Guía Básica para comprender y utilizar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”






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derechos económicos y sociales. Con ello, los principios de indivisibilidad e

interdependencia entre los derechos humanos, en este tratado, alcanzan un valor y un

significado mayor y un sentido mucho más práctico y concreto.

Dos ejemplos específicos:

-Un Estado no puede garantizar la libre movilidad (derecho civil) de las personas con

discapacidad física, sino ofrece o garantiza servicios de transporte público accesible. Como es

sabido el tema del transporte colectivo está inscrito dentro del ámbito de los derechos

económicos y sociales. Pues bien la libre movilidad como derecho humano será algo

irrealizable, en la práctica, mientras el Estado no asuma un compromiso firme y sostenido de

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lograr avances en la accesibilidad del transporte público, sea que esté en sus manos o en

manos privadas, mediante concesiones o permisos.

-Los mecanismos de consulta y participación de las personas con discapacidad (derecho

político de ciudadanía) no podrán ejercerlo las personas con discapacidad, mientras los

Estados no creen condiciones generales de accesibilidad y desarrollen políticas y programas

sociales, que respalden el desarrollo de las organizaciones propias; lo cual estará en el ámbito

de los derechos sociales.
Dibujo: Un señor usuario de silla de ruedas quiere abordarse en un bus amarillo. El conductor lo ve con una cara enojada, esperando que se suba. El señor dice: “Dicen que soy libre para ir donde quiera, pero no puedo subir al autobús, porque no tiene rampa, ni plataforma”.
El siguiente cuadro lista los derechos Economicos, Sociales y culturales dentro de la

convención:

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (básicos):

Artículo 24/ Educación,

Artículo 25/ Salud,

Artículo 26/ Habilitación y rehabilitación,

Artículo 27/ Trabajo y empleo,

Artículo 28/ Nivel de vida adecuado y protección social y

Artículo 30/ Participación en la vida cultural, las actividades recreativas,

el esparcimiento y el deporte

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Examen de 10 temas relacionados con derechos de las personas con

discapacidad

Para los propósitos de este trabajo de acercamiento y examen preliminar de la convención, no

vamos a analizar cada uno de los mencionados 26 artículos que en el texto del tratado

contienen, de manera sustantiva, derechos. Lo que vamos a hacer es estudiar diez grandes

temas relacionados con esos derechos, que influyen o determinan, de una manera muy fuerte

y significativa, la vida de las personas con discapacidad.

Los diez temas que escogimos para examinar, son:

a) El derecho a la vida

A este derecho se le dedicó un

artículo específico en la convención.

Se trata del artículo 10, a través del

cual los Estados Partes reafirman

“el derecho inherente a la vida de

todos los seres humanos” e

igualmente se comprometen a adoptar

“todas las medidas necesarias para

garantizar el goce efectivo de ese

derecho por las personas con

discapacidad en igualdad de

condiciones con las demás”.
Dibujo a la par: Parte del rostro de una madre y su bebé a quien le da pecho.
a) El derecho a la vida de las personas con discapacidad,

b) Las libertades fundamentales,

c) La independencia y la libre determinación,

d) La igualdad y no discriminación,

e) La participación en la vida política y pública,

f) La salud,

g) La educación,

h) La rehabilitación,

i) El empleo y

j) La recreación, el ocio y el deporte.

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Es bueno indicar que una de las razones que dieron impulso a insistir en la inclusión de este

derecho, fue por la preocupación existente de que ante el avance de instrumentos de

detección y diagnóstico de deficiencias o enfermedades discapacitantes de niños o niñas en el

vientre materno, las autoridades médicas se pudieran inclinar a acciones abortivas, ya

orientando a los padres a este tipo de acciones o, peor aún, que se pudiera realizar sin la

debida consulta u orientación de los padres.

Igualmente, en relación con el garantizar su goce efectivo de este derecho, las organizaciones

de personas con discapacidad expresaron su intención de que este artículo se interpretara de

una manera más amplia, buscando que cubriera el vivir y desarrollarse en condiciones

apropiadas y no en estados de abandono, exclusión, indignidad y pobreza extrema.

b) Las libertades fundamentales

En la convención se incluyen cuatro artículos, en que se expresan distintas formas de libertad,

que han sido irrespetadas o limitadas para las personas con discapacidad y que con el tratado

se busca un cambio para garantizar el desarrollo de una vida plena y libre para las personas,

independientemente cual sea su discapacidad.

