Delitos especiales en materia fiscal






descargar 272.21 Kb.
títuloDelitos especiales en materia fiscal
página8/9
fecha de publicación10.06.2015
tamaño272.21 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8   9

MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CORRER LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
La determinación del momento en que empieza a correr la prescripción de la acción penal, en los tipos legales previstos en el CFF, es a partir de la fecha de la consumación del delito.



Para determinar en que momento opera la prescripción de la acción penal de los delitos previstos en el CFF, es necesario analizar por separado las características particulares de consumación de cada uno de los tipos penales previstos en el CFF, pues, atendiendo al momento consumativo de cada uno, empezará a correr la prescripción de la acción penal; y sólo así se podrá determinar cuál es el plazo final de la operancia de la prescripción de la acción persecutoria.
REGLAS GENERALES EN LA DETERMINACIÓN DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL TIPO LEGAL
Como reglas generales para determinar el momento consumativo de los tipos fiscales se tiene, en primer lugar, las establecidas en el propio CFF, pues la base para determinar la comisión de los tipos legales previstos en el CFF corresponde al momento en que es posible sancionar al Contribuyente por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, momento que corresponde precisamente a cuando las contribuciones se causan, el Art. 6 del CFF establece:
Art. 6, Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en la leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Dicha contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.
Corresponde a los Contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de causación.
Este art. 6 del CFF contempla diversos supuestos respecto a la causación de las contribuciones, por tanto, se deberá atender a estas disposiciones normativas para determinar el momento de la comisión de los tipos penales previstos en el CFF, pues a partir del incumplimiento de las obligaciones tributarias y del momento en que se pueden sancionar dichos incumplimientos, se estará en aptitud de determinar el momento consumativo de los distintos tipos legales.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
Se considera que la prescripción implica la cesación de la potestad punitiva del estado, al transcurrir un período de tiempo determinado, en virtud de que el propio Estado abdica de su potestad punitiva, por razón de que el tiempo anula el interés represivo, apaga la alarma social y dificulta la adquisición de pruebas respecto a la realización del evento delictivo.
Dada la amplitud de los supuestos en que se pueden incumplir las obligaciones fiscales y dada la gran posibilidad de que se puede caer en los supuestos de la comisión de algún delito previsto en el CFF por el mero incumplimiento de las obligaciones fiscales, se considera conveniente abordar solamente algunas reglas generales de la prescripción en relación con los tipos previstos en el CFF, y no en atención a cada uno de los supuestos de incumplimientos de las obligaciones fiscales, pues éste es un estudio en concreto relacionado con la materia penal y no con la de los cumplimientos e incumplimientos de las obligaciones, que atañe al estudio del Derecho Fiscal. Se considera importante, no obstante,

