Propuesta de debate en el Círculo Podemos-Barcelona sobre la cuestión del “Derecho a Decidir”






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fecha de publicación02.09.2015
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Propuesta de debate en el Círculo Podemos-Barcelona sobre la cuestión del “Derecho a Decidir”

INTRODUCCIÓN

Cuando se analizan los documentos programáticos que genera el movimiento político Podemos, la palabra empleada más frecuentemente para referirse a las personas que se han adscrito a esta iniciativa de regeneración política son “ciudadanos-as” y “ciudadanía”. Aunque pudiera parecer algo aparentemente circunstancial, es por el contrario fundamental para definir y entender el mensaje básico de la organización.

I. El Derecho a decidir es un principio democrático básico e irrenunciable, pero en tanto que principio declarativo y genérico, en sí mismo es un desiderátum. Como toda propuesta política factible y vindicable socialmente, requiere de una normativa legal que defina con valor jurídico-político la concreción social de dicho principio. Toda plasmación de un principio ético genérico (Ej: “igualdad”, “libertad”, etc.) implica necesariamente una interpretación y una definición contextual histórica (Ej.: el Estado español vigente o la Unión Europea del Siglo XXI) que permita su aplicación y su ejercicio con garantías éticas democráticas suficientes. Se ha de asumir, entonces, que toda aplicación de un principio general, aun cumpliendo las garantías democráticas necesarias, es siempre polémica; no en la acepción reduccionista de “conflictiva”, sino de argumentable, opinable, criticable, consensuable...

II. El Estado republicano se funda en los principios clásicos de la “civilización madre” occidental; la civilización griega (o más genéricamente greco-romana). Las premisas de la democracia griega serían: “Isonomía” (igualdad jurídica de toda la ciudadanía ante las leyes); “Isegoría” (igualdad de condiciones para expresar la opinión personal en el ágora, en el foro; libertad de opinión y expresión en suma) e “Isocracia” (igualdad en las condiciones de acceso a los cargos de representación y de decisión política; del poder en suma).

III. Pero frente a la concepción republicana y radicalmente democrática de la soberanía popular, fundada y fundamentada exclusivamente en el atributo esencial de ciudadanía, el concepto “nación” y los nacionalismos en general (incluido el español y cualesquiera otros asociados a los Estados-nación convencionales) sustentan su argumentación programática de legitimidad política, no en el individuo-ciudadanía republicana, sino en los conceptos de “pueblo” y de “identidad nacional”. El “pueblo” sería según los idearios nacionalistas una comunidad humana originaria con un incuestionable protagonismo histórico y al que se le atribuye una “identidad colectiva” y un “carácter o idiosincrasia colectivos” propios y exclusivos, diferenciadores y representativos de dicha comunidad (y, no lo olvidemos, “excluyente” de los colectivos que no se adscriben o no comparten dichos valores nacionales).

Derivado de lo anterior, una “nación” sería entonces la plasmación jurídico-política de esa comunidad identitaria; apropiándose en consecuencia –la nación– de la “soberanía popular originaria” y mutándola en “soberanía nacional”. Es decir, la nación como institución política devendría en depositaria de la soberanía popular original. En teoría una transferencia de soberanía por delegación popular, pero en la práctica una “apropiación” de facto de dicha soberanía. En el Estado republicano –“no nacional”–, la soberanía popular se transfiere al Estado como “usufructuario colectivo” del Poder político, siendo titular indiscutible de la legitimidad social la ciudadanía en su conjunto, no una entelequia indefinible jurídicamente como es “la nación”. Se deduce de lo anterior que una entidad nacional, la nación como institución, se constituye política e históricamente como entidad trascendente y preeminente al pueblo del que se origina y procede, definiendo y regulando mediante la legislación y el ejercicio del poder las características sociológicas de aquél y rigiendo “paternalistamente” su destino. En última instancia, una nación no es sino una estrategia subrepticia y no éticamente democrática de las aristocracias y las elites sociales para acceder y mantener el poder político y la hegemonía permanentemente en la sociedad.

