El nuevo (proyecto de) CÓdigo civil y comercial de argentina y la unificación del derecho de obligaciones y contratos






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EL NUEVO (PROYECTO DE) CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE ARGENTINA Y LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Francisco Javier PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ*

SUMARIO

I. Regulación de las obligaciones y contratos en Argentina: los dos Códigos.- II. Lo innecesario de la doble regulación. Algunas experiencias legislativas y prelegislativas. - III La concreta situación en la República argentina.- 1. Algunos intentos de unificación.- 2. El Proyecto de Código de 2012. -A) El Proyecto. B) La unificación en el Proyecto. C) Otras reflexiones sobre el Proyecto. IV. Consideración final. -1. Una iniciativa nueva y novedosa. 2. El futuro (del Proyecto de) Código civil y comercial de Argentina.

*Licenciado en Derecho. Profesor de Derecho mercantil en la Universidad de Granada.

jpsgonzalez@ugr.es

I. La regulación de las obligaciones y contratos en Argentina. Los dos Códigos.

Se considera como autor del Código civil de la República Argentina al abogado, profesor universitario y político Don Dalmacio Vélez Sarsfield, Código que fue aprobado en 1869 (para entrar en vigor en 1 de enero de 1871); por ello se ha conocido como el Código de Vélez. Con las muy numerosas y necesarias e imaginables reformas que ha experimentado a través de todo el período en que ha estado vigente (algunas de singular importancia como la de 1889 o la más reciente de La Ley n.º 17.711 que fue sancionada el 22 de abril de 1968 y que afectó a doscientos de sus preceptos) éste Código civil de finales del XIX es el Código civil vigente en Argentina, con 4051 artículos y ha coexistido con el Código de comercio (además de con los Códigos Penal y de Minería, Trabajo y Seguridad Social), Código éste, el comercial, obra igualmente de Dalmacio Vélez (en colaboración con el uruguayo Acevedo), siendo sancionado en 1859. El citado Código de comercio se aprobó para aplicarse en el Estado de Buenos Aires (separado en aquel momento del resto de las provincias) pero ante la ausencia de legislación propia, pronto se extendió a algunas de ellas, mientras que otras se rigieron por los preceptos del Código de comercio español vigente en aquel momento, el Código de 1829 (obra del autor andaluz Pedro Saínz de Andino) Tras la reunificación nacional, sería aprobado como Código de comercio de la Nación Argentina por el Congreso bajo la Ley Nro 15 el 10 de septiembre de 1862 (siendo actualmente la ley vigente más antigua) por lo que los “actos de comercio” (porque el Código siguió la teoría objetiva imperante en la época), han tenido su propia norma reguladora (reformada sucesivamente y completada con numerosas leyes especiales), separada del Código civil (previa al mismo, como ocurrió igualmente en España) y con una remisión al Código civil en el número I de su Título Preliminar. Dos son o han sido, hasta la actualidad, los Códigos que han estado vigentes en la República argentina, regulándose en ambos –de forma diferenciada1- las obligaciones y los contratos (civiles y mercantiles).

II. Lo innecesario de la doble regulación.

En lo que se refiere, en concreto, a la doble regulación en materia de obligaciones y contratos, la discusión o discrepancia de opinión está latente o presente desde el mismo momento del nacimiento del movimiento codificador ya que en los primeros Códigos se consagra una concepción dual, surgiendo de este modo, en España, un Código de comercio napoleónico distinto del Código civil2 aunque ya desde el siglo XIX ese proceso generalizador y de objetivación del derecho mercantil, junto a la comercialización del derecho civil, por lo que habría de preguntarse sobre la justificación del tratamiento dual de algunas materias y sobre la propia conveniencia de la unificación3. El legislador español tanto el de 1885 como el de 1829 (en el ámbito mercantil) como el de 1889 (en el civil) optan por la separación de cuerpos legales y por la diferenciación de régimen legal de las obligaciones y contratos civiles y mercantiles. Como tantas veces se ha criticado, aunque sólo sea por el hecho de que la situación económica ha variado profundamente desde la publicación de los Códigos y, como consecuencia no podrán ser igualmente útiles en todo momento4, el panorama legislativo español ofrecerá una teoría general de las obligaciones (en el Código civil), unas características o notas distintivas de las obligaciones mercantiles (que no llegan a ser una teoría diferenciada, por lo que hay que volver al Código civil) y una doble regulación de los principales contratos, definidos en el Código civil, la mayor parte de ellos, con su nota distintiva y diferenciadora en el Código de comercio.

