Instituto de la judicatura de bolivia, IV curso de Formación inicial para jueces. Lecionarios Derecho Constitucional Pricipios y valores sobre el estado de derecho






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INSTITUTO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA, IV Curso de Formación inicial para jueces. Lecionarios Derecho Constitucional (Pricipios y valores sobre el estado de derecho,.. Octubre – noviembre de 2005,)

Material de estudio entregado conforme al Art. 24 Ley 1322
BOLIVIA: EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
TEMA 2
ESTADO:
Concepto
La palabra "estado", se compone de varios factores organizado con elementos físicos y formales. La palabra "Estado" viene del latín status y se define como una comunidad política desarrollada, de un fenómeno social, el Estado es un ente jurídico supremo, o algo no visible pero palpable en los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido que nos limita y reconoce derechos, pero estos derechos es una forma de organización de vida, porque somos nosotros mismos quienes creamos derechos y limitamos derechos, y no tan solo como los "otorga" la Constitución, entonces tenemos que radicar todo en un solo ente supremo capaz de autorregularse, por eso de la justificación del Estado.
El Estado es la organización jurídico-política, ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder.
El Estado esta conformado por las siguientes bases: población, territorio, gobierno y soberanía.
La población entra aquí como uno de los elementos más importantes en la formación del Estado; son aquellos grupos de personas que se reúnen en un territorio determinado, instalándose en una comunidad política para crear derechos y obligaciones sobre los demás, creando a su vez el orden jurídico para el mantenimiento del orden dentro de su población Es bien pues la población la causa que origina el nacimiento del Estado. El Estado podrá dar unidad política y jurídica a varias comunidades nacionales, como lo testimonia la historia, pero no puede ser anterior a ellas. Primero existen el hombre y los grupos comunitarios y sociales que este compone y después la persona jurídica llamada Estado. La justificación que tiene la población para con el Estado es el que le da forma y estructura jurídica y natural a esto, actuando a través de sus diferentes funciones en que se desarrolla su actividad.
Población: Es el elemento humano. Al respecto, se debe distinguir entre:

Habitantes: Son los residentes dentro del territorio.

Pueblo: Concepto más restringido, ya que se refiere a la parte de la población que tiene el ejercicio de los derechos políticos.
Territorio: Es elemento geográfico, suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar y aguas lacustres
Gobierno: Conjunto de órganos que ejercen el poder, para el cumplimiento de las funciones del Estado.
Soberanía: Rousseau: “El poder de dar órdenes no condicionadas, y el derecho de no recibirlas de ninguna otra autoridad”. A manera de definición general se acepta que la soberanía consiste en la facultad del Estado para autodeterminarse, sin obedecer a otros poderes ni autoridades ajenas a las suyas.
Rol del Estado:
En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un problema de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos monetarios. Precisamente este es un problema recurrente con el que se enfrenta todas las instituciones del estado.
