Sede Académica, San José, Hatillo






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Consecuencias de su abolición


La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo. El día 10 el general Eguía tomó Madrid militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente, se había gestado todo un clima de bienvenida popular.

Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una constitución para «ambos hemisferios», y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasaban directamente a poder del aparato administrativa estatal y no del monarca, al establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la "hacienda de la nación" y la hacienda real. No podría consentirlo Fernando VII.

Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos se tradujeron en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar ésta concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes sino también entre una concepción centralista del Estado (basada en el gobierno de Madrid) y una descentralizada. Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas, podría concluirse, pero la cuestión es que no era, estrictamente, sólo una revolución española, si se precisan no sólo la nacionalidad sino también los territorios del Estado en cuestión.

Hasta la década de 1820, la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista. Podía asumir una condición nacional española, pero a cambio de un autonomismo en América para todas las cuestiones de política interna, lo que implicaba la descentralización política y las libertades económicas. Para lograr sus pretensiones, los americanos planteaban una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos. Esta triple división de la soberanía, combatida por los liberales peninsulares, se legitimaba en los procesos electorales. Con estas propuestas, el autonomismo americano estaba planteando un Estado nacional no sólo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones federales.

Los americanos depositaron toda la organización del Estado en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar, administrar y recaudar las pretensiones y necesidades del criollismo de cada provincia. Esto provocó una doble reacción: por una parte el rey se opuso al federalismo, dado que los Estados que eran federales o confedérales tenían la república como forma de Estado: los Estados Unidos de América y Suiza. Pero además, federalismo era sinónimo, en aquellos momentos, de democracia, asociada a elementos de disolución del Estado absolutista, y por ende tachados de "anárquicos". En segundo lugar, la propuesta federal de los americanos provocó una reacción cada vez más centralista entre los liberales peninsulares, que insistían en que la soberanía nacional (al ser indivisible) no podía delegarse en modo alguno en diputaciones provinciales y la maquinaria administrativa debería ser manejada sólo desde la Península.

Tras la década absolutista, frustrada la opción autonomista gaditana, el nacionalismo ultramarino optó por la insurrección armada, lo que condicionó la situación final revolucionaria española hasta el triunfo de las independencias continentales americanas en 1825.
II El Pacto de Concordia

El Pacto de Concordia fue la Constitución provisional de Costa Rica (1821-1823), denominada Pacto Social Fundamental Interino (o Pacto de Concordia) de la Provincia de Costa Rica.

El primer gobierno provisional que se forma es una Junta Superior Gubernativa Interina. A ellos se debe la primera Constitución de Costa Rica, llamada Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de la Concordia.

Emisión

El 31 de octubre de 1821, el Ayuntamiento de Cartago invitó a los de las demás poblaciones del Partido de Costa Rica a enviar a esa ciudad legados con amplios poderes, a fin de decidir el camino a seguir ante la declaratoria de independencia absoluta de España formulada el 11 de octubre por la Diputación Provincial de la Provincia de Nicaragua y Costa Rica.

El 12 de noviembre se reunió en Cartago la Junta de Legados de los Pueblos, presidida por el Presbítero Nicolás Carrillo y Aguirre, y como el inicio de sus sesiones coincidió con la renuncia presentada por el Jefe Político Subalterno Juan Manuel de Cañas-Trujillo, la Junta asumió el Gobierno de Costa Rica en todos sus ramos. Pocos días después se acordó nombrar una comisión de cinco miembros para que redactase un "Plan de Gobierno provisional" que sirviese como “nudo de concordia” entre todas las poblaciones representadas. La Junta de Legados asumió, en consecuencia, carácter de asamblea constituyente, aunque no utilizó tal denominación.

La comisión redactora, en la que había representantes de diversas tendencias ideológicas, tomó como base de sus trabajos un proyecto remitido desde Guatemala por el médico costarricense Pablo de Alvarado y Bonilla, partidario de un régimen liberal y adversario decidido de la anexión al Imperio Mexicano establecido por Don Agustín de Iturbide. El 1° de diciembre de 1821 se presentó a la Junta de Legados el proyecto correspondiente, que fue discutido, reformado y aprobado en esa misma fecha, con el nombre de Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. El documento entró en vigencia con carácter provisional, a la espera de ser sancionado por una nueva asamblea de legados en enero de 1822.