destacar las disposiciones normativas establecidas en los Arts. 67 y 146 del CFF, pues de las mismas se derivan importantes consecuencias para el tratamiento jurídico de la figura de la prescripción de la acción penal en cuanto a los tipos legales previstos en el CFF
PRESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL PERSEGUIBLES POR QUERELLA
El tipo legal de la defraudación fiscal previsto en el Art. 108 del CFF establece:
Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal.
Se considera que el momento consumativo de este delito se da cuando se engañe al Fisco o se aproveche del error y se obtenga un beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal, y una vez que se pueda sancionar el incumplimiento de la obligación fiscal. Para la configuración de este tipo legal, es necesaria la producción de un resultado.
Para intentar clarificar el momento consumativo del tipo legal, piénsese en el supuesto de que un Contribuyente tiene la obligación de pagar sus impuestos hasta el día 17 de febrero, y el día 4 de febrero presenta su declaración de impuestos falsamente, pretendiendo con dicha declaración engañar al Fisco. En este ejemplo, se cuestiona el momento que nace para el Estado el derecho de ejercer la acción panal: ¿el 4 de febrero? O ¿el día hábil siguiente al 17 de febrero? Se considera que el momento consumativo de la defraudación fiscal en este caso será hasta el día hábil siguiente al 17 de febrero, pues es hasta este día cuando le es exigible al Contribuyente el pago de sus contribuciones. En este supuesto, aún cuando Hacienda se diese cuenta de que el Contribuyente la engaño a través de declaraciones falsas, no podrá perseguirlo penalmente a partir del 4 de febrero sino hasta el momento en que pueda exigirle la obligación fiscal. En este orden de ideas, el delito de defraudación fiscal solamente se podrá perseguir penalmente hasta el día hábil siguiente al 17 de febrero; y a partir de este día empezará a correr el término de la prescripción de la acción penal.
Ahora bien, el sistema fiscal diseñado en México señala que si el Contribuyente cumple en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados, ya no se podrá imponer ninguna multa, ni tampoco responsabilidad penal, así lo prevé el párrafo cuarto del Art. 108 cuando señala:
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago de la contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o mediante requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Primera hipótesis: Plazo de tres años
La regla para determinar el plazo en que empieza a correr la prescripción de la acción penal para los delitos de querella, establece en forma expresa el Art. 100 del CFF:
Art. 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que las autoridades fiscales tengan conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la consumación del delito.
Segunda hipótesis: Plazo máximo de cinco años
La segunda hipótesis establece que el término para que prescriba la acción es de cinco años si las autoridades fiscales no tienen conocimiento (del delito y del delincuente. Esta disposición implica la seguridad jurídica para el Contribuyente de que el tiempo máximo que tiene el ius puniendi para ejercitar la acción penal es de cinco años a partir de que se ha cometido el hecho típico). Según esto, solamente se podrá ejercitar la acción penal si la autoridad fiscal toma conocimiento dentro de los cinco años a partir de la ejecución del hecho, de lo contrario ya no se podrá ejercitar la acción penal, con la excepción hecha en el Art. 107 último párrafo del CPF
PRIMER CASO: La autoridad fiscal se entera en agosto de 1990 que un Contribuyente ha cometido un hecho típico que se consumo en el mes de julio de 1989, es decir, un año posterior a la consumación del mismo; en este caso, la acción penal prescribirá en el mes de agosto de 1993.
SEGUNDO CASO: La autoridad fiscal pueda ejercitar la acción penal a partir de que tuvo conocimiento de la existencia del delito, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años de su consumación.
El momento para determinar el delito fiscal se da a partir de que al Contribuyente le es exigible el cumplimiento de las obligaciones de pago. En este sentido se podría entender que el delito de defraudación fiscal se consuma instantáneamente al causarse al Fisco Federal el perjuicio por el engaño o el aprovechamiento del error; aunque es de destacarse la excepción el delito continuado que regula el Art. 99 del CFF.
