Terrorismo ~ derecho ~ delito politico ~ derechos humanos ~ delitos de lesa humanidad ~ tipicidad ~ delito ~ derecho internacional publico ~ extradicion ~






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títuloTerrorismo ~ derecho ~ delito politico ~ derechos humanos ~ delitos de lesa humanidad ~ tipicidad ~ delito ~ derecho internacional publico ~ extradicion ~
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Voces: TERRORISMO ~ DERECHO ~ DELITO POLITICO ~ DERECHOS HUMANOS ~ DELITOS DE LESA HUMANIDAD ~ TIPICIDAD ~ DELITO ~ DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO ~ EXTRADICION ~ ESPAÑA ~ TRATADO DE EXTRADICION ~ TRATADO INTERNACIONAL ~ TRATADO DE COOPERACION INTERNACIONAL ~ DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Título: El terrorismo y el desarrollo progresivo de un delito internacional (Los interrogantes de "Laríz Iriondo")

Autor: Gelli, María Angélica

Publicado en: Sup.Const 2005(setiembre), 1

SUMARIO: I. La lucha política y el derecho. Acerca de revolucionarios, rebeldes y terroristas. - II. Los delitos de terrorismo en los instrumentos jurídicos internacionales. - III. Terrorismo, delitos políticos y derechos humanos. - IV. El caso "Laríz Iriondo" y los interrogantes suscitados. - V. ¿La condena de todos los terrorismos constituye una cuestión jurídicamente problemática?

I. La lucha política y el derecho. Acerca de revolucionarios, rebeldes y terroristas

Expresado de modo muy simple y siguiendo a los clásicos, la política puede definirse como la ciencia y el arte de gobernar el Estado (1). En lo que aquí interesa, el arte o praxis política anuda una serie de relaciones entre los destinatarios del poder y quienes lo ejercen y despliega dos tipos de actividades: la agonal, destinada a obtener o conservar el poder, y la arquitectónica, dirigida a realizar fines ligados al bienestar general -tal uno de los objetivos que establece la Constitución Nacional en el Preámbulo- a diseñar y desarrollar, en suma, políticas en interés de los gobernados (2).

Ambas actividades, inexorablemente ligadas entre sí (3) y referidas a la resolución de los problemas de la convivencia humana, generan conflictos entre las personas y entre los grupos que se resuelven de modo típico por el derecho o por la fuerza, empleada ésta última en acciones violentas individuales con el fin de obtener o defender diferentes bienes, o por movimientos revolucionarios, asonadas o guerras para lograr objetivos políticos o militares de defensa o de ocupación de territorios ajenos. Por cierto, el derecho como un modo pacífico de resolución de conflictos de interés mediante reglas preestablecidas -aunque éstas sean justas y aceptadas por el grupo social a quien se dirigen- también usa la fuerza, mas no sólo la fuerza, para conseguir obediencia al mandato de que se trate (4). En este sentido se espera que la autoridad estatal monopolice la fuerza y la emplee sujeta también a reglas preestablecidas.

El poder, en tanto capacidad de mandar y ser obedecido es, en sí mismo, un hecho social concreto y tangible (5). La racionalización de ese hecho en normas de derecho remite al problema de las formas de legitimación, es decir a las razones por las cuales no sólo se obedece sino que se debe obedecer al mandato jurídico establecido. Las formas de gobierno democráticas justifican la obediencia en el consenso que se supone alcanzan las normas sancionadas mediante el debate libre y el acceso competitivo al gobierno del Estado. Esta forma de legitimación no excluye ni la legitimación lógico formal -las disposiciones se dictan por quienes son los sujetos autorizados por la norma de base o constitución y de acuerdo al procedimiento allí establecido- ni la legitimación fundada en la justicia, conveniencia o eficacia del contenido de lo mandado o prohibido (6).

La lucha política es parte y expresa el conflicto social. En los estados de derecho, el conflicto se compone y encausa -aunque no desaparece nunca del todo- por medio de normas razonables y justas o que se consideran tales. Desde luego, la cuestión no es tan sencilla de resolver como resulta formularla en escritos o discursos porque los intereses en pugna, sobre todos los económicos, condicionan fuertemente los bordes que tomarán las soluciones pactadas. En ocasiones, la violencia ejercida por afuera del sistema es usada por grupos sociales que le disputan al poder establecido la legitimidad y la toma de decisiones globales. Cuando el conflicto no logra conducirse dentro de reglas en el Estado o entre Estados, emergen las guerras civiles, las revoluciones, las guerras internacionales que imponen objetivos mediante el uso dominante de la fuerza.

