Sostuvo que no obstante que en este hecho se habló sobre la entrega de un Renault 18 dominio b 270. 130, un Ford Falcon c 213. 656, una moto Kawasaki 328-apx






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Sostuvo que no obstante que en este hecho se habló sobre la entrega de un Renault 18 dominio B 2.270.130, un Ford Falcon C 1.213.656, una moto Kawasaki 328-APX y unos $ 2000 que tenía Petrucci, se desvirtuaron dichas circunstancias con los testimonios de la nombrada –respecto del dinero- y la presencia de los testigos Julián Roberto Uriona y Romualdo Edelmiro Goyeneche –con relación a la moto- cuyos dichos pusieron en evidencia la mendacidad mantenida por Semorile, que no tenía otro fin que comprometer a Ribelli y la Brigada de Lanús, ya que era parte de lo pactado con el juez Galeano en 1996.

Respecto del Renault 18 y del Ford Falcon, consideró que nunca pasaron por manos policiales porque pese a que el juez instructor efectuó averiguaciones en todas las compañías de seguros, municipalidades, Rentas y Registro Nacional de la Propiedad Automotor, tratando de ubicar transferencias, pedidos de informes, multas, pagos de patente o algún indicio de venta –fs. 963, 964, 992, 997, 1002 y 4088 de la causa “Brigadas”, entre otras-, todo ello arrojó resultado negativo.

El Dr. Ubeira se preguntó cómo era posible que esos rodados que supuestamente se quedaron los policías no fueran hallados o mínimamente no hubiera ningún indicio de transacción, circunstancia lógica para repartir el botín. Entendió que si el fiscal consideraba que los fraccionaron y vendieron sus repuestos, tendría que demostrar todo ese proceso con pruebas.

También destacó las contradicciones existentes entre el fletero Setaro y Petrucci, las versiones de Héctor Banga y Semorile, como así también las de Eduardo Telleldín, que no pudieron ser incorporadas por lectura porque el Dr. Galeano aún no resolvió su situación procesal, los dichos de Botey y las escuchas telefónicas del abonado 780-0520. Consideró que si bien todos ellos intentaban armar una única versión de los hechos, no lo lograron porque un análisis minucioso de todos esos elementos de cargo mostraba innumerables contradicciones que evidenciaban que mintieron.

Señaló que también se utilizaron los dichos de Alberto Fabián Spagnuolo como indicios de cargo en contra de su defendido, resaltando que el nombrado era socio de Semorile, por lo que no descartó que se haya pronunciado ante el juez instructor en similares términos que este último, tratando de perjudicar a Ribelli con el solo motivo de no quedar involucrado en estas actuaciones.

Narró lo relacionado con la detención y fichaje de Telleldín en la Brigada de Lanús e hizo alusión al alegato del Dr. Romero y la posterior rectificación de sus dichos por parte del Dr. Nisman, por lo que sostuvo que si existen contradicciones respecto a las posturas de los fiscales frente a temas tan trascendentes, ello constituía una muestra más que todo en su conjunto no cerraba e iban “emparchando” los baches oscuros que surgían evidentes.

Agregó que también existieron contradicciones en la acusación de la querella que representa a D.A.I.A., citando como ejemplo que en un primer momento esa parte sostuvo que Ribelli había sido comisionado directamente por Rabbani para que le entregara una camioneta, para luego rectificarse y referirse a que había sido una persona, sin individualizar de quién se trataba.

Seguidamente hizo una referencia a las incongruencias existentes en la exposición del Dr. Nisman, específicamente sobre los dichos de Telleldín.

Al respecto, el letrado defensor se preguntó cómo la fiscalía pretendía utilizar como elemento de cargo la declaración de Telleldín del 5 de julio de 1996 cuando el mismo Ministerio Público solicitó la nulidad de dicha indagatoria; si creía la fiscalía que por el solo hecho de que Telleldín ratificó esa declaración durante la audiencia oral y pública la habilitaba a considerarla como válida y cómo se podía ratificar un acto nulo cuando seguía existiendo el mismo vicio que afectó la voluntad de Telleldín.

Consideró que el Dr. Romero dijo que en las exposiciones de Telleldín “...abundan datos inciertos, mentiras ... y alguna que otra verdad... todo dirigido a crear confusión y obstaculizar la investigación...” y que el nombrado tiene “...habilidad para mezclar situaciones ... enredarlas... y presentarlas hoy de manera distinta a ayer...”; ante ello, la defensa de Ribelli se preguntó cómo sabían los fiscales cuándo Telleldín mentía y cuándo decía la verdad.

Sostuvo que si bien el Dr. Nisman dijo que las verdades se apoyaban en otros elementos de prueba, tales como testimonios, éstos eran de personas del entorno de Telleldín y surgieron como consecuencia de la negociación entre el Estado argentino y el nombrado, sea por intermedio de la Dra. Riva Aramayo, el juez instructor u otros.

Concluyó que si se sostenía que la declaración en cuestión era nula porque poseía vicios respecto de la voluntad del declarante, las testimoniales que el fiscal intentaba valorar como apoyatura de las supuestas verdades que dijo Telleldín, eran fruto del árbol envenenado, sin perjuicio que los testimonios de las personas del entorno del nombrado carecían de entidad suficiente como para ser tenidos en cuenta.

Luego, el letrado defensor refirió que tanto el fiscal Nisman como el Dr. Ávila introdujeron como elemento de cargo en contra de su defendido distintos entrecruzamientos telefónicos atribuidos a Semorile y Ribelli entre los días 4 y 5 de abril de 1994, detallados a fs. 931 del legajo 310, mediante una certificación actuarial del 8 de abril de 2002.

Advirtió que dicha certificación fue hecha a más de dos años de cerrada la instrucción de la causa y a dos años de la fecha en que a su defendido le negaron la posibilidad de controlar la prueba que se producía en los testimonios de la causa A.M.I.A. y legajos, por lo que sostuvo que no se puede incorporar y valorar prueba que fue producida sin su control.

Agregó que si esos cruces telefónicos se hallaban en poder del doctor Galeano desde el momento de la detención de Ribelli, nunca fueron esgrimidos como elementos de cargo en ninguna de las indagatorias para que su defendido pudiera dar alguna explicación al respecto.

