Las grandes reformas al derecho de familia en el proyecto de codigo civil y comercial 2012






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b) El establecimiento de un régimen primario bajo el título disposiciones comunes a todos los regímenes.

Se establece un régimen primario, demostrativo de la solidaridad familiar con obligaciones comunes a todos los regímenes, de orden público, inderogable e inmodificable por voluntad de las partes.

Como contrapartida de la posibilidad de pactar el régimen patrimonial que regulará las relaciones patrimoniales de los cónyuges y convivientes durante la duración de su vida en común la ley establece obligaciones básicas que son uniformes para las uniones convivenciales y para los matrimonios cualquiera que fuese el régimen que ellos pacten.

El régimen primario establece normas básicas sobre la contribución a los gastos domésticos y la protección de la vivienda y de los muebles que la componen.

Se parte de la necesidad de que ambos cónyuges sean responsables en forma solidaria de las obligaciones referentes al sostenimiento del hogar común y de los alimentos de los hijos menores o incapaces, comunes o no comunes que convivan con ellos. En este sentido se establece que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recur­sos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, o con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.

Con relación a la vivienda la protección se extiende a la vivienda propia, y a la alquilada y a los bienes que la componen sobre deudas que no fueran contraídas por ambos cónyuges y se extiende a los actos de los propios cónyuges y a los actos de los terceros.

Por otra parte, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensa­bles de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asenti­miento puede demandar la anulación del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraí­das después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. El que no ha dado su asenti­miento puede demandar la anulación del acto dentro del plazo de caducidad de un (1) año de haberlo conocido, pero no más allá de un (1) año de la extinción del régimen matrimo­nial.

La vivienda común no puede ser ejecutada por deudas contraí­das después del matrimonio, salvo que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

Se adopta una regla del Código francés-con similares en el belga, el holandés v el de Quebec-, aplicable a todos los regímenes matri­moniales, con el fin de asegurar los derechos sobre la vivienda común, aunque esté instalada en un bien propio o personal de uno de los cónyuges. La fórmula "disponer de los derechos sobre la vi­vienda común" tiende a englobar todos los derechos reales y perso­nales, de modo que quedan comprendidas la venta, permuta, dona­ción, constitución de derechos reales de garantía o que impliquen desmembramiento del dominio, como también la locación, y la dis­posición de la locación de la que el cónyuge es titular. En cuanto a la sanción, se deja en claro que se trata de un acto anulable, no nulo de pleno derecho, por lo que en la acción de anulación es facultad judicial la de apreciar si el acto afectaba o no afectaba el interés familiar. El plazo de caducidad de la acción se toma del modelo francés.

Se agrega un segundo párrafo que limita la posibilidad de eje­cución de la vivienda común por los acreedores de uno solo de los cónyuges, a fin de evitar que mediante la contratación de deudas -reales o simuladas- el propietario de la vivienda comprometa a ésta sin intervención del otro cónyuge. Se tiende, así, a completar la protección del actual art. 1277 del Cód. Civil y del primer párra­fo del artículo proyectado.

c) La inoponibilidad de los actos realizados en fraude de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Es necesario recordar que el régimen de comunidad que el anteproyecto establece en forma subsidiaria establece que los bienes adquiridos por cualquier forma no gratuita son gananciales y están destinados a ser partidos por partes iguales al momento de la disolución del matrimonio.
El sistema de la ganancialidad nace del reconocimiento que el crecimiento patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio es fruto del esfuerzo común y recíproco y de la cooperación y de la solidaridad mutua. En definitiva es el producto del "hacer compartido" que suma el empeño recíproco de cada uno de los esposos.
Si los cónyuges quieren a partir de que se apruebe el proyecto podrían cambiar su régimen de bienes, lo que no pueden es distorsionarlo a través de una maquinación fraudulenta. Si ello acontece se prevé como sanción la inoponibilidad del acto.
Hubiera sido preferible que se estableciera una sanción al fraude como en el código civil Uruguayo o en el Código de Quebec consistente en la pérdida del derecho a la ganancialidad.

En el art. 471 del Código Civil de Quebec se establece que  un esposo es privado de su parte de los gananciales de su cónyuge si ha sustraído u ocultado gananciales, si ha dilapidado sus gananciales o si los ha administrado de mala fe.
Lamentablemente el proyecto optó por establecer solamente la inoponibilidad del acto.
d) Detallada regulación de los bienes propios y gananciales tratando de dar respuesta legal a todas las cuestiones que durante años preocuparon a la jurisprudencia.

