I. cooperación jurídica internacional en materia penal






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Tema 34. Cooperación jurídica internacional

TEMA 34º
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

EN MATERIA PENAL

(Esquema)
I. COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

A) Concepto y fundamento

- Ámbito interno: unidad jurisdiccional; obligatoriedad

- Ámbito internacional: solidaridad; posibilidad de denegación; causas

B) Régimen básico de la cooperación internacional en la LOPJ

a) Petición de órganos españoles

b) Petición a órganos españoles

Instrumentos de cooperación internacional en materia penal

Tratados sobre cooperación judicial en general

Tratados sobre materias específicas

a’) El Convenio sobre traslado de personas condenada

b’) El acuerdo de Schengen: previsiones.

El Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal

Otros convenios
II. LA EXTRADICIÓN

1. Concepto y clases

Concepto

Clases: activa, pasiva, en tránsito, reextradición; convencional y legal

2. La extradición activa

A) Sujetos extraditables

B) Supuestos de extradición

C) Procedimiento: competencia; petición: requisitos

3. La extradición pasiva

A) Concepto y fuentes legales

- Concepto; sistemas; régimen de fuentes

B) Principios inspiradores de la extradición

- Legalidad; doble incriminación; especialidad; reciprocidad

C) Supuestos de extradición

a) Delimitación positiva: privación de libertad superior a 1 año u otra superior a 4 meses

b) Delimitación negativa: exclusiones por razón de: 1) La persona; 2) El delito; 3) El territorio; 4) La propia jurisdicción; 5) Desaparición de la causa; 6) Tribunales de excepción; 7) Falta de garantías

D) Procedimiento

a) Fase gubernativa previa

a’) Inicio del procedimiento

b’) Por petición urgente

c’) Tramitación posterior

b) Fase judicial: competencia

a’) Ante el Juzgado Central de Instrucción

b’) Ante la Audiencia Nacional

c) Fase gubernativa decisoria
III. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. EL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN

1. El Convenio de Extradición

A) El Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957

Inspirador de la LEP española

Normas básicas: Eficacia; procedimiento; motivación de la decisión concurso de solicitudes; tránsito; idioma; denuncia

B) El Protocolo Adicional de 15 de octubre de 1975

Precisión conceptual de los delitos políticos

Exclusiones derivadas del “non bis in idem”

C) El Convenio de 23 de octubre de 1966

- Innovaciones: Conspiración; delitos políticos; delitos fiscales; extradición de nacionales; extensión de la extradición

2. La orden europea de detención y entrega

  1. Características generales

  2. Ámbito objetivo

  3. Procedimiento


IV. LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA

A) El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal

a) Objeto

b) Causas de denegación del auxilio

c) Contenido específico

B) El Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997

a) Objetivos

b) Cooperación policial

c) Cooperación judicial

d) Actuación del Consejo

e) Competencia del Tribunal de Justicia
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

EN MATERIA PENAL


Cooperación jurídica internacional en materia penal. La extradición. La orden europea de entrega y detención. El convenio Europeo de Extradición. La Cooperación jurídica europea.
I. COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

A) Concepto y fundamento

Como consecuencia del principio de territorialidad que caracteriza el ejercicio de la actividad jurisdiccional, las actuaciones que deban llevarse a cabo fuera del territorio de un juzgado o tribunal han de solicitarse del órgano competente del lugar de que se trate, para que sea éste quien las realice. La cooperación jurisdiccional consiste, pues, en el auxilio que deben prestarse entre sí los órganos jurisdiccionales de distintos territorios para la ejecución de los actos que hayan de realizarse fuera del ámbito territorial que les es propio.

a) En el ámbito interno de un Estado la cooperación judicial es consecuencia del principio de unidad de jurisdicción y se lleva a cabo mediante solicitudes de cumplimiento obligatorio.

En nuestro país la LOPJ dispone que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional (arts. 273 a 275), lo que se efectúa, en el orden penal, mediante las solicitudes que la LECRIM sigue denominando suplicatorios, exhortos y cartas órdenes.

b) En el ámbito internacional el auxilio jurisdiccional encuentra su fundamento en el deber de solidaridad entre los Estados, cuya cooperación resulta cada día más necesaria en materia penal, y se rige por lo convenido en los tratados internacionales y, en su defecto, conforme al tradicional principio de reciprocidad.