Consideró que estos entrecruzamientos no fueron incorporados oportunamente por dos razones; en primer término, porque obviamente querían ocultar el tema relacionado con Semorile, dado que era un testigo de identidad reservada y, en segundo lugar, porque si se le hubiera permitido a Ribelli hacer el descargo con respecto a todos esos cruces telefónicos, habría podido dar decenas de razones explicando por qué Semorile lo llamaba a la brigada, como seguramente pudo haberlo hecho cualquier otro abogado que ejerciera en esa jurisdicción preguntando por la ubicación de un detenido, una actuación o una causa.

Insistió en que tampoco durante el juicio el Ministerio Público Fiscal hizo saber a Ribelli, en las indagatorias prestadas, que a su criterio había obtenido este nuevo elemento de cargo para que el nombrado tomara conocimiento y pudiera tener la oportunidad de dar explicaciones. Agregó que no puede alegarse a su favor que no lo hicieron porque Ribelli no respondía preguntas, ya que la obligación de los acusadores era solicitar que su defendido pasase al estrado para hacerle conocer los nuevos elementos de cargo y luego Ribelli les respondería o no según lo decidiera en ese momento.

Finalmente, refirió que el fiscal hizo alusión a cruces telefónicos entre el celular de Semorile y Ribelli, pero del testimonio del letrado mencionado y del resto de las probanzas producidas durante el debate no surgió, a su criterio, con la certeza necesaria que exige una sentencia definitiva, que el celular en cuestión haya sido utilizado efectivamente por el primero de los nombrados.

Señaló que la incorporación por lectura de las indagatorias de su defendido, prestadas durante la instrucción aún cuando declarara durante el debate, era un acto de clara violación de disposiciones constitucionales y fundamentalmente de la garantía del debido proceso, considerando que al ser un acto propio del imputado debía ser él quien pusiera los límites.

Agregó que la negativa a contestar preguntas por parte de su defendido se debió a que consideraba que los fiscales Nisman, Barbaccia y Mullen, al igual que la Dra. Nercellas, no tenían autoridad moral para interrogarlo.

Señaló que si bien los Dres. Nisman y Ávila quisieron indicar que Leal y Ribelli trabajaron juntos, dicha circunstancia era falsa con fundamento en el informe de la Policía Bonaerense obrantes a fs. 1790 y ss. del legajo de instrucción suplementaria.

También descartó, contrariamente a lo sostenido por los acusadores, que Ribelli e Ibarra compartieron destino junto al subinspector Sabino en la Brigada de Lanús, circunstancia tratada por el Dr. Ávila para vincular la detención de Telleldín -practicada en agosto de 1987 en la localidad de Olivos, por la División Homicidios de Banfield, integrada por Sabino- con la detención de 1994. Basó dicha afirmación en las constancias obrantes a fs. 1790/1791 del legajo referido en el párrafo anterior.

Luego, explicó que cuando Juan Carlos Nicolau tuvo la oportunidad de manifestarse con algún grado de libertad nada dijo en contra de su defendido, tal como contrariamente había sostenido el fiscal Nisman. En el mismo sentido, hizo referencia al testimonio de Héctor Sobico.

Respecto a la calificación legal de los hechos endilgados a su defendido, sostuvo que ninguna de las conductas atribuidas estaban sostenidas por la prueba arrimada a la causa. Señaló que ello se veía reflejado en los distintos cambios de postura de la fiscalía, el juez instructor y la alzada en cuanto a la calificación de los hechos del 15 de marzo y el 4 de abril de 1994, por lo que el letrado defensor se planteó un interrogante acerca de qué cambió desde el momento de la detención de su defendido hasta la actualidad y qué nuevos elementos se adunaron a la causa para que se verificaran todas estas transformaciones, concluyendo que sólo era necesario que hubiera varios policías como rehenes dentro del sistema judicial para mantener la “historia oficial”.

Seguidamente hizo alusión a la imputación de su defendido de haber participado en el atentado a la mutual judía, considerando dicha circunstancia como un verdadero “disparate” utilizado por el Estado argentino para decir que su defendido era la conexión local.

Hizo un análisis de la cuestión relativa al dolo en el atentado. Señaló que el Ministerio Público Fiscal, siguiendo la postura de las querellas D.A.I.A., A.M.I.A. y “Grupo de Familiares”, sostuvo que se encontraba demostrada la existencia de dolo en su defendido y demás partícipes del hecho, atribuyendo pleno conocimiento de que la supuesta Trafic que habría pasado por sus manos se iba a utilizar en un atentado donde iba a morir gran cantidad de personas, por lo que la requirieron reforzada en los elásticos y para soportar el peso del explosivo, cuidándose de no atribuirles el agravante de odio racial y religioso, porque evidentemente no conocían el lugar donde se iba a cometer el atentado.

Sostuvo que no existía en toda la causa, legajos, testimonios producidos durante la audiencia y demás agregados, un mínimo dato que demostrase el odio racial y religioso con el que estigmatizaron a su defendido durante años.

El letrado señaló que la supuesta Trafic nunca pasó por manos de su asistido y seguidamente hizo un análisis detallado de cómo debía haber sido el desarrollo de los hechos desde la perspectiva de los acusadores para considerar la existencia de dolo en el hecho en cuestión por parte de su defendido y el resto de los partícipes, considerando a toda esa secuencia un verdadero esperpento.

Así, narró que seguramente Ribelli fue reclutado por Rabbani quien le solicitó una camioneta para cometer un atentado, con elásticos reforzados para soportar gran cantidad de explosivos, por lo que le pagarían la suma de USD 2.500.000 o más, según la fiscalía. Continuó su relato indicando que Ribelli, tentado por esa suma, aceptó participar en el atentado terrorista, informándole de todo a Ibarra. Que juntos acordaron ofrecerle a Telleldín que participara de la operación y, teniendo en cuenta la deuda que éste último mantenía con la brigada, le ofrecieron saldarla mediante la preparación de una Trafic, con puerta lateral y elásticos reforzados para soportar el peso de los explosivos, para cometer un atentado en el que morirían muchas personas.

Agregó que también le debían haber dicho a Telleldín que publicara la camioneta para la venta en el “Clarín” para saber que ya la tenía lista; que entonces le mandarían un supuesto comprador para que pareciera una venta de buena fe. Que Telleldín aceptó y le dijeron que debía preparar dos o tres Trafic para el caso de que la policía no le creyera la historia original.