En el artículo 464 del proyecto se hace una prolija enumeración de los bienes propios:

Se ha tratado de sistematizar la enunciación, agru­pando los diversos supuestos de la siguiente manera:

En el inc. a, los bienes aportados al matrimonio.

En el inc. b, los adquiridos a título gratuito.

En los incs. c a f, los adquiridos por subrogación real con otros bienes propios.

En los incs, g a j, los adquiridos por título o causa ante­rior al matrimonio.

En el inc. j, los adquiridos por accesión, y en los incs. k y l los adquiridos por un supuesto especial de accesión, que mejor podría calificarse de anexión a otros bienes propios.

En los incs. m a o, los bienes propios por su naturaleza.

En el inc. K. la situación especial de la propiedad intelec­tual e industrial.
Las fuentes son los arts. 1243 y 1263; Cód. Francés, art­1405, párr. l°: Cód. Belga, art. 1399; Cód. de Quebec, art. 482, inc. 1°; Cód. Italiano, art. 179, a. Artículo 457 del Proyecto de 1998 y 515 del Proyecto de 1993.
e) Se presume el carácter ganancial de los bienes.

Se presume, excepto prueba en contrario, que son ganan­cia­les todos los bienes existen­tes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adqui­ridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumen­to del cual resulta el título de adquisi­ción. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.

Si bien, en principio, el carácter propio o ganancial es indiferente para los terceros por el sistema de separación de deudas que se admite, puede llegar a tener importan­cia si, después de disuelta la comunidad, se intentara disminuir la garantía de los acreedores atribuyendo el carácter de propios a los bienes gananciales a fin de excluirlos de la partición.

El segundo párrafo sustituye el régimen de los arts. 1246 y 1247 del Cód. Civil, adaptándola a las necesidades actuales mediante la fijación del modo de demostrar a terceros, durante la comunidad, el carácter propio de los bienes adquiridos por inversión o rein­versión.
f) Deudas de los cónyuges.

Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los ganan­ciales por él adquiri­dos.

Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
Se mantiene el principio de responsabilidad separada del art. 5" de la ley 11.357. A la responsabilidad del cónyuge que no contra­jo la obligación, establecida en las disposiciones aplicables a todos los regímenes, se añade la responsabilidad por los gastos de conservación y reparación de los bienes ganancia­les, pero en este caso se considera prudente limitar la responsabili­dad a los bienes también gananciales.
g) Administración de los bienes gananciales.

Se corrige el actual primer párrafo del art. 1277 adoptando una redacción similar a la del Código francés, mucho más precisa- Las principales modificaciones son las siguientes: 1) el asentimiento se requiere para enajenar o gravar, terminología jurídica clara que comprende toda enajenación (venta, donación, permuta, dación en pago, aporte en sociedad, etc.), y toda constitución de gravámenes (derechos reales de garantía o que implican desmembramiento del dominio, dación a embargo, etc.); 2) se incluyen los actos relativos a establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, lle­nando un vacío de la actual legislación; 3) se suprime la alusión ex­presa a los aportes a sociedades, por tratarse de actos de enajena­ción; 4) se adopta la fórmula más extensa de enajenar o gravar las participaciones sociales –excepto las acciones al portador-, la que comprende la transformación y fusión de sociedades de personas, y 5) se incluye la referencia a las promesas, a fin de dejar aclarada la situación de los boletos de compraventa.
h) Administración de los bienes adquiridos conjuntamente.

En el artículo 471 se establecen reglas para regir la situación de los bienes adquiridos en común por los dos esposos, la cual no se encuentra prevista en los textos actuales. Se propone la aplicación de las reglas del condominio, pero con importantes limitaciones que hacen a la especificidad de las relaciones entre cónyuges: supresión de la decisión por mayoría en la administración, posibilidad de autorización judicial en caso de disenso sobre la administración o la disposición, y limitación de la facultad de requerir la división de los condominios.
i) Extinción de la comunidad.

Se convierte a la declaración de ausencia con presunción de falle­cimiento en causa de disolución de la comunidad de pleno derecho, lo que implica la eliminación de los arts. 1307 a 1311, Cód. Civil, y la última parte del art. 30 de la ley 14.394, por las dudas interpretativas que la subsistencia de esas disposiciones plantea, y por considerar actualmente injustificados los recaudos legales limitativos de los efectos de la muerte presunta.
j) Momento de la extinción.

