el momento de ejercitarlos. Implica, entonces, una primordial y primigenia libertad de disipar, juzgar u opinar.
El Derecho Humano a la Información: noción y características
La naturaleza humana está dotada de la innata capacidad de opinar, de una irrestricta libertad para emitir opiniones. Se entiende que la opi­nión es la inherente aptitud que disfruta toda persona para tener y sostener sus ideas y pensamientos.
Cuando la opinión emerge del dominio interno de los individuos y se su­ministra a los demás se convierte en la libertad de expresión. Por lo que la ex­presión, al igual que la opinión, es un acto natural e inherente al espíritu humano y, como tal, fundamental para éste. Y, en forma simultánea es un derecho amparado por la ley fundamental que consiste en comunicar opiniones o ideas, sin permiso de la autoridad.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos2, la libertad de ex­presión posee dos aspectos y que forman las dos caras de una misma mo­neda: supone, por un lado, que nadie puede ser caprichosamente impelido a exponer sus ideas o pensamientos, lo que es un derecho de cada individuo y supone, igualmente, un derecho de la sociedad a recibir cualquier infor­mación y a enterarse de las opiniones, pensamientos o ideas de otros indivi­duos. La libertad de expresión, entonces, emana de la naturaleza racional del hombre y por lo tanto no es un atributo concesionado por al Estado.
Ahora bien, una de las formas en que se manifiesta el derecho humano de expresión es la información. El derecho a la información comprende el derecho de toda persona a divulgar información hacia terceros, así como recibir cualquier tipo de información. También implica la facultad de toda per­sona a solicitar información, que es una muestra de la tendencia natural del hombre hacia la búsqueda del conocimiento, para meditar sobre lo que sucede en su entorno. Y así lo entendió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al redactar el artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos3.
No se discute el compromiso –por lo menos- moral de los Estado frente a esta Declaración Universal. El asunto pasa por determinar el efecto que ella tiene como tal cuando no se practica internamente el derecho positivo y sólo se ejercita el derecho consuetudinario. Pues, a criterio de algunos, sólo constituiría de este modo un solo supremo modelo a perseguir y entender por los Estados y que su aplicación procuraría únicamente efecto interno cuando las instituciones la hubieran reconocido explícitamente.
La fuerza vinculante de aquella Declaración en el Perú como en otros países, se logra con la plena adherencia a la Declara­ción Americana de Derechos y Deberes del Hombre, al Pacto Inter­nacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Conven­ción Ameri­cana de Derechos Humanos, las que coinciden en señalar que tanto la liber­tad de opinión, como el derecho a expresarse y a informarse no puede es­tar sujeto a restricciones.
Los valores humanos, como son la información, la opinión y la expresión vienen, de esta manera, precedidos de un lógico reconocimiento como derecho humano, como también consentidos en el derecho positivo interno.
La sola proclamación impresa, por ejemplo, en el artículo 1º de la Constitución Política Peruana donde se privilegia “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad” como “el fin supremo de la sociedad y del Estado”, sirve de senda inicial para determinar el reconocimiento implícito de la Declaración Universal.
La máxima constitucional aquí señalada, entonces, ubica al ser humano como eje del Mundo. Es indudable que el texto puntualiza –en forma acertada- que las personas son fines en sí mismos y no son substancialmente medios, como pueden ser las cosas; y que el Derecho y el Estado existen por y para el hombre. El Hombre es el actor de los valores y el Derecho es el medio para realizarlos.
Otras Constituciones Políticas también se han adherido a este postulado. Entre ellas, por ejemplo, la Constitución Española4, la Constitución Política de la República de Chile5, la Constitución Política de la República de Guatemala6 y la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania7
El Estado Peruano no sólo ha contemplado a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados inter­nacionales como normas obligatorias, sino que en nuestra Constitución se dispone una serie de reglas relativas al respeto, con lo cual la Declaración ad­quiere -al mismo tiempo- el carácter de texto legal y no una mera proclama, y cualquier duda sobre su aplicabilidad interna es allanada por su expreso reconocimiento. De esta suerte, el inciso 4) del artículo 2º del estatuto fundamental del Perú8 -que se constituye en el parágrafo básico para el derecho a la información- lo señala claramente:
Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos, bajo las responsabilidades de la ley. (...)”.