Así, la violencia puede emplearse dentro de los márgenes de las reglas jurídicas o enfrentándolas. En esa expresión, además, caben diversos sentidos: la violencia opresiva bloquea la naturaleza libre de la persona humana impidiéndole a ésta el pleno desarrollo, emana, en consecuencia, del mismo sistema social, por ejemplo, de una estructura esclavista o de segregación social. Por su parte, la violencia coercitiva actúa como medio para obtener conductas u omisiones consideradas en sí mismas naturales, buenas o justas y se opone a la persuasión como instrumento para asegurar esos mismos fines; es, en otros términos, la que integra la norma jurídica. Por fin, la violencia subversiva se practica contra quienes ejercen el poder legal establecido y cuestiona el ordenamiento jurídico que lo sostiene desde otra legitimidad que se busca imponer por aquellos medios (7). En este último tipo de violencia, también pueden inscribirse las guerras por la independencia de las naciones que se consideran sometidas a metrópolis o imperios, aunque en esos casos no suelen llamárselas subversivas. Puestos en esos términos, los cuestionamientos o la aceptación de la violencia dependen de los objetivos perseguidos con su uso, aunque en sí misma se la considere un mal por la aflicción que siempre desencadena.

No obstante la generalización de la violencia en las relaciones humanas, su presencia a través de los tiempos registrada en libros religiosos y literarios y a que no ha podido erradicársela, se ha intentado a pesar de todo ello, someterla a reglas y límites en dos direcciones. En el orden interno, los Estados -fundamentalmente los democráticos- aunque monopolizan o pretenden monopolizar el uso de la fuerza se autolimitan a fin de

emplearla sujeta a normas y garantías procesales y materiales con el objeto de respetar los derechos de todos. En consecuencia, la represión de los delitos en ese ideario persigue la preservación de determinados valores -la vida, en primer lugar- y debe aplicarse con respeto por la persona del delincuente (8). En el orden externo el desarrollo del derecho convencional humanitario dispone también límites a la violencia, aún durante las guerras. En esa línea pueden citarse, entre muchas otras, la Convención de Ginebra de 1949 -regula el tratamiento a las víctimas de la guerra en el entendimiento de que éstas merecen, por su condición de personas, el aseguramiento de mínimos derechos- y la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de 1968 (Adla, LV.E, 5909), que tiene por objeto perseguir en todo tiempo y espacio los delitos de esa envergadura (9).

Ahora bien, cabe preguntarse si esas limitaciones jurídicas de raíz moral que se imponen al uso de la fuerza que el Estado ejerce sobre los habitantes del país y al empleo que de ella hacen los Estados entre sí cuando emprenden campañas militares, se extienden a los grupos que intentar subvertir el orden legal, le disputan a la autoridad constituida el monopolio de la fuerza y buscan sustituirla. En otros términos, si las organizaciones revolucionarias nacionales o trasnacionales -cualquiera sea el nombre con los cuales ellas se identifiquen- también están sujetas a las responsabilidades emergentes de la violación de derechos humanos por las acciones que emprendan o debieran estarlo, más allá de las simpatías o rechazos que pudieran despertar las ideologías específicas que defiendan o los fines que declaren perseguir. Con qué alcance, en fin, los Estados y la comunidad internacional pueden exigir responsabilidades a aquellos grupos armados, por los efectos de las acciones violentas que éstos practiquen. Si, en suma, el Estado atacado debe considerarlos como delincuentes comunes infractores de la ley interna, como delincuentes políticos, como beligerantes, o como autores de delitos internacionales que merecen persecución en esa instancia y en la jurisdicción nacional.

Antes de examinar siquiera someramente esos interrogantes considero conveniente delimitar algunos términos y de qué modo se relacionan, sobre todo con el terrorismo. Así, un revolucionario es "... un individuo política, ideológica y culturalmente independiente. Tiene sus propios fines, su propia tabla de valores, su propio camino. Y cuando da un paso, lo da arrastrado teleológicamente hacia delante por aquella objetiva constelación de fines que lo trasciende. Un rebelde, en cambio, vive de rebote. La dirección de sus movimientos no está marcada por metas que lo atraen sino por realidades dadas que lo repelen (...). Mientras (el revolucionario) rechaza una realidad dada con el ánimo de superarla, el rebelde la rechaza con el ánimo de que su rechazo conste" (10). Aunque ambos, los revolucionarios y los rebeldes, emplean la violencia contra el orden establecido, los últimos la consideran constitutiva de su accionar y de la imagen que de sí mismos tienen y que quieren que los demás tengan acerca de ellos. Esa singularidad de los rebeldes favorece el empleo de acciones terroristas, ya sea que la necesidad de dejar constancia del obrar sea impulsada por motivos personales y psicológicos de quienes se asocian a esos fines, (11) o por requerimientos estratégicos de la lucha que entablan. En cumplimiento del objetivo de dejar constancia de la identidad del grupo que opera y del alcance de su accionar, la escalada de de la violencia -cada vez más brutal- no se detiene en el ataque a objetivos específicos o determinados vulnerando, sobre todo, a las poblaciones civiles e indefensas.

Pero ¿qué son y en qué consisten los actos de terrorismo? ¿Constituyen tipos penales específicos en el orden interno y en el orden internacional? ¿En el orden internacional convencional, en el consuetudinario o en ambos? ¿O se trata, más bien, de calificaciones extramuros del derecho penal de cualquier jurisdicción?