Tercera hipótesis: Excepción a los plazos. Segundo párrafo del Art. 107 del CPF
El CPF establece en el Art. 107 último párrafo una hipótesis que merece la pena estudiar dado que puede ser aplicable a determinados casos en la persecución de los tipos legales y que puede dar lugar a una ampliación al plazo de cinco años que señala el Art. 100 del CFF para que opere la prescripción de la acción penal. Este artículo establece:
Art. 107 ….
Pero si llenado el requisito inicial de la querella, ya se hubiere deducido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL PARA LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO
El CFF no establece ninguna disposición para la prescripción de la acción penal de los delitos que no se encuentran en el Art. 92 Fracc. I, esto es, no dispone de ninguna regla especial de prescripción de la acción persecutoria respecto de los tipos previstos en los Arts. 102, 103, 107, 113 y 115; de ahí que se tenga que aplicar para estos tipos legales las reglas generales de prescripción previstas para estos tipos legales las reglas generales de prescripción previstas en el CPF. Así considero que se debe entender la última frase del Art. 100 del CFF cuando señala: En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en la materia federal.
La fundamentación del porqué existen causas que interrumpen la prescripción de la acción penal, se encuentra justificada en las razones siguientes que la doctrina ha vertido con toda razón.
No es razonable pensar en que pudiera prescribir la acción, cuando ella se encontraba en movimiento debido a la realización de los actos procedimentales que le daban vida y contenido. Por ello es que mientras el Estado demuestra su voluntad de perseguir, permanece intacta su pretensión punitiva”
Actuaciones practicadas por las autoridades competentes: Juez, Ministerio Público y Policía Judicial. Art. 110 CPF
El art. 110 del CPF establece lo siguiente:
Art. 110. La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos no se practiquen las diligencias contra persona determinada.
Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.
De acuerdo con este artículo no se establece quién tiene la titularidad para realizar las actuaciones interruptoras de la prescripción, pues no específica qué tipo de autoridad se requiere para que tengan validez dichas actuaciones en la práctica de la averiguación del delito y/o del delincuente.
Los Arts. 21 y 16 segundo párrafo de la Constitución establecen:
Art. 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al MP y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél….
Art. 16 segundo párrafo …..
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujentándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
Con base en estas disposiciones normativas constitucionales, se establecen facultades y limitaciones para las autoridades judiciales y administrativas en la investigación del delito y/o delincuente. Así, según el Art. 21 Constitucional, los jueces tienen la exclusiva facultad de imponer penas; y el MP y la policía judicial, la función de perseguir los delitos. De este concepto se desprende que la actuación del juez, por el hecho de calificar de delictuoso o no delictuoso un hecho y a su autor, y las del MP y de la policía judicial constituyen actuaciones que son idóneas para interrumpir el curso de la prescripción.
PRESCRIPCIÓN PENAL, INTERPRETACIÓN DEL ART. 110 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO FEDERAL PARA EFECTOS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA.
Si bien es cierto que se ha sostenido que las actuaciones interruptoras de la prescripción penal sólo son aquellas que se llevan a cabo ante y por la autoridad judicial, también lo es de acuerdo con la interpretación rigurosa del Art., 110 del Código Sustantivo Federal, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, son interruptoras de los términos de la prescripción de la acción penal, ya que claramente dispone las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y delincuentes, siendo precisamente, el Ministerio Público el órgano constitucionalmente facultado para cumplir la fase averiguatoria del procedimiento.
Amparo directo 132/67. Octavio Romo Santos. Abril 29 de 1966. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. Manuel Rivera Silva. Sostiene la misma tesis. Amparo directo 8423/64. Ramón Corral Portillo. Junio 20 de 1968. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Mtro. Mario G. Rebolledo F. 1ª. Sala. Informe 1968. Pág. 48.

