Resumen la ponencia pretende reflejar los primeros avances y parte del marco teórico-conceptual de un proyecto encarado por un grupo de cientistas sociales en torno al análisis de los considerados “no-movimientos”.






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IV CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES

Pobreza Crítica y Desigualdad Persistente. El desafío de las políticas de inclusión social”

Ciudad de Santa Fe, 12-14 de noviembre de 2008
RESUMEN
La ponencia pretende reflejar los primeros avances y parte del marco teórico-conceptual de un proyecto encarado por un grupo de cientistas sociales en torno al análisis de los considerados “no-movimientos”. A tales efectos, se ha seleccionado el barrio La Fé, ubicado en Monte Chingolo, partido de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, como caso testigo de la investigación y del presente trabajo. En este barrio se ha constatado a partir de la observación etnográfica y del diálogo informal, en una primera instancia, con los vecinos del lugar, la inexistencia de parámetros de solidaridad y convivencia. Desde la contaminación del barrio por manos de sus propios vecinos, pasando por lo dificultosa y azarosa que resulta presentar una demanda al gobierno municipal reclamando por derechos de cualquier ciudadano, hasta divisiones marcadas entre “viejos” y “nuevos” vecinos, no hay perspectivas de una organización colectiva a corto o mediano plazo. Si a esto se le suma que la principal, y única, actividad rentable es el “cartoneo” y que las familias se desviven por la obtención de algún plan social, puede inferirse que la cohesión social es prácticamente nula, así como el orden y la participación ciudadana.
La pérdida de la condición de trabajador o la precarización laboral suponen también la pérdida de pertenencias e identificaciones sociales e institucionales, en tanto pérdida del lazo social y de relación con el Estado, dando lugar a una creciente población des-integrada y “anómica”, que diluye tanto las identidades como los horizontes y, por tanto, las posibilidades de integración de los distintos actores que, alguna vez, formaron parte de su dinámica. Es en este contexto donde debe ubicarse el problema de las familias en situaciones de riesgo, sumidas muchas de ellas en un estado de total indigencia.
Considerando la estrecha relación existente entre mercado de trabajo e inclusión social y, a su vez, el vínculo entre ambas y la noción de pertenencia e identidad, el objeto de estudio se centra en la indagación de las causas que llevan a que un aglomerado de gente en zona de riesgo (pobreza crítica) no pueda constituirse como actor colectivo que haga valer sus derechos de ciudadanía y que desarrolle acciones para mejorar sus condiciones de vida material. Se parte del supuesto de que la política de corte asistencialista aplicada por el Estado (en cualquiera de sus tres niveles), sumada a la crisis del mercado de trabajo, especialmente para trabajadores sin calificar, a formas alternativas de conseguir recursos materiales -cartoneo y/o cirujeo, delincuencia, contrabando, etc.- y a la consiguiente pérdida de valores sociales, culturales y morales, lleva a que la constitución de un movimiento social que bregue por mejoras a sus condiciones de vida sea lisa y llanamente ignorado por las familias en zona de riesgo.
En este punto radica lo novedoso de la propuesta. En vez de estudiar la constitución, valores y fines de aquellos movimientos sociales que actúan como tales, se revierte la ecuación y se analiza a los “no-movimientos”, las causas que conducen a no lograr una unidad o una acción conjunta del colectivo en pos de un interés común. Se hace hincapié en la idea de que conociendo las causas que llevan a esta situación, y cotejándola con otras realidades similares, se puede estar más cerca de proponer alternativas viables y efectivas que permitan impulsar iniciativas de acción colectiva basadas en la identidad y pertenencia a dicho colectivo, como así también que abarque a su totalidad.
MARGINALIDAD Y SUBJETIVIDAD. APROXIMACIONES PARA UN ANÁLISIS SOBRE LA FALTA DE CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVA.

EL CASO DEL BARRIO LA FE DE MONTE CHINGOLO (LANÚS)
Mgr. César Caamaño – Lic. Patricia Vara

UBA – Carrera de Ciencia Política – Facultad de Ciencias Sociales
Introducción.
