Examen de la política de vivienda en euskadi






descargar 123.25 Kb.
títuloExamen de la política de vivienda en euskadi
página2/3
fecha de publicación09.08.2015
tamaño123.25 Kb.
tipoExamen
ley.exam-10.com > Ley > Examen
1   2   3

Calificación permanente de la vivienda protegida. Es una novedad no solo en Euskadi, sino también en el conjunto del Estado 7.




      1. Fuerte intervención pública sobre el suelo: a través de las reservas de suelo para vivienda protegida (que como consecuencia de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi se van hasta el 75% en suelo urbanizable y 40% en suelo urbano).




      1. Alta cuota de vivienda protegida (35% en Euskadi, 50% en Alava, 70% en Vitoria-Gasteiz, tomando como referencia los datos del cierre del ejercicio 2006), como consecuencia de las referidas reservas de suelo para vivienda protegida.




      1. Aumento del gasto público en vivienda. Es prácticamente imposible cuantificar el gasto municipal en vivienda, si es que este existe. Lo que si se puede medir es el cambio de ciclo presupuestario del Gobierno Vasco que ha pasado de dedicar unos 90 millones anuales a la vivienda, a disponer de 2.805 millones de euros para el Plan Director de Vivienda 2006-2009 entre el Departamento y las sociedades dependientes (Visesa, Orubide y Alokabide).




      1. Resistencia por parte de las Diputaciones Forales a modificar la política fiscal en materia de vivienda, siendo bien conocidas las diferencias entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales en relación a la fiscalidad de la vivienda vacía, las deducciones a la compra de vivienda 8, el alquiler o la vivienda protegida.




      1. Amplio abanico de viviendas protegidas: VS, VPO, Vivienda Tasada Autonómica, VTM, Alojamientos Dotacionales en Alquiler (estas últimas no son viviendas, sino dotaciones públicas) 9.




      1. Crecimiento de la vivienda protegida en alquiler y en derecho de superficie (impulsadas por el Gobierno Vasco y dos Ayuntamientos -Bilbao y Donostia-), frente a la propiedad plena (impulsadas por los promotores privados y el resto de los Ayuntamientos) 10.




      1. Inexistencia de venta en propiedad plena de vivienda protegida por parte del Gobierno Vasco, pues las viviendas o se adjudican en alquiler (sobre el 40% de las adjudicaciones de Etxebide) o se adjudican en derecho de superficie a 75 años (en torno al 60% de las adjudicaciones de Etxebide) con lo que lo público retiene la titularidad sobre los suelos en los que se desarrolla vivienda protegida y pasados los 75 años recuperará la propiedad plena del vuelo, de las viviendas.




      1. Prebaremación, sorteo y cupos de discriminación positiva en el caso de Etxebide 11 e imposición del sorteo en todos los demás casos (Ayuntamientos, promotores privados y cooperativas) 12.




      1. La práctica desaparición del mercado privado secundario de la vivienda protegida, como consecuencia del visado de los contratos, la exigencia del visado por parte de notarios y registradores y el ejercicio universal del derecho de tanteo y retracto.




      1. El ejercicio de las potestades inspectoras, sancionadoras y expropiatorias para garantizar un uso social y acorde con la normativa de vivienda protegida.




      1. Satisfacción directa a decenas de miles de ciudadanos a precios sociales (30.000 viviendas protegidas iniciadas en los últimos seis años), así como presión a la baja sobre los precios de la Vivienda Libre (en contra del lugar común habitual, la producción de vivienda protegida no encarece la Vivienda Libre) 13.




      1. Mixtificación: mezclar Vivienda Libre con vivienda protegida, vivienda protegida en propiedad, derecho de superficie y alquiler, todo ello con Alojamientos Dotacionales en Alquiler, etc. En la mezcla está el secreto de procesos de crecimiento urbano socialmente funcionales.