El tipo penal, ya se sabe, depende del derecho positivo del Estado de que se trate quien, precisamente, lo determina definiendo las acciones, los hechos que cometidos con ciertas características serán pasibles de la aplicación de penas específicas. El principio de legalidad en general y el principio de legalidad penal en particular que así lo exigen -en la República Argentina emanados respectivamente de los arts. 19 y 18 de la Constitución Nacional- constituyen principios insoslayables del liberalismo personalista, del estado de derecho y del derecho penal liberal y operan como garantías de los derechos humanos. Así, la ley interna o las convenciones internacionales pueden disponer qué hechos específicos violatorios de valores jurídicos protegidos en los códigos penales son cometidos con el fin de provocar un estado de terror, de ahí la denominación de terrorismo. Ese estado de terror puede alterar a la población en general, a un grupo de personas o a personas determinadas, generando o pudiendo generar daños gravísimos a aquellos valores. Los problemas creados por este tipo de delitos atañen a los Estados y a la comunidad internacional por la posibilidad de expandir sus efectos más allá de las fronteras de uno o más países.

II. Los delitos de terrorismo en los instrumentos jurídicos internacionales

Tal como lo señaló el Procurador General en el caso "Laríz Iriondo" no existe en el área del derecho internacional convencional una definición de terrorismo (12) aunque resulta notoria la preocupación en ese ámbito por prevenir y disponer la cooperación entre estados a fin de combatirlo eficazmente. De ello dan cuenta las numerosas Convenciones internacionales y regionales celebradas -de alguna de las cuales la República Argentina forma parte- además de las múltiples resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ese sentido (13).

No obstante las dificultades para definir el terrorismo de modo que sea aceptado por la comunidad internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha resuelto que en esa categoría deben

comprenderse "los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas" agregando, además, que esos actos "son injustificables en todas las circunstancias, cualquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos" (14). Pese a este intento, en palabras de una de las concurrencias en la mencionada sentencia "Laríz Iriondo", "el concepto de terrorismo ha sido sumamente difuso y ampliamente discutido, al punto de que ni siquiera se logró un consenso en el Estatuto de Roma, donde no fue posible lograr una definición, pese a la unánime condena. Tampoco en el sistema regional americano la Convención Interamericana contra el terrorismo... logró un consenso sobre su tipificación ni sobre su consideración como crimen de lesa humanidad" (15). La dificultad apuntada es de antigua data pues como se dijo "el terrorismo se había perfilado como delito internacional antes de la Segunda Guerra Mundial, al punto de formularse el proyecto de Convención para la Prevención y Represión del Terrorismo abierta a la firma en Ginebra el 16 de noviembre de 1937 bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones", aunque esa convención nunca entró en vigor (16).

Pese a las imprecisiones en el orden internacional, algunos países han adoptado una definición de terrorismo en el orden interno, por ejemplo España, Francia, Reino Unido y Portugal y, como consecuencia de los atentados que sufrió el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos de Norteamérica sancionó la Patriot ACT en octubre de ese año (17). La norma ha desatado innumerables debates acerca de las restricciones ilegítimas a los derechos personales que la defensa contra el terrorismo puede originar. La cuestión es central para las democracias constitucionales porque el problema no consiste, entonces, solo en definir o en tipificar delitos de terrorismo en el orden interno o en el orden interracial, sino de prevenir la comisión de esos gravísimos actos, de preservar a las personas de las consecuencias de ellos sin afectar las garantías mínimas debidas a la libertad y la dignidad humanas que son esenciales en aquel sistema. La cuestión es muy compleja de resolver porque las acciones terroristas perpetradas en jurisdicciones nacionales o transnacionales implican el desprecio o a lo menos el desconocimiento de aquellas garantías y, en realidad, cuestionan expresa o implícitamente la cultura que sostiene el sistema democrático.

III. Terrorismo, delitos políticos y derechos humanos

Frente al terrorismo, la comunidad internacional ha propiciado mediadas de prevención y cooperación internacionales -entre las que se encuentra la extradición de quienes cometen, entre otros delitos comunes, delitos de aquel calibre- y ha desarrollado una creciente conciencia acerca del modo en que aquellos actos vulneran de modo grave los derechos humanos (18)

La mayoría de los actos de terrorismo -por ejemplo, los cometidos por "quien ilícita e intencionalmente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura: a) con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o, b) con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico- (19) suelen perpetrase con fines políticos o ideológicos de reemplazo o destrucción del sistema atacado o de defensa del que se defiende y sostiene. En ese sentido los actos de terrorismo pueden constituir acciones prerrevolucionarias o actos de guerra contra países o culturas que se consideran enemigas. (20) En otras palabras, dentro de objetivos políticos de diverso alcance el terrorismo opera como un medio atroz, pero no siempre y en todos los casos condenado con la misma fuerza según sean los fines que llevan a desplegarlo.

