Resumen: Es necesario reconocer que el uso de los métodos alternativos para la resolución de conflictos va en pro del desarrollo de una cultura de paz, y que los encargados de la administración de justicia deben dar celeridad a los procesos que atienden,






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- Tener sentido del humor: para crear un clima favorable y aflojar tensiones que surgen en el tratamiento de los conflictos.

7. La cultura del litigio frente a la cultura de paz

La formación de los abogados está encaminada a manejar los conflictos de manera litigante, es decir que se aplican procedimientos para la resolución que incluyen prácticas dilatorias de los procesos y que poco aportan con ideas para tratar de dar una solución efectiva a dichos problemas, es así que la justicia en algunos casos es un ideal.

Los abogados, a su vez, son educados en un arduo y largo proceso de transmisión de conocimientos, sin que tengan oportunidad de tomar conciencia de que sus vidas profesionales transcurrirán confinadas en la operación de una sola categoría de métodos de administración y resolución de conflictos”[xxiii]

Es entonces que manifiesto que las personas encargadas de tramitar los diferentes casos judiciales tanto los funcionarios como los abogados, no comparten la posibilidad de aplicar procedimientos extrajudiciales para la resolución de conflictos, ya que mantienen una concepción en la que vinculan al conflicto con el derecho y efectivamente no consideran que el conflicto en sí no siempre es un problema sino una oportunidad que ofrece a mejorar y restaurar situaciones que se presentan en las relaciones sociales de los individuos.

Con lo expuesto anteriormente de debe destacar que es necesario afianzar una cultura de paz frente a la cultura del litigio, el aplicar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, son una opción que permitirán mejorar el acceso a la justicia, puesto que la cultura de paz consiste en la creación nuevas formas de cultivar las relaciones entre los individuos, buscando una sana convivencia que les permita mantener una vida en paz.

Aplicar una cultura de paz significa transformar la sociedad con miras al incremento de formas pacíficas de convivencia y la remisión o disminución de las capacidades humanas para ejercer diferentes tipos de violencia.

Se hace imprescindible entender que la justicia es un valor jurídico fundamental legitimador de los derechos humanos, y la verdadera justicia es aquella que logra dar soluciones a los problemas y persigue la paz social, igualdad, seguridad jurídica, bien común, otorgándole a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus obras, meritos, necesidades, logros y cualidad.

Es necesario que entender que mediante la justicia se debe respetar al otro, y los ciudadanos deben estar preparados para conocer las normas de la sociedad en la que viven, hacer un análisis crítico de las mismas y cambiarlas cuando las consideran injustas.

Debo señalar que no es fácil la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestra sociedad en la que lidera una cultura del litigio y que está sumamente afianzada en el pensamiento del abogado, de los jueces y de la población en general.

Pues algunos juristas consideran que con la aplicación de la mediación se limita su campo de trabajo ya que los conflictos son manejados por vía extrajudicial, se sienten perjudicados porque incluso pueden disminuir la cuantía de los honorarios profesionales del abogado, pero también se debe tener en cuenta las ventajas de su aplicación ya que existiría una cancelación más pronta en el tiempo que tardan en resolver los procesos.

Es beneficioso también para el poder judicial la aplicación de la mediación ya que establece estrategias efectivas para renovar la administración de justicia y a su vez se podrá descongestionar el sin número de casos que tramitan y llegar a establecer acuerdos satisfactorios para las partes involucradas.

8. Validez, eficacia y legitimidad normativa

La validez de una norma de Derecho está relacionada con su vigencia, se debe tener en cuenta que dicha norma lo que pretende es promover cambios sociales que se requieren en la sociedad, por otra parte la validez de la norma también se relaciona con la eficacia de la misma, por el hecho de legitimar los cambios o las modificaciones por su aplicación dentro de la sociedad.

La eficacia es entonces un condicionante para la existencia de la norma y tal es así, que el desuso u obsolescencia las convierten en inaplicables y provocan su posterior derogación formal, aunque no su expulsión inmediata del Ordenamiento jurídico, ya que perviven y ante un cambio de circunstancias o intereses, los operadores pueden, reinterpretándolas, rescatarlas y aplicarlas por cuanto están formalmente vigentes[xxiv].

Con lo anteriormente señalado podemos comprender que la norma jurídica lo que pretende es instaurar la justicia dentro de una sociedad, esta norma debe ser válida, vigente, eficaz a fin de legitimar los cambios sociales, es decir una norma jurídica debe engendrar un valor social.

9. Fundamento legal de la Mediación en el Ecuador

Dentro de lo prescrito citaré los fundamentos legales del presente proyecto de investigación:

- Constitución Política de la República[xxv]

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir”.

- Código de la Niñez y Adolescencia[xxvi]

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código.

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.

Art. 294.- Casos en que procede.- La mediación procederá en todas las materias transigibles siempre que no vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia”.

- La Ley de Arbitraje y Mediación.[xxvii]

Art. 46.-  La mediación podrá proceder:

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. En estos casos cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada una demanda ante un órgano judicial el demandado no opone la excepción de existencia de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de tres días contados desde la notificación. Si prosperare esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, caso contrario se sustanciará el proceso según las reglas generales;

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,

c) Cuando el Juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten.

