Trabajadora española con contrato de trabajo con empresa española que presta sus servicios para empresa extranjera en el extranjero, siendo ésta última la






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fecha de publicación27.05.2015
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Trabajadora española con contrato de trabajo con empresa española que presta sus servicios para empresa extranjera en el extranjero, siendo ésta última la empresa matriz de aquella empresa española,

  1. ¿Es ilegal la prestación de servicios así?

  2. ¿Consecuencias legales de esta situación para ambas empresas y la trabajadora?


¿Es ilegal la prestación de servicios así?
Entiendo que la prestación de servicios así no es ilegal, esto es la trabajadora tiene sus derechos y deberes dentro de una relación laboral regular con su empleador español y el objeto de su contrato de trabajo es prestar servicios a un cliente extranjero de la empresa. Las relaciones mercantiles entre ambas empresas y la cesión indefinida de la prestación del trabajador no son ilegales. La ley prohíbe (Art. 43.1 del Estatuto de los Trabajadores) la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa que sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan. Pero no se prohíbe la cesión de un trabajador ya contratado, siempre que esta cesión tenga una causa lícita por ello la misma ley establece una serie de presunciones de cesión ilegal: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. Así que mientras el contrato entre ambas empresas no responda a una finalidad de ocultar una contratación de la trabajadora para prestarla a un tercero que eluda así sus responsabilidades legales como empleador, la situación es legal.

¿Consecuencias legales de esta situación para ambas empresas y la trabajadora?
Lo anterior está ligado indefectiblemente a la respuesta a esta segunda cuestión. Si una sociedad, como la sociedad española en este caso, forma parte de un grupo de sociedades, la cuestión esencial a efectos de determinar la posible extensión al grupo de empresas de la responsabilidad en los deberes empresariales como el pago de las cantidades salariales de uno de los trabajadores de otra sociedad integrante del mismo grupo, consistirá en determinar quién es el empresario -si la sociedad que posee esa cualidad formalmente o la matriz extranjera o todo el grupo de sociedades en el que se integra, por cuanto que no existe precepto alguno que, si fuese sólo la primera, obligue a los restantes componentes de este grupo a responder solidarios de las obligaciones contraídas por aquélla. La legislación española define al empresario como la persona física o jurídica, o la comunidad de bienes, que reciba la prestación de los servicios efectuados por otra en forma personal, voluntaria, remunerada y dentro de su ámbito de organización y dirección. Por tanto el grupo –dos o más empresas-, puede ser legalmente empleador o empresario en la legislación laboral.

No hay que olvidar que la existencia del grupo, en cuanto tal, se determina por la sujeción a un poder único de decisión cualquiera que sea su forma, que actúa como tal, según se deduce del Art. 16.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en consonancia con lo dispuesto en el Art. 42 del Código de Comercio y Art. 87 de la Ley de Sociedades Anónimas. Estos vínculos serán la base usual de la que surja esa dirección unificada, pero no cabe hablar de grupo si ésta no se llegara a dar.
Pues bien, para que la condición de empresario recaiga en todo el grupo se precisa no sólo ese poder de decisión común, sino que además, incida en el ámbito de las relaciones laborales, de modo que el receptor de los servicios sea el grupo y no la sociedad a la que está formalmente adscrito el trabajador. La legitimación de la sociedad como núcleo de imputación de derechos y obligaciones, derivada de la atribución de personalidad jurídica propia, se evapora cuando, quienes la rigen de hecho, actúan en forma que desconoce esa misma imputación, con repercusión en las relaciones laborales adscritas a la misma de manera formal. No cabe que, en esas circunstancias, quien ha desconocido los límites de la personalidad diferenciada pretenda valerse de ellos para acotar sus responsabilidades a un área que ha sido el primero en eludir cuando le resultaba de su interés. Vale, por tanto, la regla de la distinta personalidad, pero sólo si quien la detenta o invoca se atiene a ella. La actuación con vara de medir de doble rasero -personalidad para dar, grupo para recibir- no se atiene a los cánones que imperan en nuestro ordenamiento jurídico, revelando una actuación constitutiva de fraude de ley en el uso de la personalidad jurídica, que obliga a los órganos judiciales a aplicar la regla que se quiso evitar (Art. 6.4 del Código Civil).
Da igual ya cómo se produzca esa incidencia en el terreno de las relaciones laborales. Habrá veces en que será porque los servicios que prestan los trabajadores quedan sujetos a órdenes directas ajenas a la sociedad a la que están adscritos. En otras, porque realicen sus trabajos sin distinción alguna para los diferentes titulares.
Efecto de esa atribución de la cualidad de empresario a todo el grupo será la imputación de la responsabilidad derivada de las relaciones laborales a cuantos lo compongan, que les incumbirá en forma solidaria y con independencia de que sea sólo uno de ellos quien figure como empresario: esto es, compartiéndola todos de cara a los trabajadores afectados.
Cuanto antecede tiene su respaldo jurídico en la doctrina del Tribunal Supremo en Sentencias de 30 enero, 4 y 9 mayo y 24 septiembre 1990, 31 enero y 6 y 22 marzo 1991 y 30 junio 1993.
Así que es muy posible que se entienda que el grupo de sociedades o tanto la sociedad española como su matriz extranjera son el verdadero empresario y tengan que responder solidariamente frente a la trabajadora.

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