Sin entrar, por ser ajeno a nuestra intención en este momento, en un estudio de las distintas posiciones doctrinales5 sobre la necesidad de la unificación, sobre el modo de llevarla a cabo o sobre su intensidad, lo cual podría traer consigo incluso la propia desaparición del Derecho especial, lo cierto es que, incluso desde el plano teórico, se ha ido avanzando por el camino de la unificación6 aunque sí ésta llegara a realizarse estamos de acuerdo con que siempre existiría un ámbito que parece reservado al Derecho mercantil, en cuanto que habría que introducir ciertas matizaciones a la regulación individual de los contratos cuando fuesen realizados en masa o en el seno de la actividad profesional de una empresa, sin dejar de indicar que habría contratos que sólo funcionarían entre empresas7. Queremos destacar el trabajo, entre otros, de tres grupos de estudiosos y científicos que, en los últimos años, han venido realizando esfuerzos en Europa, independientemente de otras iniciativas de mayor ámbito8 para acercar las legislaciones de obligaciones y contratos de los diferentes estados miembros de la Unión Europea y de la legislación general o civil y especial o comercial, en materia de contratos. Se trata del Grupo de Pavía, de la Academia de Privatistas Europeos9, el Grupo coordinado por C. von Bar que, en 1999 inició la redacción de un Código civil europeo (unificado) y el Grupo creado para elaborar los principios europeos del derecho de responsabilidad civil. El interés de la unificación, en cualquier caso, desde el punto de vista económico supondría la realización, más fácil, del mercado interior (que aún hoy se encuentra, precisamente por esas diferencias, en una situación no deseada), una igual protección a todos los consumidores de cada estado miembro y, desde el punto de vista empresarial, la existencia de un Derecho uniforme sería un factor muy favorable para la competitividad de modo singular para las empresas multinacionales10.

III. Algunas experiencias legislativas y pre-legislativas.

En el campo de los esfuerzos doctrinales y de la realidad legislativa11 europea (pues no hay que olvidar que es referente casi único para la codificación del resto del mundo, de modo especial la americana) los escasos referentes de textos vigentes se contraen al Código suizo de las Obligaciones (un único Código que sigue la línea del primer Código Federal de las Obligaciones siguiendo la marcada por el Código del Cantón de Zurich de 1885)12,al Código Holandés (de 1992) y, aunque en otro orden, al Código civil italiano de 1942 que integra en el mismo normas civiles y mercantiles13. En este mismo sentido deberán citarse los Códigos de Perú de 198414, de la República del Paraguay de 198715 que toma como referencia al Códice y el de Cuba de 198816 en los ordenamientos de América del Sur, entre otros17.