Ilustró que su defendido e Ibarra fueron al domicilio de Telleldín donde observaron rodados sospechosos, cuyos tripulantes resultaron ser policías, a cargo de Leal. Que seguramente éste se identificó ante Ibarra como de la Brigada de Vicente López explicándole que estaban haciendo una “capacha” para “voltear” a Telleldín; que Ibarra, para captar a Leal, le sugirió que se olvidara de ese procedimiento. Ante ello, relató, Leal aceptó y resolvió demorar el procedimiento hasta que la Trafic fuese entregada, acordando que se quedaría por unos días vigilando ese domicilio junto con Bareiro, a quien hizo partícipe de la operación.

Añadió que el 10 de julio de 1994, alrededor de las 14.30, retiraron la camioneta del domicilio de Telleldín, entregándosela Ibarra y Leal a Ribelli y éste a su vez a Rabbani, quien le pagó a su defendido la suma acordada. Finalmente, sostuvo que Ribelli concurrió a una escribanía con su padre y sus hermanos para blanquear el dinero recibido por el atentado.

Concluyó que este relato reflejaba cómo los acusadores plantearon la forma en que ocurrieron los hechos.

Luego, señaló que si bien el Dr. Ávila intentó vincular a la familia de Ribelli con la mezquita de Cañuelas, los testigos que prestaron declaración al respecto en la audiencia, entre ellos Stiuso, Jorge Alberto Palacios, Alfredo Miguel Barcia y José Antonio Cortés expresaron lo contrario. Consideró una actividad sádica por parte del juez Galeano incluir a la hermana de Ribelli –Ana María- y su familia en los pedidos de capturas internacionales.

Sostuvo que el 10 de julio de 1994 Ribelli estaba de vacaciones con su familia, circunstancia que se encontraba avalada por prueba documental oportunamente aportada –facturas de pasajes y de hoteles- y videos, más que suficiente para comprobar que si realmente su defendido hubiera estado detrás de un atentado, no estaría de vacaciones en las Cataratas del Iguazú.

Agregó que no era lógico que una persona que fuera a cometer un acto de esta naturaleza se fuera a la zona de la triple frontera, dejando así un rastro o sospecha que lo pudiera vincular con el atentado.

También hizo referencia a la presencia de Ribelli en la ciudad de Río de Janeiro el día 18 de julio de 1994.

Seguidamente, trató lo relacionado con los “desvíos” y consideró que parecía que no eran sino otra forma de haber llevado a la instrucción y a los señores fiscales por un derrotero completamente diferente al que se pronosticaba o se preveía en la causa.

Señaló que hubo cuatro: “Solari”, “Armas”, “Gatto y Valenga” y el video de Cuneo Libarona.

Respecto del primero de ellos –“Solari”-consideró que no era cierta la intervención de su defendido en este desvío, ya que ello sería un agravio a su inteligencia.

Concluyó que era imposible la visita a Solari en donde estaba alojado tal como éste lo relatara; que las personas que estuvieron detenidas con él no refirieron absolutamente nada al respecto y lo único que dijeron fue que seguramente, informado a través de los diarios, Solari fue armando algo y a lo mejor hasta fue informado desde otro lugar, ya que uno de los cuestionamientos fue cómo era posible que tuviera el teléfono celular de algunos de los funcionarios de más alto rango de la S.I.D.E.. Agregó que por las características y la forma en que se armó el montaje de Solari, no era extraño que alguien le suministrara información, mencionando como prueba de ello los dichos de Stiuso.

Seguidamente hizo referencia a la carta recibida por Ribelli en la Unidad nº 16, el 27 de agosto de 1997, en cuyo remitente figuraba el nombre y dirección de la abogada de Solari, Dra. Graciela Bernal.

Al respecto señaló que para la fecha en que apareció esa carta el juez instructor no era confiable, ya que prueba que presentaba su defendido trataba de tergiversarla o desvirtuarla de cualquier modo para perjudicarlo; por ello, señaló, esperaron que se sorteara un tribunal de derecho e imparcial para acompañar dicha carta en el momento de la citación a juicio.

También consideró que si bien dicha misiva fue atacada de falsedad e incluso Solari dijo que fue dictada por policías de una brigada de San Martín, a fs. 2669/2671 del legajo de instrucción suplementaria obraba una peritaje del Cuerpo de Calígrafos Oficiales de la Justicia Nacional que demostró que la letra con la que fue corregida a mano la carta pertenecía a Solari, al igual que en la existente en el sobre, por lo que la defensa concluyó que Solari mintió. Ello, avalado por los informes de la policía de San Martín, el testimonio de Cristina Fernández de Kirchner; quien dijo que no apoyaba el crédito que le habían dado sus compañeros de la comisión bicameral a los dichos de Solari, y los testimonios de los médicos psiquiatras de las distintas unidades en donde Solari estuvo alojado, quienes fueron contestes y contundentes en afirmar que era un fabulador, con todas las características de un psicópata, calificando como buena su conducta formal, pero como mala y manipuladora su influencia respecto del resto de la población penal.

Sostuvo que Ribelli no vio a Solari y que esta pista se debió mucho más a la frondosa imaginación de la manipulación que hicieron las acusaciones, que las que realmente llevó su defendido adelante.

Seguidamente, hizo alusión a la causa “Armas” y respecto de la presencia de Ribelli en el allanamiento en Campo de Mayo manifestó que fue absolutamente inocua y su comparecencia fue para tener una brigada de apoyo, conforme lo manifestaron Armando Antonio Calabró y Ángel Roberto Salguero.

Consideró que según constancias de la causa el tema “Armas” fue utilizado sistemáticamente como un argumento de la querella unificada y el Ministerio Público Fiscal de que dicha causa fue un claro desvío para favorecer a Ribelli y fundaron su análisis en que quienes aportaron la información originaria fueron Elba Fernández y su hija Mónica Cañete, aludiendo a que otra de sus hijas fue concubina de Roberto Mantel, involucrado en la masacre de Wilde y por ende allegado a su defendido.

Para sostener lo contrario, el Dr. Ubeira hizo mérito del legajo 34 A; de una constancia obrante a fs. 76.511 de la causa en donde consta que de los entrecruzamientos telefónicos realizados no surgieron vinculaciones entre Salguero con Ribelli o Mantel, como para desarrollar la hipótesis de un supuesto “armado” de la pista “Armas” dirigido a desviar la investigación, agregando que carecía de toda lógica la fabricación de pistas por parte de Mantel en complicidad con Elba Fernández en el mismo sentido, dada la pésima relación existente entre ellos; y del testimonio de Jorge Alberto Palacios, quien ratificó dicha información.

