Apuntes sobre la masonería en españA






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Real Decreto


Hallándome informado de que la invención de los que se llaman francmasones es sospechosa a la Religión y al Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede debajo excomunión y también por las leyes de estos Reinos, que impiden las congregaciones de muchedumbres no constando sus fines e instituto a su soberanía: he resuelto atajar tan grave inconveniente con toda mi autoridad, y en su consecuencia,

Prohíbo,

En todos mis reinos las congregaciones de los francmasones debajo de la pena de mi real indignación y de las demás que tuviere por conveniente imponer a los que incurrieren en esta culpa; y mando al Consejo que haga publicar esta prohibición por Edicto en estos mis reinos, encargando en su observancia al celo de los intendentes, corregidores y justicias aseguren a los contraventores, dándose cuenta de los que fueren por remedio del mismo Consejo para que sufran las penas que merezcan: en inteligencia de que he prevenido a los capitanes generales, a los gobernadores de plaza, jefes militares, intendentes del Ejército y Armada naval hagan notoria y celen la citada prohibición, imponiendo a cualquier oficial o individuo de su jurisdicción mezclado o que se mezclase en esta congregación la pena de privarle y arrojarle de su empleo con ignominia. Tendráse entendido mi Consejo y dispondrá su cumplimiento en la parte que le toca. En Aranjuez a 2 de julio de 1751".

La doctrina masónica había sido condenada por el Papa Benedicto XIV, en su Constitución Apostólica Providas, en el año 1751, y este texto papal fue el fundamento de la Pragmática de fecha 2 de julio de aquel mismo año, que fue promulgada por Fernando VI de Borbón, cuyo texto quedaba redactado en los siguientes términos

Real Decreto



Hallándome informado de que la invención de los que se llaman francmasones es sospechosa a la Religión y al Estado, y que como tal está prohibida por la Santa Sede debajo excomunión y también por las leyes de estos Reinos, que impiden las congregaciones de muchedumbres no constando sus fines e instituto a su soberanía: he resuelto atajar tan grave inconveniente con toda mi autoridad, y en su consecuencia,

Prohíbo,

En todos mis reinos las congregaciones de los francmasones debajo de la pena de mi real indignación y de las demás que tuviere por conveniente imponer a los que incurrieren en esta culpa; y mando al Consejo que haga publicar esta prohibición por Edicto en estos mis reinos, encargando en su observancia al celo de los intendentes, corregidores y justicias aseguren a los contraventores, dándose cuenta de los que fueren por remedio del mismo Consejo para que sufran las penas que merezcan: en inteligencia de que he prevenido a los capitanes generales, a los gobernadores de plaza, jefes militares, intendentes del Ejército y Armada naval hagan notoria y celen la citada prohibición, imponiendo a cualquier oficial o individuo de su jurisdicción mezclado o que se mezclase en esta congregación la pena de privarle y arrojarle de su empleo con ignominia. Tendráse entendido mi Consejo y dispondrá su cumplimiento en la parte que le toca. En Aranjuez a 2 de julio de 1751".

EDICTO DE FERNANDO VII DE BORBON

Nos El Rey D. Fernando VII, y en su ausencia (...) el Consejo de Regencia de España é Indias (...):
Siendo uno de los más graves males que afligen á la Iglesia y á los Estados la propagación de la secta Francmasónica, tan repetidas veces proscrita por los Sumos Pontífices y por los Soberanos Católicos en toda Europa, y contra cuyos sectarios expidió el Señor Rey D. Fernando VI, de gloriosa memoria un Real Decreto, con las reglas y modo de proceder de los jueces que los aprehendiesen, conviniendo para el bien espiritual de los fieles y la tranquilidad de los pueblos evitar con la mas escrupulosa vigilancia la reunión de semejante clase de gentes (...);

He resuelto,

Habiendo oído á mi Consejo de las Indias, y lo expuesto por mi Fiscal (...), Ordenar y Mandar que todos los Jueces que exercen en esos dominios la Jurisdicción Real ordinaria, y con derogación de todo fuero privilegiado, con inclusión del militar, procedan contra los expresados Francmasones, arrestando sus personas y aprehendiéndoles los papeles que se les encontraren.


Condena por masón a D. Diego Martínez Barrios, último Presidente de la II República Española

Texto de la sentencia contra Diego Martínez Barrios.

Emitida el 11 de septiembre de 1941 por un Tribunal presidido por el general Saliquet, con los vocales González Oliveros y Pradera. El proceso se inicio el 19 de junio de 41 y se cerró el 15 de octubre del 46. Los documentos se hallan en el Archivo General de la Guardia Civil, sección Masónica.

