Recuperación del patrimonio cultural aragonés existente en Cataluña: Sigena y las parroquias de la Franja (expediente d III 13/97 dea)






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Recuperación del patrimonio cultural aragonés existente en Cataluña: Sigena y las parroquias de la Franja (expediente D III - 13/97 - DEA).

Las noticias dadas a conocer en el pasado mes de febrero de 1997 acerca de las concretas circunstancias en que diversos bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés -de varias parroquias de la zona oriental de la provincia de Huesca y del Monasterio de Sigena- habían sido trasladados a Cataluña nos causaron una honda preocupación.

Firmes en la convicción de que los deberes de protección y defensa del patrimonio cultural aragonés que nos impone el Estatuto de Autonomía a todas las instituciones aragonesas exigían en este caso, por su magnitud y trascendencia, una rápida, decidida y coordinada intervención de todas ellas, cada una en el concreto ámbito de su competencia, resolvimos iniciar actuaciones dirigiéndonos, como primera medida, el día 21 de febrero de 1997 al Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón y al Obispado de Barbastro-Monzón, al objeto de recabar información fidedigna sobre la cuestión.

Tras sucesivas gestiones, en las que se ha tratado de perfilar la situación física y jurídica de los bienes afectados y el conjunto de acontecimientos que han determinado su traslado a Cataluña y una vez examinadas las normas jurídicas que resultan aplicables emitimos, con fecha 7 de abril de 1997, el siguiente Informe:

"2.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

Este Informe se emite en ejercicio de la función que el artículo 33.1.c) del Estatuto de Autonomía de Aragón encomienda al Justicia para la defensa del mismo. El contenido de esta función se desarrolla en los artículos 27 a 29 de la Ley 4/1985, reguladora de la Institución.

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que el artículo 35.1. del Estatuto de Autonomía atribuye en sus apartados 30 y 33 competencia exclusiva a nuestra Comunidad en materia de "Cultura..." y "Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad Autónoma", y que el artículo 6.2.a) de la misma norma institucional básica encomienda a los poderes públicos aragoneses -cada uno desde el concreto ámbito de sus respectivas competencias- la misión de facilitar la plena participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social, el presente Informe constituye la participación de la Institución del Justicia en la común tarea, asumida al unísono con las Cortes y el Gobierno de Aragón, de restablecer la perdida integridad de nuestro patrimonio cultural y de reafirmar la singular identidad histórica de nuestro pueblo, de la que el arte es una de sus más relevantes conquistas.

3.- ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN CANÓNICA Y CIVIL APLICABLE.

3.1.- MARCO GENERAL. TRATADOS INTERNACIONALES.

3.1.1.- El artículo I.1 del Acuerdo suscrito el día 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos establece que "El Estado Español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y el especial las de culto, jurisdicción y magisterio".

Esta declaración es consecuencia natural de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Española que, tras afirmar que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa, y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley", añade, en su párrafo tercero que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Por todo ello, añade el apartado 2 del artículo I del Acuerdo antes mencionado que "la Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir Diócesis, parroquias, y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado".

El principio es, por tanto, la plena autonomía de la Iglesia Católica para organizarse libremente dentro del territorio español. Esta cuestión tiene singular relevancia a la hora de examinar las implicaciones de la incorporación de diversas parroquias procedentes de la Diócesis de Lérida a la Diócesis de Barbastro-Monzón.

3.1.2.- El apartado 4 del artículo I del mismo Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos establece, por otra parte, que "El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas y de las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo".

Este mismo apartado añade a continuación, en su párrafo segundo in fine, con relación a las Órdenes, Congregaciones Religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas que, "A los efectos de determinar la extensión y límites de su capacidad de obrar y, por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario".

La Disposición Transitoria Primera del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos que venimos citando establece que "Las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada, sus Provincias y sus Casas y las Asociaciones y otras Entidades o Fundaciones religiosas que tienen reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, deberán inscribirse en el correspondiente Registro del Estado, en el más breve plazo posible."

Todas estas normas reseñadas tienen importancia a la hora de establecer la adecuación a derecho de las enajenaciones de bienes procedentes del Real Monasterio de Sigena realizadas en favor de la Generalidad de Cataluña.