En España la Comisión General de Codificación (sección de Derecho civil) preparó y publicó una Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos18 que reconoce en la Exposición de Motivos que una de las razones que justifican la propuesta es la masificación y estandarización de la materia contractual que ha traído consigo la figura de las condiciones generales de la contratación, Anteproyecto que supondría, de ser aprobado como ley, o de haber sido aprobado, una modernización ciertamente del Derecho de contratos, pero sin llegar a plantearse la permanente cuestión de la unificación, es más, casi podríamos decir que ahonda en la dicotomía o separación de ambos ordenamientos y concepciones por cuanto, por ejemplo, el texto se inspira19 en que cualquier política de favorecimiento del deudor y del llamado “favor debitoris” no es el mejor de los medios para hacer dinámica una economía20 y no hubiera supuesto una unificación tampoco de todo el Derecho de obligaciones pues, por ejemplo en lo que se refiere al Derecho del Consumo recoge efectivamente la mayor parte de las normas sustanciales reguladoras de esta materia 21 pero no toda la regulación sobre consumidores, que pudiera haber sido otra opción. Los artículos 1088 a 1235 (disposiciones generales, clases de obligaciones, obligaciones mancomunadas y solidarias –reconociendo una especie de presunción de solidaridad en el nuevo 1122 que aplaudimos por lo que supone-, cláusulas penales, cumplimiento de las obligaciones, compensación, incumplimiento, variación de circunstancias del contrato –reconociéndose expresamente la posibilidad de revisión judicial-, cesión de créditos, asunción de deuda, delegación, novación, remisión y confusión) suponen una nueva teoría general de las obligaciones (a la que seguirá remitiéndose el Derecho mercantil cuando no haya norma especial aplicable) y los artículos 1236 a 1313, una nueva visión y consideración del contrato (eje del sistema jurídico privado) y de su formación habiéndose dado entrada en la regulación jurídica del mismo a las condiciones generales, que llegan al texto desde su Ley específica, a los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, los contratos a distancia (y la protección de los consumidores), la contratación electrónica, etc. En efecto, como claramente ha puesto de relieve Albiez22 la Propuesta significa una “mercantilización del Derecho de obligaciones y contratos”, que establece, sin embargo, unas reglas para los consumidores; “quizás sea inevitable, señala el autor, que el futuro Libro IV del Código civil no vaya a ser más el código de todos los ciudadanos, sino el código de los

III. La situación en Argentina.

1. Algunos intentos de unificación.

Por lo que se refiere a Argentina23, independientemente de las necesarias reformas que a lo largo de su ya dilatada existencia ha tenido el Código civil (y el de comercio, por su parte) en sus diferentes materias u objetos de regulación24 la corriente unificadora del Derecho de obligaciones y contratos superando la distinción entre civiles y mercantiles es clásica y ha sido objeto de debate profundo por parte de la doctrina. Permítasenos destacar la opinión de Stigliz25 que decididamente opta por la unificación –posible y conveniente- y de Lorenzetti26 que incluso advierte el cambio en alguno de los órdenes o criterios clasificadores propios del Derecho privado, por esa progresiva unificación que defiende y propone, entre otros autores que se han preocupado de la cuestión27.

En el orden puramente legislativo y refiriéndonos sólo a las iniciativas de reforma integral del Código civil del último tercio del siglo XX inciden en esta idea todas ellas28: el Proyecto de Código único de 1987, fruto del trabajo de una Comisión formada en 1986 en la Cámara de Diputados “para la unificación del derecho civil y comercial”, en la que figuraba como asesor el propio Alterini29, el Proyecto de la Cámara de Diputados de 1993 y el del Poder Ejecutivo Nacional, del mismo año y, como último antecedente, el Proyecto de Código civil de 199830. Por unas causas u otras, ninguno de estos textos llegó a ser aprobado ni convertirse en ley vigente por lo que la posición unificadora, prácticamente unánime en todos los ámbitos, ha seguido siendo más un anhelo que una realidad, aunque nunca se ha abandonado la idea de acometer esa reforma que bien pudiera integrarse en una de mayor envergadura aún, cual es la reforma completa del Código civil.

2. El Proyecto de Código de 2012.

Precisamente esa era la situación cuando mediante Decreto Presidencial 191/2011 se formó una Comisión para la elaboración de un “Proyecto de Ley de Reforma, actualización y unificación de los Códigos civil y comercial de la Nación”, Comisión integrada por el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de la nación Argentina –Dres. Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco- y por otra jurista, igualmente Profesora Aida, Kemelmajer de Carducci, Comisión que ha ofrecido el resultado de su trabajo y esfuerzo31 en un texto articulado (2671 preceptos)32 cuya tramitación será llevada a cabo por una Comisión Bicameral y no seguirá el trámite de sanción “a libro cerrado”, sino con la correspondiente discusión y posibilidad de alteración del texto original33.