En Madrid a once de Septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, el Tribunal Especial para Represión de la Masonería y del Comunismo, en el sumario número ochenta del Juzgado Especial Uno, y doscientos seis del Tribunal, seguido por delito previsto en la Ley de 10 de marzo de 1.940, en contra del procesado en rebeldía DIEGO MARTÍNEZ BARRIO, mayor de edad penal y de ignorado paradero:

1º RESULTANDO:

Que DIEGO MARTINEZ BARRIO, Afiliado a la Liga de los Derechos del Hombre, de la fue presidente de Honor y Vicepresidente de la Junta Nacional Reorganizadora, ingresó en la Masonería en mayo de mil novecientos ocho, con el nombre simbólico de "Vergniaud" y tras una intensa actuación dentro de la secta alcanzó el grado 33, "Soberano Gran Inspector Comendador" y sucesivamente los cargos de "Venerable Maestro" de la Logia "Isis nº 350" en mil novecientos catorce, reelegido para mil novecientos quince. "Venerable Maestro" de la Logia "Isis y Osiris" de Sevilla, nº 337 en mil novecientos quince, "Gran Maestre" de la Gran Logia Simbólica Regional de Mediodía de España en mil novecientos veintinueve, "Gran Maestre Nacional" del Grande Oriente Español y también cargos en logias extranjeras, como el de "Grande de paz y amista" del Grande Oriente del Brasil en mil novecientos treinta y tres.

A este escaso reflejo de sus actuaciones en el seno de la secta, hay que añadir una continua u celosa actividad masónica en la vida pública y política y una finalidad, nunca olvidada, de infiltrar en los organismos públicos y en toda la vida nacional, los postulados masónicos, según es notorio. En toda su larga vida política siempre se inspiró en la antipatriótica tendencia masónica, adulterando las situaciones de matiz moderado en que actuó, alentando la subversión al iniciarse el Movimiento con utilización de toda la red masónica, que manejaba, y alentando la revolución con todas sus energías y poderes durante el transcurso de la Cruzada salvadora. Aún hoy, como también es notorio, dirige a la masonería y la encamina en contra de los poderes del Estado. Hechos que se declaran probados.

2º RESULTANDO:
Que durante la celebración del juicio ante este Tribunal, el Ilmo. Sr. Fiscal formuló como acusación definitiva la de reputar al procesado como autor, con todo género de agravantes, del delito de masonería que define y sanciona la Ley de 1º de marzo de 1.940 y pidió la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de inhabilitación absoluta y expulsión.

1º CONSIDERANDO:

Que los hechos declarados probados constituyen el delito de masonería que define el artículo 4º de la Ley de 1º de marzo de 1940 ya que el procesado con su alta y significada graduación masónica, no ha sido baja en la secta.

2º CONSIDERANDO:

Que de tal delito es responsable el procesado en concepto de autor de delito consumado.

3º CONSIDERANDO:

Que los hechos probados arrojan, en contra del procesado, las circunstancias agravante del alto grado masónico ostentado, de haber formado parte de la Gran Logia Española, concurrencia a asambleas nacionales, y haber desempeñado los cargos de más alta confianza en la secta: en una palabra se dan todas y cada una de las circunstancias agravantes que definen en el artículo 6º párrafo 1º de la Ley mencionada. Procede, en consecuencia, la aplicación de la penalidad prevista en el grado máximo de su extensión.

4º CONSIDERANDO:

Lo que en cuanto a Responsabilidades Civiles preceptúa el artículo 8º de la Ley aludida, en su relación con la de nueve de febrero de 1939.

Vistos los artículos citados de la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, los concordantes y relacionados de la misma, el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 30 y 44 del Código Penal.

FALLAMOS:

Que debemos condenar y condenamos al rebelde DIEGO MARTINEZ BARRIOS como autor de un delito consumado de masonería, con la concurrencia de solas circunstancias agravantes, a la pena de treinta años de reclusión mayor, con sus accesorias de interdicción civil, inhabilitación absoluta, extensiva, además, a cargos en entidades subvencionadas y empresas concesionarias, gerencias y Consejos de Administración en empresas privadas, así como cargo de confianza, mando y dirección en las mismas. Para la fijación de las responsabilidades civiles, remítase testimonio de esta sentencia al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Notifíquese esta sentencia en la forma que la Ley previene para los rebeldes, remitiendo testimonio de lo conveniente al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación a los efectos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, y para ejemplaridad y mayor difusión suplíquese la publicación de referencia de este fallo a Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-

Leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Presidente y estando celebrando audiencia en los Estrados del Tribunal, Madrid a trece de Septiembre de mil novecientos cuarenta y uno. Doy fe.

Ley 1 de marzo de 1.940 (B.O.E. nº 12.667) para la Represión del Comunismo y la Masonería
El 1 de octubre de 1936, el General Franco asume todos los poderes del Estado, anulando cualquier atisbo de derecho democrático de la ciudadanía española, primero en la llamada zona nacional controlada por el y tras el final de la guerra civil en 1 de abril de 1939, en todo el territorio español.