IV. Un Estado-nación, aunque sea democrático, no es un Estado republicano en el que prevalece y es preeminente la “civilidad” sobre la “nacionalidad”. El Estado republicano es la institución garante y representativa de la ciudadanía, pero ¡atención!, por definición siempre acogedor e incluyente del conjunto de toda la población, porque su soberanía se origina y legitima en la dignidad natural e individual de todas las personas sin excepción pertenecientes a la comunidad administrativa y política constitutiva del Estado. O sea, la condición básica y primordial constitutiva del Estado es la “civilidad”, la ciudadanía, a la que le son inherentes por el mero hecho de ser personas, un acervo de derechos y deberes acordes a la legislación que la propia institución legisla y aprueba para garantizar su funcionamiento interno.

Contrariamente, toda nación y, por extensión, cualquier Estado-nación, es una institución política intrínsecamente “excluyente”. Porque una nación se define inevitablemente por exclusión, diferenciándose y segregándose respecto del resto de ciudadanía que no se reconoce y se adscribe a su ideario. Indefectiblemente, una nación se define por un “sentimiento de pertenencia” a la comunidad nacional, estrictamente opcional; esto es, resultado de una elección libérrima por parte de las personas que voluntariamente se adscriben a ella. Razón por la cual, la pertenencia a una nación es una elección individual que nunca puedes ser susceptible, ni de represión (respecto de la ciudadanía que se identifica con su ideario y su simbología), ni de imposición (a la ciudadanía que no se adscribe ni reconoce en dicho ideario).

V. Toda nación implica indefectiblemente una dialéctica de poder y hegemonía sociales protagonizada por una aristocracia, una elite o una casta; oligarquía política, cultural y económica en definitiva que se arroga graciosamente –arbitrariamente– la potestad de representación, no sólo del colectivo acorde a su ideario, sino de toda la sociedad en su conjunto; esté o no de acuerdo con su ideología y objetivos programáticos. Pero no sólo se arroga la potestad de ejercer el poder político-legislativo, también pretende definir los fundamentos de la sociedad misma, ya que “impone democráticamente” su concepción de “normalidad” social, lo que es acorde con el “espíritu nacional” y lo que no lo es. Define en suma dos clases de ciudadanía: la “normalizada” y acorde con su ideario –por ello, privilegiada– y la administrativamente “tolerada” pero no asumida como propia –por tanto, discriminada–.

Y comete asimismo la gravísima transgresión de pretender dirigir, tutelar, supervisar e incluso censurar, las iniciativas y manifestaciones culturales en función de parámetros ajenos y aberrantes respecto del fundamento y la esencia de la propia cultura, aplicando discrecionalmente los criterios de “nacional” o “no nacional” como principal valor de cualificación y promoción de las actividades culturales (Ej.: la literatura en castellano).

Adicionalmente, mediante el control sistemático del sistema educativo, se arroga la “tutela” de los principios éticos, culturales e ideológicos que informan e inspiran la educación de la ciudadanía, arrogándose dicha potestad mediante el argumento eufemístico de la “identidad nacional”. Y lo que es peor, acaba incluso inculcando una concepción de moral social a la ciudadanía mediante el control espurio de 1) la educación básica, casi siempre conservadora y de inspiración religiosa; 2) los medios de información y comunicación.

Obviamente, el objetivo final de esta estrategia política basada en la creación y promoción desde las instancias del Poder político de un “meta-relato histórico nacional”, modelo arquetípico ficticio de la sociedad, no es otro que obtener la sumisión pasiva de la voluntad de la ciudadanía a los intereses genéricos de los “representantes” de la nación. Como expresa Erich Fromm: que la ciudadanía “desee” pensar y hacer aquello que “debe” pensar y hacer… ¿Y quién define y regula “lo que hay que pensar y hacer”? Por supuesto las aristocracias y elites nacionalistas que detentan –usurpándolo- el poder político y la soberanía popular original del Estado republicano.

VI. Una nación no es en puridad compatible con un discurso progresista de la sociedad, porque elude y minusvalora la importancia fundamental de la ciudadanía como sujeto primordial de soberanía, exigiendo por el contrario una legitimación política de índole natural pre-política y pre-democrática fundamentada en la existencia de un “pueblo” originario mitificado e idealizado irreal. Pretensión de legitimación que es además intemporal y trascendente a la propia comunidad política actual, puesto que desde el pasado idealizado hasta el futuro utópico soñado, el discurso político nacional tiende a suplantar al colectivo real de personas que constituyen la ciudadanía actual, con toda la problematicidad inherente del presente histórico (Ej.: toda la problemática de la crisis desde 2008).