Se estructura el nuevo Código en seis libros referidos a Parte General (el Libro I), con inclusión de persona humana, persona jurídica (sin incluir las sociedades que tienen su propia norma reguladora), bienes, hechos y actos jurídicos y transmisión de los derechos; Relaciones de Familia (Libro II), con referencia a matrimonio, su régimen patrimonial, uniones convencionales, parentesco, filiación, adopción, responsabilidad parental y procesos de familia; Derechos Personales (Libro III), que regula las obligaciones y los contratos; Derechos reales (Libro IV); Transmisión de Derechos por causa de muerte (Libro V) y un último libro que contiene disposiciones comunes a los derechos personales y reales34. Finalmente se modifican, en el Proyecto, varias leyes complementarias35, sin que otras, del ámbito comercial, hayan tenido que ser modificadas y que se declaran vigentes en su redacción actual, como la Ley de Seguros36 o la Ley de Quiebras.

  1. La unificación en el texto proyectado.

Por lo que se refiere, en concreto, a Libro III, Derechos personales, en su Título I se trata de las obligaciones en general37 y contiene disposiciones generales y otras relativas a acciones y garantías de los acreedores, clases de obligaciones (de dar, de hacer y de no hacer; alternativas, facultativas; con cláusula penal; divisibles e indivisibles; de sujeto plural -mancomunadas y solidarias-38, concurrentes, disyuntivas, principales y accesorias), pago (incorporándose el principio de la mora automática del deudor)39y sus formas y otros modos de extinción de las obligaciones, ofreciendo un completa teoría general de las obligaciones en Derecho privado.

El Título II lleva por título Contratos en general40 y en él se distinguen las disposiciones generales para todos los contratos, su clasificación (unilaterales y bilaterales, a título oneroso y a título gratuito, conmutativos y aleatorios, formales –y tendríamos que añadir nosotros “y no formales”, en el caso de aquellos para los que la ley no impone una forma para su validez-, perfección o conclusión del contrato, con título “Formación del consentimiento” (donde se regula la oferta, la invitación a ofertar y la aceptación) y en el que se hace alusión detallada a los contratos celebrados por adhesión, a la fase preliminar (tratativas), los contratos preliminares, incapacidades o inhabilitaciones para contratar, entre otras materias; objeto de los contratos, causa, forma, prueba, efectos (destacando las obligaciones y régimen de responsabilidad); interpretación41, subcontrato, contratos conexos y extinción, modificación y adecuación del contrato42.

En el Título III se ha optado por incluir, como una categoría diferenciada (no como una clase de contratos) los contratos de consumo.(relación de consumo, formación del consentimiento, modalidades especiales de estos contratos (celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, a distancia, con medios electrónicos) y cláusulas abusivas, inclinándose los redactores del texto proyectado por incluir estos contratos en el mismo43 pues se ha considerado necesario, a tenor de la opinión de la doctrina, “regular tanto los contratos civiles, como los comerciales y de consumo, distinguiendo el tipo general de contrato de consumo44, éstos con su propio régimen45.