Con relación al desvío denominado “Gatto y Valenga”, sostuvo que los nombrados tenían una relación de afecto con su defendido, simplemente porque cuando estuvieron detenidos por la masacre de Wilde Ribelli les prestó la mínima colaboración que se le brinda a un detenido.

Agregó que así como su defendido se preocupó por los mencionados, también lo hizo por Bacigalupo –no por su responsabilidad en el atentado-, Ahumada o cualquier otro funcionario que hubiera estado a sus órdenes y sostuvo que “una actitud caritativa fue utilizada como de complicidad mafiosa”.

Hizo un análisis de esta cuestión relacionándola con Alí, invocando para ello el oficio de la S.I.D.E. obrante a fs. 72.615, los dichos de Patricio Miguel Finnen y la declaración indagatoria de Mario Bareiro de fs. 2618/2620 –causa “Brigadas”-. También hizo referencia a la presencia del “japonés” López –2º jefe de la Brigada de San Martín- en la casa de Telleldín la noche del 26 de julio de 1994.

Consideró que lo relacionado con “Gatto y Valenga” y la posterior creación del desvío “Alí” fue obra del propio juzgado instructor para martirizar a su defendido.

Finalmente, sostuvo que con la aparición del video “Cuneo Libarona-Brousson” se verificó la violación del derecho de defensa en juicio, debido proceso y el principio de igualdad.

Señaló que los fiscales y la querella que representaba a la D.A.I.A. tuvieron conocimiento de este video con anterioridad a que esa defensa lo supiese. Remarcó que la principal razón de ese ocultamiento fue que era una prueba ilegal, efectuada por Brousson sin consentimiento del juez de la causa y sin conocimiento ni conformidad del abogado Cuneo Libarona.

Agregó que considerar ilegal dicha prueba no era una especulación, ya que surgía del testimonio de Brousson en oportunidad de declarar en la audiencia oral y pública y del decreto de elevación del video de fecha 11 de noviembre de 2003 obrante en la causa.

Señaló que dicho video era la prueba material de los ilícitos cometidos por el nombrado Brousson, quien violando sus deberes de funcionario público y garantías constitucionales filmó sin autorización judicial a un abogado en el ejercicio de su profesión y del encubrimiento de los Dres. Galeano, Mullen y Velasco al omitir denunciar, sin perjuicio que puedan ser alcanzadas sus conductas por otra figuras penales.

Consideró que los acusadores estaban equivocados al pretender usar como elemento de cargo o indicio en perjuicio de su asistido el video cuestionado, ya que se trataba de una prueba obtenida ilegalmente y, por lo tanto, imposible de poder valorarse en detrimento de los derechos del imputado. Señaló que si bien esto era una prueba, constituía el elemento principal para corroborar cómo Brousson lo obtuvo ilegalmente y luego el juez instructor, secretarios y fiscales lo encubrieron.

Seguidamente, el letrado hizo referencia a la actuación en la investigación del comisario de la Policía Bonaerense Carlos García, quien apareció de la mano del Dr. Dobniewski y con la excusa de que tenía información para el esclarecimiento del atentado y sobre el destino dado a la supuesta Trafic. Así, el nombrado junto con José Dattoli introdujeron una pista falsa relacionada a Fidian Enrique Kesseler, quien decía que Ribelli se había llevado la Trafic acondicionada.

Señaló que Kesseler, detenido por homicidio a disposición del juzgado de Quilmes, sólo quería recuperar su libertad, por lo que García movió todos sus contactos políticos para ello, tras lo cual recuperó su libertad y declaró en la causa.

El Dr. Ubeira resaltó que lo sorprendente fue que el Dr. Galeano no se opuso a todos estos actos, más aún cuando del legajo 97 surgía que Kesseler era considerado antisemita y que había sido procesado años atrás por el atentado al cementerio judío de Berazategui.

Señaló que otro de los elementos cargosos utilizados en contra de Ribelli fue lo relacionado con su dinero, la donación de $ 2.500.000, las agencias y todo lo que hacía a su situación patrimonial.

Resaltó que la cuestión esa cuestión fue desdoblada en dos partes. Señaló que la primera fue la relacionada con las agencias de autos, acerca de la cual la defensa consideró que Ribelli nunca fue interrogado sobre ese tema en oportunidad de prestar declaración indagatoria, nunca se envió un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para averiguar sobre la titularidad de esos comercios y nunca se acompañó una disposición reglamentaria o una ley provincial que dispusiera que una actividad comercial de un policía bonaerense fuese una infracción, delito o motivo de apartamiento de la fuerza; agregó que lo único que se dijo fue que respecto a esas agencias había como un panorama tenebroso y que eran un antro utilizado para diferentes fines.

Con respecto a la segunda cuestión, entendió que su defendido era beneficiario de una quinta parte de la donación realizada en vida por su padre Gregorio.

Señaló que tanto las querellas como los fiscales, nunca interrogaron a Gregorio Ribelli sobre este tema. Agregó que el nombrado ahorró dinero durante años y las explicaciones que debían dar al respecto sólo las darían en la jurisdicción y oportunidad que correspondiese.

Sostuvo que si bien el hermano de su defendido, Juan Carlos, presentó un escrito –fs. 7364 causa “Brigadas”- poniéndose a disposición del juez instructor para explicar lo relacionado con la donación, simplemente fue agregado a la causa sin más trámite. Concluyó que si Ribelli hubiera demostrado la forma en que su padre había ahorrado una cantidad de dinero semejante, el fiscal Nisman no tendría oportunidad de considerar a esa suma como el pago por el atentado, ya que a la parte acusadora solo le servía el silencio de su asistido acerca de esa cuestión.

Al respecto hizo mérito de los testimonios del contador de la A.F.I.P. Eduardo Blanco Álvarez quien señaló que Gregorio Ribelli no tenía conducta bancaria ni financiera y que ese dinero era “plata negra”, y Leticia María Labado, quien destacó que en el año 1993, en ocasión de viajar junto a su defendido, lo escuchó hablar con su hermana sobre inversiones de dinero.