Contenido

En su redacción original, el texto constitucional de 1821 contaba con 58 artículos, distribuidos en siete capítulos.

El Capítulo I se refería a la Provincia y expresaba que Costa Rica estaba en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos, que sería dependiente o confederada de otro Estado americano al que le conviniera adherirse y que reconocía y respetaba la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación.

El Capítulo II versaba sobre la Religión e indicaba que la de la Provincia era y sería siempre la Católica Romana, con exclusión de cualquiera otra, aunque indicaba que si un extranjero de otro credo llegase a Costa Rica por motivos de comercio o tránsito, no sería molestado, a menos que intentase hacer proselitismo.

El Capítulo III se refería a los ciudadanos, en reacción al racismo de la Constitución de 1812, se atribuía la ciudadanía a todos los hombres libres naturales de la provincia o avecindados en ella con cinco años de residencia. La suspensión o pérdida de los derechos ciudadanos se regiría por lo dispuesto en la Carta de Cádiz.

El Capítulo IV se trataba del Gobierno, que estaba confiado a una Junta de Gobierno provisional, integrada por siete vocales de elección popular. Este sistema perduraría hasta que se estableciese la Constitución del Estado a que Costa Rica se adhiriese.

El Capítulo V regulaba la elección de los miembros del gobierno, que debía efectuarse mediante el sistema de sufragio universal indirecto en cuatro grados utilizado para la elección de Diputados en la Constitución de 1812. Se disponía además que los electores de partido discutieran el Pacto para eventualmente modificarlo y sancionarlo, y que su determinación fuera una ley interina fundamental de la Provincia.

El Capítulo VI se refería al órgano de gobierno, que se denominaba Junta Superior Gubernativa de Costa Rica y debía residir tres meses al año en cada una de las cuatro poblaciones mayores de la provincia. La Junta se renovaba por mitades cada año, y le correspondían amplios poderes legislativos y administrativos, el mando político y las potestades antes pertenecientes a la Capitanía General, la Superintendencia General y la Diputación Provincial, así como las facultades de la Real Audiencia en cuanto a velar por la pronta y recta administración de justicia y conocer de los recursos de agravio y fuerza. En primera instancia, las funciones judiciales seguirían en manos de los alcaldes constitucionales, quienes debían administrar justicia conforme a la Constitución de Cádiz y la ley de 9 de octubre de 1812, y se establecían algunas reglas transitorias en cuanto a la segunda instancia, por carecerse de tribunal de alzada y no existir en esos momentos posibilidad de establecerlo.

El Capítulo VII versaba sobre las restricciones del Gobierno, e indicaba el modo de exigir responsabilidades a la Junta y sus vocales, mediante un tribunal de residencia.

Vigencia provisional y sanción del Pacto

Al entrar en vigor provisionalmente el Pacto de Concordia el 1° de diciembre de 1821, concluyeron las sesiones de la Junta de Legados de los Pueblos y asumió el poder una Junta Gubernativa interina, presidida por el Presbítero Pedro José de Alvarado y Baeza. Esta Junta se mantuvo en funciones hasta el 6 de enero de 1822, fecha en que se reunió en Cartago una Junta de Electores de partido, investida de poder constituyente y presidida por Rafael Barroeta y Castilla. De conformidad con lo dispuesto en varios artículos transitorios del Pacto, la Junta de Electores discutió el texto de éste y el 10 de enero decidió aprobarlo con algunas reformas, la más significativa de las cuales era la de consagrar constitucionalmente la anexión condicional de Costa Rica al Imperio Mexicano, al disponer que se enviarían Diputados al Congreso Constituyente de México y se aceptaría la Constitución que emitiese. Sin embargo, se indicaba también que se continuaría observando el Pacto mientras se emitiese la Constitución del Imperio o las autoridades de éste, oída la representación costarricense, señalasen las autoridades que debían regir la Provincia.