En un sentido amplio, el estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad, asimismo, es la encargada de garantizar la satisfacción de sus necesidades públicas, así como facilitar y vigilar el adecuado suministro de los bienes privados y públicos.
Expresada la naturaleza del Estado en tales términos, el gobierno en todos sus niveles debe velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto implica, entonces, que la eficacia de las acciones de gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en función a su "impacto" en el bienestar de la sociedad.
El Estado posee ciertas obligaciones esenciales que son indelegables, es decir que no puede recurrir a terceros para que cumplan con estas, ya que hacen a la soberanía del Estado. El Estado no puede delegar la justicia, seguridad, etc. Pero también el Estado tiene obligaciones no esenciales, es decir tiene la obligación de prestarlas pero estas pueden ser delegadas a terceros, un ejemplo de estas serian la salud, la educación, etc.
El ente ESTADO es el encargado de satisfacer esas necesidades por encargo de la Constitución (ley fundamental para la vida en comunidad). Y lo hace año tras año con la asignación de recursos a través del presupuesto para satisfacer lo que el estado considera necesidades publicas. Vale acotar que con la formulación de las cuentas integrantes del presupuesto, el gobierno prioriza y define cuales son, a su criterio, las necesidades publicas (aunque sea del año para el que rige el presupuesto).
Funciones del Estado desde el punto de vista material:
Ejecutivo o administrativo: Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función principal del Poder Ejecutivo, donde encontramos el derecho administrativo puro.
Legislativo: La que se ocupa del dictado de las leyes, que son normas jurídicas de alcance general, de cumplimiento obligatorio y dirigidas a un número indeterminado o determinable de personas. Es la función principal del Poder Legislativo.
Jurisdiccional o judicial: La que se ocupa de resolver una controversia en materia jurídica entre dos partes con intereses contrapuestos, imponiendo una decisión a las mismas con fuerza de verdad legal. La actividad judicial continúa y completa la legislativa.
Mientras que la legislación establece un ordenamiento jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se ejerce respecto de actos concretos, en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. Es la función del Poder Judicial.
Controlador: Se han creado órganos que solo tienen funciones de control, tales como la Contraloría general de la República, el Defensor del Pueblo, etc.
ESTADO DE DERECHO:
Concepto:
“La concepción Estado de Derecho, dice Linares Quintana, influyó decisivamente en la formación del constitucionalismo contemporáneo: El competo fue elaborado por los juristas alemanes, principalmente por Von Môhl, quien en 1832 acuñó la expresión RECHSSTAAT, que quiere decir, “Estado de Derecho”, por oposición al “Estado de Poder” o “Estado Policía” que surge en la obra de Maquiavelo, para quien como es sabido, el fin justifica los medios, por lo que la autoridad puede actuar arbitrariamente, sin el freno de la ley, frente a los individuos.
La idea del Estado de Derecho supone básicamente que el Estado se somete a la Ley que él mismo impone, ley que es obligatoria para todos, gobernantes y gobernados, en igualdad de condiciones.
Se llama Estado de Derecho –dice Sánchez Viamonte- a “toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y se sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