Sin embargo, a pesar de esa finalidad ligada a la toma del poder o a la aniquilación de quienes se consideran usurpadores del poder o representan una cultura que se combate "... algunos actos usualmente considerados de terrorismo (son entendidos) como ajenos al concepto de delito político, y, por ende, privados de los privilegios humanitarios que en general se reconocen a esa categoría de delitos y, consiguientemente, sujetos a extradición". (21) Precisamente, la extradición entre Estados materializa una de las formas de la cooperación más eficaces para combatir el terrorismo, desde luego en los casos en que no corresponda juzgar al requerido en el país al que se le solicita la extradición y mediando las garantías mínimas de los derechos personales que debe asegurar el país requirente, garantía esta última que suelen establecer los tratados de extradición, entre otras condiciones de procedencia del pedido. Quizás la desclasificación de los delitos de terrorismo como delitos políticos constituya un punto de transformación de la visión del fenómeno, todavía no consolidado de igual manera en todos los Estados.

En consecuencia, se advierte que aunque todos o la mayoría de los delitos de terrorismo se consideren delitos graves no políticos y, por ende, extraditables, no existe un consenso generalizado en las comunidades nacionales y en la comunidad internacional acerca de la inclusión del terrorismo dentro de los delitos de lesa humanidad, éstos, imprescriptibles por definición. Esa es una de las cuestiones más problemáticas de resolver, entre otras causas, porque también está en discusión la misma delimitación precisa de los delito de lesa humanidad, (22) relacionados éstos con lo que se denomina terrorismo de Estado. En esta línea puede anotarse la concurrencia de los ministros Maqued y Zaffaroni en "Larís Iriondo". Dijeron entonces los magistrados -con cita de los precedentes del Tribunal elaborados en "Priebke" (23) y "Arancibia Clavel"- (24) que, en ambos casos "... según el derecho internacional convencional se trataba de crímenes contra la humanidad y también éste establece

expresamente su imprescriptibilidad, pero también -y esto marca la diferencia sustancial- al menos desde los primeros años de de la última posguerra tanto su categoría como su imprescriptibilidad se hallan consagrados por el derecho internacional consuetudinario, que los tratados posteriores no han hecho más que reafirmar y precisar. La punición e imprescriptibilidad de los crímenes cometidos participando de un aparato de poder estatal y con su cobertura, consistentes en la eliminación de opositores bajo un régimen de estado de policía y adoptados como metodología programada, al igual que los crímenes de guerra, consistentes en la toma y eliminación de rehenes, era ius cogens desde mucho antes de su tipificación internacional precisa y cierta en tratados internacionales" (25). Como se advierte, ese recorte de los delitos imprescriptibles deja fuera -por lo menos de momento- a los eventuales delitos de terrorismo cometidos por personas, aún las que constituyeran asociaciones para cometer actos de terrorismo y le disputaran el poder al Estado.

IV. El caso "Laríz Iriondo" y los interrogantes suscitados

Jesús María Laríz Iriondo fue requerido a la República Argentina por las autoridades judiciales del Reino de España, en base a los términos del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal firmado por ambos Estados (26). Le extradición fue denegada en la instancia de grado con invocación de una de las cláusulas del Tratado referido, en tanto éste exige, para que la solicitud sea atendida por el Estado requerido, que el delito atribuido no hubiera prescripto para ninguno de los dos ordenamientos jurídicos.

A fin de establecer si el ilícito se hallaba vigente para el derecho argentino, debía determinarse en primer lugar -como bien lo señala el Procurador General- cuál era la sustancia de la infracción para el ordenamiento jurídico de Argentina (27). El punto, relevante para resolver el caso lo era en un doble sentido: a partir de la tipificación seleccionada dentro de las normas argentinas en la que se subsumirían los hechos imputados a Larís Iriondo, debía resolverse si se había operado o no la prescripción -o habían sucedido actos que la interrumpieran- o si, de la sustancia de la infracción, emanaba algún delito imprescriptible, esto es, de lesa humanidad. En esta hipótesis, dado que en el segundo auto de procesamiento la justicia española había calificado los hechos atribuidos al requerido de "tres delitos de terrorismo", debía igualmente determinarse por la justicia argentina si tales actos de terrorismo encuadraban en la tipología de delitos de lesa humanidad.

a) Los hechos atribuidos a Larís Iriondo y su tipificación para el país requirente y

para el país requerido. Alcance del art. 36 de la Constitución Nacional

Según se narra en la sentencia, España reclamaba a Larís Iriondo en relación a los arreglos que éste habría efectuado con otras dos personas -los tres integrantes de la Organización terrorista E.T.A.- a fin de acabar con la vida de tres funcionarios de policía. El plan minuciosamente planeado por el grupo, se concretó en la colocación de explosivos en un lugar del recorrido que habrían de emprender los mentados funcionarios policiales, y ello con la finalidad de provocarles la muerte. Pero el artefacto explosivo estalló antes de lo previsto por Larís Iriondo y sus compañeros, en consecuencia de lo cual habrían resultado heridas tres personas. A más de ello, el Estado español imputaba al requerido cinco hechos consistentes en colocaciones de bombas en diversas sucursales bancarias en distintas oportunidades; la sustracción de un automóvil bajo amenaza de arma de fuego a su propietario, a quién se habría dejado atado a un árbol; un intento fallido de secuestro y, por fin, el incendio de varios automóviles empleando en la faena cócteles Molotov (28).