Señaló que había una imputación a su defendido que merecía ser contestada por las apreciaciones realizadas por la apoderada de la D.A.I.A., Dra. Nercellas, vinculada al episodio del hotel “Conte”.

Dijo que Ribelli concurría a ese hotel sólo a pernoctar y era cliente desde hacía dos años antes de la fecha del atentado y hasta un año después aproximadamente, registrándose con nombre y apellido, documento de identidad, acompañado por Leticia Labado y abonando la estadía con su tarjeta American Express, por lo que quedaría descartada la sospecha de que Ribelli se alojó coincidentemente con los agentes del grupo israelí de rescate para espiarlos.

Señaló que la Dra. Nercellas alegó que Labado –amante de Ribelli- se comunicó telefónicamente con la empresa “Anselmo International” en reiteradas oportunidades, firma que tenía vínculos con Kanoore Edul; incluso mientras Ribelli estuvo hospedado en el hotel “Presidente”, se hizo un llamado desde su habitación a la compañía referida.

Sostuvo el letrado que si bien el D.U.I.A. efectuó un informe sobre el tema, no averiguó quien era el titular de los abonados en cuestión al año 1994, lo que se vio corroborado con los informes de Telefónica de Argentina del año 1997, que efectivamente confirmaron que el titular de esos teléfonos era “Anselmo International”; el problema era que para ese año Ribelli estaba detenido en la Unidad nº 1 de Caseros. Concluyó que el D.U.I.A. no se preocupó por certificar los dichos de Labado, ya que era un elemento de sospecha que servía para utilizar en contra de su defendido.

Todo ello el letrado defensor lo dedujo luego de analizar distintas probanzas: los informes del D.U.I.A. y de la empresa telefónica referidos, los dichos de Leticia Labado, la tarjeta de “Apartur S.A.” que acompañó y la certificación de fs. 58.891.

Recalcó que dicha investigación del D.U.I.A. no solo no fue hecha con seriedad, sino que fue direccionada a efectos de sostener datos falsos que se valoraron para vincular a Labado con Kanoore Edul y a éste con Ribelli, por lo que solicitó que se extrajeran testimonios de las piezas procesales pertinentes para remitir esa información al nuevo juez que entiende en la instrucción de la causa A.M.I.A., para que no siga incurriendo en errores respecto de este desvío, como así también se extraigan testimonios de lo que corresponda para remitir a la Cámara del fuero a fin de que se desinsacule el juzgado para investigar este desvío y a los responsables de no haber investigado y de haber introducido datos falsos en las actuaciones.

Luego hizo alusión a la declaración del testigo Claudio Álvarez Matus, alias “el Feo”, ex empleado de las agencias “Paola” y “Autoprix”, quien manifestó haber visto en una de las agencias cuando Ribelli, junto con Albarracín y “el Pulpo” César Eduardo Córdoba, seguía con su Monza bordó a una Trafic que habían retirado de ese comercio, testimonio que fuera utilizado por el juez instructor y los fiscales como elemento cargoso en contra de su defendido.

En base a los dichos de Álvarez Matus, el testimonio de Federico Caneva y Reinaldo Álvarez, las fotografías del Monza dominio ACX-101, el legajo B acumulado como prueba, la fs. 1144 del legajo de instrucción suplementaria, la factura de compra del rodado en cuestión que data del 5 de enero de 1995 y la constancia de fs. 56.742, la defensa concluyó que Ribelli nunca pudo haber seguido con su Monza bordó a esa Trafic en una fecha cercana al atentado y que Álvarez Matus incurrió en una equivocación cuando declaró, producto de su mala memoria y su condición personal.

Seguidamente, trató la cuestión relacionada con la actividad del comisario Jorge Alberto Palacios en el desarrollo de esta causa y los comentarios insidiosos que pudo introducir en todo aquello que no se fundaba en pruebas claras y definitivas, basadas en registros y documentación.

Señaló que las partes hicieron mérito sobre las escuchas telefónicas vinculadas a su defendido, que si bien fueron utilizadas plenamente como elementos cargosos, las invocaron para demostrar que los policías, antes de ser detenidos, se dedicaban a cometer todo tipo de delitos.

Al respecto, resaltó que era dudoso que dichas escuchas gozaran de legitimidad, ya que fueron producidas por la S.I.D.E., es decir el mismo organismo que, dirigido por Hugo Anzorreguy, se encargó del pago de los USD 400.000 para que Ribelli fuera detenido.

Consideró que la cuestión relacionada con las escuchas telefónicas se desdoblaba en dos partes; una de ellas referida a las actas que eran las transcripciones de las escuchas y la otra a las cintas magnetofónicas, legisladas en los arts. 138 y 231 del Código Procesal Penal, respectivamente, siendo el último referido a las formalidades del secuestro de las cintas.

El letrado defensor señaló que la escucha era un método excepcional e invasivo de la vida privada y sostuvo que las realizadas respecto de su defendido, familiares y allegados fueron hechas sin límite alguno, haciendo alusión al respecto a la intervención de los abonados 252-2892 y 264-2313, pertenecientes a la esposa de Ribelli, y al teléfono de la testigo Sandra Cardeal.

Remarcó que no había ninguna motivación para intervenir las líneas telefónicas de Ribelli, sencillamente porque la razón que había era ni más ni menos que la consecuencia del armado de esta causa, o sea que los teléfonos fueron escuchados sin ningún tipo de control o límite.

Destacó que el art. 236 de la ley de forma era una disposición procesal prácticamente en blanco, que le permitía al juez utilizar en forma abusiva y desproporcionada el plazo de intervención, porque no le fijaba concretamente ningún límite.

En lo que respecta a las transcripciones de las escuchas, consideró que si bien no constituían un dictamen pericial, debían tener todas las formalidades propias de las actas, circunstancia que no ocurrió en estas actuaciones, en que se cuenta con papeles confeccionados con total desprolijidad por miembros de la S.I.D.E., sin individualización de sus autores, ni control judicial alguno. En tal sentido, hizo referencia a los dichos de Carlos María Pablo Lavie, quien narró que de una transcripción no surgía ningún dato que permitiera identificar a la persona que la hubiera confeccionado, ya que no tenían ninguna tecnología para dicha individualización.