El auxilio puede denegarse: 1) Si el Estado requerido estima que la ejecución de la solicitud atenta a su soberanía, su seguridad, orden público u otros intereses esenciales; 2) Si la solicitud se refiere a infracciones o delitos que el Estado requerido considere como infracciones o delitos de carácter político; y 3) Si las infracciones o delitos que motivan la solicitud no son punibles en el Estado requerido.

B) Régimen básico de la cooperación internacional conforme a la LOPJ

Las normas básicas de la cooperación jurisdiccional internacional se contienen en los artículos 276 a 278 de la LOPJ, conforme a los cuales:

a) Las peticiones que los órganos jurisdiccionales españoles dirijan a otros extranjeros (que se denominan comisiones rogatorias), serán elevadas por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia, al Ministerio de Justicia, el cual las hará llegar a las Autoridades competentes del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática o bien directamente, si así lo prevén los tratados internacionales (art. 276).

b) Cuando sean los órganos jurisdiccionales españoles los requeridos por otro extranjero, deberán prestar la cooperación que se les solicite de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, con arreglo al principio de reciprocidad, la determinación de cuya existencia corresponde al Gobierno a través del Ministerio de Justicia (art. 277).

Si se acredita la existencia de reciprocidad, o se ofrece ésta por la autoridad judicial extranjera requirente, la prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los juzgados tribunales españoles:

1) Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española.

2) Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida; en cuyo caso, ésta remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad requirente.

3) Cuando la comunicación que contenga la solicitud no contenga los requisitos de autenticidad suficiente o se halle redactada en idioma que no sea el castellano.

4) Cuando el objeto de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público español (art. 278).

C) Instrumentos de cooperación internacional en materia penal

a) Tratados sobre cooperación judicial en general

España tiene firmados numerosos convenios de carácter bilateral o plurilateral por los que los Estados-Partes se obligan a prestarse asistencia mutua con carácter general para: la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a los órganos del Estado requirente; la entrega de objetos o documentos relativos a un proceso determinado; la notificación de resoluciones judiciales; la comparecencia personal en su territorio de un inculpado, testigo o perito; la citación de un inculpado, testigo o perito para que comparezca ante las autoridades de la Parte requirente; la declaración de un inculpado, testigo o perito ante las autoridades de la Parte requerida; la solicitud de los antecedentes penales de una persona; la información sobre las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de las Partes hayan dictado contra nacionales de la otra; etc.

b) Tratados sobre materias específicas

Otros Convenios tienen un contenido específico, referido a la colaboración entre los Estados firmantes en determinadas materias, como, por ejemplo, la extradición; o la ejecución de resoluciones judiciales, ya con carácter general, ya respecto de las sentencias condenatorias por determinados delitos (singularmente relacionados con el tráfico de drogas); o el régimen de cumplimiento de condenas o de traslado de personas condenadas para el cumplimiento de la pena impuesta.

A este último grupo pertenecen el Convenio de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983 sobre traslado de personas condenadas (que fue ratificado por España por Instrumento de 10 de junio del mismo año y publicado en el BOE de 19 de junio de 1985), y el Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (al que se adhirió España el 25 de junio de 1991).

a’) El Convenio de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983 sobre traslado de personas condenadas

a’’) Objeto: La finalidad a que obedece este Convenio es la de que todo condenado pueda ser trasladado al Estado del que es nacional para cumplir en él la pena de prisión impuesta en otro Estado, siempre que medie el consentimiento del Estado de condena, del Estado de ejecución y del propio condenado.

b’’) Condiciones para la procedencia del traslado: Para la procedencia del traslado se requiere: 1) Que el condenado sea nacional del Estado de cumplimiento; 2) Que la sentencia sea firme; 3) Que la condena consista en pena de prisión y que la duración de la pena que aún se tenga que cumplir sea, al menos, de 6 meses el día de la recepción de la petición, o indeterminada; 4) Que el condenado, o su representante, cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental uno de los Estados así lo estime necesario, consienta el traslado; 5) Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento; y 6) Que el Estado de condena y el Estado de cumplimiento estén de acuerdo en el traslado (art. 3).

c’’) Régimen de cumplimiento: El Estado de cumplimiento puede ejecutar la condena en los mismos términos en que la impuso el Estado de condena, o bien proceder a su conversión mediante un procedimiento judicial o administrativo por el que se sustituya la sanción impuesta en el Estado de condena por una sanción prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción, con observancia en todo caso a los siguientes requisitos: 1) La autoridad que proceda a la conversión quedará vinculada por la constatación de los hechos fijados en la sentencia; 2) No podrá convertir la sanción privativa de libertad en pecuniaria; 3) Deducirá íntegramente el período de privación de libertad ya cumplido por el condenado; 4) No podrá agravar la situación del condenado; y 5) No quedará vinculada por la sanción mínima eventualmente prevista por la Legislación del Estado de cumplimiento para las infracciones cometidas (arts. 9 a 11).

