La doctrina de la corte suprema ante el fraude laboral en el empleo público






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LA DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ANTE EL FRAUDE LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO1

Por Matías Cremonte

I. Introducción.

Hace un año casi exactamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su nueva doctrina ante el fraude laboral en el Estado. Fue el 6 de abril de 2010, a través de los fallos “Ramos, José Luis c/Estado Nacional”2 y  “Sánchez, Carlos Próspero c. Auditoría General de la Nación”3.

Se trata de la frecuente controversia suscitada ante las contrataciones irregulares de personal por parte de la Administración Pública, y las soluciones posibles en los casos de rescisión contractual, eufemismo utilizado para designar a los despidos de estos trabajadores denominados “contratados”.

Decíamos entonces4, que luego de casi veinte años de vigencia de una nefasta doctrina en la materia, la Corte modificó su criterio que, aún con luces y sombras, podemos calificar como un cambio positivo.

En efecto, como reseñáramos en ese trabajo, durante un largo período se consideraba de aplicación a estos casos la Ley de Contrato de Trabajo, con el consiguiente reconocimiento de una indemnización por despido arbitrario ante una rescisión contractual.

Luego la Corte varió su postura, y perfeccionó la doctrina mediante la cual dejó sin protección alguna a los trabajadores del Estado formalmente vinculados a éste mediante contratos temporales, aunque en la mayoría de los casos se trataba de sucesivas contrataciones, a veces durante décadas.

Fue en 1989, en el caso “Gil”5, cuando el Tribunal expresó que “el voluntario sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen jurídico comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior”, agregando fatídicamente que “la aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor de reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos”; doctrina que sería luego ratificada en el caso “Leroux de Emede”6.

Es decir, no se analizaba si en el caso concreto los contratos firmados reflejaban la excepcional posibilidad de tratarse de una tarea eventual, o si por el contario, la verdadera situación distaba de ser la que permitiría tal contratación, y las tareas desarrolladas eran las típicas del personal de planta permanente.

Desde ese punto de partida, y luego de veinte años de vigencia y aplicación de ese precedente, es indudable que la nueva doctrina es positiva, ya que no sólo se retorna a la reparación indemnizatoria, sino que además, para determinar este reconocimiento, se utilizan los Principios Generales del Derecho del Trabajo.

En el caso “Ramos”, a la luz del principio de primacía de la realidad, la Corte advierte “que sus tareas carecían de la transitoriedad que supone el mencionado régimen de excepción”, y es por ello que desvirtúa los sucesivos contratos al considerar demostrado que se trató de un fraude a la ley, en la medida que se utilizaron figuras contractuales autorizadas para determinados casos, sin que se den los requisitos preestablecidos para ello: “Que este conjunto de circunstancias fácticas … permiten concluir que la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”.

Es por ello que concluye que el Estado incurre “en una conducta ilegítima, que genera su responsabilidad frente al actor y justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio”.

Pero también dijimos en ese sentido que este avance es insuficiente, en tanto la verdadera reparación del daño causado a un trabajador “contratado” en el Estado radica en la aplicación concreta del derecho a la estabilidad del empleado público, garantizado por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional7, y que la reparación indemnizatoria sólo puede darse si el trabajador voluntariamente opta por ésta.

Ahora bien, lo cierto es que desde el dictado de los citados fallos un año atrás, nuevos pronunciamientos de la Corte han ratificado su doctrina, y precisado sus implicancias.

Por tanto, intentaremos en el presente trabajo comentar este corto pero importante recorrido jurisprudencial del máximo tribunal nacional.

II. Recientes pronunciamientos.

En muchos de los fallos posteriores a “Ramos”, la Corte se limitó a expresar que “las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte encuentran adecuada respuesta en las consideraciones y conclusiones del precedente ´Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa – A.R.A.)” (Fallos: 333:311), a las que corresponde remitir en razón de brevedad, sin que ello implique abrir juicio sobre el resultado final del litigio”8.

Nótese que la fórmula aplicada, si bien remite a las “consideraciones y precedentes” del fallo “Ramos”, evita pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin embargo, no es un dato menor que este párrafo es utilizado ante recursos interpuestos por los trabajadores, frente a sentencias adversas que habían resuelto los casos aplicando los precedentes ya citados “Gil” y “Leroux de Emede”, rechazando sus demandas.

Esto es, ante sentencias que dogmáticamente rechazaron los reclamos indemnizatorios invocando la teoría de los actos propios y del voluntario sometimiento a regímenes de inestabilidad, la Corte ordena su revisión, a la luz de los principios protectorio, de irrenunciabilidad, de primacía de la realidad, y demás garantías de fondo y de forma que derivan del art. 14 bis CN.

