El nuevo (proyecto de) CÓdigo civil y comercial de argentina y la unificación del derecho de obligaciones y contratos






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Sobre este Proyecto, cfr., en la doctrina española: G.J. JIMENEZ SANCHEZ, “La unificación argentina del derecho de las obligaciones”, RDC, núm. 119-120, 1987, pp. 773 y ss. y BELTRÁN, “La unificación del Derecho privado en la República Argentina”, ADC, 1988, pp. 517 y ss.; vid. También, D. PIZARRO y C. VALLESPINOS, Instituciones de Derecho privado-Obligaciones, I, Buenos Aires 1999. Este Proyecto es puesto como ejemplo de unificación como el suizo o el italiano por G. OROZCO PARDO, y J.L. PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J., “Sobre la unificación…”, cit., p. 378.

31 Entregado por el Presidente de la Comisión –y Presidente de la Corte Suprema- a la Presidencia de la República, con fecha 27 de marzo de 2012 el Proyecto fue recibido en la Cámara de Senadores de la Nación y se inicia su discusión en el mes de agosto.

32 Vid. Código civil y comercial de la Nación, editado por La Ley, Junio 2012, con Presentación de Ricardo L. LORENZETTI, el texto íntegro del Proyecto, los Fundamentos y la Legislación complementaria. Se completa la obra, con 654 páginas, con un muy adecuado índice analítico y con la relación de Profesores que han colaborado en el proceso. El texto proyectado ha reducido sensiblemente el número de preceptos (frente a los más de 4000 del vigente Código civil y más de 500 del Código de comercio).

33 El actual Código civil se aprobó por ese procedimiento, en el que no hay discusión parlamentaria ni posibilidad de enmiendas, sino que simplemente se vota el texto propuesto, en su integridad. Las manifestaciones de la Presidencia de la Nación en este sentido –en declaraciones de carácter general-auguran la utilización del trámite ordinario y la previsión de que, antes de finalizar el año 2012, podría estar aprobado el nuevo texto. Presentado el texto el Poder Ejecutivo (PEN) ha hecho, según el procedimiento establecido, algunas modificaciones antes de, en uso de su iniciativa legislativa, proponerlo al Senado. Algunas modificaciones al Anteproyecto de la Comisión se refieren a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”, suprimiéndose la posibilidad de ejercitar los individuales mediante una acción colectiva si existe una pluralidad de afectados individuales pero con daños comunes; al “derecho al acceso al agua potable” que, previsto, sin embargo se elimina; obligaciones de dar dinero; sanciones conminatorias; responsabilidad objetiva (en el leasing);daños a los derechos de incidencia colectiva; responsabilidad del Estado que no será finalmente objetiva por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, como lo recoge el Anteproyecto; arbitraje; participaciones recíprocas y responsabilidad de los administradores y otras cuestiones societarias (en la Ley nº 19.550,T.O., 1984, que se declara vigente). Cfr. Código civil y comercial… cit., pp.419-436.

34 Para mayor información sobre el Código proyectado vid. www.nuevocodigocivil.com.

35 Ley nº 17801, Ley 1950, T.O. 1984 que pasaría a denominarse Ley General de Sociedades y Ley nº 24240 (modificada por la Ley 26.361.

36 Vid. Entre la muy abundante bibliografía sobre la materia del autor, R. STIGLIZ, Derecho de Seguros, 2008, 4 tomos (el 4º en coautoría con G. STIGLIZ), Buenos Aires 2008. Constituye la necesaria obra de referencia en la materia, junto a otras muchas del prestigioso y admirado jurista argentino.

37 Arts. 724-956.

38 El proyectado artículo 828 no presume la solidaridad, como se ha venido exigiendo con carácter general (referida, desde luego, al ámbito mercantil) al señalar, de modo similar a cómo hacen la mayoría de las legislaciones civiles: “Fuentes. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación”.

39 Artículo 886. “Mora del deudor. Principio. Mora automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento”.

40 Artículos 957-1707.

41 Con siete reglas (interpretación restrictiva, contextual, significación de las palabras, principio de conservación…), que concluyen con otra general en el proyectado 1068. Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo a los intereses de las partes”, al modo del 1289 del Código civil español y desapareciendo cualquier alusión o preferencia por el deudor, como ocurre, para contratos mercantiles, en el artículo 217.8 del aún vigente Código de comercio argentino: “En los casos dudosos, que no puedan resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor del deudor, o sea en el sentido de liberación”. Desaparece, por completo, la regla de interpretación a favor del deudor. Por la importancia que tiene para comprender el sentido de la norma que recoge el “favor debitoris” que ahora desaparece frente a la regla general del Código civil, vid. M. MOTOS GUIRAO, “La interpretación del contrato mercantil y el artículo 59 del Código de comercio”, RJC, 1955, pp. 42 y ss.