VII. En conclusión, los conceptos de “pueblo” y “nación” son concepciones más propias del Antiguo Régimen pre-ilustrado y pre-revolucionario que de la modernidad republicana radicalmente democrática, la cual sin ser anticlerical no es confesional; sin ser antinacionalista no tiene patria; y sin ser apolítica no tiene ideología propia en cuanto ideología estatal; sólo la ciudadanía con su civilidad y todo el acervo derechos humanos básicos, civiles y políticos son su verdadero y único cometido, el resto debe ser cedido al ámbito privado de la ciudadanía –individualmente considerada– y al debate democrático colectivo.

PROPUESTA

Impulsar el “derecho a decidir” como un principio irrecusable de la ciudadanía (a la espera de su desarrollo democrático), pero no apoyar el proceso del 9-N y sus posibles derivaciones sucedáneas, por considerar que no reúne las garantías democráticas necesarias y, además, no se ha planteado como resultado final de un proceso de debate abierto y profundo de la sociedad en su conjunto, sino como mera estrategia de conservación e imposición del poder y la hegemonía nacionalista actual a la sociedad.

Se propone que el “derecho a decidir” debe vincularse al atributo básico de “ciudadanía” y no a una “nación” (ni España, ni Catalunya); derivando su legitimación política de la “soberanía popular”, nunca de la “soberanía nacional”. Se propone que el “derecho a decidir” debe justificarse y argumentarse de acuerdo con las siguientes premisas:

  1. Lo que sea en realidad –sociológicamente– una nación está intrínsecamente condicionado por el “sentimiento de pertenencia individual” a dicha comunidad, siendo siempre por ello, dicha pertenencia electiva y opcional. De acuerdo con ello, una nación no debe tener carácter jurídico-político, sino intrínsecamente cultural en sentido amplio. Lo que tiene un carácter y una legitimación netamente políticos es el Estado, el Estado democrático republicano y constitucional moderno. En consecuencia, si las naciones no tienen entidad jurídico-política, coherentemente con ello, el “pueblo”, en cuanto presunto ente primordial de legitimación social, restringido y exclusivo de una nación, tampoco. El ente o paradigma depositario de la soberanía –demos– que realmente institucionaliza el proceso constituyente en un Estado republicano democrático moderno es la “ciudadanía”. No obstante, se ha de aceptar también, por evidente, que en democracia, ni el Estado ni la constitución democrática que en su caso lo informe son permanentes e inmutables.




  1. A todos los efectos de legitimidad jurídica, el sujeto de derecho originario es la persona, la cual, de manera ínsita disfruta de una dignidad natural incuestionable en cuanto inherente a la propia condición humana. El estatus que define y garantiza esa dignidad básica de la persona es el atributo de “ciudadanía” –civilidad–, no el de “nacionalidad”, de manera que esta última siempre está subsumida en el atributo preeminente de ciudadanía. O sea, es el atributo de ciudadanía el que garantiza la posibilidad –en cuanto opción privada y voluntaria– de la adscripción nacional (“sentimiento de pertenencia”), pero nunca viceversa; no pudiendo tener por esa razón, la nacionalidad, carácter jurídico. Así pues, la ciudadanía no está ligada ni subordinada a una nación, sino a un Estado.




  1. El sentimiento de pertenencia a una nación no es susceptible de imposición, sino que es estricta y rigurosamente resultado de una elección privada y, por tanto, obedece a la libre decisión de la persona que voluntariamente se adscribe a ella. Por eso y como consecuencia de lo anterior, toda persona que en uso estricto de su libertad individual no desea adscribirse voluntariamente a una comunidad nacional, por definición no pertenece a ella. O lo que es lo mismo, el sentimiento nacionalista plasmado como adscripción voluntaria y libre a un ideario nacional concreto, ni es susceptible de imposición (a quien no lo desee) ni de represión (a quien lo desea).