Cuestionó la actuación y parcialidad de Lavie, director de Observaciones Judiciales de la S.I.D.E., que debía velar por la seguridad de las casetes de escuchas telefónicas, señalando algunas de las irregularidades en las que intervino el nombrado.

Solicitó que se extrajeran testimonios de las piezas pertinentes para investigar los delitos de falta a los deberes de funcionario público y encubrimiento por parte de Juan Carlos Anchézar, el nombrado Lavie y de todo otro funcionario responsable, relacionado con las escuchas telefónicas efectuadas sobre las Embajadas de Irán y Cuba y varios abonados que surgían de fs. 114, debiéndose investigar la desaparición de la totalidad de casetes de grabación correspondientes al período que se extendió por un año, hasta julio de 1995.

Consideró que hubo una gran manipulación por parte de la S.I.D.E. con respecto a algunas conversaciones de su defendido, porque más allá de que tanto Ribelli como Ibarra no reconocieron sus voces, tampoco reconocieron algunas de las conversaciones.

Hizo mérito de una de las conversaciones telefónicas que la Dra. Nercellas analizó en su alegato, referida a cómo Ribelli dictaba las conclusiones de un peritaje en la causa de la masacre de Monte Chingolo.

Al respecto, narró que Ribelli aún se encuentra procesado en el departamento judicial de Lomas de Zamora, pero, a su criterio, tendrá un resultado favorable, ya que con el transcurso del tiempo quedó demostrado que el peritaje referido respondía a la realidad de los hechos. Sostuvo que de esa causa surgía un enfrentamiento policial en el que intervinieron los oficiales Paz, Ahumada y Aguilera, muriendo dos personas y, si bien esos funcionarios fueran sobreseídos provisoriamente, cuando estaba por prescribir la acción aparecieron testigos sólo para mantener abierta esa causa. Agregó que luego de la detención de su defendido se usó esa escucha para darle impulso a la causa de Lomas de Zamora y también fue utilizada en estas actuaciones para que se procediera a la detención del prófugo Ahumada, por tener relación con Ribelli y su posible vinculación al atentado. Continuó el letrado relatando que los policías fueron condenados en primera instancia y luego absueltos por la Cámara del fuero de Lomas de Zamora, justamente con fundamento en las pericias multidisciplinarias oportunamente ordenadas en esa causa. El Dr. Ubeira concluyó que Ribelli sólo trataba de que sus subordinados pudieran demostrar su inocencia.

Sostuvo que las escuchas telefónicas fueron obtenidas por un organismo, que no solamente fue parcial desde el punto de vista administrativo, sino que conspiró concretamente en la detención de Ribelli; el defensor consideró que las escuchas no eran más que indicios que debían estar respaldados directamente por pruebas, y que las pruebas existentes en la causa, por lo menos, de cómo se gestaron las escuchas, decían exactamente lo contrario. Agregó que de las escuchas que se valoraron durante los alegatos, no hubo una sola que reflejara una conversación entre Ribelli y Telleldín, con Leal o con Ibarra referidas al tema del atentado.

Seguidamente, hizo hincapié en la imputación del delito de asociación ilícita.

El letrado defensor consideró que no podía ejercer una defensa respecto de esta imputación porque, tal como fue planteada la figura penal por el fiscal Romero, no sabía de qué defender a su asistido, ya que el representante del Ministerio Público no detalló cuándo comenzó esta asociación, ni si cesó en sus actividades con la detención de su defendido, así como tampoco señaló las funciones de Ribelli dentro de esa organización delictiva, ni hizo referencia a la pluralidad de planes.

Dijo que el art. 210 del Código Penal era un tipo penal abierto, una suerte de ley penal en blanco, utilizada con fines cuasi políticos para denegar excarcelaciones. Agregó que dicha figura penal no podía ser usada para “ajustar cuentas” en forma indiscriminada, mencionando al respecto lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Yoma” y “Menem”.

Comparó lo sucedido en la causa A.M.I.A. con la causa nº 174, caratulada “Martínez de Vivas, Ana María y otros s/asoc. ilícita e inf. ley 23.737”, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de esta ciudad y, más allá de que las personas allí juzgadas no tenían ninguna relación con los imputados en esta causa y el delito era completamente diferente, tenían en común que en ambas intervinieron el juez Galeano, el comisario Palacios y los fiscales Mullen y Barbaccia, demostrándose que dichas actuaciones fueron un armado tan siniestro como la causa A.M.I.A.

Señaló que si bien se habló de asociación ilícita respecto de su defendido y el resto de los imputados, no existía una prueba que condujera concretamente a una figura asociativa; ni siquiera se pudo establecer una relación entre las Brigadas de Lanús y Vicente López, ya que los registros, probanzas y la documentación obrante en este proceso, demostraron exactamente lo contrario.

Consideró que el Dr. Romero, en su alegato respecto de este tema, no cumplió con los mínimos requisitos para sostener la estructura básica del tipo penal.