La primera comprobación derivada de esta disposición es que garantiza las libertades de opinión, expresión, información y difusión, anunciándolas enfáticamente como parte esencial de un Estado de Derecho.
Este deber de garantía implica que el Estado, es decir sus instituciones y funcionarios, no sólo están obligados a proporcionar normas adecuadas para el ejercicio de estos derechos humanos fundamentales y abstenerse de afectar­los, sino que además deben investigar cuando tales derechos han sido afecta­dos, sea por comisión u omisión, y sancionar a los responsables. Dar garantías para poder ejercer las libertades antes señaladas involucra aquellas obligacio­nes del Estado de proporcionar los medios y recursos para que los individuos y los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos y puedan ponerlos en ejer­cicio.
No obstante, esta libertad no trae consigo el derecho a exigir información a particulares o a fuentes privadas, ya que quienes la ostentan pueden optar por su confidencialidad o por su reserva y, por consiguiente, negarse hacer entrega de ella. Distinto es el caso, sin embargo, cuando la información obra en poder de las instituciones públicas, pues éstas se encuentran constre­ñidas a proporcionar la información solicitada por los ciudadanos, con la sola restricción de no ser facilitada cuando ella pueda afectar la defensa y la seguri­dad nacional.
La segunda comprobación derivada del mismo texto constitucional es que no enuncia el “otorgamiento” ni la “concesión” de un derecho, sino hace un implícito “reconocimiento” de un derecho preexistente. Justamente, el texto constitucional dice lo siguiente: “...toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión...”, advirtiéndola como un derecho anterior a la norma misma. Ello concuerda con el mencionado texto del artículo 1° de la misma Constitución.
No es del caso, entonces, que sea el texto del inciso 4) el que da efectivi­dad a la libertad de información ni tampoco el que impone su rasgo jurídico, sino es el derecho humano de la información el que se antepone y trasciende a la norma constitucional. Así concebida, esta fórmula normativa insiste en el axioma de la Declaración Universal.
Y la tercera comprobación es que la Constitución del Perú no duda en manifestar que las libertades de información, opinión, expresión y difu­sión son derechos que le pertenecen a los individuos. Les pertenece por el pre­ciso hecho de ser personas y, por lo tanto, es un derecho humano por serle fundamental para su existencia. Incluso hay quienes, como el Prof. José María Desantes, que consideran que el derecho a la información es tan importante que ya no es tan solo derecho fundamental sino, además, es un derecho “fundamentante” que debiera “(...) figurar a la cabeza de toda Constitución estatal o a la de toda norma fundacional (...)”9.
Por supuesto que el derecho humano trasciende lo estrictamente legal; y el asunto toma mayor relevancia, como adelantábamos, cuando el ordenamiento jurídico de un país no reconoce explícitamente los derechos humanos. E innegablemente que es mejor para la sociedad cuando el orden jurídico recuerda la existencia de una ley moral y establece los parámetros de conducta acordes con ella, ya que así el derecho moral se hace más cierto y menos controvertible. Y cuando un derecho humano se registra en la ley positiva, ese derecho alcanza lo que algunos han llamado “seguridad social”.
Dicho esto, podemos sostener que los derechos humanos se encuentran regidos por valores superiores que van más allá del reconocimiento que una constitución o un tratado internacional pueden dar. La solidez de los derechos humanos no se instituye mediante su legitimación estatutaria, aun cuando es mejor para su eficacia cotidiana.
De ese modo, el estatuto y la ley se convierten sólo en las herramientas para ordenar y hacer posible el ejercicio de los derechos de los indivi­duos. Por supuesto que esto debe entenderse en el hecho que todos tenemos iguales derechos y que, por ello, es implícito que los derechos de un individuo están en relación con los derechos de las demás personas; y, por consecuen­cia de esta relación, el derecho se limita en la medida que entra en colisión con los derechos de los otros.