Si dentro del término de quince días contados desde la recepción por parte del centro de la notificación del Juez, no se presentare el acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por escrito al Juez su decisión de ampliar dicho término”.

- Instructivo para la derivación de causas a centros de mediación[xxviii]

DE LA DERIVACIÓN

Art. 1.- En el Término de tres días después de recibida la demanda de la Oficina de Sorteos o directamente en caso de incidentes, el Juez de la Niñez y Adolescencia y aquellos Jueces Civiles en los que se radicó la competencia, calificará la demanda y aceptada a trámite derivará la causa, de oficio, a un centro de Mediación autorizado del lugar donde se tramita la causa. También se realizará la derivación a Mediación a petición de parte y en cualquier estado de la Causa según lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Art. 2.- Las partes dentro del término de tres días podrán aceptar o negarse a la mediación o solicitar cambio del Centro de Mediación. El silencio de las partes se entenderá como aceptación tácita a iniciar el proceso de mediación.

Art. 3.- Con la aceptación expresa o tácita, el Juez remitirá al Centro de Mediación copia de la demanda y copia del auto de calificación y derivación del proceso. En caso de negativa al proceso de mediación, el Juez ordenará inmediatamente la citación.

Art. 4.- El Centro de Mediación y las partes deberán cumplir con los plazos establecidos en el último inciso del artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Art. 5.- Finalizado el proceso de mediación sea por acuerdo total, parcial, imposibilidad de acuerdo, imposibilidad de mediación o por vencimiento del plazo, el director del centro devolverá al juzgado competente el acta o constancia correspondiente y la copia certificada del registro de comparecencia debidamente firmada, para los efectos del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 6.- Para derivar a un determinado Centro, los Jueces tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Que la materia de la demanda sea transigible; y,

b) Las Causas se derivarán a Centros de Mediación gratuitos, en aplicación del artículo 207 de la Constitución Política de la República.

DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN AUTORIZADOS

Art. 7.- Los centros de mediación para ser considerados en la derivación de causas, deberán solicitarlo a las Delegaciones Distritales del Consejo Nacional de la Judicatura para lo cual remitirán adjunto a su solicitud: el certificado de registro, cupo mensual de causas por juzgado que pueden atender.

Las Delegaciones Distritales harán conocer a los Jueces de la Niñez y Adolescencia y a los Jueces Civiles que tienen dicha competencia, la lista de Centros Autorizados con sus respectivos cupos y más información que se requiera.

EJECUCION DE ACTAS DE MEDIACION

Art. 8.- El Juez que derivó la causa a mediación será el competente para la ejecución de las actas de mediación, para lo cual bastará la pericón de parte.

El centro de mediación remitirá en forma regular y oportuna copia de las actas de mediación realizadas en cada caso para los efectos legales correspondientes.

Art. 9.- En caso de ejecución de una Acta de Mediación, no relacionada con un proceso de derivación, el actor deberá adjuntar a su petición lo siguiente:

a) Copia certificada del Acta de Mediación;

b) Copia del registro del Centro de Mediación;

c) Certificado del Mediador otorgado por el Director del Centro del Mediación;

d) Partida de Nacimiento original del niño/a o adolescente; y,

e) Copia certificada del Registro de comparecencia debidamente firmado.

Art. 10.- En todo caso de ejecución de actas de medición, el Juez ordenará en el término de tres días de recibida la petición, el mandamiento de ejecución.

DE LOS PAGADORES

Art. 11.- Los pagadores o quien haga sus veces, sean públicos o privados, una vez que reciban la orden del Juez competente dictada en base al acta de mediación respecto a las pensiones alimenticias, están en la obligación de proceder a descontar dichos valores de la remuneración del obligado, para lo cual se remitirá:

a) Copia certificada del Acta de Mediación;

b) Copia del Certificado de Registro del Centro; y,

c) Certificado del Mediador otorgado por el Director del Centro de (sic) Mediación.

CONTROL

Art. 12.- La Delegación Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura correspondiente realizará la constatación de la constitución y legal funcionamiento de las oficinas del centro de mediación, previo a que se proceda a realizar la derivación por parte de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de aquellos Juzgados de lo Civil que tengan dicha competencia, tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Art. 13.- Corresponde a las Delegaciones Distritales realizar el control de la aplicación del presente instructivo, llevando un registro especial, en que conste el movimiento procesal de las causas derivadas, supervigilando que sean despachadas oportunamente y que no se produzcan irregularidades en el trámite de esas acciones.

Art. 14.- Mientras un asunto de menores se encuentra en mediación, se suspenderá la sustanciación de la causa por lo que no podrá demandarse nuevamente el asunto reclamado en otra judicatura.

Art. 15.- En todo lo (sic) que no estuviere expresamente previsto en este instructivo, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación y el Código de Procedimiento Civil.

Esta resolución entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Consejo Nacional de la Judicatura, a los diez días del mes de julio de dos mil siete.
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