Finalmente, el Dr. Ubeira dio lectura a su petitorio, solicitando: 1) se absuelva a Juan José Ribelli en orden a los delitos por los que fuera requerida su elevación a juicio en las causas nº 487/00 y 501/01 del registro del tribunal; 2) se declare la nulidad del proceso a partir de mayo de 1995 y de todo lo actuado en su consecuencia, en virtud de constituir dichas diligencias actos preparatorios del delito que se consuma con el pago de la primer cuota de USD 200.000 a Carlos Alberto Telleldín y se perfecciona con el segundo pago el 17 de octubre y posterior ocultamiento; 3) se declare la nulidad de todos los actos llevados adelante por el magistrado instructor a partir del 25 de julio de 1994, luego de la reunión con el ex presidente Menem en la quinta de Olivos, por haber violado las reglas de independencia e imparcialidad que deben imperar en el juez natural; 4) se declare la nulidad de todos los actos procesales vinculados al delito de instigación al falso testimonio agravado en la causa n° 501/01; 5) se extraigan testimonios de las partes pertinentes a fin de investigar los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio, respecto de los firmantes del acta de hallazgo del motor y por producirse con falsedad durante la instrucción, debiendo establecerse asimismo si el Dr. Galeano, los secretarios y los Dres. Mullen y Barbaccia pudieron instigar o determinar a Horacio Ángel Lopardo, Gustavo Hernán Moragues y Pablo Marcelo Garris a pronunciarse con falsedad; 6) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Nahum Frenkel, Alberto Szwarc, Daniel Alberto Seara y Guillermo Pedro Scartascini; 7) se extraigan testimonios de las piezas pertinentes, a fin de investigar los delitos cometidos por el ex subsecretario de la S.I.D.E. Juan Carlos Anchézar y por el director de observaciones judiciales Carlos María Pablo Lavie, relacionados con las escuchas telefónicas efectuadas sobre las Embajadas de Irán y de la República de Cuba y sobre varios abonados que surgen de la foja 114, debiendo extenderse la investigación a la desaparición de la totalidad de casetes de grabación correspondientes al período que se extiende por un año, hasta julio de 1995. Asimismo, deberá investigarse el delito de encubrimiento por parte del Dr. Galeano y de los fiscales, Dres. Mullen y Barbaccia, al omitir, durante la instrucción, una profunda investigación al respecto; 8) se extraigan testimonios de la causa, a fin de que se investiguen los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento por parte del magistrado instructor, con relación a los dos oficios originales, uno fechado el 25 y el otro el 26 de julio de 1994, pidiendo la intervención telefónica de abonados pertenecientes a Kanoore Edul, debiendo extenderse dicha investigación a fin de determinar quién aportó los datos allí consignados, ya que quedó probado que a Kanoore Edul se llegó el día 27 de julio de 1994. Asimismo, deberá investigarse la posible comisión del delito de encubrimiento por parte de los fiscales, Dres. Mullen y Barbaccia; 9) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de investigar la comisión del delito de falso testimonio agravado por parte de Gustavo Alberto Semorile, tanto en la instrucción como en este debate. La misma deberá extenderse respecto del Dr. Galeano, los secretarios y los fiscales Mullen y Barbaccia, para establecer si instigaron o determinaron a Semorile a pronunciarse con falsedad contra Juan José Ribelli; 10) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar la comisión del delito de falso testimonio agravado en perjuicio de Juan José Ribelli por parte de Ana María Boragni, por haberse pronunciado con falsedad tanto en la instrucción como el debate oral; 11) se extraigan testimonios de la causa, a fin de investigar los delitos cometidos en torno a la declaración bajo reserva de identidad de Miriam Raquel Salinas en dependencias de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, con la participación del Dr. Galeano, secretarios y fiscales Mullen y Barbaccia; 12) se extraigan testimonios de las piezas de interés a fin de investigar los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento, sin perjuicio de verse alcanzado por otras figuras contempladas en el Código Penal, respecto de José Carlos Bretschneider, por el acto administrativo que falsamente imputa a Burguete y a Bacigalupo, por no enviar las fichas dactiloscópicas de Teccedin y por omitir investigar a Graciela Gómez y otros funcionarios de la División de Antecedentes de la Policía Bonaerense que no adjuntaron y ocultaron las fichas mencionadas, todo ello en el marco del sumario administrativo n° 266.506/96; 13) se extraigan testimonios de la causa, a fin de investigar los delitos de falta a los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad y coacción, sin perjuicio de verse alcanzado por otros tipos penales, respecto del comisario general Armando Antonio Calabró y los delitos de falta a los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de denuncia respecto del Dr. Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia, por haber mantenido una actitud pasiva frente a los delitos cometidos por Calabró al interrogar ilegalmente a Juan Carlos Nicolau, Carmelo Juan Ionno y al hermano del imputado Ribelli; 14) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar la coacción efectuada por el Dr. Galeano, los secretarios y los fiscales Mullen y Barbaccia sobre el imputado Alejandro Burguete, que lo determinaron a ampliar su indagatoria en perjuicio de Juan José Ribelli, debiendo comprender dicha investigación la participación que le cupo a la abogada Dra. Marta Nélida Parascándolo; 15) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de investigar la coacción efectuada por el magistrado instructor, secretarios y fiscales Mullen y Barbaccia sobre el imputado Bautista Alberto Huici, que lo determinaron a ampliar la indagatoria en perjuicio de Ribelli, debiendo investigarse asimismo la participación que le cupo a la Dra. Marta Nélida Parascándolo, al Dr. Federico Guillermo Domínguez y al Dr. De Lazzari, actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; 16) se extraigan testimonios de la causa a fin de investigar la coacción efectuada sobre el imputado Diego Enrique Barreda, por parte de Luis Ernesto Vicat, con la participación de Aldo Andrés Spicacci Citarella y del comisario Miguel Ángel Márquez, tendientes a lograr una declaración contra Ribelli a cambio de dinero, cambio de identidad y de trabajo en el exterior. Asimismo, deberá investigarse el encubrimiento de dicho accionar por parte del Dr. Juan José Galeano, secretarios y fiscales Mullen y Barbaccia; 17) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar la coacción efectuada sobre el imputado Bautista Alberto Huici, por parte del comisario Luis Ernesto Vicat, con la participación de los abogados Claudio Gabriel Lupiano y Federico Guillermo Domínguez, tendiente a lograr una declaración contra Ribelli a cambio de dinero y beneficios en la causa. Dicha investigación deberá alcanzar al Dr. Galeano, a los secretarios y a los fiscales Mullen y Barbaccia, por haber encubierto tal accionar; 18) se declare improcedente el pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal en el punto 36) de su petitorio, en función de que al declarar en este juicio Juan Carlos Nicolau dijo que no se sintió presionado; 19) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de investigar la comisión del delito de falso testimonio agravado por parte de Catalino José Humerez, debiendo ampliarse la investigación respecto del Dr. Galeano, los secretarios y los fiscales Mullen y Barbaccia, por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento y ocultamiento de prueba, sin perjuicio de ser