      1. Atención al suelo urbano, a la rehabilitación y a la regeneración urbana.




      1. Mercado hipotecario desgraciadamente desregulado.



  1. El HORIZONTE AXIOLOGICO Y TELEOLOGICO DEL MODELO VASCO: LA FUTURA LEY VASCA DE VIVIENDA


Llegados a este punto conviene reflexionar sobre el rumbo de las políticas públicas de vivienda en Euskadi. Varios son los elementos que se deben tomar en consideración para llevar a cabo esta reflexión, pero dado que en estos momentos el Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna se encuentra en fase de remisión al Parlamento Vasco para su debate y, en su caso, aprobación, entiendo que las apuestas estratégicas del citado proyecto de ley pueden servirnos de guía a la hora de determinar hacia donde se puede estar dirigiendo la acción de las Administraciones Públicas vascas en materia de vivienda.
De entre esas apuestas estratégicas de la de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna entiendo que debemos destacar las siguientes:



    1. EL DERECHO A LA VIVIENDA


El Anteproyecto apuesta por pasar de la concepción de la vivienda como un principio rector de política social y económica (lo que es en virtud de una lectura formal del artículo 47 de la Constitución, así como de su posición sistemática en la Carta Magna) al campo de los verdaderos derechos subjetivos, de prestación obligatoria por parte de las Administraciones Públicas y que puede implicar la exigencia judicial del mismo en el caso de inhibición o actuación insuficiente de los poderes públicos.
El actual esquema por el que, ex artículo 53.3 de la Constitución, el derecho de la ciudadanía a la vivienda informa la legislación positiva, la actuación judicial y la actuación de los poderes públicos es a todas luces insuficiente. La vivienda como soporte físico de la dignidad humana, del ejercicio de derechos, libertades y deberes, en definitiva, como precondición del libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) no está hoy suficientemente garantizada en el Estado español. Para poder conseguirlo es necesario derivar el derecho a la vivienda del ámbito del 53.3 al 53.1 de la Constitución a través del reconocimiento por ley, en este caso forzosamente autonómica, al estar la materia plenamente transferida a las CCAA.
Como es evidente los redactores del Anteproyecto no confunden proclamación formal de un derecho (declaración legal) con eficacia material, inmediata y real del mismo. Al derecho a la vivienda deben acompañarle las políticas públicas necesarias para garantizar la prescriptividad del citado derecho.
A continuación hablaremos de las políticas públicas funcionalmente ligadas a la consecución real del derecho a la vivienda. Pero antes quizás sea oportuno saber en que términos define el Anteproyecto de ley el derecho universal a la vivienda. En relación al ámbito subjetivo al que da cobertura, el Anteproyecto establece que todos los ciudadanos vascos, siempre que cumplan los requisitos exigidos para estar inscritos en Etxebide, tienen derecho a exigir a los Ayuntamientos la satisfacción directa de su derecho ciudadano a acceder a una vivienda digna. Cuando un Ayuntamiento no de satisfacción al derecho a acceder a una vivienda digna de una concreta persona, ésta podrá dirigirse al Gobierno Vasco para exigir la satisfacción subsidiaria del citado derecho.
En relación al horizonte temporal en el que las Administraciones Públicas de forma conjunta y corresponsable deben garantizar el derecho a la vivienda de la población antes descrita, el Anteproyecto de Ley considera que las políticas públicas de vivienda deberán satisfacer de forma integral las necesidades ciudadanas de vivienda con anterioridad al uno de enero de 2012.
Respecto a la forma de satisfacer el derecho a la vivienda, el Anteproyecto de Ley entiende que debe ser a través de, al menos, alguno de los siguientes mecanismos:


    1. El acceso a un Alojamiento Dotacional en Alquiler.

    2. El acceso a una Vivienda de Protección Pública en alquiler.

    3. El acceso a un programa público de movilización de vivienda vacía hacia el alquiler protegido.

    4. La subvención del alquiler de una Vivienda Libre, en las condiciones sociales y económicas que reglamentariamente se determinen.

    5. En todos los supuestos anteriores, el alquiler que sufrague la ciudadanía no podrá ser superior al 30% de sus ingresos, calculados los mismos tal y como reglamentariamente se determine.


Como ya se ha comentado, superado el uno de enero de 2012, en el caso de imposibilidad efectiva de acceso a una vivienda digna en las condiciones antes descritas, el administrado podrá exigir judicialmente la efectividad de este derecho. En el caso de las personas afectadas por la Ley de Prestación Complementaria de Vivienda la satisfacción de la necesidad de vivienda se deberá producir desde la entrada en vigor de esta Ley, sin que rija el plazo del año 2012.
Este es el perfil del derecho universal a la vivienda por el que opta el Anteproyecto de Ley. Ciertamente ambicioso, pero en modo alguno utópico o irrealizable, máxime si tenemos en cuenta que otras sociedades europeas con un nivel de riqueza similar a la sociedad vasca hace décadas que, de forma efectiva y práctica, garantizan el derecho a la vivienda en unos términos similares a los aquí reseñados. Euskadi y España han convergido en los últimos años en decenas de asuntos con la UE. Nada impide que la convergencia se pueda ampliar a medio plazo también a la efectividad del derecho ciudadano a la vivienda.