42 Cfr. Código civil y comercial de la Nación… cit., pp. 519-530, en las que se contienen los “Fundamentos” relativos al título II.

43 Con criterio diferente al seguido por el resto de los países de MERCOSUR, que tienen leyes separadas o del legislador español (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007) y, en cierto modo, en un sentido similar al de la reforma de 2002 del Código civil alemán, que incluyó algunas normas. No obstante se modifican en el texto proyectado (legislación complementaria) algunos artículos de la Ley nº 24240 (modificada por la ley nº 26361), Ley de Defensa del Consumidor que, como la de Sociedades, salud mental y otras, continúan formando parte del grupo de Leyes especiales complementarias.

44 Vid., por todos, G. STIGLIZ, “El derecho contractual y la protección del consumidor”, La Ley, 1990-E, 1048; Protección jurídica del consumidor, Buenos Aires 1990, Reglas para la defensa de los Consumidores y Usuarios, Rosario 1997; G. STIGLIZ y R. STIGLIZ, Derecho y defensa de los consumidores, Rosario 1997; R. STIGLIZ, “Contrato por adhesión a condiciones generales”, La Ley, 1982-B y R. STIGLIZ. y G. STIGLIZ, Derechos y defensa del consumidor, Buenos Aires 1994 y “El control de las cláusulas contractuales predispuestas en el proyecto de Unificación de la legislación civil y comercial”, Revista del Derecho del Consumidor, Rosario 1992. Queremos destacar que ambos autores, referentes mundiales en materia de protección de consumidores y usuarios y del Derecho de contratos, han formado parte del grupo de especialistas que ha colaborado en la redacción del Proyecto.


45 Se señala en el texto de “Fundamentos…”, cit., que acompaña el Anteproyecto, lo siguiente: “El Anteproyecto presenta una fractura de tipo general y por lo tanto hay dos partes generales. El sistema funciona más claramente de este modo: Si hay un contrato discrecional, hay plena autonomía privada. Se aplica el Título II, “de los contratos en general”. Si hay un contrato celebrado por adhesión, no hay consentimiento sino adhesión. Se aplica el Título II, capítulo 3, sección 2ª, artículos 984 y siguientes, dedicados a esos vínculos. Si hay un contrato de consumo, se aplica el Título III. En este caso no interesa si hay o no adhesión, ya que el elemento que define la tipicidad son los elementos descriptos en el artículo 1092.”

46 Contrato de arrendamiento.

47 Existirá este contrato cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles.

48Código de comercio argentino. “Artículo 2. Se llama en general comerciante, toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercaderías. En particular se llama comerciante, el que compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor o menor. Son también comerciantes los libreros, merceros y tenderos de toda clase que venden mercancías que no han fabricado”. “Artículo 1. La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual.”

49 Artículo 8 .-“ La ley declara actos de comercio en general: 1.- Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor; 2.- La trasmisión a que se refiere el inciso anterior; 3.- Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate; 4.- Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador; 5.- Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra; 6.- Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto; 7.- Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo; 8.- Las operaciones de los factores tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen; 9.- Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes; 10.- Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial; 11.- Los demás actos especialmente legislados en este Código.” Recuérdese que la fórmula utilizada por el Código español no es la de citar una relación o catálogo de actos, sino que se consideran actos de comercio “los contenido en este Código y los de naturaleza análoga”. (Art. 2. 2º C. de c. español).


50 Tanto la contenida en su Título I, “De los contratos y obligaciones comerciales”, con reglas específicas –y diferentes o especiales- para la prueba o la interpretación, por ejemplo, y con una remisión al Código civil, “aplicable en lo no modificado por este Código (art. 207), como la de cada uno de los contratos que se incluían, como actos de comercio –por estar incluidos en el Código de comercio- y como contratos especiales por mercantiles: mandato y comisión o consignación; compraventa mercantil; fianzas y cartas de crédito; préstamos y réditos; depósito; prenda; cuenta corriente mercantil y cuenta corriente bancaria; títulos cambiarios (letra, factura de comercio, vales, billetes y pagarés), además del contrato de compañía o sociedad (derogado en su regulación del Código por la Ley 1950); cheques (derogado por Ley 4776/63, vigente la Ley 24452) y Seguro (derogado por la Ley 17418).