d’’) Cesación del cumplimiento: Cada uno de los Estados podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas, pero solamente el Estado de condena tendrá el derecho a decidir acerca de cualquier recurso de revisión presentado contra la sentencia (art. 12 y 13). El Estado de cumplimiento deberá poner fin al cumplimiento de la condena en cuanto le haya informado el Estado de condena de cualquier decisión o medida que tenga como efecto quitar a la condena su carácter ejecutorio (art. 14).

b’) El Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen

Para los casos en que se trate de ejecutar una condena sobre un nacional de otro Estado que se hubiese refugiado en él, el Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen establece en su art. 68 las siguientes previsiones:

1) El Estado de condena, en lugar de pedir la extradición de dicho sujeto (que sería denegada por el Estado requerido al tratarse de un nacional propio de dicho Estado), puede pedir directamente a éste que se ejecute la condena.

2) A petición del Estado requirente, el requerido podrá acordar a detención preventiva o adoptar otras medidas para garantizar la permanencia del condenado en su territorio, a la espera de los documentos que apoyen la solicitud de ejecución.

3) Para proceder a la ejecución de la condena se prescindirá del consentimiento del condenado.

c) El Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal

El régimen de cooperación judicial en el ámbito Europeo se rige, con carácter general, por el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia Penal, firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 que fue ratificado por España por Instrumento de 14 de julio de 1982 (BOE de 17-9-1982), al que posteriormente se hará detallada referencia.

d) Otros convenios

Aparte de los anteriores merecen citarse también, entre otros:

1) Los Convenios de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, de 18-abril-1961 y 24-ocubre-1963, que determinan las inmunidades de los funcionarios diplomáticos y consulares.

2) El Convenio del Consejo de Europa sobre el valor de las sentencias penales de 28-mayo-1970, firmado por España en 1984

3) El Convenio Europeo para la represión del terrorismo de 27-enero-1977, ratificado por España por Instrumento de 9-mayo-1980

4) El Convenio Europeo sobre Transmisión de Procedimiento en Materia Penal, hecho en Estrasburgo el 15-mayo-1972 (ratificado por España en 24-junio-1988), para perseguir con arreglo a la propia legislación penal de un Estado cualquier infracción a la que sea aplicable la legislación penal de otro Estado contratante

5) El Convenio de Lisboa de 12 de octubre de 1984 sobre información de antecedentes y de condenas judiciales por tráfico de estupefacientes.
II. LA EXTRADICIÓN

1. Consideraciones generales

a) Concepto: Una de las manifestaciones más importantes de la necesidad de cooperación y de solidaridad entre los Estados en la lucha contra el crimen, es la que se refiere a la extradición. La extradición consiste en el conjunto de actuaciones que tienen por objeto la entrega de una persona, por parte de las autoridades del Estado en que la misma se encuentra, a las autoridades de otro Estado, a fin de ser juzgada por los órganos jurisdiccionales de este último por la comisión de determinados hechos constitutivos de delito, o para que cumpla la pena o la medida de seguridad que se le impuso.

b) Clases: En atención a la posición que ocupa el Estado que solicita o realiza la entrega, la doctrina suele distinguir las siguientes clases de extradición: 1) Activa: consiste en la reclamación que se dirige a otro Estado solicitando del mismo la entrega del presunto delincuente o del condenado que se halla en su territorio. 2) Pasiva: consiste en la reclamación que se recibe en un Estado por parte de otro que solicita dicha entrega, y en las actuaciones necesarias para resolver sobre ella y llevarla cabo. 3) En tránsito: consiste en las actuaciones relativas a la solicitud y obtención de la autorización que otorga el Estado por el que está de paso el sujeto extraditado, para que se haga entrega del mismo al Estado receptor (está en desuso a causa de los vuelos internacionales). 4) Reextradición: consiste en la entrega de un sujeto reclamado a otro Estado, por parte del Estado receptor del mismo al que inicialmente ha sido extraditado desde otro, lo que exige la autorización del Estado de origen.

En atención a la norma por la que se regula, suele distinguirse también entre extradición legal o convencional, según se rija por normas de derecho interno o por normas pactadas de derecho internacional.
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