    1. LAS POLITICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA


Pero sin políticas que aporten medios a las Administraciones Públicas el derecho universal devendría meramente formal. Por ello el Anteproyecto de Ley dedica una parte sustancia de su texto a las políticas de las diferentes Administraciones Públicas en materia de vivienda.
Como rasgos más destacables de estas políticas públicas de vivienda señalaremos los siguientes:


      1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA.


El Anteproyecto de Ley contiene una serie de instrumentos de planificación y programación de las políticas públicas de vivienda, en algunos casos novedosos, en otros ya existentes, que se tratan de forma integral en el texto normativo.
Estos instrumentos de planificación y programación de las políticas públicas de vivienda son los siguientes:


        1. El Plan Director de Vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco

        2. En desarrollo de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 4/1990 de Ordenación de Territorio del País Vasco, el Plan Territorial Sectorial de Suelo para la promoción de Vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

        3. Los Programas Supramunicipales de Vivienda

        4. Los Planes Locales de Vivienda, en municipios de más de 3.000 habitantes, así como los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes.



      1. LA COORDINACION INTERADMINISTRATIVA


La coordinación interadministrativa en materia de vivienda también se regula en el Anteproyecto de Ley a través del Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi (organismo consultivo y asesor del Gobierno Vasco, los Ayuntamientos y la ciudadanía en materia de vivienda, así como lugar de encuentro de las Administraciones Públicas competentes en la misma).


      1. LA SOLIDARIDAD URBANA Y LA COHESION SOCIAL


El Anteproyecto de Ley, en su preocupación por llevar las obligaciones de las Administraciones Públicas al servicio de los derechos de la ciudadanía al campo de la concreción material, apuesta por la solidaridad urbana y la cohesión social.
Por cohesión social debemos entender la existencia de un parque residencial público de alquiler al servicio permanente de la sociedad vasca, de entidad suficiente y adecuada para satisfacer el derecho constitucional de toda la ciudadanía a la vivienda. Quedarían legalmente afectados al cumplimiento del objetivo de cohesión social los municipios obligados por la legislación urbanística a aplicar los estándares y cuantías mínimos de vivienda de protección pública. La manifestación más importante de la solidaridad urbana es la obligación de los Planes Municipales de Vivienda de garantizar al menos que el 50% de las Viviendas de Protección Pública construidas en sus términos municipales al amparo de cada planeamiento general sean ofertadas con carácter permanente en régimen de alquiler protegido. Los Planes Municipales de Vivienda deberán, así mismo, garantizar que al menos el 15% de las Viviendas Libres construidas en sus términos municipales al amparo de cada planeamiento general sean ofertadas con carácter permanente en régimen de alquiler. Estamos pues ante un Anteproyecto de Ley que no solo declara de manera semántica la existencia de un derecho, sino que, como se ve, fija importantes medidas al servicio del mismo.
El Anteproyecto de Ley señala con claridad que el suelo residencial que forme parte del Patrimonio Municipal de Suelo será destinado al cumplimiento del objetivo de cohesión social y de sus respectivos Planes Municipales de Vivienda.
Y para finalizar el Gobierno Vasco creará un Fondo de Solidaridad Urbana económico específico, gestionado por el Departamento competente en materia de vivienda, para dar apoyo a los municipios que acrediten dificultades especiales para la consecución de los objetivos fijados en materia de cohesión social. 
Por otra parte, el Anteproyecto de Ley define la solidaridad urbana como la mutua prestación de asistencia y de recursos entre todas las instituciones públicas para alcanzar los objetivos de cohesión social. En conexión con lo anterior los Ayuntamientos podrán conveniar con el Gobierno Vasco o sus sociedades públicas y/o participadas la gestión de parte o la totalidad del parque municipal de Vivienda de Protección Pública en alquiler a los que se hace referencia en esta Ley.


      1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA


El Anteproyecto de Ley incorpora un catálogo de derechos y deberes de las personas que solicitan Vivienda Protegida de las Administraciones Públicas, cubriendo con ello un cierto vacío y sistematizando otros derechos y deberes ya existentes en procedimiento administrativo general.