El Pacto reformado quedó sancionado y en plena vigencia el mismo 10 de enero de 1822. Sin embargo, la villa de Heredia, que era partidaria de la anexión incondicional al Imperio Mexicano, se negó a aceptarlo. Como las autoridades de León de Nicaragua habían acordado desde el 11 de octubre de 1821 la unión a México, Heredia decidió volverse a colocar bajo la jurisdicción de aquéllas y separarse de Costa Rica. Como consecuencia de la segregación herediana, el plazo de tres meses previsto en el Pacto para la permanencia del Gobierno en cada una de las cuatro poblaciones mayores de la provincia se alargó un mes en beneficio de Cartago, San José y Alajuela.
III Constitución costarricense de 1859
Constitución Política emitida en Costa Rica el 27 de diciembre de 1859. Estuvo vigente hasta el 1° de noviembre de 1868 y también, parcialmente, de agosto a octubre de 1870.


  1. Emisión

El pronunciamiento del 14 de agosto de 1859 proclamó a José María Montealegre Fernández como Presidente Provisorio de la República. El 23 de ese mismo mes, Montealegre convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente, la cual inauguró sus sesiones el 16 de octubre de 1859, bajo la presidencia del ex Presidente José María Castro Madriz. El 18 de octubre se designó una comisión para redactar un proyecto de Constitución, la cual propuso tomar como modelo la Constitución de 1844, a pesar de la poca feliz experiencia vivida con ella. La Asamblea dedicó largas horas a examinar el articulado de 1844, pero las labores pronto se estancaron y el 8 de noviembre se decidió nombrar otra comisión, que redactase un proyecto nuevo. Esta segunda comisión trabajó con diligencia y el 21 de noviembre presentó a la consideración del cuerpo constituyente el fruto de sus labores, que era un documento sobrio y equilibrado, inspirado en ideas democráticas y liberales y que procuraba corregir los múltiples defectos de forma y fondo de la Constitución de 1848. La Asamblea lo discutió con relativa celeridad. Finalmente, el 26 de diciembre la Asamblea aprobó la nueva Constitución Política, que fue suscrita por el Presidente Montealegre al día siguiente y publicada sin dilación.


  1. Contenido

La Constitución Política de 1859 constaba de 142 artículos distribuidos en once títulos.

El título I trataba de la República, declaraba que la soberanía residía en la nación e indicaba los límites de Costa Rica. En este texto se consagró por primera vez que el límite con Nicaragua estaba definido por el tratado Cañas-Jerez de 1858.

El título II trataba del gobierno, indicaba sus características y enunciaba la división tripartita de poderes.

El título III se refería a la Religión y decía que la católica era la de la República, que era protegida por el Gobierno y que éste no contribuía con sus rentas a los gastos de otro culto.

El título IV se refería a las garantías nacionales e individuales. Las llamadas garantías nacionales eran ciertos principios y fundamentos sustanciales de la acción del poder público, tales como los principios de supremacía constitucional, reserva de ley en materia tributaria y subordinación de la fuerza militar al poder civil. Las garantías individuales eran los derechos civiles y políticos, que se enumeraban con detalle y amplitud. Se establecía por primera vez la garantía del hábeas corpus.

El título V contenía la regulación de la nacionalidad y la ciudadanía.

El título VI se refería al sufragio, que se ejercía mediante un sistema indirecto en dos grados, el segundo de los cuales era censitario.

El título VII regulaba el Poder Legislativo, que era bicameral. El Congreso se dividía en dos Cámaras, una de Senadores y otra de Representantes, que se renovaban por mitades cada dos años. La de Representantes se elegía sobre base numérica y la de Senadores estaba formada por dos miembros por cada provincia. Las cámaras tenían iniciativa y sanción recíproca en la formación de la ley, y los proyectos de ley aprobados por ambas pasaban al Ejecutivo, que podía sancionarlos o vetarlos. En este último caso, el proyecto podía ser resellado por dos terceras partes de votos de las cámaras. Además, éstas se reunían como Congreso para tomar ciertas decisiones específicas, tales como las de declarar el resultado de las elecciones presidenciales, aprobar los tratados internacionales, suspender por tres cuartas partes de votos el orden constitucional y nombrar a los Magistrados y a dos Designados a la Presidencia. Estos, elegidos anualmente, estaban destinados a sustituir al Presidente de la República en sus ausencias temporales o absolutas.