Argentina ha sufrido en las últimas décadas una serie de cambios que transformaron no sólo su estructura social, sino también el sistema de creencias, valores y principios que daban sustento a su sociedad. Estos procesos de transformación socioeconómica, cultural y de la estructura de oportunidades provista por el Estado y el mercado laboral, sumados a la crisis del marco institucional, internalizador de normas y valores, y al quiebre de determinados soportes que brindaban cobertura y cierta garantía de igualdad a los individuos, provocaron modificaciones en las percepciones acerca de lo justo o injusto (NÚÑEZ; 2006), además de profundas alteraciones de las costumbres y condiciones de vida de la mayoría de la población.
Las reformas neoliberales implementadas en la década del noventa, por consiguiente, afectaron tanto a las estructuras productivas como sociales, produciéndose una fragmentación del universo social en dos niveles diferentes, uno macro y otro micro. El macro tiene relación con aspectos como la apertura de la economía, la reasignación de activos entre sectores, la modificación de las regulaciones, entre otros; mientras que al nivel micro, lo podemos vincular con el ámbito de la empresa, siendo el resultado de la racionalización de la producción, las innovaciones tecnológicas y las nuevas formas de organización y gestión. Esta fragmentación, ya sea en el mercado de trabajo como en el entramado social, se expresa a través de las categorías de inclusión, vulnerabilidad y exclusión, siendo la misma una fractura no sólo de carácter horizontal sino también vertical, atravesando toda la antigua estructura social de nuestro país.
El escenario resultante de estas transformaciones refleja un vertiginoso proceso de movilidad social descendente ocurrido durante estas tres últimas décadas, algo inédito en el país si pensamos que el mismo se caracterizó precisamente por lo contrario, esto es, por el desarrollo de un sostenido proceso de movilidad social ascendente. Este proceso, por consiguiente, ha producido un notable crecimiento de la desigualdad social, observándose una caída estrepitosa de gran parte de los estratos medios urbanos, configurando la llamada nueva pobreza, y un incremento considerable de la pobreza y, más dramático aun, de la indigencia, es decir, de aquellos individuos u hogares cuyos ingresos ni siquiera les alcanzan para adquirir los alimentos mínimos que cubran sus necesidades calóricas básicas. (WORTMAN; 2007)
El empobrecimiento y la creciente y sistemática desigualdad social constituyen, entonces, los rasgos característicos de la nueva estructura social surgida al son del neoliberalismo, rompiéndose de este modo la red de seguridad espontáneamente configurada y que posibilitara el crecimiento de la “vieja” Argentina. Dicha red se fractura en sus tres componentes -estructuras de oportunidades- prácticamente en forma simultánea (mercado de trabajo, rol del Estado y acción comunitaria), de modo tal que agrava el impacto de su desguace, dejando un saldo de millones de ciudadanos que están fuera del mundo del trabajo, o marginalmente incorporados, abandonados por el Estado o por los servicios ligados con la inserción laboral, y que ya no cuentan con la fuerza ni los medios necesarios para organizar demandas y encontrar respuestas. (FEIJOÓ; 2003: 51)
Los sucesos de diciembre de 2001 significaron la caída del modelo neoliberal y el surgimiento de nuevas manifestaciones de protesta y participación popular, algunas de las cuales comenzaron a manifestarse a mediados de los años noventa. Esta caída del modelo, y con éste la caída del gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa, profundizó la crisis económico-social arrastrando a nuevos grupos a la pobreza y a la desesperación; pero también pareció reavivar el “fuego” de la solidaridad social y, por ende, de la participación popular como principales canales para superar la crisis. Sin embargo, el estado de ebullición social que caracterizó al año 2002 -y comienzos de 2003- fue apagándose lentamente a medida que la economía se iba estabilizando y, con ello, se iba “normalizando” la vida de la población, especialmente, de las clases medias golpeadas por las cuestionadas medidas económicas de Cavallo en el segundo semestre de 2001 y el fin de la convertibilidad decretado por Duhalde apenas asumió la presidencia de la nación luego de quince días de una total incertidumbre político-institucional (que incluyó cinco presidentes tan sólo en menos de diez días).