      1. REGIMEN LEGAL DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA


Es posible que esta sea la parte más prolija, pero a la vez, menos novedosa del Anteproyecto de Ley, ya que muchas de las medidas fundamentales ya se vienen aplicando en los últimos años (vg. calificación permanente de la Vivienda Protegida, los distintos procedimientos de adjudicación, los visados en segundas y posteriores transmisiones, etc) y otras habían sido, quizás impropiamente, reguladas por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sin embargo, determinadas apuestas estratégicas de las políticas vascas de vivienda adquirirán rango legal a través del Anteproyecto de Ley, lo que en términos de fuentes del derecho es más que adecuado en consideración a las materias a las que afectan.
Si que podemos considerar novedades en esta materia la obligación de todas las Administraciones Públicas vascas, así como sus sociedades públicas o entes instrumentales, de adjudicar Vivienda de Protección Pública que provenga de sus Patrimonio Públicos de Suelo solo en régimen de alquiler o derecho de superficie. Prohibiéndose por ley la venta en propiedad plena de Vivienda de Protección Pública por parte de las Administraciones Públicas. Idéntico tratamiento recibirá la Vivienda de Protección Pública promovida por una entidad privada que haya recibido ayudas públicas para la adquisición del suelo o para la construcción, en cuyo caso la Administración Pública subvencionante mantendrá la propiedad del suelo y el derecho a recuperar el uso de las viviendas y demás elementos construidos sobre dicho suelo.
De la misma manera, tiene cierto carácter de novedad el que se impongan limitaciones de las propiedades dominicales de los propietarios o titulares en derecho de superficie de una Vivienda de Protección Pública, pues los titulares de una Vivienda de Protección Pública, tanto en propiedad como en derecho de superficie, no podrán adquirir ínter vivos, con posterioridad a la adjudicación de la Vivienda de Protección Pública, una Vivienda Libre ubicada en cualquier lugar del Estado. La adquisición de una Vivienda Libre en las condiciones descritas dará lugar a la obligación de restituir a la Administración General del País Vasco la Vivienda de Protección Pública para que ésta sea readjudicada a una persona demandante de vivienda inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda - Etxebide.
Y finalmente debemos destacar las nuevas políticas de movilidad geográfica que el Anteproyecto de Ley pretende instaurar en el ámbito de la adjudicación de Vivienda de Protección Pública. Concretamente en los procedimientos de adjudicación de Vivienda de Protección Pública del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos se deberá facilitar la movilidad geográfica de la ciudadanía vasca. Para ello el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos no podrán exigir en sus procedimientos de adjudicación más de un año de antigüedad en el empadronamiento a las personas inscritas en Servicio Vasco de Adjudicación de Vivienda de Protección Pública – Etxebide o en su caso en los registros de demandantes de vivienda municipales. Por otra parte, los procedimientos de adjudicación de Gobierno Vasco y Ayuntamientos deberán reservar, al menos, un 20% del total de las viviendas de la promoción para demandantes de, al menos, el área funcional en la que esté enclavada la misma.


      1. EL FOMENTO DE LA REHABILITACION


Se regula en el Anteproyecto de Ley el régimen jurídico de las actuaciones de fomento de la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en el medio urbano como en el rural, con la finalidad de fomentar la habitabilidad del parque de viviendas existente en cada momento. De la misma manera, se regulan las intervenciones de fomento público de la rehabilitación, las ayudas públicas, las Áreas de Rehabilitación Integrada y Áreas Degradadas, así como las Sociedades urbanísticas de rehabilitación y/o regeneración urbana.


      1. LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL PARQUE DE VIVIENDA


El Anteproyecto de Ley entiende por calidad de una vivienda, el conjunto de características y prestaciones que debe reunir para satisfacer las necesidades de los usuarios de vivienda, adaptadas a los estándares de seguridad y confort adecuados a cada momento.
Las viviendas deberán cumplir los requisitos básicos, establecidos legal y reglamentariamente, relativos a la funcionalidad, la seguridad, habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad. Se desarrollarán reglamentariamente las formas y condiciones que acrediten que las viviendas cumplen determinados requisitos de calidad. Igualmente se regulará las condiciones que deben reunir los organismos o entidades acreditadoras.
Por otra parte, el Anteproyecto de Ley crea unos estándares mínimos de sostenibilidad medioambiental en la edificación residencial, con determinadas exigencias en el ahorro de energía, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica y accesibilidad en la vivienda.
En materia de control de la edificación, el Anteproyecto de Ley desarrolla el Libro del Edificio y la Inspección Técnica del Edificio
Y finalmente, en términos orgánicos, el Anteproyecto de Ley crea el Consejo de calidad, sostenibilidad e innovación de la Vivienda