En efecto, no debemos de perder de vista que somos parte de una so­ciedad y que el desarrollo individual no puede colisionar con los derechos de las demás personas; pues nadie goza de privilegios en materia de derechos humanos ya que ante la sociedad todos los individuos tenemos idénticos dere­chos que administrar y responsabilidades que cumplir.
El individuo, por lo tanto, no solamente es independiente e igual en dig­nidad a los demás, sino que es parte de la sociedad y, por lo mismo, se puede afirmar que la razón del derecho positivo radica, en su fin último, en la protec­ción de la libertad de los individuos contra las posibles pretensiones de los de­más. Esto implica dos aspectos: uno, la seguridad que el dere­cho de un individuo no puede ser arrebatado por otro y da la oportunidad a to­dos de ejercerlo en forma similar; y, dos, la seguridad que cualquier modifica­ción en las reglas de juego deberá ser efectuadas en acuerdo con los demás.
Y, no obstante, que todos los hombres somos idénticos en esencia, se establecen desigualdades ocasionales dado por la utilización que cada uno haga de las capacidades que tenemos para desarrollarnos como persona. El inconveniente es que no todos tenemos igual grado o nivel de acceso a las fuentes de información ni a las herramientas mediáticas de expresión.
Por estas consideraciones algunos autores sostienen que la información, como elemento sustancial para cualquier sistema democrático, requiere ser desarrollado legislativamente para que sirva ampliamente a la comunidad y permita el disfrute que este derecho reconoce, independientemente de aquellos aspectos coyunturales que entorpecen su ejercicio.
Libertad y derecho de información: concepto y características
Algunos entienden que la información es la habilidad natural que tienen todos los hombres hacia el conocimiento, de discernir y de reflexionar sobre lo que sucede a su alrededor; “poner en forma” 10, como así lo ha dicho el Prof. Desantes.
Igualmente, otros entienden que la información es la habilidad y la facultad moral de todos los hombres para indagar, inquirir, acopiar hechos y datos de cualquier naturaleza para meditar, especular o recapacitar sobre ellos y con la posibilidad de divulgarlos, mostrarlos o publicarlos a través de los medios que estén a su alcance. Todas estas libertades están tan profundamente vinculadas entre sí, que si produjese la trasgresión de cualesquiera de ellas, implicaría ineludiblemente la infracción correlativa de las demás libertades.
Pero, la libertad de información implica, también, que unos tienen la libertad para revelar y para dar a conocer datos, hechos y opiniones; y que otros tienen, simultáneamente, la libertad para recibirlos. Es decir, entrañan libertad para discutir, para responder y replicar todos aquellos informes e ideas; ya que son libertades que van en un sentido y en retorno. Y decimos “que unos tienen la libertad... para dar a conocer y que otros tienen... libertad para recibir...”, y no afirmamos que la libertad de uno abarca exigir u obligar del otro la información. Y reiteramos que es libertad y no obligación; o sea que es un atributo para informar o no.
Nos parece importante resaltar que nos referimos a que es libertad; es decir, a que es una opción del transmisor de las ideas para actuar o no, pues se ha defendido en más de una oportunidad un supuesto derecho de la ciudadanía a exigir información de fuentes privadas y que estas sean reveladas. Tal derecho que tendría la ciudadanía como sujeto activo debiera suponer a alguien como sujeto pasivo de tal derecho y, por lo tanto, ese “alguien” obligado a dar la información. Y, si así fuera ¿quién o quiénes serían los sujetos pasivos de la información?. ¿Serían los medios de difusión o serían, acaso, los periodistas los obligados a dar la información?.
Entre los académicos que sostienen la tesis que debe existir un “alguien” constreñido a dar la información, podemos mencionar al Prof. Desantes, quien ha afirmado que: “Si toda persona tiene derecho a la información, alguien tiene el deber de satisfacerlo. Ese alguien se extiende a todo el que difunde mensajes, pues no se refiere tan solo al <que>, sino que se extiende al <como>, a su calidad y excelencia. Pero incide de modo más directo en los profesionales de la información y en las empresas informativas. Unos y otras no informan en virtud de un derecho (...) sino en cumplimiento de un deber”11. Un parecer que obviamente no está exento de ardua controversia y del que respetuosamente disentimos.
