Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial






descargar 219.53 Kb.
títuloFalla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial
página1/5
fecha de publicación29.09.2015
tamaño219.53 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5
FALLA DEL SERVICIO MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA - Policía Nacional / DAÑO ANTIJURIDICO - Muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial
En el procedimiento adelantado por los agentes de la Policía Nacional para neutralizar la amenaza comprobada que representaba el señor Jesús María Prado Álvarez, se habrían cometido dos irregularidades, consistentes, la primera en que en el citado operativo no contaban con esposas, situación que obligó a que el agente Vega Quintero condujera o sostuviera al sospechoso del lugar donde fue aprehendido hasta la patrulla, de la parte de atrás del pantalón, circunstancia que facilitó la reacción del hoy occiso. La otra irregularidad que en criterio de la Sala y, como fue advertida por el Tribunal a quo, pudo haber ocurrido consiste en que el Agente llamado en garantía tenía desasegurada su arma, a pesar de que el sospechoso había sido aprehendido, se le había requisado y no se le había encontrado armas.
PRUEBA TRASLADADA - Valoración
El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 168 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 185
NOTA DE RELATORIA: Referente a los requisitos de las pruebas trasladadas, consultar del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de julio de 2005
PRUEBA TRASLADADA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Valoración probatoria
En los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. Aún cuando la entidad demandada y el llamado en garantía no solicitaron el decreto de la mencionada prueba trasladada, lo cierto es que tanto el proceso penal como el proceso disciplinario allegado cuentan para esos precisos efectos, en su integridad, con eficacia probatoria, puesto que las pruebas allí contenidas fueron practicadas y allegadas por la propia entidad pública demandada, en la medida en que el proceso penal fue adelantado por la Jurisdicción Penal Militar y el proceso Disciplinario por el Comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, aspecto frente al cual la Sala ha considerado que cuando ello sucede, debe entenderse que tales actuaciones se han surtido con la audiencia de la parte contra la cual la prueba trasladada se aduce en este litigio, en este caso la Policía Nacional. A su turno, en cuento respecta al llamado en garantía, se tiene que los expedientes en su totalidad también cuentan con eficacia probatoria, puesto que ambos procesos se adelantaron en su contra, motivo por el cual puede concluirse que aquellos procesos se realizaron con audiencia del llamado en garantía, cumpliendo de esta manera con el presupuesto de contradicción que se exige respecto de este tipo de medios probatorios.
NOTA DE RELATORIA: Sobre el valor de las pruebas en procesos contencioso administrativos, consulta Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010 exp.18320
CONCURRENCIA DE CULPAS - Presupuestos / CONCURRENCIA DE CULPAS - Reducción de indemnización por contribución de la víctima en el daño reclamado
El Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (art. 2.357 Código Civil) es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño. (…) el comportamiento que asumió el señor Prado Álvarez –sin causa o actuación comprobada por parte de los agentes para que se hubiese generado tal reacción - contribuyó de manera cierta y eficaz a la producción del hecho dañino, puesto que de no haberse presentado tal conducta, el resultado seguramente hubiese sido distinto. (…) en la producción del hecho dañino la actuación de la víctima fue determinante, puesto que sin justificación alguna y de manera irresponsable e imprudente se puso a sí mismo en peligro al tratar de eludir la actuación de la Policía Nacional y pretender arrebatarle el arma al agente que lo venía conduciendo, produciéndose con ello una riña que -junto con las deficiencias que en el mismo procedimiento pueden imputársele a la Administración, reconocidas por el Tribunal a quo-, produjo el desenlace fatal cuya reparación se está discutiendo en este proceso. (…) en materia Contencioso Administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta - si hay lugar a la exoneración del ente acusado –hecho exclusivo de la víctima - o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia de culpas. (…) no sobra reiterar que de las pruebas recaudadas, las cuales fueron objeto de valoración en el presente asunto, se encuentra que en la ocurrencia del daño alegado resultó determinante, real y eficaz el comportamiento de la víctima, motivo por el cual debe concluirse que en el presente asunto se cumplieron los presupuestos previstos por la ley y la jurisprudencia para disminuir el monto de la indemnización, en la proporción que se indicó en la sentencia de primera instancia, al presentarse una concurrencia de culpas.