Específicamente es en el título IV el que se recoge y regula los contratos en particular: contrato de compraventa; de permuta; de suministro; de locación46; de leasing; de obra y servicios; de transporte (de personas y de cosas); de mandato; de consignación47; de corretaje; de depósito; bancarios (y, dentro de ellos, los contratos bancarios con consumidores y usuarios), con distinción del depósito bancario, préstamo y descuento bancario, apertura de crédito, servicio de cajas de seguridad y custodia de títulos; factoraje; contratos celebrados en bolsa o mercado de comercio, cuenta corriente (que no se considera bancario); asociativos; agencia; concesión; franquicia; mutuo; donación; fianza; juego y apuesta; cesión de derechos; cesión de la posición contractual; transacción; arbitraje y fideicomiso. Contratos civiles y comerciales –porque la diferencia entre unos y otros existe, lógicamente y, de hecho, podremos encontrarnos en la práctica relaciones comerciales o mercantiles y no mercantiles- han merecido una regulación conjunta y unitaria, desapareciendo la doble norma que no era conveniente, ni necesaria, ni útil. Como consecuencia lógica, lo que ha desaparecido es la concepción misma de acto de comercio y la noción de comerciante como sujeto dedicado a una actividad comercial y destinatario, en cierto modo, de unas normas contenidas en una ley especial dictada en razón de especialidad de las personas48 que actuaban en el mercado y un sector o ámbito de la contratación y de los actos49 que se celebraban entre ellas o siendo parte del contrato alguna de ellas. La superación de la dicotomía Derecho civil-Derecho mercantil en materia de obligaciones y contratos (al igual que la de Derecho privado-Derecho público) se han consagrado en este nuevo texto. Desaparece, pues, la legislación especial de los contratos comerciales contenida en el Libro II del Código de comercio50 y el propio Código comercial cuyos libros III y IV, dedicados al derecho de la Navegación y a las Quiebras, respectivamente, ya fueron derogándose en su momento51. Tan sólo resta –pendiente, en su caso, de una nueva regulación- el Libro I en el que se incluye el estatuto jurídico del empresario (con alusión a sus obligaciones contables, a su responsabilidad, sus libros…) y a otras “personas de comercio” como factores, dependientes o corredores52; todos ellos, señala el aún vigente artículo 5 “tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial. Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario.”

Aún hemos de referirnos –y sigue siendo de interés para nuestro comentario- al último Título del Libro III del Proyecto “Otras fuentes de las obligaciones”, entre las que se incluyen la Responsabilidad civil (uniéndose la responsabilidad contractual y la extracontractual y estructurada para cumplir su función resarcitoria clásica pero también una preventiva)53, la gestión de negocios ajenos, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los Títulos-valores que “incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo…”54. Los títulos valores son regulados de manera prolija y completa, con carácter general en cada una de sus modalidades y en cuanto títulos, en cuanto soportes o documentos que incorporan una obligación (que será la que provenga del contrato de “cambio” que les da causa).

C). Otras reflexiones sobre el Proyecto.

Como hemos indicado anteriormente, en el momento en que se prepara este comentario sobre el Anteproyecto o Proyecto de Código civil y comercial de la Nación55 se ha iniciado su discusión parlamentaria y en un plazo breve (quizás antes de que concluya el año 2012) pueda ser aprobado e, inmediatamente, entrar en vigor. Baste decir, como reflexión última, que en los aspectos valorativos que lo caracterizan56 destacan las siguientes circunstancias: se trata de un Código con identidad cultural latinoamericana (sin olvidar la influencia de su tradición romana e hispánica y francesa), Código para una sociedad multicultural (con incorporación de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista), Código que ha procedido a la constitucionalización del derecho privado (lo que se comprueba en la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales pero también en la protección de los derechos de incidencia colectiva, la tutela de los consumidores, etc.), con grandes novedades en materia de bienes (regulando algunos que han aparecido y que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, por ejemplo) y Código de la igualdad, basado en un paradigma no discriminatorio (se regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, aunque plasmando una ética de los vulnerables y sustituyendo al “hombre” como sujeto del derecho privado, concibiéndolo ahora en término igualitario y sin ninguna discriminación)57 y como Código de los derechos individuales y colectivos. Finalmente, es la intención del nuevo texto, servir como Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales ya que de lo que persigue es la unificación del derecho civil y comercial y ello ha traído consigo que se adopten decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles que, como antes hemos indicado, con una nueva regulación, que además ha sido condicionada por ese hecho, siguen existiendo en la vida práctica y en la realidad social de espaldas a la cual no es posible legislar58. Nuestro comentario general, con el mayor respeto y prudencia y, sin perjuicio de esperar a la publicación del texto y que se convierta en norma vigente, es altamente positivo en lo que se refiere a la unificación y creemos que, desde este momento, puede servir de referencia para la labor legislativa de otros ordenamientos y, al contrario de lo que ocurrió en el siglo XIX –pero eso también es un efecto de la globalización o de un mundo globalizado- también quizás, para el legislador español.