Actuaciones practicadas por las autoridades fiscales
¿Existe fundamento legal para que las autoridades fiscales estén facultadas para practicar actuaciones en la investigación del delito y/o delincuente?; y ¿Dichas actuaciones tienen la fuerza para ser consideradas causas interruptoras del curso de la prescripción tratándose de la investigación de la comisión de delitos fiscales?
Según se desprende de los Arts. 42 y 67 del CFF, las autoridades fiscales sí están facultadas para practicar actuaciones tendentes a la averiguación de delito y/o delincuentes. Así en el Art. 42 Fracc. VIII del CFF, se encuentra el fundamento legal que autoriza a las autoridades fiscales a practicar actuaciones en la averiguación del delito y/o delincuente.
Art. 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de comprobar que los Contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estará facultada para:
VIII Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales,. Las actuaciones que practique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la propia Secretaría de Hacienda a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del MPF en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al Contribuyente.
Art. 97. Compete a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros:
Fracc. IV Investigar la comisión de delitos previstos en las leyes y disposiciones que regulan el sistema financiero, así como el referido en el Art. 115 bis del Código Fiscal de la Federación, e integrar los expedientes respectivos y turnarlos a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones a fin de que formule la querella denuncia o petición correspondiente.
Art. 100. A la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones le compete:
Fracc II: Investigar la comisión de delitos fiscales, de aquellos en que incurran servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones y de los que cometan en perjuicio de la misma o de los que tenga conocimientos que no sean de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros.
De lo anterior se desprende que según el CFF y el Reglamento Interior de la SHCP, las actuaciones practicadas por las autoridades fiscales competentes en la investigación del delito y/o delincuente si tienen la fuerza necesaria para ser consideradas como causas interruptoras del curso de la prescripción.
Clases de actuaciones practicadas por las autoridades fiscales que interrumpen el curso de la prescripción
Al igual que sucede con las actuaciones que practica el órgano jurisdiccional, el MP o la policía judicial, resulta que no toda las actuaciones practicadas por la autoridades fiscales pueden ser consideradas como causas efectivas de interrupción del curso de la prescripción, sino solamente aquellas que tengan una orientación final dirigidas a la investigación del delito y/o delincuente.
Como ejemplo de actuaciones que por sí solas interrumpen el curso de la prescripción, se tiene la presentación de la denuncia o de la querella, siempre y cuando se realice dentro del término legal para interrumpir el curso de la prescripción.
Causas que interrumpen el curso de la prescripción, por presentarse dentro de la primera mitad del lapso para que opere la prescripción.
A continuación se transcribe tesis de jurisprudencia con los correspondientes comentarios de la doctrina penal, que señala que solamente será causa efectiva de interrupción de la prescripción la denuncia o querella que se presente dentro de la primera mitad del término medio aritmético para la prescripción, pues si se hace después de la primera mitad, solamente la ejecución de la orden de aprehensión será causa eficaz interruptora de la prescripción.
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PENALES. NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES QUE SE PRACTIQUEN EN AVERIGUACIÓN DEL DELITO O DELINCUENTES, CUANDO HAYA TRANSCURRIDO LA MITAD DEL LAPSO NECESARIO PARA LA PRESCRIPCIÓN Y NO SE HAYA APREHENDIDO AL INCULPADO. De conformidad con los Arts. 110, 111 , 118 del Código Federal, para la prescripción de las acciones penales se tendrá como base el término medio aritmético de las sanciones, según el delito de que se trate, y se interrumpe con las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y delincuente, siempre y cuando no haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, pues entonces, sólo se interrumpe con la aprehensión del inculpado.