El juez de grado subsumió los hechos enumerados sucintamente, en los tipos penales del derecho argentino de atentado contra el orden constitucional; tentativa de homicidio agravado; lesiones graves y estrago. De acuerdo a las fechas en que se habrían cometido esos ilícitos --según lo entendió el juez de la instancia inferior- para el derecho argentino, los delitos habían prescripto y no se acreditaba ningún hecho de interrupción de la prescripción por lo cual rechazó la solicitud de España.

En cambio, el Procurador General -con remisión al art. 118 de la Constitución Nacional- calificó los hechos atribuidos a Laríz Iriondo a la luz del derecho de gentes, como actos de terrorismo. Por ello consideró que el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas -de los que forman parte tanto la República Argentina como el Reino de España- era aplicable para la dilucidación del caso y exigía reinterpretar el Tratado de Extradición que ligaba a los dos países, pues, aquel Convenio, significaba la codificación del derecho internacional no convencional, en suma, la reafirmación por vía convencional del delito de terrorismo, un delito contra el derecho de gentes (29).

En consecuencia, según la interpretación del Procurador General, las exigencias referidas a la no prescripción en el orden interno de los delitos extraditables -establecidas en el Tratado suscripto por la República Argentina y el Reino de España sobre la materia- habían quedado derogadas por los términos del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, ya que este tratado en su art. 9.5 expresamente establece que: "las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos enumerados en el art. 2° se considerarán modificados en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio". En esa dirección el Convenio mencionado no tipifica un nuevo delito de terrorismo "... sino que establece un marco de cooperación según el cual los Estados Partes se someten a sus reglas para hacer efectiva 'la cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir esos atentados terroristas y enjuiciar y castigar a sus autores' (conf. Exordio del Convenio)" (30).

Sin embargo, la mayoría de la Corte Suprema y los votos en concurrencia desestimaron la opinión del Procurador Righi y, en su consecuencia, rechazaron el pedido de extradición formulado por el Reino de España (31).

Así, siete de los ministros de la Corte Suprema sostuvieron que el Procurador había efectuado una "interpretación exclusivamente literal, que atentaba contra el objeto y fin del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas". Según la hermenéutica que propuso el Tribunal, ese Tratado: a) amplía el ámbito material de los hechos pasibles de ser calificados como actos de terrorismo; en su Preámbulo: b) consagra el propósito de "intensificar la cooperación internacional entre Estados a fin de que se adopten las medidas para prevenir hechos de terrorismo y enjuiciar y castigar a sus autores, y c) preserva dentro del ámbito de las regulaciones nacionales la tipificación de aquellos delitos y el establecimiento de las penas correspondientes. Pero, como el Convenio no es un tratado de extradición, sino un complemento de los que hayan firmado los Estados en esa materia, permanece vigente la obligación de cumplir todas las cláusulas de los tratados de extradición, por ejemplo, las referidas a la prescripción, máxime cuando aquel Convenio para la Represión de los Atentados Terroristas, nada indica al respecto (32).

De ese modo, la Corte consideró imprescindible examinar si subsumidos en los tipos penales del ordenamiento jurídico argentino, los hechos por los que se requería a Laríz Iriondo habían prescripto o no, porque la prescripción establecida constituye una garantía de las personas a la defensa en juicio y al debido proceso que no deben soslayarse por la naturaleza del delito (33). A tal fin el Tribunal examinó la alternativa que brinda el art. 36 de la Constitución Nacional, en tanto esta norma dispone la imprescriptibilidad de las acciones contra quienes usurpen el poder legítimo de las autoridades establecidas en la Constitución Nacional o en las constituciones de las provincias. Sin embargo, para la Corte Suprema, resulta dudosa la aplicabilidad al caso Laríz Iriondo del tipo penal que protege el orden constitucional y el sistema democrático en la República Argentina tal como emana del mentado art. 36 de la Ley Suprema y, en obiter dictun, sostuvo que, de todos modos, esa disposición no debía aplicarse retroactivamente (34). Con ello, la Corte Suprema tomó posición, en un obiter, es cierto, acerca del alcance de aquella norma constitucional de respeto por el principio de irretroactividad penal y excluyó, implícitamente, el delito allí tipificado de la categoría de delitos de lesa humanidad.

b) ¿Constituye el terrorismo un delito de lesa humanidad?

Los límites difusos que tienen en el orden internacional los delitos de terrorismo y de lesa humanidad exigen de una tipificación precisa -también en el orden interno- para no barrer con las garantías clásicas y mínimas del derecho penal liberal. Esto dicho para el sistema jurídico. En el ámbito cultural se necesita, me parece, desterrar el doble estándar empleado para juzgar y repudiar con distinto énfasis hechos muy similares e igualmente graves contra los derechos de las personas según las simpatías y rechazos que despierten, a su turno, víctimas y los victimarios. El punto central del acuerdo acerca del terrorismo debiera desplazarse a la condena de la metodología en sí misma, cualquiera sea el fin político, de liberación o defensa que se invoque.