FUENTE FORMAL: CODIGO CIVIL - ARTICULO 2357
NOTA DE RELATORIA: Referente al tema de reducción del quantum indemnizatorio por contribución de la víctima en la ocurrencia del daño, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de agosto de 2005, exp.14678
PERJUICIOS MORALES - Parentesco / RECONOCIMIENTO - Hermanos de la víctima
En el plenario existe prueba que acredita el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrieron los señores Juan Antonio, Jorge Helí, María Cristina, Gabriel Ángel y Angelmira Prado Álvarez, con ocasión del deceso de su hermano, motivo por el cual debe accederse al reconocimiento de esta clase de perjuicios. En todo caso, advirtió que se debía dar aplicación a la presunción de ocurrencia de perjuicios morales cuando se trata de los familiares cercanos a la víctima, entre ellos los hermanos, aún cuando éstos sean mayores de edad. Así las cosas, dado que la aplicación de la mencionada presunción opera en relación de los parientes más cercanos de la víctima, entre ellos los hermanos, incluso cuando éstos sean mayores de edad, la Sala procederá a reconocer estos perjuicios a los señores Juan Antonio, Jorge Helí, María Cristina, Gabriel Ángel y Angelmira Prado Álvarez, en el monto señalado por el Tribunal a quo, respecto de los hermanos menores del señor Prado Álvarez, esto es, la suma de 25 SMLMV. Lo anterior comoquiera que obran en el proceso los registros civiles de nacimiento por medio de los cuales acreditaron su parentesco.
NOTA DE RELATORIA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales a familiares, el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2008, exp. 27268. MP. Enrique Gil Botero
LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Responsabilidad del servidor público
El Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. (…) el análisis acerca de si determinada conducta puede calificarse como dolosa o gravemente culposa, no debe examinarse única y exclusivamente en la órbita del derecho penal, puesto que las categorías de dolo y de culpa grave difieren entre esa disciplina del Derecho y el estudio que respecto de estos conceptos debe efectuarse en el marco del Derecho Administrativo. De manera que si bien las consideraciones antes expuestas no obstan para que se dejen de valorar las decisiones que en materia penal se han proferido acerca de la conducta de los agentes para efectos de determinar si tal comportamiento puede ser calificado como doloso o gravemente culposo, lo cierto es que el análisis correspondiente debe hacerse principalmente en relación con las funciones específicas que se le han asignado al funcionario y, en todo caso, deberá estudiarse la conducta de conformidad con las definiciones que respecto de estas categorías prevé el Código Civil –cuando se trata de actuaciones ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001. En este sentido, se reitera, obra en el expediente el fallo disciplinario contra el hoy llamado en garantía, en el cual se le impuso una sanción de 5 días de sueldo, por haber causado la muerte del señor Jesús María Prado y las lesiones personales al patrullero James Buster Reinoso Rubio. la sola existencia de un fallo disciplinario en contra del hoy llamado en garantía –contrario a lo manifestado por el demandado en la impugnación - no resulta suficiente para concluir que hay lugar a declarar la responsabilidad del agente, puesto que con sólo esa pieza procesal no se puede acreditar si existió dolo o culpa grave en el comportamiento que se le atribuye al respectivo funcionario público. (…) acerca de la incidencia que revisten las decisiones proferidas en un proceso penal respecto del análisis de la responsabilidad del servidor o exservidor público demandando en acción de repetición o vinculado al proceso mediante llamamiento en garantía con fines de repetición y ante la imposibilidad de determinar si existió dolo o culpa grave de dicho agente con el sólo análisis del fallo disciplinario que se allegó al presente proceso, le corresponde a la Sala determinar -de acuerdo con las demás piezas procesales obrantes en el expediente-, cuál fue el comportamiento asumido por el agente, con el fin de establecer si incurrió en alguna falta y si ésta se puede catalogar como dolosa o gravemente culposa, de conformidad con lo previsto en el Código Civil y en la jurisprudencia de esta Corporación.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA ARTICULO 6 / CONSTITUCION POLITICA ARTICULO 91
NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema relacionado con la responsabilidad del llamado en garantía, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 1999, exp.10865, sentencia de 27 de noviembre de 2006, exp.23049 y sentencia de 13 de noviembre de 2008 exp.16335 M.P. Enrique Gil Botero.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ
Bogotá, D.C., mayo catorce (14) de dos mil doce (2012)
Radicación número: 54001-23-31-000-1997-03211-01(23710)
Actor: MARIA VICTORIA ALVAREZ Y OTROS
Demandado: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL


Referencia: APELACION SENTENCIA DE REPARACION DIRECTA


Procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada y la impugnación adhesiva que presentó la parte demandante, contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el día 20 de mayo de 2002, mediante la cual se dispuso:
PRIMERO: Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del señor Jesús María Prado Álvarez ocasionada por un agente de la Policía Nacional, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales a la señora María Victoria Álvarez, el equivalente en pesos a CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de ésta sentencia; y a pagar a Efraín Prado Álvarez, Myriam Prado Álvarez, Reinaldo Prado Álvarez, y a Mariela Prado Álvarez, el equivalente en pesos a VEINTICINCO (25) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: TÉNGASE a la señora Marta Victoria Álvarez como CESIONARIA del 100% de los derechos litigiosos que corresponden a Reinaldo Prado Álvarez, al tenor de lo dispuesto en la escritura pública número 977 de fecha 19 de abril de 2001 de la Notaría Quinta de esta ciudad, que a folio 130 en copia legalmente se acompaña.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, PAGUESE a la señora María Victoria Álvarez el equivalente en pesos a VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, como CESIONARIA de Reinaldo Prado Álvarez.
QUINTO: EXONÉRESE de responsabilidad patrimonial al agente Rodrigo Alfonso Vega Quintero, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
(…)”

I. A N T E C E D E N T E S
1. - La demanda.
En escrito presentado el día 24 de septiembre de 1997 (fl. 13 c 1), los ciudadanos María Victoria Álvarez, en nombre propio y en el de sus menores hijos, Efraín Prado Álvarez, Myriam Prado Álvarez, Agelmira Prado Álvarez; Reinaldo Prado Álvarez, Mariela Prado Álvarez, Juan Antonio Prado Álvarez, Gabriel Ángel Prado Álvarez, Jorge Helí Prado Álvarez y María Cristina Prado Álvarez, a través de apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se le declarare administrativamente responsable por el daño a ellos ocasionado, como consecuencia de la muerte del señor Jesús María Prado Álvarez, el 25 de septiembre de 1995, al recibir un disparo con arma de fuego, propinado por un agente de la Policía Nacional.
En este sentido, se solicitó en la demanda el reconocimiento de las siguientes sumas:
A mis mandantes MARIA VICTORIA ALVAREZ, Efraín Prado Álvarez, Myriam Prado Álvarez, Agelmira Prado Álvarez; Reinaldo Prado Álvarez, Mariela Prado; Juan Antonio Prado Álvarez, Gabriel Ángel Prado Álvarez, Jorge Helí Prado Álvarez y María Cristina Prado Álvarez a pagar el daño y perjuicio patrimonial por concepto de DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE, más los intereses compensatorios de lo que sume, desde la fecha en que el daño se produjo hasta la fijación de la indemnización, en la cuantía que se demuestre en el curso del proceso y, subsidiariamente en la cuantía en que resulte de la liquidación posterior a la sentencia genérica.
Como daño moral a pagar: lo que valgan mil gramos de oro en la fecha del fallo y subsidiariamente, se entregará mil gramos de otro como satisfacción del daño moral”.
  1   2   3   4   5

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconAccion de reparacion directa falla del servicio. Muerte de bombero...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconApm-sppme navarra sobre el comunicado de la cep (confederación española...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconC. Los derechos a organización y procedimiento que pretenden erigir...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconAccion de reparacion directa por falsas imputaciones penales en contra...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconO decreto 067 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Sistema Nacional...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconDAÑo antijuridico pérdida funcional de párpado inferior derecho....

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconDivagancias atabapeñas sobre plantas y animales
«Crónicas Caninas 1» o «Creciente de Garza», lo dejamos en ese relato con una fuerte depresión, causada además de su edad avanzada,...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconSumario: I. Introducción. II. Objeto. III. El poder de policía y...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconSentencia de unificacion jurisprudencial falla médica / falla del...

Falla del servicio miembros de la fuerza publica policía Nacional / daño antijuridico muerte causada a vendedor ambulante con arma de dotación oficial iconTema 37. La función preventiva de la policíA. La policía de barrio:...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com