Este estado de ebullición lo podemos enmarcar dentro de los denominados nuevos movimientos sociales latinoamericanos, quienes nacen como respuesta a la aplicación del modelo neoliberal ante la emergencia de la pobreza y el desempleo masivos. La característica central de estos movimientos la constituyó su articulación paulatina en redes constituidas a partir de actividades comunes o de lazos partidarios. En la trayectoria de estas organizaciones se detectan algunos rasgos comunes. Los movimientos piqueteros y los de trabajadores de empresas recuperadas comenzaron a hacerse notar hacia mediados de la década del noventa, mientras que los clubes de trueque y las asambleas barriales emergen prácticamente con la crisis de 2001. Principalmente, los grupos piqueteros y de empresas recuperadas iniciaron las actividades de organización de desocupados mediante la obtención de subsidios, en una suerte de articulación clientelar al estilo de los partidos tradicionales, pasando luego a realizar trabajos comunitarios, orientados a suplir las necesidades de los barrios donde están mayoritariamente establecidos, demandando al Estado (en cualquier nivel de gobierno) planes sociales, comida y otros recursos, a partir de sus luchas y reclamos. (PALOMINO; 2003)
Sin embargo, estos movimientos no han sabido mantener y/o impulsar un espíritu solidario y autónomo en los sectores populares fuertemente afectados por las políticas llevadas a cabo en las últimas décadas, no existiendo en la mayoría de los asentamientos o enclaves marginales iniciativas propias de organización colectiva en procura de lograr reivindicaciones mínimas que signifiquen una mejora en sus condiciones de vida. Paradójicamente, al compás del afianzamiento de estos nuevos movimientos sociales surge al interior de la mayoría de los barrios carenciados un estado de inmovilismo, apatía y desinterés por su comunidad, refugiándose en intentos individuales y de neto corte paternalista y clientelar. Este refugio en la acción individual, en contraste -y hasta incluso en rechazo- a la acción colectiva, da origen a lo que hemos dado en llamar “no- movimientos sociales”, contribuyendo a profundizar aun más la situación por la que atraviesan estos vastos sectores de la población.
Dentro de este marco, el presente trabajo pretende reflejar los primeros avances y parte del marco teórico-conceptual de un proyecto encarado por un grupo de cientistas sociales en torno al análisis de los “no-movimientos” sociales, seleccionándose, a tales efectos, el barrio La Fé, ubicado en Monte Chingolo, partido de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires, como caso testigo de la investigación.1 En vez de estudiar la constitución, valores y fines de aquellos movimientos sociales que actúan como tales, revertimos la ecuación y analizamos a los “no-movimientos”, las causas que conducen a no lograr una unidad o una acción conjunta del colectivo en pos de un interés común. Se hace hincapié en la idea de que conociendo las causas que llevan a esta situación, se puede estar más cerca de proponer alternativas viables y efectivas que permitan impulsar iniciativas de acción colectiva basadas en la identidad y pertenencia a dicho colectivo, como así también que abarque a su totalidad.
En este sentido, sostenemos que el trabajo sigue siendo un fuerte integrador social y formador de subjetividades, lo que hace, por consiguiente, que la pérdida de la condición de trabajador o la precarización laboral supongan también la pérdida de pertenencias e identificaciones sociales e institucionales, en tanto pérdida del lazo social y de relación con el Estado, dando lugar a una creciente población des-integrada y “anómica”, que diluye tanto las identidades como los horizontes y, por tanto, las posibilidades de integración de los distintos actores que, alguna vez, formaron parte de su dinámica. Es en este contexto donde debe ubicarse el problema de las familias en situaciones de riesgo, sumidas muchas de ellas en un estado de total indigencia.
Por consiguiente, y considerando la estrecha relación existente entre mercado de trabajo e inclusión social y, a su vez, el vínculo entre ambas y la noción de pertenencia e identidad2, nuestro objeto de estudio se centra en la indagación de las causas que llevan a que un aglomerado de gente en zona de riesgo (pobreza crítica) no pueda constituirse como actor colectivo que haga valer sus derechos de ciudadanía y que desarrolle acciones para mejorar sus condiciones de vida material. Se parte del supuesto de que la política de corte asistencialista aplicada por el Estado (en cualquiera de sus tres niveles), sumada a la crisis del mercado de trabajo, especialmente para trabajadores sin calificar, a formas alternativas de conseguir recursos materiales -cartoneo y/o cirujeo, delincuencia, contrabando, etc.- y a la consiguiente pérdida de valores sociales, culturales y morales, lleva a que la constitución de un movimiento social que bregue por mejoras a sus condiciones de vida sea lisa y llanamente ignorado por las familias en zona de riesgo. Esto planteado a partir de la hipótesis de que conocidas, y aceptadas por los propios miembros del colectivo latente, las causas que conducen a la inacción y a la no construcción de un movimiento social, se sentarían las bases necesarias para generar un proceso de concientización y, por ende, de organización racional.3

El escenario posneoliberal: Argentina a comienzos del siglo XXI.