Según la holgada mayoría de la Corte Suprema sobre el punto, el terrorismo no constituye aún un delito de lesa humanidad. En palabras del Tribunal "... en el derecho internacional no existe un desarrollo progresivo suficiente que permita concluir que todos y cada uno de los actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados de "actos de terrorismo" puedan reputarse, tan sólo por esa circunstancia delitos de lesa humanidad" (35).

De ese modo, la regla que emana de la doctrina en el caso "Larís Iriondo" le permitió a la Corte Suprema trazar una línea divisoria, por ahora neta, entre diferentes tipos de terrorismos. Según se dijo en el voto que encabezó la mayoría, los hechos de "Larís Iriondo" no resultan análogos a los que debió considerar en el caso "Arancibia Clavel" (36).

V. ¿La condena de todos los terrorismos constituye una cuestión jurídicamente problemática?

Ante la diferenciación que efectúa el Tribunal cabe interrogarse cuál es el elemento diferenciador relevante para incluir unos u otros actos de terrorismo entre los crímenes de lesa humanidad.

Sabido es que quienes utilizan la metodología pueden ser tanto el Estado como grupos de personas asociadas ilícitamente para cometer actos de terrorismo y que, más allá de sus límites difusos, se coincide acerca de que esa metodología persigue causar daños indiscriminados, o daños a objetivos específicos pero cuyos efectos se extiendan indeterminadamente sobre personas y cosas, haciendo zozobrar la tranquilidad pública, provocando, en fin, un estado de terror en la población indefensa. por cierto, cuando el Estado se convierte él mismo en terrorista, se suma a la gravedad de los hechos la ruptura de la regla ética que sostiene la legitimidad del poder. en otros términos, si el Estado siembra el terror, se destruyen, tambéen, los principios morales que lo justifican.

La Corte Suprema, por su lado, parece dispuesta a considerar que alguno de los actos de terrorismo cometidos por personas asociadas ilícitamente para ello no son delitos políticos pero, tampoco -hasta el momento que decidió "Laríz Iriondo"- de lesa humanidad.

El caso "Laríz Iriondo" despertó el interés y la crítica periodística (37) una columna de opinión severa publicada en la prensa internacional (38) y la réplica del Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación a esa columna de opinión, quién hizo mérito de la postura asumida por el Procurador General en el caso (39).

Precisamente, el Procurador, en un esfuerzo por hacer realidad la cooperación entre Estados a fin de combatir el

terrorismo, opinó que de no compartirse su tesis acerca de la naturaleza de delito contra el derecho de gentes que tendrían aquellos hechos, la extradición debía otorgarse pues, de todos modos, la acción contra Laríz Iriondo, no había prescripto.

Como se advierte, la cuestión jurídica luce problemática en la República Argentina y en algún punto contradictoria con las soluciones concretas que se han articulado. Según lo entiendo, el enderezamiento de aquélla requiere, en primer término, sincerar los parámetros de política institucional que deben resolverla.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)

(1) Utilizo el término "Estado" con el significado de sociedad global en la que interactúan personas y sociedades intermedias, unidas, ligadas, por objetivos comunes, más o menos intensos. El sentido de pertenencia, de identidad nacional -aún en la pluralidad social- suele constituirse en el elemento de unidad que da sustrato a la constitución jurídica del Estado. Por cierto, como la experiencia social lo demuestra, los lazos de unión pueden ser de muy diversa índole.

(2) Según registra la historia, aún los Estados menos respetuosos de las libertades personales deben reconocer o a los menos asegurar el disfrute de algunos mínimos derechos para evitar el alzamiento contra las estructuras de dominación de que se trate.

(3) La búsqueda frenética y excluyente del poder, con descuido de las realizaciones arquitectónicas que contemplen algún grado de satisfacción de los sometidos a ese poder, pone en peligro la conservación de éste.

(4) El derecho en tanto ordenamiento de reglas de conducta humana establecidas por la autoridad, funciona como un instrumento de la política -los sociólogos dirían, para el control social- mediante la coacción. Pero no existe experiencia humana en la que sólo haya actuado la represión o la fuerza legal para obtener obediencia de los destinatarios del poder. La educación -la socialización, para retornar a los términos sociológicos- constituye el otro instrumento de aceptación y cumplimiento de las reglas de convivencia.

(5) Dado que "en toda sociedad se ejerce un mando", Bertand de Jouvenel se ocupa de examinar la esencia del poder y considera un verdadero "misterio" la obediencia civil. Según lo entiende el autor, se obedece no sólo por imperio de la fuerza o por el sentido de cooperación, sino por el crédito que aquel tiene, por las creencias sociales que ayudan a acrecentarlo. Conf. de JOVENEL, Bertrand, "El Poder", en especial, ps. 21 a 29, Editora Nacional. Madrid, España, 1974.