El título VIII versaba sobre el Poder Ejecutivo. El Jefe de la Nación sería el Presidente de la República, era elegido por un período de tres años, sin posibilidad de reelección sucesiva. El Presidente tenía el derecho de veto y conservaba la potestad de nombrar y destituir libremente a los Secretarios de Estado y a los demás empleados del Ejecutivo, pero en conjunto sus facultades eran mucho menores que en la Constitución reformada de 1848. Para ejercer el derecho de gracia y efectuar nombramientos diplomáticos y consulares, el Presidente requería el acuerdo del Consejo de Estado, que estaba formado por los Secretarios, y que además de esas funciones discutía, deliberaba y emitía dictamen sobre los asuntos que le sometiera el primer mandatario.

El título IX se refería al Poder Judicial y regulaba diversos aspectos de la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia estaría formada por un Regente, cinco Magistrados y un Fiscal, que debían tener el título de abogado y eran elegidos cada cuatro años por el Poder Legislativo.

El título X versaba sobre el régimen municipal. El país se dividía en provincias, cantones y distritos. En cada provincia habría un Gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo, y en su capital una Municipalidad.

El título XII se refería a la observancia de la Constitución, el juramento constitucional y las reformas a la Carta fundamental. Al inicio de sus sesiones ordinarias, el Poder Legislativo debía examinar si la Constitución había sido exactamente observada y proveer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Todo funcionario público debía jurar observar la Constitución y las leyes. Se prohibió de modo absoluto reformar la Constitución durante sus primeros cuatro años de vigencia. Concluido ese término, en cualquiera de las cámaras se podía presentar un proyecto de revisión parcial de la Constitución, suscrito por al menos un tercio de los miembros presentes, y después debía ser aprobado por dos tercios de votos en cada una de las Cámaras y por la mayoría absoluta del Congreso. El proyecto pasaba después al Ejecutivo, que tras haber oído al Consejo de Estado, lo presentaba con su mensaje anual al Congreso en la siguiente reunión ordinaria de éste. El Congreso debía entonces aprobar nuevamente la modificación por dos terceras partes de votos. Para la reforma general de la Constitución se requería convocar una Asamblea Constituyente, después de que el proyecto respectivo siguiese los trámites de la reforma parcial.


  1. Vigencia

Puesta en vigencia de la Constitución de 1859, el gobernante provisorio José María Montealegre Fernández fue elegido como Presidente constitucional para el período 1860-1863. Para el trienio 1863-1866 fue elegido Jesús Jiménez Zamora, quien a los pocos meses de estar en el poder disolvió el Congreso, aunque rápidamente se convocaron comicios para designar uno nuevo. El sucesor de Jiménez fue José María Castro Madriz, elegido para el período 1866-1869; pero el deseo de Castro de que le sucediese su Secretario de Estado Julián Volio Llorente provocó gran oposición en ciertos círculos políticos y militares. El 1º de noviembre de 1868, un golpe militar derrocó al gobierno y rompió nuevamente el orden constitucional.

La parte de la Constitución de 1859 referida al Poder Ejecutivo estuvo nuevamente en vigencia durante un breve período, de agosto a octubre de 1870.


  1. Valoración

La Constitución de 1859 funcionó de modo satisfactorio durante varios años, a lo cual contribuyó la prohibición de la reelección sucesiva del Presidente y el adecuado equilibrio que establecía entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sin los extremismos de algunos de los textos constitucionales precedentes. Muchos años después de su abrogación todavía era considerada como una de las mejores Constituciones que habían regido en Costa Rica, y la Asamblea Constituyente de 1880 la tomó como modelo para sus labores.
IV Constitución costarricense 1869
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