También es importante resaltar que cuando los recursos fueron presentados por el Estado demandado, ante sentencias de segunda instancia que favorecieron a los trabajadores, la Corte sencillamente ratificó los fallos, sin ordenar su revisión9.

Pero existieron pronunciamientos que no se limitaron a ratificar el criterio sentado en “Ramos”, sino que precisaron la nueva doctrina.

El caso “Cerigliano”10 es sin duda uno de los más salientes en ese sentido. En él la Corte señala el camino de análisis de la cuestión, al dejar sentado que la doctrina establecida en la causa “Ramos”, “es de indiscutible aplicación al presente caso, de modo tal que a la luz de sus enunciados deberán ser valoradas las cuestiones de hecho y prueba propias de este pleito” (Considerando 4º).

De este modo, la Corte entiende que el vínculo existente entre las partes no se ciñe a lo establecido en el contrato o en la norma que lo autorizó, y ello válidamente puede “generar razonables expectativas de permanencia” en el trabajador.

A partir de allí, el Tribunal recuerda que la doctrina del caso “Ramos” encuentra sustento en dos circunstancias fundamentales: “por un lado, la relativa a que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyan; por el otro, la atinente a que resulta una evidente desviación de poder la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter permanente” (Considerando 5º).

Así, deja absolutamente claro que no reviste importancia la forma de vinculación ni las prescripciones que surgen del contrato o el instrumento mediante el cual las partes se vinculan, sino la verdad material; así como que tal metodología de contratación implica un fraude a la normativa constitucional protectoria.

En este sentido, el también reciente caso “González Dego”11 avanza en cuanto a las distintas formas de contratación, de tal manera que desarticula un contrato de pasantía entre el Ministerio de Trabajo y la actora, a través de la Universidad de Buenos Aires, por no ajustarse a los parámetros de la normativa vigente en la materia.

Pero las precisiones del fallo “Cerigliano” exceden de tal manera el caso concreto que, por un lado, explica que “la ratio decidendi de ´Ramos´ alcanza a todos los trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la Administración Pública nacional, provincial, municipal o, como en el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Considerando 8º).

Es decir, actúa como un mandato específico hacia los trínales inferiores al tiempo que puede considerarse una advertencia hacia el Estado empleador, en sus distintas variantes.

Y por otro lado, en el mismo considerando expresa: “esta Corte dispone que los jueces de la causa examinen el material fáctico de la litis a la luz de la tantas veces citada doctrina”, en obvia referencia a “Ramos”.

En síntesis, como en cualquier litigio en el que un trabajador invoca la existencia de un fraude laboral, dependerá de las pruebas que en tal sentido se produzcan, las que además deberán ser analizadas por los jueces utilizando los Principios Generales del Derecho del Trabajo, especialmente los de irrenunciabilidad y primacía de la realidad, así como las garantías procesales que hacen presumir la existencia de una relación laboral ante la circunstancia de la prestación de servicios típicos de una relación de empleo público permanente.

III. Parámetros para establecer la reparación.

En el empleo público existe un régimen de estabilidad propia, de modo que no está previsto el despido sin causa, gravado con una indemnización a favor del damnificado. Sin embargo, para resolver de la manera que se comenta en el presente trabajo, la Corte debió recurrir a parámetros análogos que permitan reparar el daño causado por la rescisión de un contrato fraudulento en la Administración Pública.

Tal como se estableció en “Ramos”, para determinar cuál es el importe de la indemnización correspondiente al trabajador despedido, se aplica por analogía la reparación prevista en la propia Ley Marco de Regulación de Empleo Público de la Administración Pública Nacional (ley 25.164), que si bien se refiere a casos de supresión de organismos sin posibilidad de reubicación del trabajador, es similar a la prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto consiste en un mes de sueldo por año trabajado, o fracción mayor de tres meses, pero sin el tope que prevé esa norma.

De todos modos, no se trata de una afirmación dogmática de parte de la Corte, ya que en los casos en que los tribunales inferiores ya fijaron una indemnización aplicando los parámetros de la Ley de Contrato de Trabajo, mantienen ese criterio.

En el ya citado fallo “González Dego”, por ejemplo, al dejar firme la sentencia de segunda instancia favorable a la trabajadora, la Corte expresó que “la aplicación al caso de los recordados parámetros indemnizatorios de la LCT no causan gravamen económico a los apelantes puesto que, de ser seguidas las pautas del antedicho precedente [Ramos], se alcanzaría un importe mayor al condenado, en la medida que deberían aplicarse, en lugar del citado art. 232, el párrafo quinto art. 11, de la ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional, aprobada por la ley 25.164” (Considerando 3º).