Amparo en revisión 48378. Rafael Morcillo Campos. 25 de octubre de 1978. Ponente: Andrés Zárate Sánchez. Secretaria: Rosa Edilia Quevedo Ramos. Informe 1978. Sección correspondiente a los Tribunales Colegiados. Tomo III. Págs. 414-415 T.C. del 10 Circuito.
De lo anterior se desprende que si las autoridades fiscales practican actuaciones con la finalidad de investigar la comisión de un delito y/o delincuente dentro de la primera mitad del lapso para que opere la interrupción dichas actuaciones sí serán consideradas como causas interruptoras efectivas del curso de la prescripción de la acción penal; en cambio, si se practicaron dentro de la segunda mitad del lapso para que opere la prescripción dichas causas interruptoras ya no tendrán la fuerza efectiva para interrumpir la prescripción; y solamente será causa efectiva de la interrupción de la prescripción la ejecución de la orden de aprehensión, siempre y cuando ésta se ejecute dentro de la segunda mitad del plazo para que opere la prescripción de la acción penal, en atención a las tesis de jurisprudencia citadas.
Suspensión de la prescripción
El Art. 67 del CFF plantea la figura de la caducidad para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, de la cual se desprende que las autoridades fiscales tienen un lapso para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, y también un plazo (en ambos casos de cinco años) para imponer las sanciones en caso de que se haya cometido alguna infracción a las disposiciones fiscales. Si las autoridades fiscales no ejercitan estas atribuciones dentro el plazo previsto por la ley, caduca su derecho para hacerlo, esto es prescribe o se extingue dicho derecho.
Ahora bien, el Art. 67 también prevé en su último cinco párrafos la figura de la suspensión de la caducidad para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la caducidad para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones. Esta figura de la suspensión de la caducidad consiste en ser una causa por la cual el plazo para que opere la caducidad no corra por un intervalo de tiempo, pero el tiempo anterior se computa y entra en el transcurrido después de que ha cesado la causa suspensiva, el plazo máximo que se puede suspender a través de las causas de suspensión no puede ser superior a los 10 años desde que se cometió el incumplimiento de la obligación tributaria.
Ahora bien, se cuestiona si esta disposición normativa de la suspensión de la caducidad, para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, y para imponer las sanciones en caso de que se haya cometido alguna infracción, se puede también aplicar como una figura de suspensión de la prescripción de la acción penal para los delitos previstos en el CFF.
Es importante destacar si el penúltimo párrafo del Art. 67 constituye una excepción cuando se investigan hechos constitutivos de delitos, al señalar:
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.
No es una excepción, porque cuando utiliza la expresión no se extinguirán no se está refiriendo a que no se suspenderán las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal; lo que da lugar a que esta fracción no sea una excepción a las causas de suspensión de la prescripción.
Significa entonces que no es aplicable análogamente este Art. 67 del CFF, regulador de las causas de suspensión de la caducidad, como causas de suspensión de la prescripción de la acción penal.
Límite de tiempo y de veces para que las causas interruptoras interrumpan la prescripción tratándose de los tipos previstos en el CFF
Cuando solamente se pretende lograr la mera interrupción de la prescripción y no la verdadera búsqueda del delito o del delincuente, esas actuaciones, aun cuando se practiquen en la primera mitad del lapso para la operancia de la prescripción, no deben ser consideradas como causas interruptoras de la prescripción de la acción penal, pues es motivo permanente de inquietud el que no pueda aceptarse la posibilidad de interrupciones ilimitadas porque “ello daría al traste con todo el instituto de la prescripción, al volver imprescriptible la acción persecutoria por la constante práctica de actos interruptores”
Señala también la doctrina penal que existen dos diferentes sistema para interpretar las causas interruptoras de la prescripción: Uno, en el que se deja a la interpretación de los tribunales la decisión de determinar cuándo es causa de interrupción y cuando no, como sucede en la legislación argentina y en la alemana. Dos, en el cual la propia ley es la que establece tal limitación, como ocurre en la legislación penal italiana, yugoslava y francesa.