Las reformas estructurales de los noventa transformaron la realidad social, con profundas consecuencias en la naturaleza y composición del mercado de trabajo, la pobreza y la distribución del ingreso, generando una nueva estructura social polarizada, segmentada y fragmentada. Si la exclusión es la característica que define la nueva “cuestión social”, la marginalidad hace lo propio en el plano institucional. Es decir, la desestructuración del mercado de trabajo (con el consecuente aumento del desempleo y extensión de la pobreza) -que deja de ser el canal institucional de inclusión social- trae como consecuencia exclusión en el plano social y marginalidad en el institucional, dos caras de una misma moneda estable.
Rubén Lo Vuolo, al hablar de las características salientes del mercado de trabajo en los años de la convertibilidad (1991-2001), enfatiza la relación existente entre pobreza y mercado de empleo, entrelazándose ambas en un círculo vicioso. “No sólo las personas son pobres porque no acceden a un empleo adecuadamente remunerado, sino que también lo inverso es cierto: la pobreza les impide acceder y mucho menos elegir su relación de empleo. […] No se incrementa únicamente la cantidad de pobres, sino que éstos cada vez están más empobrecidos”. (LO VUOLO; 2003: 151)
A pesar del cambio de rumbo de la política económica iniciado en 2002, nos encontramos aun con un sistema productivo con fuertes desigualdades estructurales y una creciente segmentación de las oportunidades de empleo en términos de calidad y remuneración. A este panorama debemos sumarle que el trabajo asalariado sigue siendo un valor cultural de suma importancia para la inmensa mayoría de los argentinos, incluso para los segmentos jóvenes; por consiguiente, el carecer de un empleo estable es sinónimo de sufrimiento y desazón, confundiéndose dicha carencia con la causa central de la exclusión social.
Siguiendo el análisis realizado por Amadeo (2008), podemos identificar tres momentos que contribuyeron a profundizar el empobrecimiento de la población y que el autor ha denominado como “oleadas de empobrecimiento”: inicios del primer gobierno de Menem, con el proceso de privatizaciones de empresas públicas y ajuste del aparato estatal (salida masiva de empleados en la búsqueda de un nuevo trabajo con una muy limitada calificación laboral); crisis macroeconómica de 1994 - efecto Tequila-, producto de la cual los más pobres perdieron posiciones, llegándose a un pico histórico de desempleo (18,5%) y acentuándose el fenómeno de la precariedad del empleo; y, por último, mediados de 2001 (gobierno de de la Rúa), con la implantación del corralito, lo que llevó a una carencia de efectivo que “dejó literalmente sin ingresos a trabajadores informales diversos, desde empleadas domésticas hasta vendedores callejeros o empleados en pequeños talleres”. (AMADEO; 2008: 52)
Este proceso presenta un panorama bastante desolador y que, como sostiene Amadeo, ha generado al menos tres condiciones que amenazan con consolidar la reproducción intergeneracional de la pobreza: dificultad para lograr movilidad social por vía del mercado de trabajo; restricciones producidas por la limitada capacidad de acumular capital educativo; limitada cobertura previsional. A esto, hay que sumarle “una grave situación de pobreza en los niños, quienes crecerán reproduciendo y aun agravando las condiciones de exclusión en las que se han criado”. (AMADEO; 2008: 72-73)4
Por otra parte, el Estado continúa en la actualidad centralizando su accionar en la conservación de un régimen político incluyente (en términos de ciudadano-elector) y -a pesar, y más allá, de las declaraciones de gobernantes y funcionarios y de las iniciativas llevadas a cabo en el área de las políticas sociales públicas en los últimos años5- un régimen socio-económico esencialmente excluyente, atravesando desde hace décadas una profunda crisis de identidad y representatividad. El proceso de democratización iniciado en los ochenta tanto en Argentina como en la región, ha derivado en la formación de un mercado político con predominio de particularismos y en una modernización estatal que no pareciera incluir tendencialmente mecanismo alguno de integración. Esto conlleva, indudablemente, a que amplios sectores de la población traten de buscar por sus propios medios, y por fuera del sistema político -y social-, la forma de subsistir, produciéndose una separación cada vez más tajante entre la esfera pública y la privada.