3.1.3.- La Iglesia Católica tiene un importantísimo patrimonio cultural, con relación al cual ha manifestado reiteradamente su voluntad de ponerlo a disposición de la sociedad. El Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito el 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español, recoge esta intención al proclamar solemnemente, en su artículo XV:

"La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su conservación e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la Constitución."

Para facilitar la colaboración entre ambas partes, el propio Acuerdo prevé la constitución de una Comisión Mixta Iglesia-Estado.

Esta "Comisión Mixta Iglesia-Estado para la defensa del patrimonio histórico-artístico" elaboró un documento relativo al marco jurídico de la actuación mixta Iglesia-Estado en esta materia, que fue suscrito por el Presidente de la Conferencia Episcopal Española y el Ministro de Cultura el día 30 de octubre de 1980. Este acuerdo es importante por cuanto establece los siguientes criterios básicos:

"1º. La Iglesia y el Estado reiteran su coincidente interés en la defensa y conservación de los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico Artístico y Documental de España de los que son titulares por cualquier derecho o relación jurídica, personas jurídicas eclesiásticas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución española y en las normas legales que lo desarrollan.

El Estado, al reconocer la importancia del Patrimonio Histórico Artístico y de las Bibliotecas y Archivos Eclesiásticos y la labor cultural de la Iglesia en la creación, promoción y conservación de ese Patrimonio, reafirma su respeto a los derechos que tienen las personas jurídicas eclesiásticas sobre dichos bienes, de acuerdo con los títulos jurídicos correspondientes.

La Iglesia, por su parte, reconoce la importancia de este Patrimonio, no sólo para la vida religiosa, sino para la Historia y la Cultura españolas y la necesidad de lograr una actuación conjunta con el Estado para mejor conocimiento, conservación y protección.

2º. Se reconoce por el Estado la función primordial de culto y la utilización para finalidades religiosas de muchos de estos bienes, que ha de ser respetada. Sin perjuicio de ello, la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniéndolos al alcance y servicio del pueblo español y se compromete a cuidarlos y a usarlos de acuerdo con su valor artístico e histórico.

El Estado, en virtud del mismo interés y para compensar las limitaciones que se establezcan en las normas jurídicas que desarrollen el artículo 46 de la Constitución, se compromete a una cooperación eficaz, técnica y económica para la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico-Artístico y Documental de carácter eclesiástico.

3º. Como bases de dicha cooperación técnica y económica en el tratamiento de los bienes eclesiásticos que forman parte del Patrimonio Histórico-Artístico y Documental se tendrán en cuenta los siguientes principios:

a) El respeto del uso preferente de dichos bienes en los actos litúrgicos y religiosos y la utilización de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y fines, por sus legítimos titulares.

...

d) Las normas de la legislación civil de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Documental son de aplicación a todos los bienes que merezcan esa calificación, cualquiera que sea su titular.

e) En cuanto sea posible, los bienes serán exhibidos en su emplazamiento original o natural. Cuando esto no sea posible o aconsejable se procurará agruparlos en edificios eclesiásticos formando colecciones o museos donde se garantice su conservación y seguridad y se facilite su contemplación y estudio".

...

3.2.- LEGISLACIÓN CANÓNICA.

Dada la dilatada extensión temporal de las actuaciones que son objeto de este Informe, debemos tener en cuenta la posible aplicación de dos diferentes normas:

A) El Código de Derecho Canónico de 1917.

B) El Código de Derecho Canónico de 1983.

En todo caso es preciso significar el nuevo Código de Derecho Canónico (CIC, en adelante) de 1983 es destacadamente receptivo de los contenidos del de 1917.

Por otra parte, el canon 21 del CIC de 1983 resuelve los casos de duda entre la aplicación de la ley anterior y la posterior, al no presumir la revocación de la ley precedente.

Entendemos necesario precisar algunos conceptos básicos. Así, con carácter general, el Código de Derecho Canónico distingue entre bienes sagrados y bienes temporales de la Iglesia no sagrados.

- Bienes sagrados (res sacrae): Adquieren este carácter o naturaleza por la dedicación o bendición ritual quedando destinados o adscritos a Dios y al culto divino, y por esto consagrados y en algún modo santificados. El carácter sagrado permanece con sus consecuencias mientras el bien no se desacralice, aunque pase a propiedad privada. La Iglesia queda obligada por las normas canónicas a respetar su naturaleza sagrada tanto en el uso como en la disposición de los mismos.