      1. UTILIZACION ANTISOCIAL DEL PARQUE DE VIVIENDA


Una de las partes más novedosas del Anteproyecto de Ley es el relativo a las que podemos llamar patologías sociales en materia de vivienda. El texto legal determina dos: la vivienda vacía y la sobreocupación.
Para ambas patologías la norma habilita instrumentos diferentes. En el caso de la vivienda vacía el fomento desde las Administraciones Públicas de los programas de movilización de vivienda vacía y cumulativamente a lo anterior la imposición de una penalización fiscal a las viviendas que en determinadas condiciones permanezcan vacías. En relación a la sobreocupación el Anteproyecto de Ley habilita a los Ayuntamientos a sancionar estos comportamientos inmobiliarios, pudiendo hacerlo con un nivel de seguridad jurídica del que hasta ahora carecían. Y como medida de última ratio se posibilita la expropiación de la vivienda sobreocupada, aún después del ejercicio de la potestad sancionadora municipal.


      1. GARANTIAS DE LOS CONSUMIDORES EN MATERIA DE VIVIENDA


El Anteproyecto de Ley incorpora un catálogo de definiciones, derechos y garantías en el mercado de la Vivienda Libre, con el objeto de proteger a los inquilinos y compradores de vivienda, así como de profesionalizar el sector, tal y como el mismo está demandando.


      1. GARANTIAS JURIDICAS DEL ADECUADO USO SOCIAL DEL PARQUE DE VIVIENDA PROTEGIDA


Para acabar con este somero recorrido por el Anteproyecto de Ley, éste regula una serie de técnicas jurídicas al servicio del uso social del parque de Vivienda Protegida. Dichas técnicas jurídicas son las siguientes:


        1. DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, aplicable a:



          1. La Vivienda Protegida calificada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1988, de 15 de Abril, de derecho preferente de adquisición en las transmisiones de viviendas de protección oficial a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y antes de la entrada en vigor de esta Ley, con independencia de su procedimiento de adjudicación.

          2. las adjudicadas por parte de los Ayuntamientos y los promotores privados y cooperativas

          3. en general y todo tiempo, las que sean objeto de procedimientos de ejecución patrimonial por parte de los tribunales.




        1. VENTA FORZOSA aplicable a:




          1. las segundas y posteriores transmisiones de Viviendas de Protección Pública adjudicada en primera transmisión por el Gobierno Vasco con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.




        1. EXPROPIACION FORZOSA que procederá




          1. En materia de Vivienda de Protección Pública cuando la vivienda no se destine a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de desocupación; cuando se mantengan la vivienda deshabitada sin justa causa por plazo superior a seis meses; cuando se produzca una transmisión no autorizada de la vivienda.

          2. En materia de Vivienda Libre en los casos de sobreocupación antes reseñados.




        1. DESAHUCIO ADMINISTRATIVO en los casos de incumplimientos graves por parte de los inquilinos del parque de Vivienda de Protección Pública en alquiler.




        1. LA INSPECCION DE VIVIENDA PROTEGIDA, con una detallada regulación del Cuerpo de Inspectores de Vivienda de Protección Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.




        1. REGIMEN SANCIONADOR, materia con clara reserva de ley y en la que, hasta la fecha, las Administraciones Públicas utilizan normativa estatal básica, preconstitucional, poco cohonestable con la realidad actual de la Vivienda de Protección Pública en Euskadi.




1   2   3

similar:

Examen de la política de vivienda en euskadi iconUna politica de vivienda alternativa

Examen de la política de vivienda en euskadi iconLey que regula el subsistema de vivienda y politica habitacional

Examen de la política de vivienda en euskadi iconReunión con la Directora General de Arquitectura y Política de Vivienda

Examen de la política de vivienda en euskadi iconPrograma de examen previos 5° AÑo política y ciudadaníA

Examen de la política de vivienda en euskadi iconGUÍa de estudios examen parcial política de estados unidos

Examen de la política de vivienda en euskadi iconGUÍa de estudios examen parcial política de estados unidos

Examen de la política de vivienda en euskadi iconEstatuto político de la comunidad de euskadi

Examen de la política de vivienda en euskadi iconHistoria contemporanea de españa y de euskadi

Examen de la política de vivienda en euskadi iconEstatuto político de la comunidad de euskadi

Examen de la política de vivienda en euskadi iconEstatuto político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi






© 2015
contactos
ley.exam-10.com