alcanzados por otras figuras penales, ya que valiéndose del carácter secreto del legajo de identidad reservada, ocultaron las fechas exactas que citaba el testigo Humerez al contar circunstancias de cómo había visto al imputado Juan José Ribelli el 10 y el 18 de julio de 1994, privándose a Ribelli de ejercer el derecho de defensa oportuno; 20) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar la coacción efectuada por la Dra. Marta Nélida Parascándolo con la participación del secretario, Dr. Javier Ignacio De Gamas Soler, sobre la hermana y señora del imputado Claudio Walter Araya, quienes firmaron el acta del 18 de octubre de 1996, imputando falsamente a Juan José Ribelli con el fin de lograr el traslado de Araya al Departamento Cuerpo Policía Montada de la Policía Federal; 21) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de investigar el delito de coacción por parte del Dr. Juan José Galeano y su secretario, el Dr. Javier Ignacio De Gamas Soler, por las presiones ejercidas sobre Juan Carlos Nicolau que lo determinaron a declarar en perjuicio del imputado Ribelli; 22) se extraigan testimonios de la causa, y se remitan al juzgado n° 6 del fuero, para evitar que el Dr. Canicoba Corral siga incurriendo en el desvío de investigación originado por un informe falso del D.U.I.A., obrante a fs. 58.891 y 58.896, que atribuye como titular de un teléfono a la firma “Anselmo Internacional” al año 1994, cuando quedó probado en el debate que era de la firma “Apartur”; como así también se remitan copias a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que desinsacule el juzgado que deberá intervenir en la investigación de dicha falsedad y del desvío cometidos por el comisario Jorge Alberto Palacios y por todo otro funcionario que surja de la investigación; 23) se extraigan testimonios de las partes de interés, a fin de investigar la comisión del delito de falso testimonio agravado en perjuicio de Juan José Ribelli por parte de Rubén Ezra Beraja, por la declaración prestada ante el Dr. Cavallo a fs. 168 de la causa n° 3150 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 y por la prestada en estos estrados, ya que en dichas declaraciones no efectuó ninguna referencia al conocimiento que tenía sobre el pago a Carlos Alberto Telleldín; por el contrario, dicha circunstancia fue negada; 24) se extraigan testimonios de la causa, a fin de investigar el delito de falso testimonio agravado que habría cometido Víctor Stinfale al declarar ante el Dr. Cavallo a fs. 164/166 de la causa n° 3150 del juzgado nº 4 del fuero y por su testimonial prestada ante el Dr. Bonadío en la causa n° 9789/00, por los mismos fundamentos que los esgrimidos en el pedido respecto del Dr. Beraja; 25) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de investigar la comisión del delito de falso testimonio agravado por parte de Carlos Alberto Telleldín, por su declaración testimonial prestada ante el Dr. Cavallo a fs. 174/175 de la causa n° 3150 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4; 26) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar el delito de falso testimonio agravado que habría cometido el Dr. Carlos Alfredo Velasco al prestar declaración en este debate, ya que en ella negó todo conocimiento del pago efectuado a Carlos Alberto Telleldín, lo cual recae en perjuicio de Juan José Ribelli; 27) se extraigan testimonios de la causa, a fin de investigar la comisión del delito de instigación al falso testimonio agravado por parte de los Dres. Juan José Galeano y Javier Ignacio De Gamas Soler, por los dichos vertidos por Carlos Alberto Telleldín y Víctor Stinfale; 28) se extraigan testimonios de las partes de interés a fin de investigar la comisión del delito de malversación de caudales públicos por parte de Carlos Saúl Menem, Hugo Alfredo Anzorreguy, Carlos Corach, Patricio Finnen, Alejandro Brousson y Juan José Galeano por el pago efectuado a Telleldín y del encubrimiento de dicho delito por parte de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; 29) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar el delito de falso testimonio que habrían cometido Alejandro Brousson, Patricio Finnen, Luis González y Héctor Salvador Maiolo, por haber negado el pago efectuado al imputado Telleldín en sus declaraciones prestadas en el sumario administrativo llevado adelante por la S.I.D.E.; 30) se extraigan testimonios de la causa, a fin de investigar la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad por parte de los agentes de la S.I.D.E. respecto de la ciudadana iraní Nasrim Mokhtari, tal como surgió del relato de Luis González; 31) se extraigan testimonios de las partes pertinentes, a fin de investigar los delitos de violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público que habría cometido el ex jefe de policía, comisario Adolfo Hugo Vitelli por indicación de los Dres. Federico Guillermo Domínguez y Eduardo Néstor De Lazzari, tendiente a favorecer al imputado Burguete y exonerar, entre otros, a Juan José Ribelli; 32) se extraigan testimonios de las partes de interés, a fin de investigar el delito de encubrimiento e infracción del art. 274 del Código Penal por parte de los fiscales Mullen y Barbaccia por haber omitido denunciar los elementos existentes en las escuchas telefónicas de los abonados de Ana María Boragni, habiéndose probado en el debate que el pago a Telleldín existió; 33) se extraigan testimonios del legajo n° 308 y de la declaración testimonial brindada ante este tribunal por el Dr. Marcelo Eduardo García, a fin de ser remitidos al Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de que se investigue ante el Tribunal de Ética correspondiente la conducta desarrollada por los abogados Marta Elsa Nercellas y Roberto Zaidemberg; 34) se extraigan testimonios de las piezas de interés, a fin de ser remitidos al Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se investigue ante el Tribunal de Ética correspondiente la conducta desarrollada por los abogados Marta Nélida Parascándolo, Federico Guillermo Domínguez y Claudio Gabriel Lupiano, en torno a la forma en que se obtuvieron las declaraciones indagatorias de Burguete y Huici; 35) se solicite el jury de enjuiciamiento para los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, por los motivos expuestos en los distintos pedidos de investigación de ilícitos sobre los nombrados, efectuados en los puntos precedentes; 36) se remita copia certificada de este alegato al Consejo de la Magistratura, a fin de ser agregado a los antecedentes allí obrantes relativos a la postulación como juez federal del Dr. Barbaccia, sin perjuicio de solicitar que se remita luego copia de la sentencia que dicte el Tribunal; 37) se extraigan testimonios a fin de presentar ante el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político respecto del Dr. Norberto Oyarbide; 38) se remita copia certificada del alegato de esa defensa al Consejo de la Magistratura para ser agregado al expediente de pedido de juicio político respecto del Dr. Juan José Galeano que allí se encuentra en trámite; sin perjuicio de solicitar que oportunamente se remita copia de la sentencia; 39) se impongan las costas del proceso a la querella unificada D.A.I.A., A.M.I.A. y “Grupo de Familiares”, en caso de resultar vencida, en virtud del conocimiento y participación que tuvo en las maniobras ilícitas desplegadas por el juez instructor; y 40) hacer reserva de recurrir en casación, del caso federal y de acudir ante los organismos internacionales en caso que la sentencia sea adversa a lo solicitado por esa defensa.

Las consideraciones efectuadas por la defensa respecto de la causa nº 496/00, serán tratadas en el título II de la presente.
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