Ello implica, concretamente, que a la indemnización por antigüedad hay que adicionarle la indemnización sustitutiva del preaviso, asimilándola al período de disponibilidad, que en el caso de la Administración Pública Nacional está establecido por el art. 11 del Decreto 1421/02 -que reglamenta el mismo artículo de la Ley 25.164-, y prevé que el período de disponibilidad será de seis meses si la antigüedad fuera menor a quince años, de nueve meses si la antigüedad fuere mayor a nueve años pero menor de treinta, y de doce meses si fuera mayor de treinta años.

Esto ya había sido señalado en “Ramos” en el voto de la minoría, al precisarse que a la indemnización debía adicionarse, “dado el carácter intempestivo de la ruptura contractual, una suma equivalente a la que se seguiría del período previsto en el párrafo tercero de dicha norma”, en referencia al citado art. 11 de la ley 25.164 y su decreto reglamentario, es decir, seis, nueve o doce meses de sueldo, según la antigüedad del trabajador.

De todos modos, como se señalara párrafos antes, la Corte no establece una fórmula concreta para calcular la indemnización que repare el daño producido por el despido del trabajador irregularmente contratado, dado que lógicamente no existe una previsión específica. Sí propicia la Corte, al momento de fijarla expresamente, que sea la que surge de las propias normas de empleo público, lo que conlleva una indemnización por antigüedad y una sustitutiva del período de disponibilidad, a modo de preaviso.

IV. La reinstalación en el puesto de trabajo.

En los casos reseñados, así como en el precedente “Ramos”, los trabajadores perseguían el pago de una indemnización, y no la reinstalación en su puesto de trabajo.

Se trata de una opción válida, siendo que está en los propios trabajadores afectados exigir una reparación acorde con el daño ocasionado, sea la reinstalación de su puesto de trabajo, o el pago de una indemnización.

Esta corriente de pensamiento está afincada en algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo12, pero no parece ser ese, al menos por ahora, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ya expresamos en otra oportunidad que disentimos con el máximo tribunal, en tanto la reparación del daño ocasionado con el despido debe consistir en la reinstalación en su puesto del trabajador segregado de su empleo13.

Por su parte, el criterio sentando por la Corte en el caso “Madorrán”14, donde ordenó la reinstalación de una trabajadora despedida sin causa de un organismo del Estado Nacional cuyas relaciones laborales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, también se profundizó en algunos fallos recientes.

En el fallo “Aguerre”15, la Corte expresamente considera que el caso encuentra “adecuada respuesta en lo resuelto en la causa ‘Madorrán’ (Fallos: 330:1989), a cuyas conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad”. De ese modo, ratifica el fallo de segunda instancia que había ordenado la reinstalación del actor en su puesto de trabajo.

Lo propio ocurre en el caso “Delfino”16, donde también con remisión expresa a “Madorrán”, la Corte rechaza el recurso del Estado y deja firme la sentencia de la Sala VII de la CNAT que ordenara la reinstalación de la actora.

Vale decir que por ahora, la Corte distingue entre dos casos. Si se trata de trabajadores ilegalmente “contratados”, es decir, mediante un fraude a la ley, el daño producido al trabajador o trabajadora afectada debe repararse mediante el pago de una indemnización.

Por el contrario, cuando se trata de organismos públicos que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de lo cual se despide sin causa a un trabajador por aplicación del art. 245 de dicha norma, la Corte entiende que el daño se repara mediante la reinstalación, ya que la aplicación de este régimen que permite el despido sin justa causa es contrario a la garantía de estabilidad prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Así, sea que la aplicación de la LCT surja de un CCT –como en el caso “Madorrán”- o de una ley –como en los casos “Aguerre” y “Delfino”-, estas normas son declaradas inconstitucionales.

No podemos más que considerar discriminatoria esta diferenciación, ya que en todos los casos se trata de empleados públicos, y como tales, gozan igualmente de la garantía constitucional de estabilidad.

V. Conclusión.

Como surge de los párrafos precedentes, evidentemente la Corte ha tomado por un camino definido hace ya poco más de un año, y es el señalado en el caso “Ramos”.

Lo que en su momento receptáramos como aspectos positivos del fallo17, no sólo se mantienen sino que se profundizaron, lo cual surge evidente de los fallos recientes, reseñados en el presente trabajo. Fundamentalmente, la definitiva supresión de la teoría de los actos propios y la del voluntario sometimiento, sustituidas por la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad, ya constituyen mandatos concretos a los juzgadores de tribunales inferiores.