Se propone ampliar la regla del efecto retroactivo de la sentencia del actual art. 1306 a la anulación del matrimonio y a todos los casos de separación judicial de bienes, a fin de eliminar las dudas interpretativas que se suscitan en la materia, agregándose la posibilidad de efecto retroactivo a la separación de hecho, norma tomada del Código de Quebec, pero entonces se faculta al juez para que establezca si ello es equitativo o no lo es, a fin de evitar que tenga efectos jurídicos un pedido que sea abusivo. En cuanto a los párrs. 2º y 3º del art. 1306, introducidos por la ley 17.711, se propone su supresión en virtud de las numerosas críticas formuladas por la doctrina: al segundo, por apartarse del criterio jurisprudencial anterior que hacía pesar los alimentos sobre las rentas y no sobre el capital, y al tercero por consagrar la extraña e inequitativa situación de una comunidad en la cual uno de los copartícipes se queda con todo lo ganado por él y también con la mitad de lo ganado por el otro.
k) Indivisión postcomunitaria.

Se regla la indivisión postcomunitaria estableciendo que si esta se produce por muerte se aplican las reglas de la indivisión hereditaria y si se extingue en vida de ambos cónyuges, se aplican las reglas que estos acuerden y si no lo hicieren, las de la comunidad.

Se establece que durante la indivisión, cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos, para darle oportunidad a su ex cónyuge que se oponga al mismo, cuando el acto vulnere sus derechos.

Se propone que los frutos y rentas de los bienes indivisos aumenten la indivisión y que el que los administra debe rendir cuentas y pagar un canon compensatorio cuando el otro lo solicita.
l) Atribución preferencial.

Se propone incluir la atribución preferencial en virtud de la cual se tiende al mantenimiento de la unidad económica de uno de los esposos cuando esté relacionado con su actividad profesional, comercial o industrial o constituya su vivienda aunque exceda de su parte en la comunidad con cargo de pagar la diferencia en dinero, pudiéndole concedérsele plazos para el pago.


  1. La adopción

El proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación propone múltiples cambios en materia de adopción que en esta introducción no vamos a explicar simplemente, los vamos a enumerar:

a) Incorporación de una parte general en materia de adopción con principios generales.

  1. Definición limitada de uno de los cuatro tipos de adopción que acepta el Código. La adopción de menores.32

  2. Regulación de cuatro tipos diferentes de adopción: de menores, de mayores, de integración y en el extranjero.

  3. Fortalecimiento del derecho a conocer sus orígenes.

  4. Establecimiento de cuatro procesos para llegar a la adopción. Uno administrativo y tres judiciales.

  5. Administrativización de los procesos judiciales para lograr la adopción. Intervención en calidad de parte del órgano administrativo.

  6. Regulación de la declaración de adoptabilidad.

  7. El abandono deja de ser una causal de entrega en guarda con fines de adopción.

  8. Los convivientes pueden adoptar conjuntamente.

  9. Se permite la adopción conjunta por divorciados.

  10. Se disminuye la edad para adoptar de treinta, a veinticinco años.

  11. Se suprime la condición de duración de tres años en el matrimonio.

  12. Se suprime la esterilidad matrimonial para legitimar la adopción, sin la edad legal.

  13. Se disminuye la diferencia de edad entre adoptante y adoptado de 18 a 16 años.

  14. El mayor de 10 años debe dar su consentimiento para ser adoptado.

  15. Se regula la adopción de integración.

  16. Regulación de las relaciones con la familia biológica.

  17. Disminución del plazo de guarda con fines de adopción de un año a seis meses.

  18. Aceptación relativa de las guarda de hecho.

  19. Intervención judicial de oficio en juicio de adopción.

  20. La adopción plena se relativiza y se mantienen los lazos con la familia de origen.

  21. En la adopción plena se permite la investigación de la filiación biológica a los fines de los impedimentos matrimoniales y de los derechos sucesorios.

  22. Se regula la adopción internacional.


En materia de adopción el proyecto continúa con la tradición argentina en la materia de: por un lado disminuir tanto los requisitos objetivos que se requieren a los adoptantes, como el plazo de guarda con fines de adopción, al tiempo que aumenta los números de procesos judiciales para lograr la adopción y agrega procesos administrativos.
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