- Bienes temporales de la Iglesia no sagrados: Son los bienes muebles o inmuebles no destinados directamente al culto divino (canon 1.205 del CIC de 1983). La Iglesia y las entidades eclesiásticas pueden adquirirlos por todos los medios justos de derecho natural y positivo permitidos a otros. Estos bienes pueden ser asimismo válidamente enajenados, a título oneroso o gratuito, si bien quedan sometidos a ciertos requisitos y formalidades que se especifican en los cánones 1.529 a 1.543 del CIC de 1917 y 1.290 a 1.298 del CIC de 1983.

Dentro de estos bienes que estamos comentando, los de valor histórico-artístico (rebus pretiosas artis vel historiae causa) están sometidos a requisitos adicionales para poder autorizar su enajenación. En concreto, el canon 1.292 del CIC de 1983 dispone que se necesita para la enajenación de estos bienes el consentimiento del Ordinario y la licencia de la Santa Sede. El canon 1.532 del CIC de 1917 exigía, en sentido similar, licencia de la Santa Sede.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que tanto el antiguo CIC de 1917, como el actual CIC de 1983 "canonizan" la legislación civil en materia de contratos. En este sentido, el antiguo canon 1.529 y el hoy vigente canon 1.290 imponen la obligación de observar, por mandato del derecho canónico, en materia eclesiástica y con idénticos efectos, lo que el derecho civil establece, siempre que no vaya contra el derecho divino ni disponga otra cosa el derecho canónico.

Una manifestación concreta de la necesaria observancia canónica de la legislación civil aplicable se pone de manifiesto, con relación al patrimonio cultural de la Iglesia en la "Carta circular sobre la conservación del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia", de 11 de abril de 1971, de la Sagrada Congregación para el Clero que establece, entre otras, la siguiente instrucción:

"7.- Los objetos preciosos, especialmente los dones votivos, de ninguna manera deben venderse sin permiso de la Santa Sede, de acuerdo con el c. 1.532 y las severas penas establecidas en los cc. 1.347-1.349 contra los que las malvenden, que no deberán ser absueltos mientras no reparen los daños ocasionados. Al solicitar dicho permiso indíquese claramente el voto de la Comisión de Arte Sacro y Sagrada Liturgia, y si es preciso también el de la Comisión de Música Sacra y el de los peritos; y en cada caso concreto deben tenerse en cuenta las leyes civiles sobre esta materia..."

 

3.3.- LEGISLACIÓN ESTATAL.

3.3.1.- El Estado de las Autonomías.

La Constitución alumbra un nuevo modelo de organización territorial del Estado que conforma a las Comunidades Autónomas como "corporaciones públicas de base territorial y naturaleza política" (STC 25/1981, de 14 de julio FJ 3º) dotadas de una autonomía cualitativamente superior a la administrativa (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3º). Las Comunidades Autónomas son, en definitiva, instancias territoriales de naturaleza estatal que ejercen propiamente poderes estatales. El ámbito material sobre el que estos poderes se proyectan viene establecido por los correspondientes Estatutos de Autonomía. El ámbito territorial de ejercicio de estos poderes se corresponde con el del territorio de cada Comunidad Autónoma.

El artículo 35.1.30 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de:

"Cultura, con especial referencia a las manifestaciones peculiares de Aragón y a sus modalidades lingüísticas, velando por su conservación y promoviendo su estudio."

El artículo 35.1.33 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye, por su parte, a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de:

"Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad Autónoma."

El artículo 2º del mismo Estatuto precisa el territorio concreto sobre el que se ejercen estas competencias:

"El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón comprende el de los municipios que integran las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza".

Por otra parte, el ejercicio efectivo de estas competencias en el territorio aragonés depende de la verificación del proceso de transferencia regulado en la Disposición Transitoria Sexta del propio Estatuto de Autonomía de Aragón y que culmina con un Acuerdo de la Comisión Mixta paritaria formada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma, que se eleva en forma de propuesta al Gobierno de la Nación, que los aprueba mediante Real Decreto. Pues bien, el traspaso de las funciones, servicios y medios personales y materiales vinculados a la competencia en materia de "patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la Comunidad Autónoma" -entre otras- se llevó a cabo por
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