A la Ley de Responsabilidades políticas de febrero de 1939 le sucedió la Ley de Represión de la Masonería y Comunismo y, más tarde, la Ley de Seguridad del Estado. Los juicios eran sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los inculpados. Por el interés histórico para el pueblo masónico español sobre el que se aplicó esta legislación se reproduce el Decreto 2º del 30 de marzo de 1940, Presidencia, B.O.E. 12.688, 3 de abril que desarrolla la aplicación de la Ley del 1 de marzo de 1940.

Artcº 1

Todo español o extranjero residente en España que antes del día 2 de marzo de 1940 haya ingresado en la Masonería está obligado a formular ante el Gobierno una declaración-retractación comprensivas de los siguientes extremos:

1. Nombre, apellidos, estado civil, vecindad, domicilio y profesión del interesado, con expresión de la categoría, clase y empleo si se trata de militar o funcionario.

2. Cargos o destinos que desempeña en la actualidad en el Estado, corporaciones publicas u oficiales, entidades subvencionadas y empresas concesionarias, incluso en Consejos de Administración.

3. Declaración del lugar y la fecha en que ingresó en la Masonería y de la persona por quien fue iniciado.

4. Nombre simbólico que tuvo y grado que alcanzó.

5. Jefes o Grados superiores a los que está subordinado.

6. Talleres, logias o grupos a los que ha pertenecido

7. Sesiones o reuniones a que ha asistido con expresión especial de las asambleas ordinarias o extraordinarias, nacionales o internacionales.

8. Cargos o comisiones que ha desempeñado en la secta

9. Razones que tuvo para ingresar

10. Información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre jefes o compañeros en ella del declarante y sobre extremos que puedan servir con eficacia a la represión de la Masonería.
11. Si el declarante ha dejado de pertenecer a la secta; desde que fecha, en virtud de acto, por resolución, porque motivo, forma que revistió y cuantas circunstancias crea pertinentes en relación con la baja , separación o apartamiento.

12. Si concurre en el interesado alguna de las circunstancias de articulo 10 de la Ley (haber servido como voluntario de los frentes de guerra defendiendo la Causa Nacional, la conducta ejemplar en todos los momentos etc.)

13. Declaración de si por cualquier jurisdicción ha sido objeto de sanción y de que clase y cuantía por su condición de masón.

14. Retractación explicita del declarante por la que manifiesta que tiene rotos o rompe todos sus compromisos con la secta, abjurando de sus errores o ratificación, abjuración anterior.

15. Cuantas manifestaciones crea convenientes en relación con los extremos precedentes.

16. Juramento de que cuanto se contiene en la declaración-retratación es verdad y de que en ella no se ha omitido nada de lo que en la Ley de 1 de marzo de 1940 se dispone.

Artcº 2

La obligación de presentar la declaración-retratación se extiende incluso a los que con anterioridad al 18 de julio de 1936 hubiesen sido expulsados de la Masonería, dados de baja o hubiesen roto explícitamente con ella.

Artcº 3

El plazo de 2 meses para la prestación de la declaración-retartación comenzará a contarse a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del estado.

Artcº 4

La declaración-retratación habrá de presentarse: Por los militares profesionales en activo, reserva o cualquiera que sea su situación, ante el General Jefe de la Región Militar, Comandancia General o Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos en su caso, si se trata de Ejercito de Tierra; ante el Comandante General del Departamento Marítimo y Almirante de la Escuadra si se trata del Ejercito de Mar; ante el correspondiente Jefe de la Región o Zona Aérea si se trata del Ejercito del Aire; y ante el Director General si se trata de la Guardia Civil o Carabineros. En caso de tratarse de personal con destino en la Administración Central se hará ante las Secretarias Generales de los distintos departamentos.

Esta Ley, que ocupa las paginas 1.448 a 1454 del Boletín Oficial del Estado num. 12.688, se extiende detalladamente en medidas coercitivas del máximo rigor sin ninguna contrapartida de garantía para el encausado.

Hay una Orden Circular dentro de las diversas provenidas para cumplimentar el texto y ejecución de Ley, siempre emanadas desde el Ministerio de la Presidencia, y que lleva el nº de orden 12.674, emitida el 28 de abril de 1941 y publicada en el B.O.E. de 29 de abril de dicho año. Determina el paradero de todo el material incautado a la Institución o a sus miembros.

“ Se dispone que todos los documentos y ficheros de carácter masónico que obren en poder de Organismo oficiales y de personas particulares sean remitidos al Archivo de dicho Tribunal (-Tribunal de Represión del Comunismo y la Masonería-) que se encuentra instalado en Salamanca donde quedaran depositados.”
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