No es la inactividad procesal lo que determina la causa no efectiva de la interrupción de la prescripción, sino la seguridad en la que se inspira la figura de la prescripción, de donde se deriva que si ya tuvo el MP conocimiento del delito y del delincuente no debe dejar de actuar sino, por el contrario, debe dirigir con continuidad sus actuaciones formen parte de un “todo”, de tal manera que sean consideradas como actuaciones continuas, a menos que el MP demuestre lo contrario.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD Y OBSTÁCULOS PROCESALES
INTRODUCCION
La doctrina procesal penal distingue entre los requisitos de procedibilidad y los obstáculos procesales. Los primeros, llamados también condiciones de perseguibilidad del delito, se refieren exclusivamente a las condiciones o requisitos necesarios para ejercitar la acción penal; esto es, se requiere del agotamiento de los requisitos o condiciones que la ley establece para que el procedimiento penal pueda iniciarse. Como ejemplo de estos, se requiere para iniciar la acción penal de algunos delitos previstos en el CFF, de la formulación de la querella de parte ofendida o de la declaración de que el Fisco ha sufrido o ha podido sufrir perjuicio.
En tanto, los obstáculos procesales consisten en sucesos que sobrevienen al hecho y que sin influir en la punibilidad o sentencia del delito, constituyen óbices para el normal desenvolvimiento de la actividad procesal. Son sucesos que entorpecen y que, por ende, impiden continuar el procedimiento ya iniciado. Como ejemplo de estos obstáculos procesales se tienen, entre otros, el establecidos por el CFF consistente en la declaración de que el Fisco ha sufrido o podido sufrir perjuicio, así como el otorgamiento del perdón por parte del ofendido.
QUERELLA Y PERDÓN
Delitos perseguibles por querella
Los delitos perseguibles por querella son aquellos que están previstos por el Art. 92 Fracc. I del CFF que se refieren a los delitos previstos en los Arts. 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115
Por exclusión, los delitos que se persiguen de oficio y , por tanto, no requieren de querella de parte la ofendida según el Art. 92 Fracc I del CFF, son los previstos en los Arts. 102, 103, 104, 107, 113 y 115.
Concepto de querella
Se entiende por querella la petición que hace la parte ofendida para que se persiga un delito. La querella constituye auténticamente una limitación al Estado en su intervención punitiva, que queda condicionada a la petición del ofendido. En cambio la querella es un requisito para la procedencia de la acción penal en la persecución de ciertos hechos delictivos. La querella depende de la realización del hecho más la voluntad del titular ofendido.
La querella viene a tener la calidad de condición suspensiva de la acción penal en los delitos que se persiguen por querella, de tal manera que limita al ius puniendi, así la acción penal no puede ser promovida por el MP (único titular de la acción penal) hasta en tanto no se haya formulado la querella, de tal manera que éste o el juez se encuentren limitados tanto para ejercitar la acción penal como para continuarla después de iniciada la misma, o bien de suspenderla si existe una causa de remisión como es el caso del perdón del ofendido.
La facultad de querellarse se encuentra regulada en el Art. 92 del CFF, en favor de la SHCP; y de su ejercicio se encarga el Procurador Fiscal de la Federación y el Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, con fundamento en los Art. 10 Fraccs. XXIV y XXVI, y Art. 100 Fraccs. III y IV del Reglamento Interior de la SHCP, publicado en el Diario Oficial el 24 de febrero de 1992
El CFF no prevé expresamente la figura del perdón legal como causa de extinción de la acción penal, sino solamente como una figura procesal distinta, consistente en la petición de sobreseimiento, que al parecer tiene los mismos efectos o consecuencias jurídicas que las del perdón.
El CPF previene la regla general que otorga la facultad al ofendido para otorgar el perdón al inculpado, la cual se encuentra prevista en el Art. 93 del CPF, y como se dijo anteriormente, se considera que esta regla general es absolutamente aplicable a los delitos previstos en el CFF que se persiguen por querella, y sus efectos producen la terminación del procedimiento que se hubiese iniciado, con lo cual se extingue la acción penal, más no la pena.
En el CFF, según se aprecia en el segundo párrafo posterior a la Fracc. III del Art. 92, se encuentra además del perdón, como causa de extinción de la acción penal, una figura distinta a la del perdón, que igualmente extingue la acción penal, denominada “petición de sobreseimiento”.
Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera
Se trata de una figura distinta a la del perdón, que tiene reglas distintas, pero que igualmente produce los mismos efectos que el perdón, pues provoca cuando se solicita por parte del Procurador Fiscal de la Federación, o por el Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, la absoluta libertad; y una vez ejecutoriada dicha petición, en término de los Arts. 298 al 304 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta el sobreseimiento, surtiendo entonces los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.
¿Es en realidad una facultad discrecional?
Cabe cuestionarse, si esta facultad discrecional de la SHCP es en realidad una facultad caprichosa o no.
Algunos Autores sostienen que una vez pagados o garantizados los créditos fiscales, se debe sobreseer la causa, pues no se debe tratar de una facultad meramente discrecional.
Considero que no debe haber ningún obstáculo por el que la SHCP niegue la petición de sobreseimiento, que el procesado le solicite a dicha Secretaría que haga ante las autoridades que administran justicia, pues entonces se estaría ante una facultad discrecional caprichosa; a menos que en realidad exista algún motivo que afecte la prevención general o la readaptación del inculpado
Trámite de la petición de sobreseimiento
Se discute respecto al trámite que se debe seguir para el otorgamiento de la petición de sobreseimiento: si la petición del sobreseimiento por perdón se debe dirigir a la SHCP, al MP o al juez que instruye la causa penal.
La opinión es que necesariamente debe dirigirse al MP para que surta efectos, y se fundamenta en que solamente el MP es parte en el proceso y, por ello, de acuerdo con la interpretación del Art. 141 del CFPP, solamente el MP podrá solicitar la petición de sobreseimiento. Si la SHCP acudiera directamente al juez, éste no podría resolver lo tocante al sobreseimiento, y en el mejor de los casos daría vista al MP para que promoviera lo que a sus facultades concierna.
El Dr. Reyes Tayabas, por el contrario, considera que dicha petición de sobreseimiento es un auténtico perdón y, por tanto, la SHCP lo debe dirigir al juez ya que si lo dirige al MP resulta innecesario y sólo provoca demoras en perjuicio del reo. Agrega que recibida la petición de sobreseimiento, el juez ha de resolver de hecho, sin esperar a que el MP haga suya la petición, pues lo que haga el MP no agregará nada a la eficacia del perdón.
En principio las dos opiniones son válidas; destacando si acaso que el fundamento de la opinión del Dr. Tayabas no sería la que se desprende del Art. 141 sino la del 138 del CFPP. Se comparte la opinión de que la petición de sobreseimiento la puede dirigir la SHCP a través del Procurador Fiscal de la Federación o del Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones tanto al MP (Art. 138 del CFPP) como directamente al juez (Art. 298 Fracc. III del CFPP), aunque es preferible, como señala el Dr. Reyes Tayabas, hacerlo a la autoridad judicial en virtud de la rapidez del trámite.
La anterior opinión se sostiene aun cuando el Art. 10 Fracc. XXVI del Reglamento Interior de la SHCP señala que se tenga que pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento en los procesos penales, pues este artículo es parte de un Reglamento suscrito por el Ejecutivo Federal, y sólo determina el procedimiento del Procurador Fiscal de la Federación, pero no le quita validez a los actos que se realicen en un procedimiento penal, de tal manera que si el Procurador o el Subprocurador Fiscal de la Federación acuden directamente ante el juez a solicitar la petición de sobreseimiento, en mi opinión, su actuación no carecería de calidez procesal.
Límite temporal para la procedencia del sobreseimiento
Según el Art. 92 del CFF se establece que la petición de sobreseimiento se tendrá que realizar antes de que el MP formule conclusiones. En cambio el Art. 93 del CPF dispone que procede el perdón hasta antes de pronunciarse sentencia de segunda instancia
¿A favor de quién opera el sobreseimiento?
El Art. 92 del CFF establece que surtirá efectos el sobreseimiento respecto de las personas a que la misma petición se refiera, es decir, si la petición de sobreseimiento en una causa que tiene varios inculpados la petición de sobreseimiento en una causa que tiene varios inculpados se formula solamente en favor de uno de ellos, según este artículo, a los demás inculpados se les tendría que continuar el proceso correspondiente.
Ahora bien, según el Art. 93 del CPF último párrafo, establece que el perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga “a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los inculpados y al encubridor”. Como se ve, de los dos preceptos anteriores se desprende que se puede encontrar uno en la misma situación que para el límite temporal de la procedencia del sobreseimiento, es decir, entre dos normas con consecuencias normativas distintas para el mismo supuesto.
DECLARATORIA DE PERJUICIO O DE POSIBLE PERJUICIO