Otros autores -como el Prof. Osorio- advierten por el contrario que “(...) el derecho a informar a otro son derechos humanos subjetivos que (...) otorgan libertad al individuo para que si quiere informar, informe, sobre lo que considere relevante. Es un derecho de status negativo (...) que pertenece a la categoría (...) de aquellos que otorgan libertades sin generar obligaciones positivas en otros”12.
Los tratados internacionales reconocen -con meridiana claridad- al sujeto pasivo (receptor) como el verdadero titular de la información. Para él se da la información y a él van dirigidos los mensajes informativos. Los otros sujetos del proceso informativo, como son las empresas periodísticas y sus profesionales, se constituyen en los intermediarios de la información.
De ahí que la tarea del periodista sea, ante todo, la de intermediar. Su tarea es una “tarea al público”. Sus privilegios profesionales, como es la protección de las fuentes y el derecho a acceder a la información, son percibidos como privilegios ejercidos en administración. Por ello es que los periodistas cargan con una responsabilidad mayor por los contenidos de sus mensajes, porque ocupan puestos claves en la red de los sistemas de comunicación masivos. La labor periodística se especializa en la tarea de intermediar información.
Frente a la tesis de la existencia de un “alguien” obligado, reiteramos no hemos encontrado en ningún texto legal fundamento para argüir sobre un eventual derecho a exigir información de fuentes privadas, puesto que quienes posean la información tienen la libertad y, por consiguiente, el derecho a revelarla o el derecho a mantenerla en privacidad o en reserva. Eso hace que nadie pueda exigir del otro o de un tercero que le informe, o que le transmita la información o, mejor dicho, que se obligue a comunicarlo. Si ello fuese de esa manera, debemos convenir que, bajo ese criterio, únicamente podemos llegar a una aberración conceptual.
En conclusión, la libertad de información es una facultad moral y jurídica que le asiste a todos los hombres para investigar, conocer y dar a conocer hechos u opiniones de toda naturaleza y por cualquier medio que esté a su alcance. Y es, esencialmente, una facultad de todos los seres humanos, pues descansa en los principios de igualdad y oportunidad.
Residiendo en ella, entonces, esta suerte de facultades, atribuciones y obligaciones, tanto para los sujetos activos como para los sujetos pasivos de la información, igualmente es fuente dinámica de y para el Derecho.
Al igual que en la libertad de información, la noción del derecho a la información siempre es motivo de debate por los especialistas. De ahí que los autores consultados no coincidan sobre qué debe entenderse por derecho a la información. La cuestión por determinar la materia que corresponde al derecho a la información se presenta espinosa cuando existen posiciones liberales que se encuentran en una permanente pugna con aquellos enfoques políticamente interesados en controlar la información y otros derechos colaterales como puede ser el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión y de opinión, el derecho a la comunicación, etc.
No obstante las dificultades que plantea fijar exactamente la materia que le incumbe al derecho a la información, algunos hacen una detallada relación de derechos que son inherentes a esa disciplina, como es el caso de Sean Mc Bride quien, en un Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la comunicación, precisaba que el objeto de ese derecho era: “(...) a. El derecho a saber; es decir, a ser informado y a buscar libremente cualquier información que se desee obtener (...); b. El derecho del individuo a transmitir a los demás la verdad, tal como la concibe (...); c. El derecho a discutir (...). A estos derechos fundamentales procede añadir el derecho al respeto a la vida privada. (...)”13.
Por su parte, el profesor Fernández Bogado, durante su disertación en el Seminario “Derecho de Acceso a la Información Privada”14, advertía tres formas en la que se desenvuelve el derecho a la información, a saber: a. Un derecho de informar; b. Un derecho a ser informado; y, además, agregaba una tercera: un derecho a la reserva de la información que poseen terceros. Adición conceptual que, tampoco, se encuentra exenta de polémica.
