Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones






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CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE

DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES


VICTOR PEY CASADO Y FUNDACIÓN ESPAÑOLA

PRESIDENTE ALLENDE

contra

LA REPÚBLICA DE CHILE

Caso Nº ARB/98/2



PETICION DE REVISIÓN PARCIAL

DEL LAUDO DE 8 DE MAYO DE 2008
que las partes Demandantes someten al Secretario General en conformidad con los artículos Nos. 51 y 11 del Convenio de Washington.

Presentada por el Dr. Juan E. Garcés (Bufete Garcés y Prada, Abogados, Madrid), representante de las Demandantes, con la cooperación de los abogados Mme. Carole Malinvaud y Mme. Alexandra Muñoz (Gide, Loyrette, Nouel, Paris) y Mr. Samuel Buffone (Ropes&Gray, Washington D.C.).
Madrid, 2 de junio de 2008

Washington, 2 de junio de 2008

 

Señor Secretario General del CIADI

CIADI. Banco Mundial

1818 H Street, N.W.

MSN U3-301

WASHINGTON D.C. 20433

 
Señor Secretario General,


  1. Las Partes demandantes tienen el honor de someter por la presente una Petición de revisión del Laudo de 8 de mayo de 2008 pronunciado en el caso Víctor Pey Casado y Fundación "Presidente Allende" c/ la República de Chile (en lo sucesivo el "Laudo"), caso CIADI Nº ARB-98-2.




  1. El 15 de mayo de 2008 las Partes demandantes han tenido conocimiento de la declaración del Consejo de Defensa del Estado de Chile de 22 de febrero de 2008, fundamento de la presente petición de revisión del Laudo.


El artículo 51 del Convenio de Washington (en lo sucesivo "Convenio del CIADI") dispone:
(1) Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido

al Secretario General, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.
(2) La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días

siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro

de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.”


  1. Las demandantes demostrarán a continuación que han tenido conocimiento:


1. de un hecho en el sentido del artículo 51 del Convenio CIADI;
2. desconocido por ellas y por el Tribunal al tiempo de dictarse el Laudo, y que el desconocimiento no se debe a su propia negligencia;
3. que hubiera podido influir decisivamente en el Laudo.

1. Un HECHO EN EL senTIDO del

artículo 51 del Convenio





  1. El 15 de mayo de 2008, las partes demandantes han tenido conocimiento de un artículo de prensa publicado el 3 de marzo de 2008 en un diario de Santiago sobre indemnización a los propietarios de la imprenta Horizonte, que alude a una transacción suscrita por el Consejo de Defensa del Estado de Chile en el que el autor del artículo concluía acerca de "un precedente para el diario El Clarín" (documento anexo 1) :



Lunes 03 de Marzo de 2008

Indemnización al PC

Ha llamado poderosamente la atención el pago de más de 5,9 mil millones de pesos que, en tres cuotas anuales iguales, la primera de las cuales ya se entregó en diciembre pasado, realizará el Estado (…) como indemnización por la confiscación de la imprenta Horizonte ordenada por el gobierno militar en 1973. (…) En 2000, una sentencia de la Corte Suprema -cuya jurisprudencia a este respecto no aplica la prescripción- estimó ilegal esa confiscación y procedente la indemnización, considerando el monto del bien confiscado, el lucro cesante, el daño emergente, reajustes e intereses. (…) Es de recordar que el caso de la imprenta Horizonte, que asciende a unos 12 millones de dólares, podría constituir precedente para el del diario "Clarín", que aspira a obtener unos 40 o 50 millones. (…)”.


  1. Tras descubrir esa transacción las partes demandantes buscaron información adicional acerca de la misma. Fue así como tuvieron conocimiento del comunicado de prensa publicado el 22 de febrero de 2008 por el Consejo de Defensa del Estado de Chile en su página de Internet1 (documentos anexos 2 y 3).