En el artículo 14, se pone el acento a la obligación que tienen los Estados Partes de asegurar

que las personas con discapacidad, no se vean privadas de su libertad, de manera ilegal o

arbitraria y que cualquier privación de libertad, esté de acuerdo con la ley.

Este tema tiene gran valor, especialmente, para personas con discapacidad psico-social e

intelectual. En el debate sobre este artículo, se presentaron muchas denuncias y testimonios

de varios países, que mostraban cómo a personas con discapacidad psico-social,

simplemente se les coloca el prejuicioso adjetivo de “locas” y con la recomendación de un

Psiquiatra, se les encierra por considerarse “peligrosas para la sociedad”, sin que haya habido

ningún juicio y sin que hubiera cometido delito alguno. Eso mismo puede darse con personas

con discapacidad intelectual, que en razón de su discapacidad y los prejuicios existentes, se

les pueda considerar “peligrosas para la comunidad”.

En ambos casos, lo que se busca con este artículo es que “la existencia de una discapacidad

no justifique en ningún caso una privación de la libertad”.

Por otra parte, el artículo contempla que en caso de que una persona con discapacidad deba

ser privada de su libertad como consecuencia de un proceso judicial, se le garantice igualdad

de condiciones con respecto a las demás personas, sin que la discapacidad no influya,

negativamente, en cualquier decisión que se adopte y que tanto en el proceso como en el

lugar donde se le recluya, se aseguren los ajustes razonables necesarios. Por ejemplo, en

caso de que una persona con discapacidad física deba ser privada de su libertad porque fue

probado que cometió un delito, el lugar donde se realizó el juicio como el centro de reclusión,

debe de contar con condiciones de accesibilidad para que se pueda desplazar en condiciones

de igualdad.

Otra expresión de libertad que se recoge es la de desplazamiento, y la de elegir donde residir

y de nacionalidad. El propósito de este artículo 18 es evitar que debido a su discapacidad,

una persona no pueda adquirir una nacionalidad o ser despojada de la que tiene. Igualmente,

que por la misma causa no pueda obtener o se le despoje de documentos de identificación

como carné o cédula de identidad o el pasaporte de algún país; lo que restrinja o impida su

libertad de desplazamiento en su mismo país, de salir o ingresar a su propio país o de

trasladarse de un país a otro.

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Este artículo 18 también busca asegurar que las niñas y los niños con discapacidad sean

“inscritos inmediatamente después de su nacimiento” y que tengan desde ese momento

“derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a

sus padres y ser atendidos por ellos”.

A través del artículo 20, en el tratado se busca asegurar que las personas con discapacidad

“gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”. Como es conocido, la libre

movilidad de muchas personas con discapacidad se ve anulada o limitada por la falta de

accesibilidad en el entorno y/o por no contar con ayudas técnicas requeridas para el

desplazamiento.
Dibujo a la par del texto siguiente: Una mujer en silla de ruedas, sonriente, avanzando sobre una rampa que la sube de una calle marcada con rallas de paso de transeúntes a una acera.
En este artículo, se enfatiza la necesidad

de que Estados Partes, faciliten

dispositivos técnicos (como silla de

rueda, muletas o andarivel) a costos

asequibles, para que todas las personas

que los requieran, los puedan obtener.

De tal forma que la falta de estos

medios no se constituya en

obstáculo para garantizar la libre

movilidad.

Este artículo junto al 18, se combinan en la búsqueda de que los medios de transporte

públicos o privados de uso público, sean accesibles para que garanticen el desplazamiento y

la libre movilidad de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. En

este caso, es importante que los Estados Partes, al ofrecer de transporte público colectivo u

ofrecerlos en concesión o mediante el permiso a empresarios privados, se aseguren de que

estos medios de transporte sean accesibles las personas con discapacidad. Esto significa que

tanto el entorno donde se movilizan los autobuses u otros medios de transporte colectivo

(terminales y paradas) deben de tener condiciones de accesibilidad (rampas, baños

accesibles, etc.) y los medios de transporte deben de ser accesibles (rampas o plataformas,

espacio seguro para anclar sillas de ruedas, piso antideslizante, timbres sonoros y lumínicos,

etc.).