Lo que caracteriza al Estado de Derecho, al que aspira toda actividad argumentativa es el imperio inexcusable de un determinado orden jurídico”.
Elías Díaz señala los siguientes caracteres especiales del estado de Derecho: a) imperio de la ley como expresión de la voluntad general, b) separación de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, c) legalidad de la administración: regulación por a la Ley y control judicial; d) derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico formal y realización material.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO:
El concepto de Estado derecho, o de Estado de Derecho Burgués, es sinónimo de democracia liberal; este concepto ha sido superado por las ideas renovadoras del constitucionalismo social y otras actuales que hacen del Estado un promotor del bienestar y de la justicia social en el marco del derecho. Esto es lo que se ha venido a llamar estado Social de Derecho, para indicar que no vasta un Estado sometido al derecho, como un ente abstracto; sino que primordialmente ese Estado debe promover el desarrollo económico y social de la población mediante la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la cultura, el bienestar, la recreación, y la justicia, de suerte que todos puedan llevar una existencia digna del ser humano”.
Los excesos del individualismo que inspiró las constituciones democráticas de los siglos XVIII y XIX provocaron las revoluciones del siglo XIX, y XX, ocurridas en procura de un orden social más justo y dieron lugar a sustanciales reformas en el constitucionalismo contemporáneo, que se incorporaron en las constituciones de Querétaro (México) de 1917, de Weimar (Alemania) de 1919, de España (1931), de la U.R.S.S. (1936), etc. Muchas Constituciones vigentes hablan del Estado Social de Derecho.
La Constitución española de 1978 (art. 1) dice: “España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La Constitución de Perú de 1993 (art. 43) dice: “la república del Perú es democrática, social, independiente y soberana”.
POSTURA DEL CONSTITUYENTE A FAVOR DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO:
La Constitución Política del Reino de España de 27 de diciembre de 1978, la cual fue emitida antes de la crisis del Estado bienestar, señala, en su preámbulo, el deseo de la Nación española de establecer la justicia y, en su numeral 1°, expresa, sin lugar a dudas, que España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
En el mismo sentido, se pronuncia la Constitución Política de Venezuela de 1999, la cual, en su numeral 2°, indica que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político. Acto seguido, en el artículo 3°, incluye, dentro de los fines esenciales del Estado, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo.
Idéntica postura asume la Carta Fundamental de Colombia de 6 de julio de 1991, la que, en su artículo 1°, expresa que Colombia es un Estado social de Derecho e impone como un fin esencial del Estado, el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Por su parte, la Constitución de la República Federal de Brasil, en su artículo 3°, establece como un objetivo fundamental de la República Federal de Brasil, el construir una sociedad libre, justa y solidaria, así como el erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales.
Incluso, constituciones pioneras en la consolidación del constitucionalismo social, como la Italiana de 1947, que, en su numeral 1°, declara a Italia "República democrática fundada en el trabajo" y, en el 3°, le impone el deber al Estado de hacer efectiva la libertad e igualad de los ciudadanos, mediante el logro de una igualdad material; o la Alemana de 23 de mayo de 1949, que aboga por un Estado social (artículos 20.1 y 28), se han mantenido incólumes, pese al embate de las nuevas tendencias que ponen el énfasis en un Estado liberal.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO y JUDICATURA
Los Jueces en un Estado Social de Derecho, cargan sobre sus hombros la difícil tarea de administrar justicia. Ello obliga a estar permanentemente auscultando el acontecer nacional, para hacer que las decisiones adoptadas en nuestros fallos sean lo más cercanos a la realización concreta y material de la JUSTICIA, no exclusivamente la mecánica abstracción, en la operación de confrontar los hechos con las normas, a través del procedimiento de la inferencia lógica.
Por generaciones, fieles al principio sagrado de la independencia y autonomía del juez, y ante el menosprecio del legislativo y el ejecutivo, que nos privaban de recursos siquiera para contar con despachos mínimamente decorosos, construimos un sinnúmero de ínsulas, regadas por la geografía nacional, donde cada uno, señor de su pequeño feudo, afrontaba en la angustiosa soledad de su despacho, las desventuras de una administración de justicia librada a su propia suerte, ciega, sorda, muda e impotente ante las necesidades de los ciudadanos del común. Jueces encerrados en sus despachos, figuras marmóreas.
Con la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia, (y en Bolivia a partir de la reforma de 1994 y la ley del Tribunal Constitucional de 1998) cambió el panorama descrito. Los particulares contaron con acciones expeditas como la tutela (si bien en Bolivia en ya existía el recurso de amparo y el corpus, empero éstas fueron más efectivas desde la creación del Tribunal Constitucional), para demandar de los jueces la protección efectiva de sus derechos. El marco conceptual de un Estado Social y Democrático de Derecho, que integra en el bloque de constitucionalidad las principales normas internacionales sobre derechos fundamentales, brindaron al juez la oportunidad de acercar su trabajo a las verdaderas necesidades de los asociados, dinamizó la labor judicial y, por la vía del control ejercido por la Corte Constitucional (Tribunal Constitucional en Bolivia), se ha perfilado poco a poco un verdadero poder judicial.
Papel de la judicatura en un Estado Social de Derecho:
En un estado social de derecho, el poder judicial es corresponsable con los otros poderes del Estado en lograr una convivencia pacífica y la vigencia de un orden más justo. El proyecto político de la judicatura debe ser la salvaguarda y la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos; proyecto político que no está inscrito en un partido o