51 Libro III, derogado por Ley 20094 y Libro IV derogado por Ley 4156 (Ley vigente 24522).

52 Barraqueros y administradores de depósitos, acarreadores, porteadores o empresarios de transporte.

53 Nuestro interés por esta novedad legislativa, la unificación del Derecho de contratos en el Proyecto de Código civil y comercial de la Nación, fue motivado precisamente por la Conferencia impartida por el magistrado y Profesor, Doctor Sebastián PICASSO, sobre “Regulación de la responsabilidad contractual y extracontractual en el nuevo Código civil de Argentina”, impartida en la Universidad de Granada, 22 de julio de 2012, en el marco de las actividades del Proyecto AECID (Convocatoria 2012), dirigido por la UGR y en el Máster Universitario de derecho de los Negocios de la misma Universidad que nos facilitó el texto del nuevo anteproyecto. El Dr. PICASSO forma parte del grupo de juristas que ha colaborado en la preparación del mismo

54 En los artículos 1815 a 1881 se contienen las disposiciones generales sobre estos títulos y el régimen concreto de los cartulares, los al portador, los a la orden, los nominativos (endosables y no endosables) los no cartulares y las reglas para el caso de sustracción, pérdida y destrucción de los mismos y de sus registros.

55 Ambos términos pueden emplearse indistintamente y así lo hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo. La Comisión de Reformas, con la colaboración de numerosos juristas, ha preparado y entregado a la Presidencia de la República, el objeto de su encargo: un Anteproyecto de Código. El Poder Ejecutivo Nacional –con las rectificaciones y modificaciones pertinentes –algunas de las cuales han sido comentadas- lo ha convertido en Proyecto y remitido al Legislativo. Ambos términos, Anteproyecto y Proyecto, aunque referidos a un mismo texto (con mínimas variaciones) en uno u otro momento, creemos que pueden ser usados, como se hace en la publicación de referencia Código civil y comercial…. Cit.

56 Y que son puestos de relieve orgullosamente en los Fundamentos del mismo.

57 Por eso aparece en su articulado la referencia a la mujer, al niño, al consumidor, pues tampoco puede existir discriminación alguna basada en la riqueza, por ejemplo.

58 Cfr. “Aspectos valorativos” Código civil y comercial…, cit., pp. 440 y ss., donde se desarrollan cada uno de los principios recogidos.

59 Vid. La noticia en Diario La Ley, nº 7902, Sección Hoy es Noticia, 16 Julio 2012, año XXXIII, Editorial La ley. El Ministro, que hizo pública esta información en la entrega del XV Premio Manuel Broseta precisó, en referencia al Código vigente que es un texto “totalmente superado ya en la realidad, no solo por sus planteamientos decimonónicos tan alejados de las exigencias del tráfico económico actual sino también por la proliferación de leyes especiales que, desgajadas del vigente código, dan lugar a una dispersión de la legislación mercantil de efectos ciertamente negativos” y, con respecto al que se está preparando, que “introduce “disposiciones que carecían hasta ahora de regulación legal en nuestro país”, poniendo como ejemplo de ellas la contratación electrónica, en pública subasta y automática y otras que “carecían de regulación por parte de una norma con rango de ley como las comunicaciones electrónicas, los contratos turísticos, los de distribución y los financieros mercantiles”. "La necesidad de asegurar en el ámbito jurídico-privado la unidad de mercado prevista en el artículo 139 de la Constitución aconsejaba que la legislación mercantil aparezca claramente delimitada, como garantía de seguridad jurídica para todos los operadores económicos”, señaló igualmente el Ministro. Cfr. la noticia en www.lamoncloa.gob.es/.../MJU/.../120712_gallardonvalencia.htm. También puede leerse alguna información al respecto en www.expansion.com/2012/07/12/juridico/1342104805.html

60 En reuniones celebradas desde el 23 de noviembre de 1994 a 28 de mayo de 2008, por parte de la Sección Primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de Codificación, presidida por el profesor Díez-Picazo.

61 “El texto refundido nace (se precisa textualmente en la Exposición de Motivos) -y es importante destacarlo- con decidida voluntad de provisionalidad; nace con el deseo de ser superado pronto, convirtiéndose así en un peldaño más de la escala hacia el progreso del Derecho. De un lado, porque no es aventurado afirmar que, en el inmediato futuro, el legislador debe afrontar importantes reformas de la materia, con la revisión de algunas de soluciones legales tradicionales, con la ampliación de la dinámica de los deberes fiduciarios de los administradores, con la más detallada regulación de las sociedades cotizadas y con la creación de un Derecho sustantivo de los grupos de sociedades, confinados hasta ahora en el régimen de las cuentas consolidadas y en esas normas episódicas dispersas por el articulado. De otro lado, porque es aspiración general que la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles, incluido el aplicable a las sociedades personalistas, se contenga en un cuerpo legal unitario, con superación de la persistente pluralidad legislativa, que el presente texto refundido reduce pero no elimina.
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