(6) Toda norma implica la preferencia expresa o implícita por un valor o disvalor. Pero, en algunos casos, la opción por una u otra solución del conflicto a resolver no está relacionada, directamente, con la justicia de la decisión escogida. Se trata, en realidad, de la conveniencia o eficacia que tendrá la norma adoptada según los fines perseguidos. Por ejemplo, como cuando se opta por establecer la circulación de vehículos por la mano derecha o por la mano izquierda no está comprometida, estrictamente, la equidad pero elegida una vía, la desobediencia a la pauta puede afectar valores morales, tal sucedería si la desobediencia al criterio establecido en la disposición, genera un accidente que lesiona o suprime la vida a una persona.

(7) Conf. EGGERS LAN, Conrado, "Violencia y estructuras", ps. 22 y sigtes., Ediciones Búsqueda, Avellaneda, Argentina, 1970. El autor examina el problema de la violencia en el contexto de los que se denominaron movimientos de liberación. En esta línea de pensamiento, la violencia opresiva está asociada a sistemas sociales de sumisión y avasallamiento de los derechos personales. Como puede advertirse, lo que se cuestiona, entonces, es la estructura de poder, de dominación que abriría la legitimación a la violencia subversiva, que intenta subvertir el orden establecido al servicio de aquella dominación injusta. Sin embargo, conviene detenerse en lo que expresa Eggers Land: "Por lo demás, habría que estar seguro de que la subversión no contiene en sí misma incongruencias análogas o mayores que alejen más de las metas que se supone la sociedad quiere alcanzar".

(8) El rechazo de toda represión tiene visos de ingenuidad -por decir lo menos- en la República Argentina. Ello así, pues el Código Penal establece una serie de prohibiciones o mandatos bajo pena de sanción. Por otro lado, el abolicionismo y su sustitución por otras formas de protección contra los delitos no ha podido concretarse exitosamente. En su defecto, el Estado liberal y los principios de protección de los derechos humanos, exigen que la imposición de penas se aplique sólo mediando un juicio justo -llevado a cabo por un tribunal independiente e imparcial- y, además, que las sanciones sean proporcionales al daño causado por el delito y respeten la vida y la dignidad de la persona del delincuente.

(9) La Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, por cierto, implica una desautorización de las teorías abolicionistas. Tal como la obligación de los Estados de

investigar, castigar y reparar la violación de los Derechos Humanos, según lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según se mire, el castigo del autor del delito como un modo de reparación a la víctima, regresa a las primeras formas que tomó el derecho penal.

(10) Conf. GIUSSANI, Pablo, "Montoneros. La soberbia armada", ps. 36 y 40, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1984. La bastardilla es del original.

(11) Giussani, al examinar la actuación de la organización Montoneros en la República Argentina, vincula las acciones del grupo con las particularidades psicológicas de sus dirigentes quienes, al decir del autor, identificaban entre sus enemigos a "los moderados, los liberales, los progresistas, responsables de empañar y restar visibilidad al sistema". De ahí la necesidad cada vez más acuciante manifestada por los montoneros de "ser y, sobre todo, parecer terrible". Conf. Giussani, Pablo, "Montoneros. La soberbia armada", En especial, ps. 28 y 39, Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1984. La bastardilla es del original.

(12) "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005 (DJ, 2005-2-256; Sup. Penal, mayo/2005, p. 56).

(13) Ver, sobre el punto, consid. 17 a 20 de la disidencia del juez Boggiano en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(14) Resolución 51/210 A/RES/51/210 del 6 de enero de 1966. "Medidas para eliminar el terrorismo internacional". Citado en el punto V del dictamen del Procurador General en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(15) Conf. Consid. 28 de la concurrencia de los ministros Maqueda y Zaffaroni en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Enfasis agregado. La Convención Interamericana contra el terrorismo, fue adoptada en Barbados el 3 de junio de 2002. Aprobada por ley 26.023 (B.O. 18/4/2005) (Adla, LXV-C, 2691).

(16) Conf. consid. 27 de la concurrencia del ministro Fayt -en cita de Jiménez de Asúa- en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Enfasis agregado.

(17) Ver, al respecto, consid. 22 de la disidencia del juez Boggiano en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(18) Conf. Informe prelimitar de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Kalliopi K. Kuofa, E/CN.4/Sub. 2/1999/27. 7 de junio de 1999. Citado en el consid. 21 de la disidencia del juez Boggiano en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(19) Conf. Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. Suscripto por la República Argentina el 2 de septiembre de 1998. Aprobado por ley 25.762 (Adla, LXIII-D, 3830), del 16 de julio de 2003 y ratificado el 25 de septiembre de 2003. Citado por el Procurador General (V) y también en el consid. 7° del voto de la mayoría en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(20) La lucha cultural puede asumir estrategias contra la democracia como modo de dirimir el conflicto político, como acciones contra un sistema de resguardo de la pluralidad cultural y la convivencia pacífica.

(21) Conf. consid. 29 de la concurrencia de los ministros Maqueda y Zaffaroni en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Énfasis agregado.