corriente electoral especifica, porque la imparcialidad del juez, es un patrimonio público que pertenece a la comunidad toda.
La imparcialidad e independencia del poder judicial frente a los otros poderes del Estado, garantizan la plena vigencia de un verdadero estado social de derecho y determinan la legitimación social, política y ética del trabajo del juez, a través de un proceso entendido como el mecanismo que da vida a una decisión generadora de fenómenos de convivencia, lo que de paso resta espacio a las soluciones violentas del conflicto.
Una judicatura así, implica un cambio de paradigmas, dejar de lado al juez como simple aplicador de la norma y contrapone a este la figura del juez creador de derecho; un juez como un momento esencial del derecho. Así mismo implica dejar de lado la idea que el derecho se agota en la ley, para oponer otro postulado que predica, en la realidad viva de los procesos, la primacía normativa de la Constitución Política. La judicatura de un Estado Social de Derecho debe por tanto ser un poder fuerte, con capacidad efectiva de control frente a los desbordamientos de los otros poderes del Estado, con un porcentaje fijo de participación en el presupuesto nacional, que le brinde independencia y capacidad de gestión, con órganos propios de autogobierno y al servicio de la comunidad toda, con la Constitución como guía y el ser humano, con sus aspiraciones, carencias y necesidades, como razón y sentido de su actuar.
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO:
Elías Díaz, sostiene que socialismo y democracia coinciden en nuestro tiempo para instituir al Estado Democrático de Derecho, y que sólo a través de ambos se hará efectivo el ejercicio de los derechos y libertades del hombre. “El Estado Democrático de Derecho tiene que ser hoy un Estado de estructura económica socialista”, dice Díaz, y agrega que “el neocapitalismo con su famoso Estado de bienestar, apoyándolo todo en la economía de una sociedad de consumo, no logra, hay que decirlo, ni superar la enajenación de las masas, ni frenar la desigualdad social....” Manuel Jiménez de Parga, indica que “no existe el Estado de derecho puro, No se da en ningún sitio la democracia modelo”. Nada es puro ni perfecto en las instituciones creadas por los hombres. En efecto, no todo gobierno de derecho es un gobierno Constitucional, pues siéndolo en su origen, en su formación, pueden actuar contra la Constitución, como ocurre con frecuencia en los regímenes “democráticos”. Cabe distinguir, por consiguiente, entre la legitimidad del origen de los gobernantes y la constitucionalidad de sus actos, o lo que es igual, entre legitimidad y legalidad. Un gobierno puede ser legítimo en su fuente, e ilegal por sus actos.
BOLIVIA: ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO:
La auto- organización, como fuente de legitimidad del poder y del Derecho, se visualiza de manera nítida en el acto constituyente. En efecto, en este acto, el pueblo de manera soberana decide organizarse jurídica y políticamente, estableciendo el modelo de Estado que mejor condiga con las aspiraciones comunes de sus miembros; decisión que se plasma en una norma que tiene el carácter de fundacional y fundamental a la vez (su Constitución), por conciliar en ella todo el plan de vida que el grupo social acordó realizar.
Bajo este entendimiento, el constituyente boliviano, en la reforma a la Constitución de 20 de febrero de 2004, optó por la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, como modelo de Estado. Ahora bien, para desentrañar el significado y las proyecciones de este modelo, es necesario, como punto de partida, precisar que estamos frente a un concepto, al que la doctrina y la jurisprudencia, de manera generalizada, lo ha definido como una fórmula sintética de Estado, producto de la unión de los principios propios del Estado Liberal y el Estado Social. Conforme a esto, en lo relevante a nuestro análisis, se tiene que del Estado Liberal, el Estado Social y Democrático de Derecho, adopta el principio Estado de Derecho.
A esta altura del análisis, por su relevancia práctica, conviene precisar que la expresión Estado de Derecho puede ser conceptualizada desde una doble perspectiva, con resultados diametralmente opuestos o al menos inconciliables.
Así, desde una primera postura, es aquel modelo de Estado en el que impera la ley, o en el que rige formalmente el principio de legalidad o que funciona a través de los cauces establecidos por la legislación vigente. Así, todo Estado sería de Derecho por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales. Esta noción reduciría el concepto Estado de Derecho a un simple sistema normativo, sin ninguna vinculación a principios y valores fundamentales.
Desde una segunda perspectiva, el Estado de Derecho no sólo se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al ordenamiento jurídico vigente, sino por su vinculación a un ordenamiento superior en que se consagran y garantizan unos valores (derechos y libertades públicas) que, desde el punto moral y político, se consideran básicos para la convivencia humana y la consecución de la paz social.
Esta noción de Estado de Derecho, responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política -el Estado como ente racional al servicio del individuo que se constituye en un sistema de vida en libertad, que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales; b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes; c) sujeción de la administración a la ley y control judicial; d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos, libertades y garantías fundamentales. Esta segunda noción de Estado de Derecho es la que guarda compatibilidad con el modelo de Estado diseñado por la reforma de nuestra Constitución; lo que significa que el legislador a tiempo de crear normas legales, debe precautelar que éstas no menoscaben los derechos y garantías fundamentales.
Bibliografía:
1. http://alfinal.com/Temas/estado.shtml.

2. Dermizaky Peredo, Pablo: “Derecho Constitucional”

3. Ponencia de Elda Patricia Correa Garcés en el XII Simposio Nacional de Jueces y Fiscales realizado en Villavicencio-Colombia en agosto de 2003)

4. Sentencia Constitucional 0101/2004, de 14 de septiembre.

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