IV. Consideración final.

  1. Una iniciativa nueva y novedosa en España.

A propósito de esta reforma que hemos comentado, quizás quepa al menos, dar noticia, de la que el Ministro de Justifica español facilitó, recientemente, en el sentido de que en breve será presentado un anteproyecto de Código mercantil en España, cuyo texto “será flexible en su sistematización” y enumerará de forma independiente los títulos, libros y capítulos, con más de mil seiscientos artículos divididos en sus correspondientes siete libros más el título preliminar. Será un Código que vendrá a regular el empresario y la empresa, las sociedades mercantiles, el derecho de la competencia y de la propiedad industrial, las obligaciones y los contratos mercantiles, los valores e instrumentos de crédito y pago y la prescripción y caducidad, cuyo objetivo es convertirse en “una obra fundamental para asegurar la unidad de mercado en las relaciones jurídico-privadas de los empresarios y restantes operadores económicos”59. De ser así, el camino que seguirá el derecho de contratos, entre nosotros, no será el de la unificación legislativa, aunque habrá que esperar, de cualquier modo, el desarrollo de los acontecimientos. Ya hemos mencionado la existencia, tras un período dilatado de trabajo profundo de una Propuesta de anteproyecto de ley de modernización del Derecho de obligaciones y contratos en España60 e incluso se ha venido trabajando por parte de la Comisión General de Codificación en la elaboración de un Código de Sociedades, como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley de Sociedades de Capital, donde ya se anunciaba expresamente, como posibilidad, la aparición de un de un nuevo Código mercantil, por lo que se incidía en el carácter provisional de la norma61.

La doble regulación de las obligaciones y de los contratos continúa siendo la realidad actual en la legislación española y la mayor parte de las figuras contractuales que se contienen –y regulan- en el Código civil, tienen su reflejo en su correspondiente especial en el Código de comercio, aunque en algunos casos, como ocurre con el contrato de seguro62 se ha llevado a cabo, con carácter de excepción, una cierta unificación que también encuentra su ejemplo en la Ley 34/2002 de 11 de julio63 que ha resuelto la debatida cuestión del momento de perfección de un contrato celebrado entre ausentes, que era diferente según se trata de un contrato civil o mercantil64 . En muchas ocasiones, nuevas figuras de contratos, se han regulado en una ley especial y, como sabemos y hemos indicado, los contratos de consumo también tienen su propia ley, sin haberse incorporado a ninguno de ambos Códigos. La dualidad legislativa, aún criticada se convierte en duplicidad científica pues ni siquiera en la mayor parte de los nuevos Planes de estudio en las Universidades españolas he tenido lugar, lo que no hubiera sido quizás inadecuado, la unificación de la materia siquiera fuese para su estudio65.