Si bien a partir de la inclusión de esta norma, no hace que automáticamente toda esta forma

de transporte se haga accesible, lo que debe de exigírseles a los Gobiernos, es que

desarrollen planes de accesibilidad, que incluyan al transporte colectivo público, de tal manera

que haya un avance sostenido de la oferta de medios de transporte accesible, hasta alcanzar

el 100 %.

Es pertinente indicar aquí que la falta de un entorno y de transporte accesibles, se constituyen

en situaciones de discriminación pasiva e indirecta contra las personas con discapacidad

física y visual, ya que si bien no hay ninguna ley, ni ningún agente del Estado, que indica

expresamente que esa persona no puede desplazarse o no puede ingresar a un sitio público o

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privado de uso público, lo real es que la existencia de barreras físicas, equivalen –en la

práctica-- a tal prohibición, que tiene carácter discriminatorio.

Otra libertad que se ve anulada o restringida para las personas con discapacidad aún cuando

no exista ninguna prohibición, por parte de los Estados, es la libertad de expresión y opinión.

Esta afecta, especialmente, a las personas con discapacidad sensorial. Las personas con

discapacidad visual o auditiva (o una combinación de ambas) se ven imposibilitadas de

comunicarse, de expresarse libremente y de fijar sus opiniones mientras los Estados no

ofrezcan medios apropiados, que permitan tal comunicación. Igualmente, a estas personas se

les afecta la libertad de recabar y recibir información.

El artículo 21 busca resolver tal restricción o limitación de libertades relacionadas con la libre

comunicación de ideas y el acceso libre a la información, a través de la adopción de una serie

de medidas, por parte de los Estados Partes, entre las que se destacan:

-Hacer accesible a las personas con discapacidad, información dirigida al público en general.

Para citar dos ejemplos: Si una entidad pública realiza una campaña de salud por televisión y

a través de folletos impresos, es necesario que todo los anuncios televisivos o bien cuenten

con intérprete de lengua de señas o con subtitulación para que la campaña pueda ser recibida

por la población sorda; asimismo será necesario que el contenido de algunos folletos estén en

Braille o en algún formato alternativo, que sea accesible para personas ciegas. Esto mismo se

aplica dentro de las campañas electorales. En este caso, el tribunal electoral del país debe

velar para que los principales mensajes que trasmitan los partidos contendores, sea accesible.

-En función de garantizar que las personas con discapacidad, estén en igualdad de

condiciones al realizar alguna gestión en entidades públicas, los Estados deben de aceptar y

facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille y cualquier otro medio que garantice que

la información que se entregue y la comunicación, que se establezca entre los funcionarios

público y las personas con discapacidad, sea accesible.

Por ejemplo, si una persona

sorda va a realizar un trámite

de solicitud en una oficina de

migración, esta oficina debe

estar obligada a ofrecerle un

intérprete de lengua de señas,

para establecer la comunicación

que facilite el trámite

correspondiente.
A la par hay un dibujo donde hay una persona sorda gesticulando en lengua de señas, frente a otra, detrás de una ventanilla. Arriba un rótulo que dice: Solicitudes de pasaporte.
-Alentar a las entidades privadas, incluyendo a los medios de comunicación televisivos, que

presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen

información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los

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que tengan acceso. Es necesario indicar aquí que tal y como están redactadas las

obligaciones de las entidades privadas (empresas comerciales, bancos o cualquier otra), lo

que hacen los Estados es alentarlas, no obligarlas. No es una orden; es una sugerencia. El

alentarlas significa que si no cumplen con lo solicitado por el Estado, no hay mecanismo de

sanción ante el incumplimiento. Ante eso es necesario que los Estados realicen campañas de

concientización social, dirigidas al público y a esas empresas para que ofrezcan accesibilidad

informativa y comunicacional. Igualmente, se debe destacar el progresivo valor económico

que tendría una mayor accesibilidad informativa, en función de atender el segmento de

mercado que ocupan las personas con discapacidad y su entorno familiar, que representan,

cerca del 25 % de la población general.

- Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. Esta obligación que

deben asumir los Estados Partes, es muy importante para las personas sordas y su

entorno informativo y comunicación; ya que es una condición fundamental para su

participación e inclusión social.

c) La independencia

Hasta el presente la discapacidad se asocia con dependencia, en prácticamente todos los

órdenes de la vida de una persona. Por mucho tiempo, se ha visto como algo natural que una

persona con discapacidad dependa para vivir de su familia, de la caridad privada o de la

asistencia del Estado.

Para subsanar tal situación, en el artículo 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a
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