Y es en esta cuestión donde reside el problema central del estadio actual del capitalismo, no sólo en nuestro país: la agudización de la dicotomía inclusión-exclusión. Y dentro de esta dicotomía, términos como vulnerabilidad y nueva pobreza acaparan la atención. Podemos entender como vulnerabilidad a aquel estado o zona de riesgo en la que se encuentra un individuo frente a determinada situación o problemática, esto es, a cierta incapacidad que tiene en controlar las fuerzas que hacen a su propia vida. Kaztman (1999) sostiene que la vulnerabilidad no es otra cosa que un desajuste de la relación existente entre la estructura de oportunidades6 brindadas por el medio y las capacidades de los hogares para poder acceder a aquellas. A su vez, podemos definir a la nueva pobreza como un fenómeno social consecuencia de las diferentes políticas de ajuste propias de las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa. Dicho fenómeno comprende un doble proceso: por un lado, el empobrecimiento de nuevos sectores sociales no pobres (clase media empobrecida) y, por el otro, la pauperización extrema de vastos sectores pobres que los conduce a un estado de marginación y exclusión social. (CAAMAÑO; 2005)
Siguiendo el pensamiento de Robert Castel (1997), puede entenderse a la realidad argentina desde la perspectiva de las crisis sociales, la cual presupone una metamorfosis de la cuestión social.7 Esta metamorfosis puede rastrearse a partir de los estudios de los cambios experimentados en la relación salarial a medida que van sucediéndose las crisis sociales. Una crisis social es, básicamente, la alteración del funcionamiento social, lo que puede conducir a una situación de “aprendizaje y cambio” –positivo- o a una situación de “disolución y colapso”. Castel señala dos tipos de crisis social, ambas reflejadas en la historia reciente de nuestro país: por un lado una crisis de integración sistémica (crisis de las instituciones, que nos habla de un déficit de racionalidad), y por el otro, una crisis de integración social (que nos lleva a pensar en un déficit de legitimación, es decir, un “cortocircuito” en la relación existente entre el subsistema socio-cultural y el político-administrativo).
El escenario que han dejado las reformas neoliberales presenta la existencia de tres grandes grupos: los incluidos, los vulnerables y los excluidos -o desafiliados, si optamos por el criterio de Castel-; cada grupo está caracterizado por un cierto tipo de estatus laboral, determinado nivel de ingresos y de capacitación. Aquellos individuos que han logrado adaptarse al “nuevo modelo económico”, se encuentran plenamente incluidos en el sistema social, mientras que aquellos que “aun” no lo han podido hacer, dependiendo de la administración pública o de una informalidad cada vez más lacerante, se encuentran en esa “zona de riesgo” límite entre la inclusión y la exclusión.8 En términos de Castel (1997), estas transformaciones erosionan la densidad de la integración social, ensanchando las áreas de “vulnerabilidad” de los sectores medios, y de “desafiliación” de los cada vez más pobres estructurales o excluidos (pobreza crítica). Además, según el análisis de Pierre Rosanvallon (1995), estas nuevas condiciones de la estructura social dan el golpe final al “paradigma asegurador”, al evidenciar que los “riesgos” relacionados con la desocupación y la pobreza dejan de ser “eventualidades individuales y pasajeras” para convertirse en “realidades sociales permanentes”.
Este nuevo escenario ha dado paso a una nueva configuración urbana, muy distinta a la de años atrás, en la cual la homogeneidad caracterizaba al mundo cotidiano popular, tanto al barrio como a la localidad típica del conurbano bonaerense. En la actualidad, coexisten dentro de cada aglomerado, de cada barrio, y a veces a muy pocas cuadras de distancia, bolsones con niveles muy altos de pobreza y de degradación urbana, constituyendo tanto el conurbano como el barrio “espacios fragmentados y cuadriculados en función de destinos personales” (FEIJOÓ; 2003: 35-38).
Durante décadas en Argentina se desarrolló la forma más acabada del Estado nacional-popular, en el contexto de un modelo que combina tanto elementos de carácter universalista (como ser la educación o la salud pública) como elementos de tinte corporativista (acuerdos entre Estado y grupos de interés, como los sindicatos o los pequeños y medianos empresarios); la ampliación de la ciudadanía social en este modelo aparece íntimamente asociada a las conquistas laborales (“derechos del trabajador”). Precisamente, el proceso de desregulación de la política neoliberal produce una fuerte dinámica descolectivizadora, lo que no solo significa la entrada en la precariedad para vastos sectores sino también un proceso de cercenamiento de la ciudadanía social. (SVAMPA; 2005: 75)9
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