(22) El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg estatuido luego de la Segunda Guerra Mundial, definió los crímenes internacionales cometidos contra la humanidad en tiempos de guerra -asesinatos, exterminio, sometimiento a la esclavitud, deportación y otros casos inhumanos en que se hubiere incurrido contra cualquier población civil antes o durante la contienda armada, o persecuciones por motivos políticos, raciales, o religiosos-. Por su parte, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (Adla, LV-E, 5909), incluye entre estos últimos a los actos inhumanos debidos a la política de apartheid o genocidio. Esa Convención adquirió jerarquía constitucional en la República Argentina, a través de la ley 25.778 (B.O, 2003/09/03) (Adla, LXIII-D, 3843).

(23) Fallos 318:2148 (1995) (LA LEY, 1998-E, 768) (40.813-S).

(24) C.S. 2004/08/24, LA LEY, 2004-F, 296. En "Arancibia Clavel" se discutió la inaplicabilidad de la

prescripción penal a un delito que la Corte Suprema consideró de lesa humanidad. Según los votos, se aplicó la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad -aprobada con posterioridad a los hechos imputados- y el derecho internacional consuetudinario. Examiné la sentencia y sus efectos sobre las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional en GELLI, María Angélica, "El alcance de la irretroactividad penal y las fuentes del ordenamiento jurídico en el caso 'Anacibia Clavel'", LA LEY, 2004-F, 906.

(25) Conf. consid. 27 de la concurrencia de los ministros Maqueda y Zaffaroni en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Énfasis agregado.

(26) Ley 23.708.

(27) Conf. p. IV. del dictamen del Procurador General Righi, en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Enfasis agregado.

(28) Ver, para el detalle de los hechos p. III. del dictamen del Procurador General Righi, y consid. 6° del voto de la mayoría integrada por los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Argibay. Coincidieron con ese considerando los ministros Maqueda y Zaffaroni por un lado, y el ministro Fayt, por el otro, en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(29) Conf. p. V. del dictamen del Procurador General Righi, en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(30) Conf. p. VI. del dictamen del Procurador General Righi, en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. El criterio del Procurador General fue compartido por la disidencia del ministro Boggiano en tanto aquél calificó a los hechos por los cuales se requirió a Laríz Iriondo de actos de terrorismo que integra el género de delitos ius gentium. Con cita se su propio precedente en "Liendo Arriaga", Fallos 319:510; "Cauchi", disidencia de los ministros Boggiano y López, y "Arancibia Clavel", concurrencia del primero de los nombrados. Conf. consid. 5° de la disidencia del juez Boggiano en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(31) El voto que encabezó la mayoría estuvo integrado por los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Argibay. Concurrieron con ellos hasta el considerando 26, por un lado, los ministros Maqueda y Zaffaroni y, por el otro, el ministro Fayt. De su lado, el ministro Belluscio, consideró que los delitos por los cuales se solicitó la prescripción estaban prescriptos; que no resultaba claro que los hechos encuadraran en el art. 36 de la Constitución Nacional -que de todos modos no correspondía aplicar retroactivamente y que no son judiciables las modalidades que la República Argentina establece para regular la extradición. Conf. consid. 11 a 14 y 22, de la concurrencia del ministro Belluscio en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005.

(32) Conf. consid. 18 y 20 del voto que encabezó la mayoría y concurrencias de los ministros Maqueda, Zaffaroni y Fayt en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Ver nota anterior.

(33) La prescripción -y los derechos que emergen de ella- una vez establecida por ley está amparada por el principio de legalidad penal. En otras palabras, no pueden desconocerse sus beneficios irretroactivamente. Ello no impide que algunos delitos, por la gravedad que revisten, sean declarados imprescriptibles en el orden interno o en el orden internacional. He examinado el problema en GELLI, María Angélica, "El alcance de la irretroactividad penal y las fuentes del ordenamiento jurídico en el caso 'Anacibia Clavel'", LA LEY, 2004-F, 906.

(34) Conf. consid. 14 del voto que encabezó la mayoría y concurrencias de los ministros Maqueda, Zaffaroni y Fayt en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Ver nota 31.

(35) Conf. consid. 26 del voto que encabezó la mayoría en "Laríz Iriondo, Jesús María s/solicitud de extradición". C.S. L. 845. XL. 10 de mayo de 2005. Ver nota 31. Enfasis agregado.

(36) C.S. 2004/08/24. La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 2004/10/13. En "Arancibia Clavel" la mayoría de la Corte Suprema consideró delito de lesa humanidad -y por tanto imprescriptible- el homicidio cometido en la República Argentina del que resultaron víctimas los ciudadanos chilenos Carlos José Santiago Prats y Sofía Esther Cuthbert. El autor de los gravísimos hechos -por el lugar dónde se cometieron, el método

empleado y los motivos de persecución política contra las víctimas- había formado parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, exterior) dependiente de la dictadura militar que gobernaba Chile.

(37) Puede verse al respecto el editorial del diario La Nación, "El terrorismo: la moral del no ser", Buenos Aires, 15 de mayo del 2005.

(38) O´GRADY, M. Anastasia, "No cuenten con que la Argentina ayude a combatir el terrorismo", La Nación. Buenos Aires, 12 de julio de 2005.

(39) BIELSA, Rafael A., "Extradición y tergiversación", La Nación. Buenos Aires, 12 de julio de 2005.

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