Ciertamente los espacios donde se desenvuelve el derecho a la información son, a veces, imprecisos porque se relaciona y se entrelaza con otros derechos, sin los cuales sólo sería un ideal inalcanzable, por ello es que con estos reflexiones sólo pretendemos colaborar a puntualizar esta rama del Derecho. Ello se debe a que esta disciplina es comparativamente novedosa en el campo de las ciencias jurídicas. Y ello es producto del espectacular desarrollo notado en la tecnología de las comunicaciones y, por ende, en las informaciones.
El derecho a la información va adquiriendo su espacio luego del empuje para lograr su total reconocimiento como derecho humano, plasmando el concepto de derecho a la información como derecho a acceder a los datos, tanto como para la libertad de buscarlos, de indagar, de inquirir, de acopiar como para recogerlos y divulgarlos y publicarlos. A partir de esa regla universal, entonces, se marca un nuevo punto de vista del derecho a la información: la libertad a investigar, a recibir informaciones, de difundirlas y, como tal, optar por rechazarlas o negarse a ellas y, finalmente, el de emplear cualquier medio para propagarlas.
De todo ello podemos colegir que la información comprende los tres siguientes aspectos: primero, es una libertad de intercambio en una vía y en otra; segundo, es una libertad que gozan todos los seres humanos sin distinción de fronteras; y, tercero, es una libertad subordinada a otros preceptos. De estas ideas se concluye, entonces, que la libertad de información:


  1. Es un derecho de “doble vía”;

  2. Es un derecho universal; y,

  3. Es un derecho limitado.


El derecho de “doble vía”
Los autores coinciden en señalar que en el derecho a la información coexisten dos derechos. Concurre una actitud pasiva de los individuos, por un lado, a recibir toda clase de información libremente y, simultáneamente, una actitud activa de poder brindarla a otros. E, igualmente, una actitud activa de poder “investigar” y “buscar informaciones e ideas de toda índole”.
Esa interacción entre los derechos a informar y el derecho a ser informados es una de las versiones más complejas e interesantes en las relaciones contemporáneas. Algunos especialistas15 llaman a esta concepción de la información un derecho de “doble vía”.
Pero, ¿cabe añadir, como lo hace Mc Bride, “el derecho al respeto a la vida privada” como parte del objeto del derecho a la información?, o ¿debe reconocerse, como lo formula el Prof. Fernández, un “derecho a la reserva de la informacióncomo una tercera forma en que se desenvuelve el derecho a la información? Es decir, ¿es el respeto a la vida privada y es el derecho a que se mantenga reserva, categorías del derecho a la información?
Ciertamente estos aspectos se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la información; pero, en nuestra opinión, son límites que se fijan desde el campo de otros derechos. Es decir, la protección o la reserva de la información son categorías que corresponden a otros derechos individuales, como pueden ser la intimidad, el honor, la reputación, la identidad de las personas o a los derechos colectivos, o como pueden ser la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, entre otros.
Por consiguiente, en los supuestos antes descritos lo que se ampara son aquellos derechos que se relacionan más profundamente con el individuo o lo que se protege son otros valores que incumben a toda la comunidad y no son amparos del derecho a la información. Y de esta forma lo entienden los textos constitucionales peruanos.
De tal manera, la reserva de información no constituye propiamente una categoría de protección del derecho a la información sino, por el contrario, de la protección de otros derechos individuales fundamentales y objeto de ellos. De ahí que, de compelerse a entregar información cuando se ampara la reserva, ¿se violaría, acaso, la libertad de información o más bien se violaría el derecho a la intimidad o al honor o a la imagen?
El supuesto de la libertad de información, entonces, se cumple dando la información o reservándosela, pero no es una tercera forma en que ella se desenvuelve. Sigue siendo un “derecho bicéfalo”, ya que se manifiesta sólo en dos formas: una pasiva, por un lado, a recibir toda clase de información libremente y, simultáneamente, una activa de poder brindarla a otros.

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