  1. Las naciones son, por tanto, entes de intersubjetividad colectiva de índole cultural e histórica enormemente beneficiosos para la socialización del individuo, pero muy problemáticos en su pretensión de ambicionar el poder político y ejercer la gobernanza de un país. En consecuencia, es deber ineludible del Estado su promoción y su preservación democráticas para que puedan desarrollar libremente sus aspiraciones identitarias, pero siempre y cuando renuncien a la pretensión de erigirse en paradigma de organización y de legitimación política de la sociedad matriz a la que pertenecen y en la que se originan.



  1. Eso no quiere decir que, en teoría, una nación no pueda llegar a coincidir sociológicamente con un Estado, constituyéndose entonces en un Estado-nación tradicional. Ahora bien, conceptual y políticamente ambas entidades no están unidas mediante un vínculo necesario, sino que se trata de entes independientes, pudiendo darse en realidad Estados plurinacionales, naciones pluriestatales y federaciones y confederaciones de Estados también plurinacionales.



  1. Si el atributo de ciudadanía es inherente a la persona, entonces el Estado es garante de su civilidad, pero no su origen ni su fundamento, sólo la administra. En consecuencia, el Estado no es jurídicamente antecedente al individuo, sino que es la institución garante del acervo imprescriptible de los derechos humanos, civiles, políticos y sociales inherentes a su estatus de ciudadanía.



  1. Puesto que el atributo básico de civilidad es la ciudadanía y no la nacionalidad, es absolutamente posible la no adscripción de una persona a ninguna comunidad nacional particular; o la preferencia por entidades de carácter supranacional o supraestatal. En consecuencia, es perfectamente asumible y posible legalmente la no posesión de nacionalidad alguna y ser electiva y voluntariamente “apátrida”, siempre sin merma ninguna de su estatus de ciudadanía.



  1. A un Estado democrático no debe serle inherente ninguna nacionalidad, puesto que el fundamento de su legitimidad no radica en ninguna “identidad colectiva” de índole nacional –o religiosa, o ideológica–, sino en el individuo en cuanto sujeto político de derecho cuyo atributo esencial es la ciudadanía; atributo del que es garante el Estado, pero no comunidad nacional alguna intrínsecamente intersubjetiva. Según ello, el Estado, de acuerdo con su transubjetividad inherente es “laico” en sentido estricto. Esto es, no tiene nacionalidad, ni religión, ni ideología en sí mismo, pero acoge y garantiza ecuánimemente la adscripción y el disfrute de cualesquiera ámbitos sociales de intersubjetividad propios del modo de ser humano.



  1. Ningún colectivo social puede nunca pretender fundamentar sus propuestas político-ideológicas en “categorías de verdad identitarias” ajenas o contrarias a la consideración de la persona como referente jurídico preeminente en cuanto único sujeto originario de derecho. Es la persona en cuanto tal el principio de toda legitimación democrática, nunca cualesquiera “sujetos colectivos” definidos por un vínculo opcional de intersubjetividad. Eso implica que nunca pueden ser válidos como principio de legitimación social entidades colectivas tales como la nación, la religión, la etnia y el idioma entre otros, ya que todos ellos, en última instancia, radican su presunta legitimidad en una concepción intersubjetiva y restrictiva del derecho natural de carácter intrínsecamente pre-político y pre-democrático. En consecuencia, democráticamente, en un Estado de Derecho nunca podrá pretenderse que el argumento de legitimación de una propuesta política sea antecedente o preeminente al fundamento del que emana la legitimidad política del Estado constitucional moderno: la soberanía individual y la ciudadanía como manifestación insoslayable de la dignidad natural humana.




  1. Todo colectivo social o comunidad de carácter intersubjetivo que pretenda el reconocimiento social y la garantía del Estado de Derecho democrático en cuanto al libre desarrollo de su ideario, debe aceptar previamente, de manera inexcusable e ineludible, la legitimidad histórica del presente y de la sociedad real actual en la que está inmerso y a la cual pertenece política y administrativamente. Por ello, toda posible reivindicación histórico-cultural de índole nacionalista (o religiosa) ha de plantearse siempre respecto de la sociedad actual y de acuerdo con el sistema jurídico-político vigente, no cuestionándolo, negándolo o condicionándolo desde una concepción del pasado idealizado –por definición– conceptualmente discutible y problemática (“derechos históricos”), o desde un futuro utópico inexistente.


A. Marco (BCN a 31 de octubre de 2014)

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