En ese sentido, en el citado fallo “Cerigliano”, la Corte ratifica lo que ya había expresado en “Madorrán” y en “Ramos”: “Que, ciertamente, es preciso remarcar que el mandato constitucional según el cual ‘el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes’, incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito privad como en el público” (Considerando 7º).

Pero lamentablemente también siguen vigentes los aspectos negativos de esta nueva doctrina de la Corte, en tanto sólo se garantiza la estabilidad de aquellos trabajadores despedidos del Estado por aplicación del art. 245 de la LCT.

Las razones que llevaron al constituyente a incluir esta cláusula en la Carta Magna están por encima del criterio restrictivo del máximo tribunal, y así debería de interpretarse.

De otro modo, se termina instituyendo la posibilidad del despido sin causa en el Estado, penalizado con el pago de una indemnización, pero desvirtuando el mandato constitucional de estabilidad del empleado público, garantía que además se encuentra estrechamente vinculada con el derecho al trabajo18.

Confiamos sin embargo en que al momento de intervenir en un caso en el que un trabajador “contratado” solicite su reinstalación, primará en la Corte el superior criterio constituyente a favor de la reincorporación del empleado en su puesto de trabajo.

1 Publicado en Compendio Jurídico ERREIUS – ERREPAR, Nº 51, Agosto 2011, págs. 187/197.

2 CSJN, Fallo “Ramos, José Luis c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa – A.R.A.) s/indemnización por despido”, Expte. R 354, XLIV.

3 CSJN, Fallo “Sánchez, Carlos Próspero c. Auditoría General de la Nación”, Expte. S 2225, XLI.

4 Cremonte, Matías, La protección de los trabajadores “contratados” de la Administración Pública. Los casos “Ramos” y “Sánchez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Compendio Jurídico ERREIUS – ERREPAR, Nº 42, Julio 2010, pág. 131.

5 CSJN, Fallo “Gil, Carlos Rafael c. UTN”, Expte. G 242, XXII, sentencia del 28 de febrero de 1989 (Fallos 312:245).

6 CSJN, Fallo “Leroux de Emede, Patricia S. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Expte. L 441, XXII, sentencia del 30 de abril de 1991.

7 Op. Cit. en nota 3, pág. 140.

8 Entre otros casos, esta fórmula se utilizó en autos “Colobig, Lucas Leonardo c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.” (Expte. C 1023, XLIII), del 9 de marzo de 2011, y “Kandel, Vanesa Judith c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía” (Expte. K 113, XLI), del 22 de marzo de 2011.

9 Entre otros, los fallos dictados en autos “Delfino, Laura Virginia c/ Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos” (Expte. D 1312, XLII), sentencia del 9 de marzo de 2011, y en autos “Fleita, Nilda Ester c/ Administración Nacional de la Seguridad Social”, (Expte. F 1521, XLI), sentencia del 22 de marzo de 2011.

10 “Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control” (Expte. C 1733, XLII), sentencia del 19 de abril de 2011

11 “González Dego, María Laura c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y otro”, (Expte. G 1470, XLII), sentencia del 5 de abril de 2011.

12 Puede verse en ese sentido, Sala V, “Casares, Mario Enrique c. Presidencia de la Nación – Secretaría General”, del 12.12.08 y “Cavallo, Jorge V. c. Universidad de Buenos Aires”, del 23.04.07, entre otros; Sala VII “Martínez v. Fac. Arquitectura y Urbanismo” Sent. 34.835 del 05/04/2001; “Canesín, Alcides y otros c. Estado Nacional – Ministerio de Defensa” de fecha 12/04/05 y en “Macías, Raúl A. c. Instituto de Obra Social del Ejército”, el 06/09/07, entre otros.

13 Op. Cit. en nota 3, pág. 140.

14 Fallo CSJN “Madorrán, Marta Cristina c. Administración Nacional de Aduanas s/Reincorporación” Expte. M 1488, sentencia del 3 de mayo de 2007.

15 “Aguerre, Miguel Angel c/ ETOSS – resol. 75/94 y 59/95 s/ empleo público” (Expte. A 1387 XLIII), sentencia del 5 de abril de 2011.

16 Ver nota 8.

17  Op. Cit. en nota 3, pág. 141.

18 Concepto desarrollado por la Corte en “Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA S.A. s/Despido”, sentencia del 14 de septiembre de 2004 (Fallos: 327:3677).


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