Establece el Art. 92 del CFF en la Fracc. II que para proceder penalmente en los delitos previstos en los Arts. 102 y 115 del CFF, es necesario que declare el Fisco que ha sufrido o pudo sufrir perjuicio. Este requisito procesal, se refiere a los delitos de contrabando y de apoderamiento de mercancías que se encuentran en recinto fiscal o fiscalizado, así como a la destrucción o deterioro doloso de esas mercancías. Es necesario destacar que en todos los casos de contrabando se requiere esta declaración, con excepción del contrabando previsto en el Art. 105 respecto al cual no se requiere la formulación de querella.
Respecto a la exigencia de la declaración de perjuicio o de posible perjuicio, se plantea si se trata de una exigencia que se encuentra referida directamente a uno de los elementos objetivos de los tipos, es decir, si el requisito de la declaración de perjuicio será un elemento que se corresponde en cuanto al resultado con los delitos de lesión; o si la declaración de posible perjuicio se corresponde con los delitos de peligro.
Es indiscutible que para la configuración de esto tipos legales, es indispensable la formulación de la declaración de perjuicio o de la posibilidad de haber sufrido perjuicio el Fisco. El problema radica en si se trata de un elemento objetivo del tipo o si se trata de una condición objetiva de punibilidad, o bien si el tratamiento que se le debe dar es el de un requisito meramente procesal de procedencia para la acción penal (requisito de procedibilidad).
Si a la declaración de perjuicio o posible perjuicio se le trata como elemento objetivo del tipo o como condición objetiva de punibilidad, se tendría que llegar a la conclusión de que hasta el momento de su formulación se consumaría el tipo correspondiente; situación que a todas luces se vería como equivocada, pues los dos tipos a que se refiere este requisito, por su naturaleza, se consuman instantáneamente. De esta forma, la declaración de perjuicio o posible perjuicio no sería un elemento constitutivo del tipo sino tan sólo un elemento de prueba indispensable para comprobar que el resultado se ha producido en los delitos de lesión. En los casos de delitos de peligro, la declaración de posible perjuicio será un elemento de prueba de que se pudo haber cometido una lesión al Bien Jurídico protegido.
De acuerdo con lo anterior, la declaración de perjuicio o de posible perjuicio no es un elemento del tipo objetivo ni tampoco una condición objetiva de punibilidad, sino que se considera que es un elemento con el que prueba el resultado o el peligro provocado; y entonces, se deberá tratar dicha declaración, desde el punto de vista del Derecho Procesal, como un requisito de procedibilidad para que proceda la acción penal. Con ello dicha declaración de perjuicio o posible perjuicio no sería más que un requisito de procedibilidad indispensable para ejercitar la acción penal, pero nunca se le deberá tratar como elemento objetivo del tipo ni como condición de punibilidad.
Requisitos formales de la declaración de perjuicio o posible perjuicio
La declaratoria de perjuicio o posible perjuicio para que sea válida debe satisfacer los requisitos establecidos en el Art. 38 del CFF, satisfaciendo así el aspecto de legalidad (Art. 16 constitucional) procesal.
Declaratoria en el contrabando de mercancía que se requiere de permiso, pero no obligación de pago.
El Art. 92 del CFF Fracc. III establece un requisito formal que consiste en la declaratoria en algunos casos de contrabando de mercancías por las que no deba pagarse impuesto y requieren permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido. Este requisito se da en razón de la conveniencia de que la autoridad fiscal precise lo relativo a la clasificación y tratamiento legal de las mercancías respecto de actos de importación y exportación


Comparativo de la naturaleza de las sanciones

penales y administrativas

1   2   3   4   5   6   7   8   9

similar:

Delitos especiales en materia fiscal iconResumen En la presente investigación se trata de dar un panorama...

Delitos especiales en materia fiscal iconLa vida se originó en el planeta a partir de materia inorgánica (no...

Delitos especiales en materia fiscal iconResumen: Los Delitos económicos, “desde que aparecieron” -aunque...

Delitos especiales en materia fiscal iconTesis y jurisprudencias en materia fiscal. Julio 2013

Delitos especiales en materia fiscal iconMarco constitucional de los tratados internacionales en materia fiscal

Delitos especiales en materia fiscal iconSeminario sobre delitos en materia de derechos de autor y derechos conexos

Delitos especiales en materia fiscal iconLey general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro,...

Delitos especiales en materia fiscal iconEl convenio celebrado entre el estado colombiano y la república portuguesa...

Delitos especiales en materia fiscal iconDerecho procesal fiscal y procedimiento fiscal

Delitos especiales en materia fiscal iconFacultad de derecho “apuntes de derecho fiscal” asignatura: derecho...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com