El contenido de este comunicado de prensa es el siguiente (subrayado nuestro):
“Consejo de Defensa del Estado de Chile
22 de febrero de 2008-05-31
JUICIO ENTRE IMPRENTA HORIZONTE Y FISCO DE CHILE
Ante diversos requerimientos periodísticos y publicaciones referentes al rol del Consejo de Defensa del Estado en una transacción acordada en un juicio civil, iniciado por demanda de la Sociedad Impresora Horizonte Limitada en contra del Fisco de Chile, este Consejo informa:


El 9 de agosto de 2007, terminó por transacción la causa rol 292-04 del 21 Juzgado Civil,  entre el Fisco de Chile -representado por el Consejo de Defensa del Estado-, y la Sociedad Impresora Horizonte Limitada, por el Sr. Luís Alberto Barría Torres, a través de la firma de la escritura correspondiente de transacción entre ambas partes. El acuerdo de transacción fue aprobado por el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Exenta N° 411, de 13 de abril de 2007. En el juicio no intervino partido político alguno.



Este juicio tuvo por objeto el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio anterior entre las mismas partes (causa iniciada en 1996 ante el 29° Juzgado Civil de Santiago) que concluyó por sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, favorable para el demandante, ya que allí se declaró el derecho del actor a ser indemnizado  por la empresa Horizonte Ltda., la cual imprimía y distribuía El Siglo, Puro Chile y Última Hora. En consecuencia, se debía pagar a dicha sociedad aquello que dejó de percibir como ganancias entre 1974 hasta la fecha, además de la privación del dominio de sus bienes. El fallo de la Corte Suprema reiteró su jurisprudencia sobre esta materia, relativa a bienes confiscados en virtud del decreto  Ley 77 de 1973.



El Consejo en atención a los antecedentes señalados, a la obligación de pagar los rubros ordenados por sentencia firme de la Excelentísima Corte Suprema “lucro cesante” y “daño emergente”, además de los reajustes porcentuales- a  los montos demandados por un total de $ 52.614.518.100, pero efectuando una propia valoración y análisis de los costos involucrados, convino y suscribió una transacción con la demandante por la suma de $ 5.952.914.851. El Consejo tomó los acuerdos pertinentes en uso de facultades conferidas por su Ley Orgánica.


                                           CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO”


  1. El hecho nuevo es la declaración del Consejo de Defensa del Estado de Chile2 reconociendo oficialmente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, en materia de decretos de confiscación adoptados en aplicación del Decreto Ley N° 77 de 1973, es reiterada. Esta jurisprudencia pronuncia la nulidad ab initio, ad aeternum (imprescriptible) y ex officio de esos Decretos, con la precisión de que se trata de una nulidad de derecho público3. Este reconocimiento oficial de un representante habilitado del Estado chileno modifica de modo fundamental la posición adoptada en sus escritos por la República de Chile.4 Se trata, hasta donde conocen las partes demandadas, del primer reconocimiento del Estado chileno en ese sentido.




  1. A lo largo del procedimiento, la República de Chile ha pretendido que la confiscación de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. era el resultado de una expropiación oficial acaecida en el marco de un proceso legal, que se acabó con la adopción del Decreto N° 165. En base a este fundamento, la demandada ha sostenido que el acto de confiscación de los bienes de CPP S.A. y EPC Ltda. estaba "consumado" en el momento de la adopción de los decretos confiscatorios, que se trataba por tanto de un acto "instantáneo" e "inmediato" que no podía perdurar en el tiempo5. La República de Chile concluía por ello que a «la expropiación (…) no se pueden aplicar las obligaciones sustantivas del APPI” 6




  1. Esta declaración del Consejo de Defensa del Estado, alta institución bajo la supervisión directa del Poder Ejecutivo de Chile, constituye una cuestión de hecho7. Es esta declaración, y las consecuencias que ella debe entrañar para el Laudo, lo que las partes demandantes ponen en conocimiento del Tribunal.


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