  1. El futuro del (Proyecto de) Código civil y comercial de Argentina.

Fracasados otros intentos no ocurrirá, seguramente, lo mismo con el Proyecto de 2012. Ya hemos indicado que su tramitación no será a libro cerrado, como lo fue el que viene a derogar –lo que haría su aprobación muy fácil y rápida66- sino que se va a seguir un trámite que nos parece más adecuado para una norma de esta envergadura, en un momento histórico que no exige un trámite excepcional67 pero la intención es que pueda ser aprobado antes de que concluya el año 2012 por parte de las Cámaras. Así se ha manifestado tanto el Ejecutivo68 como los legisladores que se encuentran muy satisfechos con el texto –y, como es obvio, sobre todo con su contenido- que ha empezado a discutirse en trámite parlamentario69. El anteproyecto, efectivamente, como ha puesto de relieve el Presidente de la Comisión de Reformas70 redactora del mismo, “no es el proyecto de un jurista, ni siquiera de tres; es un proyecto de una generación de juristas que ha trabajado en él desde hace treinta años”71; las modificaciones del Poder Ejecutivo, aunque de gran calado e importancia alguna de ellas, no son demasiadas72 y la propia composición de la mayoría en las Cámaras73, auguran que el entusiasmo que ha rodeado estos primeros momentos al hacerse público el nuevo texto, no cese y la aprobación sea una realidad en breve. Será, de este modo, el nuevo Código civil y comercial de Argentina, un ejemplo a tener en cuenta en el proceso de unificación de otros ordenamientos y, desde luego como antes hemos manifestado, un referente de una legislación moderna ya que ha seguido las orientaciones y las sugerencias de los precedentes legislativos y de la doctrina argentina (en lo que se refiere, en este caso, al Derecho de la contratación). Aún es pronto para un comentario más detenido y profundo, por lo que habrá que esperar a que la aprobación (o sanción) y entrada en vigor sea una realidad y pueda valorarse, de una manera real, su contenido y soluciones definitivas a los problemas que se tenían planteados con la antigua regulación.

Bástenos confiar en la opinión de Lorenzetti74 que entiende que “en tanto se trata de la unificación del Derecho civil y comercial, también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en la actividad económica” en numerosos campos, entre los que cabe citar, las que afectan a la persona jurídica, al régimen de las obligaciones entre ellas la protección del crédito a través de la mora automática- , la parte general del contrato y los contratos especiales, de carácter comercial (regulándose los contratos de distribución, los bancarios, financieros, el régimen contable de los comerciantes, entre otros. Una vez aprobado será un Código “para cien años”, ha manifestado. De este modo, quedarán derogados tanto el Código civil como el Código de comercio vigentes hasta la fecha,75 Códigos centenarios y tributarios, a pesar de sus modificaciones a lo largo de sus muchos años de vigencia, de la legislación (en última instancia francesa) decimonónica. A partir del nuevo Código, la ley aplicable en materia de obligaciones y contratos76 -incluidos, claro está, los contratos comerciales o mercantiles- será este Código civil y comercial de la Nación.

Quizás el siglo XXI sea, como lo fue el XIX, un nuevo siglo de la codificación , en el que prevalecerá, sobre las ideas directrices de aquellos antiguos Códigos, como ocurría con el primer Código de comercio español de 1829 -"dar al comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio"- y que fuese el mismo para toda la Monarquía, como reclamaba el artículo 258 de la Constitución de Cádiz de 1812; otros con muy diferentes planteamientos mucho más amplios y propios de otra época, como pueden ser –y en este caso concreto así se pretende- el lograr un Código con identidad cultural latinoamericana, en el que se constitucionalice el Derecho privado, desterrando la idea de tajante separación entre el derecho público y el privado y estableciendo una comunidad de principios entre ambos y la propia Constitución. Ahora corresponde la tarea al legislador parlamentario, debiendo destacarse como comentario final y como homenaje a todos y a cada uno de ellos, la gran labor de los auténticos legisladores, autores de anteproyectos y proyectos (nos referimos ahora, de modo singular a quienes han colaborado y coordinado la elaboración de este texto y a los de todos los tiempos) tanto en el Derecho argentino como en el español77, con el recuerdo, en el caso concreto, a Vélez Sarsfield –autor del Código civil argentino y coautor del comercial que han venido rigiendo a lo largo de más de un siglo- que entendía que “un Código nunca es la última palabra de la perfección legislativa ni el término de un progreso”.
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